Ecuador ha iniciado un nuevo periodo electoral, donde la seguridad se perfila como uno de los principales temas de la campaña. Y es que los índices de violencia de algunas provincias del país se mantienen entre los más altos de la región. Este es el caso de El Oro que, hasta el 6 de junio pasado, se ubicó como la provincia más violenta del país, pues alcanzó los 34,27 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Esa tasa incluso supera la de Esmeraldas, que registró 30,30 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y que fue el centro de preocupación del Gobierno en los últimos meses, tras episodios como la matanza en el Puerto Pesquero. Además, tiene su propia Fuerza de Tarea Conjunta desde que Esmeraldas fue declarada como zona especial de seguridad, el 3 de junio de 2022.

El Oro, en cambio, no tiene una fuerza militar especial. Pero los homicidios en esta zona fronteriza del sur han crecido de manera exponencial en los últimos meses. El 2022 esta provincia cerró con 293 muertes violentas. Pero entre enero y el 6 de junio de este año ya registraba 251 muertes. Es decir, en menos de seis meses ya se produjo el 86% del total de muertes que hubo en todo el 2022.

La prensa local orense es la que ha dado la alerta sobre este incremento. Solo en enero hubo 50 muertos, un aumento del casi del 200% en relación a enero de 2022. Entre septiembre pasado y el 6 de junio, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes saltó más de 8 puntos. El sicariato es la modalidad más frecuente.

Tras El Oro y Esmeraldas se encuentran Los Ríos y Guayas con tasas de 29,68 y 24,86 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, respectivamente. El caso de Guayas es particular porque la Policía Nacional separa las cifras de Guayaquil del total de la provincia. Por eso, solo el Puerto Principal alcanza una tasa de 31,92 con 1.030 muertes violentas.

Pero en 2022, Guayaquil llegó a 47,7 y terminó el año con 1.537 homicidios. Esas cifras la ubicaron entre las 25 ciudades más violentas del mundo y fue la primera vez que una ciudad ecuatoriana llegó a esa posición. Avanzó 26 puestos solo en un año. Superó, por ejemplo, a ciudades mexicanas como Chihuahua o Morelia, a la hondureña San Pedro Sula y a la colombiana Cúcuta.

En los últimos meses se han registrado masacres en bananeras, asesinatos de taxistas y ataques en restaurantes de la provincia de El Oro. Fotos: Diario Correo

A escala nacional, la Policía no cuenta con la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes por ciudades. Plan V solicitó esas cifras en el caso de Esmeraldas, Machala, Manta, Quevedo y Santo Domingo, además de Quito y Guayaquil, las cuales sí fueron incluidas en los datos provinciales. La Policía, mediante una respuesta escrita, manifestó que no era posible establecer ese cálculo porque el INEC no había entregado a esa institución las estadísticas poblacionales por ciudades sino solo por provincias. La población o sus proyecciones son datos indispensables para establecer la tasa de homicidios.

La falta de información a detalle del avance de la violencia por zonas, actores y modalidades fue un problema detectado en México y que ahora nuevas políticas buscan corregirlo, como se explicará más adelante.

Mientras tanto, en el 2022, Ecuador se ubicó en el cuarto puesto de los países más violentos de América Latina, sólo por detrás de Venezuela, Honduras y Colombia. Incluso superó a México que registró una tasa de 25,2 frente al 25,9 de Ecuador, según el ranking de Insight Crime. “En Ecuador, la situación fue verdaderamente catastrófica. Los niveles históricos de cocaína que ingresaron al país intensificaron la violencia, y los asesinatos se dispararon, en tanto que los ataques contra funcionarios judiciales y los asesinatos de policías por parte de las bandas criminales alcanzaron niveles récord”, reportó el portal especializado en crimen organizado sobre los resultados del año pasado.

Ahora, en lo que va del año, Ecuador alcanza una tasa nacional de 16,02. Si la tendencia se mantiene, el país podría superar este 2023 los 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso significa casi el doble de la tasa promedio del continente americano, el más violento del planeta, según las últimas cifras disponibles de la Unodc.

