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25 de Enero del 2022
Historias
Lectura: 13 minutos
25 de Enero del 2022
Redacción Plan V
En 2021 circularon más fusiles y subametralladoras en Ecuador
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El pasado 17 de enero, un operativo decomisó 7.000 municiones calibre 5.56 mm (fusiles) y 2.500 municiones calibre 9 mm (pistolas) en Huaquillas. La frontera sur es el ingreso principal de armamento ilegal al país. Foto: Ejército

 

En 2021 se incautaron 6.464 armas a escala nacional, lo cual representa un aumento del 14% respecto al 2020. Eso implica también que cada día se incautan, en promedio, 18 armas largas o cortas de acuerdo a los datos de la Policía. El año pasado también circularon más municiones.


Maíz corto’ y ‘pepas amarillas’. Una banda relacionada con alias Guacho usó esas palabras clave para referirse a un cargamento de municiones que fue camuflado en sacos de arroz en 2018. En octubre de ese año, 13 personas fueron detenidas en uno de los operativos más controversiales relacionados con el tráfico de armas en Ecuador. La opinión pública se sorprendió del modus operandi de ese grupo organizado, integrado por siete militares y seis civiles. Su objetivo era proveer de armas a las disidencias de las FARC, específicamente al Frente Óliver Sinisterra, liderado en ese entonces por alias Guacho, acusado del asesinato de al menos 10 personas, entre ellas militares y los tres periodistas de El Comercio.

Este es uno de los casos por tráfico de armas que llegó a sentencia. En 2021, cada tres días hubo una denuncia por este delito. Del total de las 135 denuncias que hubo ese año, solo el 12% llegó a una sentencia en la justicia. 

Pero en la sentencia escrita de este caso, publicada en febrero de 2020, hay pistas reveladoras sobre este delito creciente en Ecuador. En 2018, en Cuenca y en Cube, en Esmeraldas, policías decomisaron grandes cargamentos de municiones de 9 milímetros (para pistolas) y de calibre 5.56 por 45 mm (para fusiles), que iban en transporte público y otros en un taxi. Los números de los detenidos en esos operativos estaban vinculados a otros involucrados en los hechos violentos de San Lorenzo en aquel año. Esos fueron los primeros pasos para seguir a esta estructura que llamaba ‘chefs’ a los vendedores de este material ilegal.

La Fiscalía sostuvo que civiles y militares encargados del rastrillo y bodegas de armamentos, municiones y pertrechos proveían de municiones para armas largas y cortas a grupos irregulares en el norte del país. Para justificar los faltantes en los rastrillos, alteraban los registros del Sistema de Inventarios Logísticos del Ejército, denominado “Siloge”.

Los investigadores interceptaron conversaciones de este grupo. En una de ellas, alias Sobeida -quien fue señalada como la líder del grupo- dijo que un militar de San Lorenzo le vendió 6.000 y que en dos ocasiones le volvió a vender 1.500 en referencia a las municiones. En otro mensaje, los miembros de la banda mencionaban las cantidades de municiones que habían sido ‘sacadas’ del sistema: ‘513’ o ‘5.300’. En otro momento, un militar le pedía a otro colega que se acerque a la bodega de material bélico de Guayaquil y le informaba que entre los fusiles le había enviado una pistola.

Esos fueron los primeros pasos para seguir a esta estructura que llamaba ‘chefs’ a los vendedores de armamento ilegal.

Pero también traficaban armas a las que llamaban ‘escobas largas’. “El interceptado hace mención que unas personas que serían los compradores estarían en Ibarra y que para movilizarse con todo el dinero tienen deben estar seguros ya que cada una de esas cosas valdrían 7.000, es bastante dinero”, decía un reporte policial que consta en la sentencia del juicio. En otro momento mencionan ‘escobas M15’ a 5.000.

