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1 de Agosto del 2022
Historias
Lectura: 12 minutos
1 de Agosto del 2022
Redacción Plan V
Así fueron rescatadas 35 ecuatorianas de la red de trata ‘Los mellizos del 7’
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‘El Siete’ está ubicado en la periferia de Piura, departamento peruano. No es la primera vez que mujeres ecuatorianas han sido captadas por redes de trata que las llevan al vecino país. Foto: Policía Nacional del Perú

 

Un burdel de Piura, Perú, era el destino final de mujeres ecuatorianas, peruanas, venezolanas y colombianas de una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Eran captadas a través de anuncios en Facebook y encerradas en precarias casas de seguridad. También hubo menores de edad. Es uno de los operativos binacionales más grandes contra este delito.


Las 49 mujeres estaban en el burdel ‘El Siete’ cuando fueron rescatadas, a las 17:00 del viernes 22 de julio. Eran 35 ecuatorianas (sobre todo de El Oro y Los Ríos), siete peruanas, seis venezolanas (una de ellas menor de edad) y una colombiana. Tienen entre 15 y 28 años.

Casi todas estaban en sandalias y llevaban grandes bolsos. Salieron cubiertas sus rostros con sus propias manos, o con mascarillas, pañuelos o sacos en su cabeza. En ese mismo lugar, la Policía peruana detuvo a varios implicados mientras pedía apagar la música.


‘El Siete’ tiene un galpón inmenso, pintado de rojo intenso y construido en un terreno con cerramiento y rodeado de árboles, en Piura, la capital del departamento que lleva el mismo nombre, en el noroeste de Perú y a cinco horas de Huaquillas, frontera ecuatoriana.

Pero el burdel se ubica en la periferia, a siete kilómetros de la ciudad. Es una zona conocida por ser un asentamiento de grupos migratorios.

Alrededor del galpón, existen 39 cuartos estrechos precarios y numerados para la explotación sexual, según las autoridades. En cada uno, había solo una cama, hecha de cemento y con un colchón de 10 centímetros de ancho.


Las mujeres eran custodiadas hasta estos cuartos, que rodean al galpón principal del prostíbulo, para la explotación sexual, según los investigadores.

No había agua potable en los cuartos, aunque en cada uno también había un baño. Ambos espacios estaban divididos solo con una pared del ancho de un ladrillo, que dejaba todo a la vista, recuerda un agente ecuatoriano que viajó hasta Piura. Cuando los agentes ingresaron solo encontraron toallas húmedas. La estructura de todas las habitaciones eran hormigón, pero el piso de tierra.

El lugar tenía permiso para funcionar como prostíbulo, emitido hace años atrás. En la actualidad, ese tipo de licencias están prohibidas, según una fuente peruana relacionada con la investigación. ‘El Siete’ funciona desde el 2010. Incluso abrió sus puertas en la pandemia cuando toda aglomeración estaba prohibida. Los registros, que hallaron en el lugar, tenían esas fechas.

Cuando no estaban en el burdel, las mujeres pasaban en casas de seguridad. En el operativo se allanaron tres de estos inmuebles y otros seis lugares en busca de los sospechosos. Entre tres o cuatro víctimas dormían en cuartos de alquiler en esas casas, en el piso, solo sobre una colchoneta o esteras. También eran espacios pequeños de máximo cuatro metros cuadrados. En una casa, las habitaciones estaban divididas una de la otra con tablas tríplex.


Las mujeres dormían en Piura en casas con pequeños cuartos de alquiler. En la tarde eran trasladadas hacia el burdel. Foto: Policía Nacional del Perú

Tenían una cocineta para la preparación de sus alimentos. Los tratantes las encerraban y colocaban un candado por fuera de cada cuarto. Los ecuatorianos estaban encargados de su vigilancia. Por eso vivían en las mismas casas.

Los agentes tomaron fotografías de esos inmuebles. Una era una construcción vieja de dos pisos, pintada solo la mitad de color azul. En la planta baja, las ventanas estaban aseguradas con barrotes de metal. Una de las ventanas superiores aparece cerrada con puertas de madera.


En los allanamientos, la Policía de Perú recogió indicios sobre el delito de trata con fines de explotación sexual, que tiene penas entre 15 y 20 años en ese país. Foto: Policía Nacional de Perú

De esas casas eran trasladadas al prostíbulo, que operaba todos los días, en furgonetas a las 13:00. Eran explotadas hasta las 24:00 aproximadamente. Volvían a las casas donde descansaban hasta el siguiente día. Según los seguimientos que hicieron los investigadores, dormían hasta las 10:00. A esa hora observaban a los ecuatorianos salir a comprar víveres para el desayuno. Entre los detenidos, además de los ecuatorianos y los propietarios peruanos del prostíbulo, hubo cuatro conductores.

Cuando los agentes llegaron, hubo consternación. Las mujeres, recuerda uno de los policías ecuatorianos que estuvo en Piura, habían creado un vínculo con sus tratantes a quienes los consideraban como personas que les habían brindado ayuda. A esto se conoce como el ‘síndrome de Estocolmo’.

