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8 de Noviembre del 2022
Historias
Lectura: 22 minutos
8 de Noviembre del 2022
Redacción Plan V
¿Cómo se hizo la reubicación masiva de presos de la Penitenciaría?
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Tras la intervención policial del 3 de noviembre, fue controlado el pabellón 2 de la Penitenciaría, donde estaban los Chone Killers. Los huecos que ha dejado en las paredes las balas evidencian cómo esa cárcel ha sido un campo de batalla. Foto: SNAI

 

En cuatro días, el SNAI trasladó y reubicó a más de 2.400 presos de la Penitenciaría, principalmente de la banda de los Chone Killers. Aún las cifras y los destinos de esos cambios son contradictorias. El pabellón Consular, donde estaban colaboradores de la justicia, fue demolido. En los operativos se encontraron caletas de concreto para ocultar armas. Una experta se pregunta si los reubicados en realidad corresponden a personas privadas de libertad de alta peligrosidad.


El 1 de noviembre, el Gobierno inició uno de los traslados más grandes de presos en la historia reciente del país. Ha pasado una semana, pero los detalles de esa operación han salido a cuenta gotas desde los canales oficiales del Régimen y de sus autoridades. Hasta el momento, se conoce que 2.430 presos de la Penitenciaría del Litoral fueron reubicados en dos fases.

La primera consistió en el traslado de los internos hacia otras cárceles, el 1 y 2 de noviembre. El ministro de Gobierno, Juan Zapata, confirmó que en total 1.418 presos fueron enviados a dos centros: El Rodeo, en Manabí, y la cárcel Regional, donde se encuentran los cabecillas de Los Choneros y está junto a la Penitenciaría. En esos días hubo enfrentamientos entre bandas que dejaron dos presos muertos y seis heridos.

Cientos de agentes penitenciarios participaron en los operativos de traslado y reubicación. Foto: SNAI

Aún las cifras de esos traslados y los lugares han sido contradictorias. Este lunes 7 de noviembre, el ministro Zapata dijo -en una entrevista con Ecuavisa- que 515 privados de libertad de los pabellones 1 y 2 de la Penitenciaría fueron a la cárcel El Rodeo, que era una de las pocas cárceles con capacidad para albergarlos. Y los 903 restantes fueron enviados a la Regional, dijo.

El SNAI hizo un traslado masivo de presos de la Penitenciaría a las cárceles de El Rodeo y Regional. Foto: SNAI

Sin embargo, Guillermo Rodríguez, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), en una declaración publicada por esa institución manifestó que en la Regional solo había 150 plazas. Después, en una entrevista radial, dijo que habían 322 plazas. PlanV solicitó una entrevista con Rodríguez, pero desde el SNAI aún no hay respuesta.

En esos primeros días de noviembre, fueron trasladados internos de los pabellones 1 y 2, según Zapata, donde se encuentran integrantes de las bandas Latin King (1) y Chone Killers (2). Pero una fuente cercana a los Latin King negó que hayan sido reubicados miembros de esa banda. En cambio, los Chone Killers fueron el principal objetivo de los traslados.

Esta facción de Los Choneros se opuso a la revisión del pabellón 2 por parte de la Policía. Eso desató un enfrentamiento que duró alrededor de ocho horas el 3 de noviembre. Presos recibieron a los gendarmes con disparos desde armas largas, con municiones de 2.23 y 5.64 de “alto poderío”, afirmó Zapata. La jornada dejó 14 heridos: 11 policías y 3 militares. Pasadas las 13:00, el SNAI informó que se había controlado ese pabellón.

Guillermo Rodríguez, director del SNAI, dijo que el objetivo de los traslados fue reducir el hacinamiento y la violencia. Foto: SNAI

Después de ese anuncio, Lasso publicó: “Este Gobierno no se doblega ante narcoterroristas: en este país no van a imponer su voluntad”. El mensaje llevaba imágenes de los presos en ropa interior en uno de los patios de la Penitenciaría que tiene una bandera de Puerto Rico, de donde es originaria la pandilla de Los Ñetas. Los fundadores de los Chone Killers fueron Ñetas.