Las cantidades de municiones que registró la Policía en esos diálogos llegaban hasta 20.000. En esa ocasión, se referían a unas de calibre 5.56 a un costo de 0.80 centavos cada uno. Para su transporte usaba también maletas. En esa conversación, los interlocutores hablaron de Buenos Aires, un sector de Imbabura que estuvo afectado por la minería ilegal y a donde  grupos fuertemente armados llegaron a sembrar el terror. “Guarde los fierros y estese pendiente”, dijo el comprador del material ilegal sobre los militares policiales y militares que llegaron en esas fechas a la zona. En otros diálogos, se registró que el precio unitario de las municiones llegaba hasta 1,50 dólares.

El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas sentenció, el 19 de noviembre de 2019, a diez años de privación de libertad a alias Sobeida y Walter A., alias “Angulo”, un militar en servicio activo, que entregaba las municiones que obtenía de los diferentes rastrillos. Otros implicados recibieron condenas de entre 4 y 7 años.

Tras el operativo de octubre de 2018, el general Roque Moreira Cedeño, entonces comandante del Ejército, dijo que “nos duele en realidad lo que está sucediendo”. Pero este no es el único caso. Según el coronel Mario Pazmiño, experto en temas de Seguridad, no es nuevo que el crimen organizado reclute a elementos de la Policía y Fuerzas Armadas, quienes extraen armas y municiones tanto para bandas locales como para bandas colombianas. La mayoría de fusiles y municiones son similares a las que usan estas dos instituciones. Esto lo contó la investigación Frontera Cautiva sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio, un proyecto del que fue parte PlanV. Allí se detallaron las armas que usan los grupos disidentes de las FARC, entre ellas fusiles Galil que usa el Ejército colombiano y fusiles HK que utiliza el Ejército ecuatoriano.

Pero este problema se ha acentuado desde la pandemia porque ahora hay más organizaciones que requieren armas, afirma Pazmiño, y muchas de ellas que iban a los grupos irregulares del norte se están quedando en el mercado local que no solo se abastece de los rastrillos sino del tráfico de armas que llegan desde el sur.

Mulas, vehículos y bodegas con armas en la frontera sur

El 23 de junio de 2021, las Fuerzas Armadas decomisaron más de 36.000 municiones de distinto calibre en El Oro, uno de los mayores cargamentos hallados en el último año. Estas fueron localizadas en dos viviendas del cantón Huaquillas. Había municiones tanto para armas cortas como para armas largas. Del total de lo incautado, casi la mitad eran municiones para escopetas.

El coronel Gonzalo Reyes, comandante de la Brigada de Infantería Motorizada N.1 El Oro, explica que en la frontera se utilizan casas como sitios de almacenamiento. Lo mismo sucedió el pasado 17 de enero, cuando en una casa de dos pisos se hallaron 7.000 municiones calibre 5.56 mm (fusiles) y 2.500 municiones calibre 9 mm (pistolas). Con la pandemia, también ha aumentado el uso de pasos ilegales a los que han ido patrullas a caballo para poder acceder a esos caminos no aptos para vehículos, dice Reyes.

La frontera sur se ha convertido en el principal ingreso de armamento ilegal hacia el país. La ruta comienza en Chile, sigue por Perú y continúa hasta Machala donde, según el coronel Mario Pazmiño, se distribuyen armas principalmente por dos rutas internas. Uno de esos corredores es por el Litoral ecuatoriano hasta Esmeraldas y de ahí a los departamentos colombianos de Nariño y el Cauca.

La segunda ruta comprende el callejón interandino hasta Baños. Según Pazmiño, esta ciudad es estratégica y poco observada por las autoridades. Es importante para el ingreso de droga y la salida de armas, municiones y explosivos hacia la frontera norte. Al ser una ciudad turística, estas actividades ilícitas fácilmente se camuflan, dice el experto. También, agrega, está en el corredor amazónico que viene desde Putumayo hasta Baños, y de esta ciudad salen nuevamente estas mercaderías hacia la Costa y hacia la Sierra, específicamente Pichincha. Desde Quito se desprende una ruta hacia el norte y otra hacia la Amazonía.


