“No es posible que comparezcan a esta audiencia faltando a la verdad”, dijo la fiscal Lidia Sarabia López, visiblemente molesta durante la fallida audiencia de vinculación de más implicados en el proceso de lavado de activos que sigue contra Leandro Norero y sus hermanos. Minutos antes, casi una decena de abogados pidieron al juez -incluido el defensor público asignado al caso- que se suspendiera la diligencia porque las defensas no estaban preparadas. El juez Ronald Guerrero aceptó el pedido y los convocó nuevamente para este viernes, 19 de agosto, a las 09:30.

La Fiscalía ha solicitado la vinculación de cinco personas y de dos empresas más que se suman a los cuatro procesados por lavado de activos: Leandro Norero, su pareja Lina  R.V., y sus hermanos Johanna Z. y Israel N. En este grupo, la fiscal Sarabia busca incluir a Juan R., Pablo C., Carlos P.,  Lisseth E. y Betty T., esta última es madre de Norero.

Carlos Alberto P.L. (derecha) y Leandro Norero (izquierda) participaron en la diligencia del pasado lunes, 15 de agosto, de manera virtual.

Carlos Alberto P.L., un exfuncionario de la empresa de agua potable de Manta, y Lisseth E.P. figuran como directores de Lionff Realty INC, una firma constituida en Panamá el 1 de julio de 2021. La empresa se dedicaba a una serie de actividades diversas desde la venta y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, gestión de inversiones y compañías hasta la implementación de todo tipo de negocios, emisión de pagarés y hasta la realización de préstamos incluso fuera de Panamá. Su principal accionista es Lina R.V.

Lionff Realty INC. es la firma que adquirió la casa en La Ribera del Batán, uno de los sectores más exclusivos de Samborondón, cuyo anterior propietario fue Xavier Jordán, un prófugo de la justicia procesado por la corrupción en los hospitales. Su paradero era desconocido hasta que el asambleísta Fernando Villavicencio publicó una fotografía de Jordán -en una piscina- junto al asambleísta correísta Ronny Aleaga y otros personajes. Por esa imagen, EEUU retiró la visa a Aleaga. La Policía detuvo en ese inmueble a Norero, el pasado 25 de mayo.

Según la Fiscalía, Carlos Alberto P.L. está vinculado a las firmas Lionff Realty INC y Lionff Capital Investment Group, que Sarabia busca procesar. En el Servicio de Rentas Internas (SRI), el ecuatoriano aparece como su represente legal en el país. Según el RUC, ambas empresas son sociedades extranjeras que no están domiciliadas en Ecuador. Las dos se dedican a la compra y venta y alquiler de bienes inmuebles y sus actividades se iniciaron el 28 de marzo de 2022. Registran como domicilio la ciudad de Manta.

Pero la defensa de Carlos Alberto P.L. ni bien iniciada la diligencia de este lunes intentó desvincular al ecuatoriano de esa empresa. Su abogado, Álex Guevara, dijo que su cliente ya no era representante legal de esas firmas. Además, afirmó que no ha tenido acceso al expediente y solicitó la postergación de la audiencia. Pero la fiscal cuestionó ese argumento y afirmó que Carlos Alberto P.L., desde el 15 de junio pasado cuando rindió su versión, sabía del proceso. Párraga también presentó un escrito, firmado en conjunto con la abogada Milagros Freire.

Freire se presentó este lunes, a su vez, como defensora de Betty T., madre de Leandro Norero. Ella aseguró que ha solicitado copias del expediente que alcanza los 124 cuerpos y que, asimismo, necesita más tiempo para preparar la defensa. El pasado 28 de junio, Betty T. envió un escrito, patrocinada por el abogado Alexander Lara Olmos, a la Fiscalía en el que afirmaba que no deseaba rendir versión y que no se le puede llamar a declarar contra su hijo, reveló la Fiscal. Lara Olmos apareció como abogado de Daniel Salcedo, procesado por una red corrupción de insumos hospitalarios, en un habeas corpus junto al exvicepresidente Jorge Glas para salir de la cárcel N. 4, en Quito. En ese caso, los abogados de Norero impulsaron ese recurso ante la justicia como lo reveló PlanV.

Este intercambio a última hora de defensores entre procesados y posibles vinculados llamó la atención de la fiscal en la diligencia de este lunes. “¿Qué es esto de cambiarse las defensas para pretender inducir al error?”, se preguntó Sarabia. Y agregó: “me atrevería a decir que son parte del mismo estudio jurídico”. Calificó como “argucias y maniobras de estas malas defensas. Es degradación de las abogacías”.

“Las defensas tienen que ser técnicas. ¿Qué me han pedido hasta ahora? Versiones de personas que han transferido 40 dólares”, siguió la fiscal.

Juan Javier Reinoso, defensor público, dijo estar sorprendido sobre la intervención de la fiscal que, en su opinión, fue el resultado de haber hecho evidente la falta de garantías al debido proceso.  Pero la fiscal replicó a las defensas al decir que incluso el expediente ha sido digitalizado para que pueden acceder. El juez Guerrero estuvo de acuerdo en que las actuaciones de los abogados tenían como fin dilatar el proceso, pero finalmente aceptó instalar la audiencia el próximo viernes.

Nuevos bienes y empresas vinculadas al caso Norero

En la misma audiencia, la fiscal Sarabia solicitó medidas cautelares urgentes y especiales contra cinco inmuebles en los que se estaría “cambiando” los nombres de los representantes legales o dueños de esos bienes.

