Adis Aracelis Solís Rodríguez es la nueva alcaldesa de San Lorenzo, uno de los cantones del país más pobres y afectados por la violencia del conflicto armado colombiano. Solo en 2022, el aumento de las muertes violentas fue del 433% en relación al 2021. Allí, se registraron nuevos episodios que provocaron desplazamientos internos de sus habitantes hacia otras ciudades ecuatorianas. Pero en su programa de gobierno casi no menciona esa situación de inseguridad y menos aún expone datos actuales.

Solís, abogada de profesión, ganó esa alcaldía con 8.044 votos, es decir con el 34.33% de los sufragios que hubo en esa ciudad limítrofe con Colombia. Participó por la alianza Unión por la Revolución, que se conformó por la lista 5 de la Revolución Ciudadana y la lista 16 del movimiento Amigo.

Pero este no es su primer cargo público. Se inició en el 2009 como jefa de departamento en el Municipio de San Lorenzo. Entre 2011 y 2015, trabajó en el Registro Civil y en ese mismo año fue directoria de agencia de la Empresa Pública de Movilidad. También fue asistente jurídica en la Alcaldía de San Lorenzo y entre 2019 y 2020 fue secretaria en la Fiscalía de esa ciudad. En 2017 declaró un total de USD 1.200 como patrimonio. En 2020, esa cifra saltó a USD 240.020, valor que incluye una casa, un terreno y menaje de casa.

Adis Solís ha dicho que las denuncias en su contra se deben a que es una mujer correísta. Foto: Captura de video Facebook de Adis Solís

Esos cambios en su patrimonio alertaron al Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA), que el pasado 6 de enero presentó en la Fiscalía una denuncia con los nombres de los candidatos, partidos y movimientos políticos presuntamente relacionados con el crimen organizado. La candidata “no ha justificado el origen de los fondos, ya que jamás informó al ente de control si mantenía algún préstamo hipotecario, negocio comercial, inversión bancaria, donación, o si recibió alguna herencia. Al contrario, en la declaración consignada indicó que no posee deudas de ninguna naturaleza”, afirma el informe de los asambleístas. La denuncia trae también fotografías de la candidata, donde se observa una maleta llena de fajos dinero presuntamente en la sala de su casa.

El FPA cuestionó su paso por el Registro Civil, cargo por el cual supuestamente habría sido denunciada en siete ocasiones, que no prosperaron. En el sistema judicial aún consta uno de los procesos más recientes, de 2020, por falsificación de firmas y adulteración de documentos, específicamente de unas partidas de nacimiento. Aunque Solís ya no es funcionaria de esa entidad, fue relacionada en el caso. Finalmente, la Fiscalía se abstuvo de acusarla.

Fernando Villavicencio, uno de los asambleístas que forman parte del Frente Parlamentario Anticorrupción, presentó el 6 de enero pasado una denuncia en la Fiscalía sobre candidatos con presuntos vínculos con el crimen organizado. Foto: El Universo

El 14 de diciembre, en la precampaña, Solís replicó al asambleísta Fernando Villavicencio, miembro del FPA, quien dijo que San Lorenzo era la entrada de la cocaína al Ecuador. “Perseguir a una mujer porque es correísta, porque es revolucionaria, porque es ganadora, porque San Lorenzo y el Ecuador entero queremos volver a los días de gloria, ofrecidos solamente en el gobierno de Rafael Correa, por eso no toleran que lidere las encuestas. Pero lo invito a que venga a este pueblo señor Villavicencio, a que conozca San Lorenzo, a que disfrute de un buen ceviche. Nosotros somos gente hospitalaria, gente buena, gente olvidada sí por ustedes, por toda esa partidocracia burócrata, por eso somos olvidados. Pero no somos los narcotraficantes, sí somos negros, sí somos fuertes, valientes, pero eso no nos hace narcotraficantes”, fue respuesta de la entonces candidata al legislador.

El día que salió la denuncia, Solís dijo que fue víctima de infamia, calumnia y deshonra desde que aceptó la candidatura a San Lorenzo de parte de un sinnúmero de “cobardes”. Calificó a Villavicencio como un “vago” y “desocupado”. “Investígueme, yo tengo mi vida en San Lorenzo y aquí estoy”, le respondió. “Solo le tengo miedo a Dios”. Para defenderse de las denuncias, llevó impreso un certificado de no tener antecedentes penales.

Adis Solís durante su candidatura presentó un certificado de no tener antecedentes penales. Captura de video de Facebook de BamberoTV

Otros alcaldes electos cuestionados

“Presentan argumentos del asambleísta Fernando Villavicencio. Pero el líder de quien está acusándome en este debate ha descalificado al señor Villavicencio, llamándolo de todo, menos de verás”, fue la contestación de Agustín Intriago, alcalde reelecto de Manta, a su opositor en la campaña Jaime Estrada Medranda, quien le cuestionó por sus supuestos vínculos con el narcotráfico durante el debate electoral. Estrada se postuló por la Revolución Ciudadana a la alcaldía de Manta.

“Y al mismo tiempo este tipo de panfletos que han entregado a la medianoche, en medio de la oscuridad, y lo que han argumentado aquí, nos da una idea de dónde viene tremenda campaña sucia”, agregó Intriago en defensa de las acusaciones de Estrada sobre cómo Intriago habría permitido el ingreso de dineros del narcotráfico al municipio de esa ciudad. Los intercambios entre ambos candidatos empezaron después de que el moderador preguntara sobre cómo combatir el problema del narcotráfico que ha permeado a Manta.