Por la noche, el Presidente anunció el traslado de los cabecillas de los Chone Killers a la cárcel de máxima seguridad La Roca. Los presos llevaban las manos atadas con una cita al parecer plástica y solo con ropa interior.

Las imágenes sobre cómo se hicieron estos traslados son escasas. Pero el 4 de noviembre apareció en la cuenta de Twitter de Lasso una fracción de segundos de esa operación hacia la Regional. Ese video salió de manera ampliada en redes sociales. Allí se observa el paso de los presos, solo con pantalonetas o ropa interior, custodiados de manera individual por un policía. Los presos caminaban agachados mientras los uniformados les sostenían la cabeza y las manos, pues los privados de libertad iban esposados. Algunos caminaban descalzos. Militares vigilaron ese procedimiento.

La rotación entre pabellones

La segunda fase implicó cambiar a 1.012 presos de los pabellones 6 y 7, donde están ubicados Los Águilas (una de los grupos alineados a Los Choneros y que han sido relacionados con ataques a explosivos) a otros pabellones dentro de la Penitenciaría. Los miembros de esa banda no se resistieron al cambio. Esto sucedió el 4 de noviembre, un día después de que los uniformados lograran controlar al pabellón 2.

El Presidente también difundió otro video sobre la reubicación del pabellón 6. Las imágenes se tomaron desde un drone que grabó el momento en que uniformados retiraban los prendas y objetos a los presos para el cambio de pabellón. Una montaña multicolor de ropa y pertenencias se acumuló en ese sector.

Para la rotación interna, los presos fueron ubicados en los patios de este centro. Personal penitenciario, con pasamontañas, hicieron corredores para garantizar el traslado. Fotos: SNAI

Así se realizó la rotación interna en la Penitenciaría. Video: SNAI

Tras los cambios, el pabellón conocido como Consular fue demolido, este 8 de noviembre. desde allí, los internos atacaban a los policías que ingresaban a realizar operativos en la Penitenciaría, aseguró Lasso.

Según el SNAI, este lugar no prestaba las mínimas condiciones de salubridad e infraestructura para ser habitado. La institución publicó un video de Rodríguez junto a ese pabellón ese mismo día. Se observaron algunas ventanas rotas y sistemas de ventilación deteriorados. Estaba rodeado por agentes del GOE y a lo lejos se escuchaba un grupo de personas que contaban 1,2,3... como si estuvieran haciendo ejercicios.

La edificación fue desalojada el pasado 2 de noviembre. Allí habían 166 presos, sobre todo aquellos que eran testigos protegidos o colaboradores en casos de alta connotación nacional; en su mayoría estaban extranjero. Este pabellón fue usado bodega de municiones y hasta de droga. Julio Ballesteros, exviceministro de Justicia, explica que las mafias usaron este lugar para guardas los objetos prohibidos. Para él, estas medidas sí ayudarán a bajar la tensión en ese centro.

El pabellón conocido como Consular fue derrocado este 8 de noviembre. Desde allí se atacaba a los policías, según las autoridades. Fotos: Twitter de Guillermo Lasso

La operación buscó tener un “factor sorpresa” para obtener “el impacto debido”, dijo Rodríguez en la misma entrevista radial. Oficialmente Rodríguez ha dicho que este operativo tuvo como objetivo reducir el hacinamiento en la Penitenciaría que era del 33%. Puso como ejemplo el pabellón 2 donde había 904 personas, lo que significa un hacinamiento del 117%. Tras los traslados, la población penitenciaria se redujo a 417, según esta autoridad.

