En junio de 2021, la Alcaldía de Manta lanzó una convocatoria para la construcción de vías en las parroquias urbanas del cantón, uno de los proyectos más costosos que ha emprendido el alcalde de la ciudad, Agustín Intriago, desde el 2020.

Una de las condiciones que puso a los oferentes fue la no entrega de anticipos, es decir la empresa ganadora debía asumir los costos de la obra por su cuenta. Sus pagos, dicen los documentos del proceso, debían empezar en enero de 2022 divididos en 24 meses. Intriago ha dicho que esta es una opción legal que la ha usado desde el inicio de su administración por la difícil situación económica que enfrentan todas las alcaldías de Manabí (ver apartado). El valor total del contrato fue de USD 2,6 millones.

A esta licitación llegó una sola oferta, la del consorcio Mantavía, conformado a su vez por dos compañías: Avilmat S.A. y Coralva S.A. La primera es una empresa de ingeniería civil creada en 2013 y con múltiples cambios de socios desde esa fecha. Entre sus primeros dueños figura un ecuatoriano que en 2006 fue relacionado con uno de los líderes del cartel de Cali y quien ha sido accionista de 601 empresas, como lo contó PlanV en un reportaje previo.

A mediados de 2021, Avilmat S.A. tenía como socio principal Daniel M., de nacionalidad estadounidense. Él se presentó como representante legal del consorcio Mantavía cuando presentó su oferta para la licitación. Desde 2012 no ha pagado impuestos. También fue la persona que, en 2022, vendió sus acciones a Ashimha-Life S.A., donde Leandro Norero era el accionista principal.

Norero está acusado de lavado de activos y es investigado por narcotráfico. La Policía lo detuvo el 25 de mayo pasado y allanó sus inmuebles de lujo donde se encontraron 42 lingotes de oro, 101 joyas, 74 relojes de marca, cuatro armas, 13 vehículos de alta gama, entre otros bienes.

La otra empresa que conforma el consorcio es Coralva S.A. Es más antigua, creada en 2003. Se dedica a la construcción y en la actualidad registra tres accionistas. Ha contratado con el Municipio de Guayaquil y ha pagado impuestos desde 2013. Esto a diferencia de Avilmat S.A. que, desde 2013 cuando fue creada, no ha declarado impuestos ni salida de divisas. En la Superintendencia de Compañías, Avilmat S.A. está registrada como una empresa de obra civil, pero en el SRI aparece con un RUC para asesoramiento contable.

El consorcio Mantavía abrió su RUC el 6 de agosto de 2021, quince días después de que le fuera adjudicado el contrato, el 23 de julio de 2021. Dos días antes, el 21 de julio, el alcalde Intriago delegó a Emilio Macías Loor, coordinador de Desarrollo Territorial, las tareas relacionadas con contratación pública como la suscripción de contratos. Mantavía ganó la licitación no solo por ser el único oferente sino por conseguit altas calificaciones. Por ejemplo, en experencia general tuvo un puntaje de 10 sobre 10. La firma del contrato entre Macías y Daniel M. se hizo el 31 de agosto de 2021.

Daniel M. (arriba a la izquierda y abajo en primer plano) es el representante legal del consorcio Mantavía  y de Avilmat, empresa relacionada con Ashimha-Life donde Norero fue su accionista principal.

Abajo, Daniel M. participó en la campaña por el SI, en la consulta popular convocada por Lenín Moreno, en el 2018.
Fotos: Facebook Daniel Mistele

La Alcaldía de Manta solicitó a Mantavía una garantía de fiel cumplimiento del contrato. Según los documentos del proceso, en agosto de 2021, Seguros Confianza S.A. expidió la póliza por USD 132.574.

La Alcaldía adjudicó un segundo contrato el 17 de mayo de 2021. Esta vez Avilmat S.A. fue seleccionada para la repavimentación de calles, bordillos y aceras de cuatro calles por USD 452.147. Para este proceso, tampoco se solicitó anticipo y de la misma manera se plantearon pagos mensuales durante los cuatro meses de ejecución del contrato.

Asimismo, Avilmat S.A. fue la única empresa que se presentó a la licitación. La Alcaldía la calificó con los más altos puntajes en los siete parámetros que estableció. Por ejemplo, en experiencia le dio una calificación de 10 sobre 10. Pero no hay registros de sus obras realizadas o contratos anteriores en el portal de Compras Públicas. Ha pasado un año de la adjudicación, y en ese mismo portal, aún no constan los contratos de este proceso.

En rueda de prensa este 8 de junio, el asambleísta Fernando Villavicencio pidió que se investigue las vinculaciones de Daniel M. "porque él es el operador de las compañías de Leandro Norero". El legislador mostró una fotografía del extranjero junto a Intriago y dijo que él apoyó la campaña del alcalde. "Quien constituye las empresas de Leandro Norero es Daniel M. Y dos días después del allanamiento a sus propiedades las vuelve a transferir a M. Él apoyó la campaña de Agustín Intraigo, alcalde Manta. Es un amigo personal, no es solo un contratista, está en sus redes sociales", dijo Villavicencio, quien pidió que las autoridades de control investiguen esta relación. 