Muchos años antes de un cambio

¿Cuánto le tomará al Ecuador revertir esos indicadores?, fue la pregunta que el general (r) Wagner Bravo, secretario de Seguridad, respondió durante el programa ‘El estado de la nación’ de Plan V, en radio Sucesos. “Sin que seamos proyectistas sí nos va a tomar un mediano tiempo, unos 4 o 5 años, si nos proponemos seguir con una estrategia de seguridad que vaya caminando”. 

Pero esto depende, dijo, de las futuras administraciones y de su decisión o no de continuar con el plan que ha implementado el actual Régimen. Entre los puntos que mencionó está la incorporación de 8.000 nuevos policías. “En la ciudad de Machala solo hay 11 muertos”, dijo el general en referencia a las cifras de violencia en Machala, en lo que va de junio, como un resultado positivo de los estados de excepción y de fuerzas de tarea focalizadas. Afirmó que en un momento Esmeraldas llegó a una tasa de 55 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto en comparación al 30,30 de junio es una reducción que el funcionario resaltó. Lo mismo sucedió en Guayaquil, pero refirió que en Los Ríos ha subido este indicador. A eso lo llamó el ‘efecto globo’ y lo explicó así: “Mientras unos están en un lugar y llega la fuerza del orden, ellos se movilizan a otro lugar o se congelan”.

“Ojalá podamos tener una transición, como debería ser en un país civilizado, para que el próximo gobierno, quien quiera que sea, nos permita explicar cuál es la visión que se tiene a mediano y largo plazo para que ellos, si así lo creen, lo continúen y lo refuercen”, dijo el general. Aunque reconoció que el próximo mandatario solo tendrá un año y medio para gobernar y eso será muy poco tiempo para abordar la inseguridad. “Al que tenemos que apuntar es al gobierno que entra en el 2025”, manifestó.

Las causas de la escalada de la violencia

¿Por qué Ecuador llegó a estos índices tan altos? Andrés de la Vega, catedrático y exviceministro del Interior, lo resume en tres puntos. El primero tiene que ver con el proceso de paz en Colombia que inició en 2016 y que tuvo efectos colaterales en Ecuador. Al salir las FARC de los territorios limítrofes con el país, se inició una pugna entre las disidencias de la guerrilla y otros grupos criminales por el control de estas zonas. La estrategia de Colombia fue recuperar el interior del país, pero eso derivó en una presión muy fuerte a las fronteras, entre ellas la de Ecuador, sostiene este analista.

Además, Ecuador pasó a consolidarse como un proveedor ideal logístico para estas economías ilegales al mismo tiempo que aumentaba la producción de cocaína en el país vecino. De esta manera, empezó a circular grandes cantidades de droga en el territorio ecuatoriano. Vega dice que a eso se debe el aumento de las incautaciones. En 2020 fueron de 128 toneladas y en 2022, 201 toneladas. Pero para el experto esto solo demuestra que hay más disponibilidad de estupefacientes.

El segundo elemento fue la transición política y el debilitamiento del Estado en materia de seguridad. Se refiere al cambio de gobierno entre Rafael Correa y Lenín Moreno. Este último, según De la Vega, ‘desmanteló’ instituciones relacionadas con esta problemática. Por ejemplo, eliminó los ministerios Coordinador de Seguridad y de Justicia, además fusionó el Ministerio del Interior con el de Gobierno. “Por un lado, tenemos el incremento de esta terrible amenaza y, por otro, el debilitamiento de estas estructuras de seguridad”.

El tercer punto es la crisis económica, que arranca con el terremoto del 2016, luego se presenta una crisis financiera internacional que incluye la caída del precio del petróleo y finalmente la pandemia. Esos factores incidieron en una disminución de inversión pública en todos los ámbitos, incluyendo el sector seguridad. En Ecuador, dice, aumentaron las amenazas y las vulnerabilidades, por lo tanto, subió el riesgo.