Los agentes ecuatorianos se encargaron a atender a la única menor de edad que hallaron que en el burdel. Era venezolana, tiene 16 años y sus documentos habían sido adulterados. Los tratantes habían modificado su año de nacimiento de 2005 a 2003. Ella estuvo agradecida, recuerda el agente ecuatoriano que estuvo cerca de ella. 

A las mujeres las trasladaron a una comisaría peruana donde fueron entrevistadas. Allí se dieron cuenta que, al menos, doce eran madres solteras ecuatorianas que habían viajado a Perú con sus hijos. Los ecuatorianos que las captaron se quedaban con los mejores en las casas de seguridad mientras las mujeres iban al prostíbulo. “La mujer se va sentir en toda la obligación de volver, no puede escapar y regresarse al Ecuador porque tiene que ir a donde está su hijo”, refiere la misma fuente peruana.

Otra situación que llamó la atención a las autoridades fueron los documentos. Según la misma fuente, es la primera vez que detectan a mujeres ecuatorianas con documentos de personas que sí existen en Ecuador. Es decir, los nombres y la fecha de nacimiento sí correspondían a una ciudadana ecuatoriana, a la que le habían cambiado únicamente la foto con la de la víctima. Antes, lo más común eran cédulas adulteradas, con nombres o edades modificadas. Esta situación le hace suponer a la fuente que los procesados tuvieron acceso a alguna base de datos. Según la Policía ecuatoriana, a las menores les quitaban los documentos cuando llegaban a la ciudad peruana.

Las víctimas habrían sido captadas desde las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y de países como Venezuela, Colombia y Perú, a quienes les proporcionaban documentos falsos para posterior trasladarles vía terrestre hasta Piura. Foto: Policía Nacional de Perú

Al ser mayores de edad, ellas deciden si quieren ingresar a algún mecanismo de protección o regresar al Ecuador. Tras el operativo, a las 38 ecuatorianas les dieron asistencia ambulatoria y soporte psicológico por 48 horas. Pero, voluntariamente, renunciaron al apoyo que les quiso brindar la Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos. Algunas viajaron a Lima. Y ninguna volvió a su natal Ecuador.

Adolescentes atrapadas en la red

En esa intervención policial, no se encontraron menores ecuatorianas, pero el caso nació a raíz del testimonio de una adolescente de una ciudad costera del país que logró escapar de un prostíbulo llamado ‘El Siete’.

Por eso, el mayor Mario Centeno, jefe de la Unidad Nacional contra la Trata de Persona y Tráfico de Migrantes de Ecuador (UNAT), cree que esta red captó a más adolescentes tanto ecuatorianas como venezolanas.

En el operativo, en Piura, también se capturaron de 13 personas, de ellos tres eran ecuatorianos de 24, 27 y 34 años, sin antecedentes. A los arrestados les pusieron un chaleco que decía: ‘detenido, tráfico ilícito de migrante’.

Los connacionales eran los encargados de captar y trasladar a mujeres hasta Piura. Entregaban documentos falsos a las víctimas para ingresar al país vecino como mayores de edad. Actuaban en El Oro, Guayas y Los Ríos. El ecuatoriano que tramitó los documentos era conocido como ‘El mellizo’, de ahí que el nombre de la organización era ‘Los mellizos del 7’.

El seguimiento a esta organización dedicada a la trata de mujeres empezó en abril pasado. Según las investigaciones, adolescente y mujeres eran contactadas a través de anuncios en Facebook que requerían ‘señoritas de buena presencia’ a quienes les ofrecían ganar dinero en Piura. Desde la pandemia, la forma de captación se amplió en redes sociales, afirma el mayor Centeno.

Según las Policías de Ecuador y Perú, la banda operaba con tres grupos: los reclutadores (que eran ecuatorianos), los dueños del burdel y los choferes, quienes trasladaban a las mujeres en vehículos hacia el lugar de explotación sexual.

En Perú fue un operativo inédito

Para el operativo, las autoridades peruanas trasladaron a agentes de Lima a Piura para evitar la fuga de información. Esta es la primera vez que además encuentran una organización concertada entre ecuatorianos y peruanos para la trata de mujeres con fines de explotación sexual de estas dimensiones.

¿Por qué las llevan a Piura? La fuente peruana cree que hay lugares en ese país donde este tipo de organizaciones logran corromper a funcionarios y autoridades. La Policía peruana envió la documentación del caso para que el Municipio de Piura clausure el lugar.

Mientras que el mayor Mario Centeno afirma que Perú hay un gran mercado sexual que bordea los USD 300 diarios por mujer.

Centeno explica que este no solo fue un operativo importante para Perú sino también para Ecuador. Solo en el 10% de los casos de trata de personas con fines de explotación sexual han identificado a grupos organizados y transnacionales, y este es una de las redes más grandes.

En otros países, como Brasil, han hallado casos de trata para la explotación laboral en textileras. Pero la gran mayoría de trata es interna y están involucrados familiares o la pareja.

En esta investigación trabajaron de manera conjunta con la División de Investigación de Delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional de Perú (DIVINTRAP).

Al operativo asistió también el general Ulises Guillén Chávez, jefe de la dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. El alto oficial informó a medios locales que el operativo contó con el apoyo de Operation Underground Railroad, una ONG de EEUU dedicada al rescate de menores víctimas de la trata.

En Perú, este delito se castiga con penas de 15 a 20 años de cárcel.

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