El 23 de junio de 2021, militares incautaron más de 36.000 municiones en Huaquillas. Foto: Ejército

La mayoría se transporta por la vía terrestre y por mulas en pasos ilegales. Dice que es más frecuente el decomiso de municiones porque es más difícil camuflar uno o dos quintales de este material. Pero esconder una o dos armas es más fácil, puede ser escondido donde quiera. En 2021, se incautaron 6.464 armas a escala nacional, lo que representa un aumento del 14% respecto al 2020. Eso implica también que cada día se incautan, en promedio, 18 armas largas o cortas de acuerdo a los datos de la Policía. El año pasado también circularon más municiones, un 38% más que en 2020. Pero el 2019 fue el año que rompió un récord: 626.958 municiones.

Los registros de la Policía también desvelan cuáles son las armas que más se incautaron y por lo tanto las que más circularon en los últimos tres años. El revólver ocupa el primer lugar, le sigue las escopetas, las pistolas, las carabinas, las subametralladoras, los fusiles, los rifles, las ametralladoras y el pistolón. Las cifras también demuestran que de 2020 a 2021 hubo mayor circulación de todas estas armas, siendo las subametralladoras y los fusiles los que más se incautaron. Su aumento fue del 60% y 97%, respectivamente, en 2021.

El tráfico de armas no es un problema reciente. Ecuador se ha transformado en las últimas dos décadas en un santuario del crimen organizado transnacional, según Pazmiño. Estas estructuras, para su control territorial, requieren de armamento sofisticado.

Por eso, hay nuevas modalidades para el ingreso de esos artefactos. Por ejemplo, a través de avionetas. Los carteles internacionales, dice el experto, canjean droga no solo por dinero sino también por armamento para mantener el negocio y las rutas para el narcotráfico y otros negocios ilegales. En el proceso de 2018 contra los militares, el grupo que estaba dedicado al tráfico de armas también mencionó de la búsqueda de una avioneta para un viaje a México y del contacto con “un piloto, capitán de la FAE”.

El incremento de la violencia en 2021 en las cárceles y en las calles es la evidencia del aumento del tráfico de armas. Tanto en la Penitenciaría del Litoral como la cárcel de Latacunga se observaron cómo los presos usaron fusiles para recibir a los policías que llegan a controlar los motines. En julio del año pasado, se detectó un vehículo con más de un centenar de granadas en La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas. El uso de este armamento bélico fue usado contra un velorio, el 6 de noviembre pasado en Quevedo. En ese hecho, murieron cuatro personas cuando llegó un grupo de 12 personas a irrumpir no solo con granadas sino también con fusiles.


Una persona fue detenida en julio de 2021 por llevar 119 granadas 8 morteros. Fotos: Twitter Policía Ecuador

Como se reveló en el caso de los militares procesados por proveer armas a alias Guacho, el costo de un arma larga puede llegar hasta 7.000 dólares. En el mercado ilegal, Pazmiño dice que las pistolas tienen un costo de 3.000 dólares. Pero las armas también pueden ser alquiladas: una pistola en 300 dólares o un fusil en 500 dólares. El alquiler de armas, se comprueba según Pazmiño, porque estas han sido usadas en varios crímenes en diferentes lugares. Ese fue el caso de Gavys Moreno, directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil, quien fue acribillada con 12 disparos en 2018 en esa ciudad. Pero un año después, la pistola que se usó en ese asesinato apareció en el Centro Regional de Cotopaxi y fue usada en otro crimen dentro de la cárcel, como lo publicó PlanV en un reportaje.

¿Qué pasa con los controles? Para Pazmiño, el control del armamento en los rastrillos no es permanente. Mientras estuvo en el Ejército, recuerda Pazmiño, se hicieron 5 o 6 inspecciones de todo el material. Cree que es necesario tener varios tipos de controles aleatorios.

Pero también el Estado debe realizar un mayor control y patrullaje fronterizo y agrega que se debe restablecer la Fuerza de Tarea Conjunta de Esmeraldas, así como la militarización de puertos y aeropuertos para evitar ingreso y salida de droga y armamento, y mejorar los sistemas de inteligencia.

 

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