La Alcaldía de Manta contrató, en dos ocasiones, a la empresa Avilmat para obras viales.
Foto: Twitter Alcaldía de Manta

Uno de los mayores contratos de Manta

Durante su visita a Quito para la reunión del presidente Guillermo Lasso con los alcaldes de país por temas de seguridad el lunes 6 de junio, Intriago dijo que la municipalidad de Manta tiene más de 1.000 contratos y que estos se adjudican a través de concursos. “Cualquiera lo puede ganar”, afirmó en declaraciones a medios a la salida del evento.

El burgomaestre contó que le había llegado información sobre una empresa que podría estar involucrada en lavado de activos. Explicó que al final de la contratación existe la firma de un formulario de licitud de fondos. “Yo creo que eso salvaguarda a todos los funcionarios y a todas las instituciones públicas. De aquí para acá le corresponde la responsabilidad al Municipio en virtud del cumplimiento de los compromisos que adquiere contractualmente el oferente con la empresa contratante. Ya el resto del origen de los fondos es otra historia”.

Intriago mencionó que más de 20 obras públicas han sido financiadas por empresas capaces de trabajar sin anticipos y de otros tipos de servicios. Citó el caso de CuidaRodrigo, una empresa local a la que se paga “conforme la capacidad presupuestaria”, dijo Intriago. Para el alcalde, la publicación de los contratos con Avilmat S.A. son propios de campañas electorales. Dijo que la empresa está habilitada por el Sercop y por el SRI.

Adelantó que recaba información sobre estos procesos para entregarla a las autoridades competentes en caso de ser requerida.

El detalle lo publicó horas más tarde en su página de Facebok. Afirmó que entre 2020 y 2021, el Municipio de Manta subió  95 procesos de bienes, servicios y consultorías al portal de Compras Pública, además de ínfimas cuantías, emergencias y catálogo electrónico. De esos 95 procesos, 74 no contaban con pago de anticipo.

Especificó que ese mismo período se abrieron 26 procesos de obra pública, de los cuales 24 no contemplaban pago de anticipo. “Esta modalidad, que no es nueva y que es legal de acuerdo al Artículo. 27 del Reglamento a la LOSNCP (Ley de Contratación Pública), la aplican diferentes municipios de la provincia y el país para poder satisfacer las necesidades de la ciudadanía en medio de la crisis financiera que vive el mundo, agudizada más aún por la pandemia”.

De acuerdo a los registros del portal de Compras Públicas, el Municipio de Manta registra 14 contratos por montos superiores a los USD 400.000 entre 2020 y junio de 2022. De estos, el de mayor valor es uno de USD 15 millones para la repotenciación de los sistemas hidrosanitarios de la ciudad. En segundo lugar se ubica el contrato con el consorcio Mantavía (Avilmat S.A. y Coralva S.A.) por USD 2,6 millones. En ese periodo de la administración de Intriago solo se han registrado siete contratos superiores a USD 1 millón, principalmente para obras viales o mejoras de estas.

Intriago aseguró que los municipios “no cuentan con herramientas para verificar procedencia de fondos más allá de la declaración mencionada. Es como un depósito bancario, usted llena el formulario y lo declarado es su responsabilidad ante los organismos de control”. Todos los procesos de contratación del Municipio de Manta, agregó, son transparentes y apegados a la norma.

“Tenemos información que esta red liderada por Leandro Norero habría suscrito contratos con algunas empresas del sector público, en particular en el GAD de Manta. Contratos donde no pedían adelanto, una especie de anular la competencia. Si una empresa no le pide adelanto al sector público, ¿qué otra empresa puede competir en igualdad de condiciones?”, preguntó el asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización a la fiscal Diana Salazar, durante su comparecencia del pasado 6 de junio.

Salazar respondió que en el caso de Norero se han hallado características propias del delito de lavado de activos, que incluye el uso de empresas offshore, manejo de dinero en efectivo y de lingotes de oro que, al ser de fácil comercialización, no se puede saber su origen.

“Este es un mensaje al crimen organizado. Ya basta de atacar a los delitos medios. Ya basta de atacar los delitos de manera individual. Y, sobre todo, si queremos luchar verdaderamente contra el crimen hay que atacar a las organizaciones económicas porque así se sustentan”, manifestó Salazar. Dijo que no importa desarticular un grupo de 30 personas que cumplen el rol de colaboradores porque son intercambiables. “Pero cuando se afecta al bolsillo de la organización estaremos luchando contra este flagelo”.

“¿Cómo la Fiscalía puede alertar, advertir y proceder en la investigación cuando hay evidencia de que la estructura liderada por Leandro Norero, a través de empresas de papel, han suscrito contratos con el sector público? Imagínese usted el nivel, que el dinero del narcotráfico se lava en contratos de obra pública. Si voy a Manta y paseo por las veredas de Manta, estoy paseándome por los adoquines comprados con dinero del narcotráfico”, insistió Villavicencio.

Salazar explicó que esto implica un control de las entidades encargadas de la contratación pública para que identifiquen el origen de los fondos y la edad de las compañías. Salazar pidió que previo a la finalización de los procesos, estos sean hagan de forma transparente para evitar que el dinero del narcotráfico ingrese a las contrataciones públicas.

El narcotráfico es un negocio lucrativo que ha atrapado a exfiscales que antes perseguían ese delito o lavado de activos, dijo la fiscal Salazar. Citó el caso de la exfiscal María Coloma y mencionó también que existen exfiscales Generales que ahora defienden a procesados por lavados de activos. “Y se notaban como probos”. Salazar no dio los nombres.