La fiscal informó al juez que, para los fines de la estructura delictiva, se han detectado la compra de inmuebles a nombre de personas que no se encuentra en el país. Se refirió al caso del estadounidense Glen Leroy Bajema, quien dejó el Ecuador en el 2017 y no volvió.

Pero a su nombre aparecen bienes inmuebles a partir del 2021. El extranjero rindió su testimonio anticipado el pasado 11 de julio, en la sede del consulado ecuatoriano en Chicago. En esa diligencia aseguró que no haber adquirido ningún inmueble, pero que había perdido su documento de identidad.  Diez días antes, otro adulto mayor se hizo pasar por Glen Leroy Bajema en una audiencia ante la fiscal, un hecho que se está investigando.

El extranjero, que ahora vive en EEUU, constituyó en 2015 la empresa camaronera SansonSeafood. Fue el socio mayoritario y presidente de la compañía. En ese entonces vivía en Crucita, Manabí. Su nombre apareció en el informe de la Policía sobre el operativo que logró la captura de Norero, el pasado 25 de mayo. El reporte, que pertenece al Departamento de Investigación de Lavado de Activos, relaciona al extranjero con Norero y la compra de bienes.

A inicios de agosto, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea recibió a María Moreira Loor, notaria primera del cantón 24 de Mayo, de Manabí, para que explicara los actos que celebró con Norero y Bajema, y otros implicados. La funcionaria aseguró que pudo dar fe de la identidad de quienes comparecieron ante ella.

Sin embargo, los bienes siguen en investigación. La fiscal Sarabia solicitó la inmovilización de los siguientes cinco inmuebles, que se encuentran en Guayaquil:

● Un solar ubicado en la urbanización Ceibos Norte, Tarqui, que fue adquirido supuestamente por Glen Leroy Bajema y Marcia Bajema, en junio de 2021. El vendedor fue Norero.

● Una oficina y un parqueadero, ubicados en un edificio de la urbanización Ciudad Colón, adquirida por los Bajema también en junio de 2021. La vendedora fue la hermana de Norero, Johanna Z.T.

●  Un departamento y un parqueadero, ubicados en un edificio del proyecto urbanístico Santa Ana, vendido a los Bajema en julio de 2021 por la empresa Trinkoplan L.P., que no tiene registros ni en el SRI ni en la Superintendencia de Compañías.

Cristian Romero, abogado de Norero, se opuso al pedido de las medidas cautelares especiales porque se tratan de bienes a nombre de Glen Leroy Bajema, que no está procesado. Además, “no es posible inmovilizar un edificio”, ironizó. La fiscal hizo notar cómo la defensa de Norero se activó ante su solicitud.

Asimismo, la Fiscalía ha detectado nuevas empresas vinculadas a los procesados, de las cuales solicitó la inmovilización de los paquetes accionarios de los involucrados. Una de ellas es Zamtino C.A., dedicada al comercio por mayor de ropa y creada en 2021. Los tres hermanos de Norero, Israel N. y Johanna Z.T. y Félix Arturo Z.T. constituyeron la compañía. Está ubicada en Samborondón y aún se encuentra activa, según los registros de la Superentendía de la Compañías. Pero no tienen ningún documento o informe financiero hasta el momento, ni pago de impuestos en el SRI.

Aeson C.A. es otra de las empresas que mencionó la fiscal. Fue creada en enero de 2022 y también está activa. Se dedica a consultas y tratamientos médicos. Está ubicada en la urbanización Ciudad Olimpo, en Guayaquil. Como accionistas figuran nuevamente los hermanos de Norero, Johanna y Félix, y el hijo de ella, José Z.S. De igual manera, no ha presentado a la Superintendencia ningún documento económico hasta la fecha, ni pago de impuestos.

El juez Guerrero acogió el pedido de la fiscal.

La mansión de La Rivera del Batán regresa a Inmobiliar

Este 15 de agosto se conoció la resolución de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, que tramitó la apelación que presentó Inmobiliar y la Procuraduría sobre la devolución de los bienes de Norero.

Los jueces Iván León Rodríguez y Juan Carlos Mariño Bustamante aceptaron el pedido y declararon la nulidad de todo lo actuado por el juez de La Concordia, Ángel Indao Vera. Ese magistrado aceptó la acción de protección que presentó Carlos Alberto P.L. para la devolución de la mansión en La Rivera del Batán -donde fue detenido Norero- y otro inmueble incautado en ese mismo lugar, el pasado 19 de junio.

En la mansión de La Ribera del batán, uno de los sectores más exclusivos de Guayaquil, las autoridades hallaron SUD 6 millones en efectivo y lingotes de oro. Foto: Comisión de Fiscalización

Carlos Alberto P.L. aseguró que esos bienes estaban a nombre de Lionff Realty INC. y él, como su representante legal, los pidió devuelta. Pero los dos jueces de la Corte consideraron que el juez Ángel Indao Vera era incompetente para tratar esa causa porque el proceso se ventila en Guayaquil. El juez Galo Efraín Luzuriaga, del tribunal de la Corte, tuvo un voto salvado.

La Fiscalía denunció al juez de La Concordia por actuar en contra “de norma expresa por clara falta de competencia para resolver la acción de protección interpuesta” y solicitó la declaración jurisdiccional sobre la existencia de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. La Corte aceptó también ese pedido y concluyó que el magistrado cometió manifiesta negligencia en su resolución.

La fiscal Sarabia recordó en la audiencia fallida de vinculación que en la mansión de La Rivera del Batán se halló más de USD 6 millones en efectivo, armas y lingotes de oro. “Un juez viene y atropella todo un proceso penal y dispone que se los entregue a un tercero, sin que justifique su legal titularidad”, cuestionó.