Agustín Intriago fue reelecto como alcalde de Manta con más del 60% de los votos. Foto: Twitter Agustín Intriago

Esas críticas tienen como origen también el informe del FPA. Ese documento dice que Intriago y Guadalupe B. constituyeron la compañía Indigo Corporations el 30 de septiembre de 2005. Intriago fue nombrado presidente de esa compañía para un período de 5 años. Ahora, el representante legal de esa empresa es Argenis Darío R.Z. Los legisladores sostienen que él está vinculado a la red de Leandro Norero, quien fue asesinado en la cárcel de Latacunga, el pasado 3 de octubre, y que habría firmado contratos por más de USD 3 millones con el Municipio de Manta.

Otra empresa que mencionan es el consorcio Mantavía, conformado a su vez por Avilmat y Coralva. Uno de los socios principales de Avilmat S.A. fue Daniel M., de nacionalidad estadounidense. Él se presentó también como representante legal del consorcio Mantavía. Daniel M. también ha sido relacionado con Norero, pues él vendió sus acciones a Ashimha-Life S.A., donde Norero era el accionista principal, dice la denuncia. La historia de Avilmat y sus contratos con el Municipio de Manta la contó PlanV el 7 de junio de 2022.

Pero ninguna de esas denuncias afectó la votación de Intriago. El alcalde se reeligió con 98.214 votos, es decir obtuvo la aceptación del 61.25% de los ciudadanos que sufragaron en esa ciudad. Se postuló por el movimiento Mejor Ciudad, listas 107, y se lo ha identificado con el Gobierno. Hasta el momento, el alcalde no se ha referido puntualmente a cada uno de los argumentos de las denuncias del FPA.

Otro alcalde electo es Rómel Enrique Cedeño Rodríguez. Ganó la alcaldía de Tosagua (Manabí) con 7.722 votos por la alianza entre la Revolución Ciudadana y la lista 72 Sí Podemos. Pero su victoria fue estrecha: solo obtuvo 194 votos más que su mayor contrincante, César Bernabé Cevallos, del movimiento Nueva Generación.

Romel Cedeño ganó la alcaldía en Tosagua por el movimiento Revolución Ciudadana. Foto: Facebook

Pero Cedeño ha sido también cuestionado. En septiembre de 2022, durante la precampaña, Villavicencio adelantó el nombre de Cedeño como uno de los candidatos que supuestamente estaría relacionado con narcotráfico. A diferencia de los otros alcaldes denunciados, él sí enfrentó un proceso penal por delincuencia organizada. Pero fue sobreseído de los cargos.

Uno de los fiscales que llevó adelante las investigaciones informó en las diligencias que la indagación comenzó en febrero de 2020 después de que, mediante información reservada, conocieran sobre la existencia de una pista clandestina para el envío de droga. En la audiencia, el fiscal aseguró que a Cedeño y a los otros se los vio ingresar a la pista.

Tras la afirmación de Villavicencio, Cedeño anunció que tomaría medidas legales por esa “difamación” contra el asambleísta. Pero hasta el momento el sistema de denuncias de la Fiscalía no lo registra.

Tosagua es un cantón donde las muertes violentas se incrementaron de 1 en el 2021 a 7 en el 2022. Pero en su plan de Gobierno, Cedeño no tiene una propuesta clara sobre el combate a la inseguridad.

El correísmo arrasa en el perfil costanero

Plan V revisó los resultados en los 54 cantones que conforman Esmeraldas, Manabí y Guayas, las principales provincias que han sido afectadas por el crimen organizado debido a su posición geográfica cercana a Colombia y a sus extensas costas que han permitido la ubicación de puertos y pistas clandestinas. En 22 de esas ciudades ganó la Revolución Ciudadana: cuatro en Esmeraldas; 8 en Manabí, y 10 en Guayas. Le sigue el Partido Social Cristiano (PSC) con 11 alcaldías: tres en Esmeraldas y siete en Guayas, bastión tradicional de los socialcristianos.

De los 54 alcaldes electos, 43 no registran antecedentes penales o la apertura de un proceso judicial en su contra. Pero 11 nuevas autoridades locales sí han enfrentado una denuncia. Además del caso de Solís y Cedeño, Gil Humberto Barreiro Alcívar, de Flavio Alfaro (Manabí), e Isaac Leodán Intriago, de Pichincha (Manabí), fueron sobreseídos en acusaciones por estafa y obstaculización de un proceso electoral, respectivamente.

En esta lista también se encuentran Simetrio Armengol Calderón Álava, del cantón Jaramijó, acusado por presunto tráfico de estupefacientes; Aquiles David Álvarez Henriques, nuevo alcalde de Guayaquil, involucrado en un caso por comercialización ilícita de combustibles; e Isidro Morán Espinoza (Lomas de Sargentillo) y Ubaldo Urquizo Rugel (Santa Lucía), procesados por peculado. En esos procesos, algunos al ser antiguos, el sistema de la Función Judicial no aclara cómo terminó cada uno de esos casos. Mientras que Ángela Esperanza Plúa Santillán, nueva alcaldesa de Jipijapa, fue denunciada por injuria, pero su caso prescribió.

Finalmente, solo en nueve de los 54 cantones ganó el SÍ a la pregunta 1 relacionada con la extradición de ecuatorianos involucrados en crimen organizado transnacional. En Esmeraldas, el ‘no’ se impuso solo por 606 votos. En Manabí, la diferencia fue mayor: 96.847 votos.

En Guayas, en cambio, ganó el SÍ por una amplia diferencia sobre el NO: 137.751 votos. Pero esta victoria solo representa los votos de cinco de los 25 cantones que comprende Guayas. Uno de ellos es Guayaquil, una de las ciudades más pobladas del país y también una de las más violentas.