El objetivo de una política de seguridad es que la gente se sienta en paz y no incautar más toneladas, cree este analista. “Nos tomará mucho tiempo (revertir las cifras de violencia), pero hay que dar una respuesta integral. Hay que ser muy focalizados con las amenazas, y no ser solo reactivos”.

El caso de Sinaloa y su búsqueda por salir de la violencia

En 2022, Culiacán -capital del estado mexicano de Sinaloa- salió de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo después de haber estado por décadas en ese ranking. Tomás Guevara, psicólogo social y uno de los expertos en temas de violencia que tiene Sinaloa, recuerda que el día que conocieron esta noticia hubo festejos en esta ciudad. Reconoce que existe mucho por hacer, pero una de las claves para la mejora de los niveles de violencia ha sido la inclusión de la ciudadanía en el abordaje del problema. Por ejemplo, se ha formado un consejo ciudadano de seguridad que presenta informes públicos sobre cómo se comportan los delitos todos los meses. Luego, las autoridades hacen seguimiento, hay mesas redondas y llaman a expertos en seguridad. En Sinaloa hay un grupo de académicos que están presentes en esas discusiones.

Pero en Sinaloa, dos hechos han marcado a la población. En este estado hay una relación estrecha entre la sociedad civil y los grupos narcotraficantes que data desde el siglo pasado cuando ciudadanos chinos llegaron a esas tierras y enseñaron el cultivo de opio a los sinaloenses. En los años 40, Sinaloa se convirtió en un gran proveedor de droga por efectos de la Segunda Guerra Mundial. Al no haber programas sociales que ayudaran a la economía, esto empujó a que sus habitantes se dediquen a la producción de droga porque, además, se dieron cuenta de que era un buen negocio, explica Guevara.

“La gente quedó atrapada en una suerte de narcocultura y las autoridades ligadas a esta mafia”, detalla el experto. Pero ese imaginario ahora ha cambiado, sobre todo, a raíz de la captura fallida de Ovidio Guzmán en 2019 cuando el cártel de Sinaloa amenazó con atacar a la población civil si las autoridades mexicanas no entregaban al hijo del Chapo Guzmán. En enero de este año, finalmente Ovidio fue capturado. La gente se dio cuenta que el cartel no era un aliado del pueblo. Antes, los sinaloenses se sentían protegidos por el cartel y creían que este cumplía la función de la Policía. “Pero a partir de esos sucesos, cuando el cartel amenazó y agredió a la sociedad civil, hubo una ruptura y se dio cuenta que no era un amigo ni aliado ni protector”.

Guevara relata que esta situación ha motivado a que esté en marcha un proyecto de ley para la construcción de una cultura de paz en el estado de Sinaloa. En este estado, relata, ha costado mucho trabajo limpiar la penetración del crimen organizado en los grupos policiales. En su opinión, la creación de una Guardia Nacional -administrada por civiles- por parte del presidente Manuel López Obrador ha logrado disminuir los niveles de enfrentamiento.

Pero también existe un trabajo para la georreferenciación de los lugares donde los homicidios son más comunes. Un día a la semana se reúnen el encargado del Ejército, de la Guardia Nacional y las autoridades locales. Este equipo debe entregar un reporte de todos los sucesos violentos y lo envían a una coordinación estatal y a su vez pasa al gobierno federal, que también se reúne una vez por semana. De esa manera, pueden saber dónde está los conflictos más fuertes y su relación con el narcotráfico, trata de personas u otros delitos.

Guevara considera que esta estrategia está funcionando porque los grupos del crimen organizado saben que hay seguimiento a sus acciones. “El primer paso para resolver un problema es saber al mayor detalle la dimensión del mismo”, sostiene. “Los gobiernos anteriores actuaban de manera reactiva. Mandaban al ejército y cuando llegaban se daban cuenta que estos grupos tenían mejor armamento y por eso fue una guerra fallida. Ahora los pasos son más lentos, pero más firmes”.