Pero el traslado, por ejemplo, de los Chone Killers es un claro intento de bajar la tensión en esa cárcel, la más violenta del país. Desde el asesinato de Leandro Norero, quien fue Ñeta en sus inicios, corría el rumor de una nueva masacre para cobrar venganza por esa muerte por parte de esa banda. Los Lobos, aliados de Norero, habrían sido los autores de ese crimen en la cárcel de Latacunga, quienes interpretaron como una traición el acercamiento de Norero con su banda rival, Los Choneros.

El director del SNAI ha mencionado que empezarán con una reclasificación por conductas y nivel de peligrosidad de los internos. Cree que con esa medida se “romperán” las estructuras y economías ilegales en los centros penitenciarios.

Rodríguez informó que en el interior de este centro se encontraron caletas para armas. En una entrevista con Radio Democracia, explicó que había estructuras de concreto de más de 50 cm de espesor con ese fin. Estas no se pueden detectar sin tecnología e información, dijo. En un video difundidos por el SNAI, aparece una de esas caletas abiertas, oculta en una pared. El director del SNAI aseguró que se recuperaron espacios físicos para que exista gobernanza en ese centro que tiene 70 años de construcción.

Tras el operativo se encontraron caletas hechas de concreto para guardar las armas. Captura de video SNAI

En ese mismo tema, Rodríguez aseguró que ha visitado a los proveedores de alimentos para verificar su cadena de seguridad para evitar la contaminación. Afirmó que está en proceso la compra de escáneres. Pero reconoció que, por más tecnología y protocolos, si las personas que están a cargo de ellos no los cumplen, el problema se mantendrá.

Rodríguez ha asegurado que durante los traslados hubo observadores de Defensoría del Pueblo y de representantes de DDHH. Manifestó que no han tenido ninguna queja de esas organizaciones. Pero la Defensoría contradijo esa versión e informó, en un boletín, que esa institución “no ha coordinado ni participado en el proceso de traslados de personas privadas de la libertad (PPL), como se ha informado en medios de comunicación”.

Mientras que la Secretaría de DDHH afirmó, en una respuesta a PlanV, que “cumplió con su rol de brindar asesoría y acompañamiento. Así como atención a los familiares de las personas privadas de libertad que requerían contención emocional”. ¿Hubo o no respeto a los derechos de los presos en los traslados? Fue una pregunta que no tuvo respuesta.

Las más altas autoridades policiales participaron, incluido el general Giovanni Ponce, quien apareció junto a Rodríguez en una imagen publicada por el SNAI, el 3 de noviembre.

Activistas de DDHH han sido cuestionados por altas autoridades del Gobierno por exigir que los traslados se hagan bajo el respeto de los derechos de esas personas. “Los DDHH están más para los delincuentes que para los hombres (policías) que están defendiendo a los buenos ciudadanos que han sido afectados en su seguridad”, reclamó Zapata.

En su recuento, el director del SNAI contó que los presos reubicados recibieron un colchón digno, artículos de aseo, camisetas y pantalonetas.

Los traslados provocaron la reacción de las bandas que ejecutaron un total de 48 eventos violentos, incluidos coches bombas, asesinatos de policías y ataques a UPC, en tres ciudades: 33 en Guayaquil, 8 en Santo Domingo y 5 en Esmeraldas. De esos 33 hechos, 21 se produjeron en gasolineras de esas tres ciudades.

“La respuesta que quieran la van a tener porque la fuerza del Estado no puede verse mermada, tiene que sentirse el poder del Estado”, afirmó Zapata, quien agregó que el Gobierno alista la compra a Israel de armas cortas y largas, además de municiones. Adelantó que este armamento no solo lo tendrán las unidades tácticas de la Policía, sino también las del eje preventivo. Un general de la Policía empezó las capacitaciones en Manta y continuará en otras ciudades.

El ministro dijo que existen $35 millones para la compra de chalecos, cintos y equipo básico; $28 millones para uniformes; y $110 millones para seis unidades comunitarias y 100 UPC.

“Aquí no existe distingo para nadie. Quien se salga del margen de la ley tendrá la respuesta inmediata y de manera contundente”, respondió Zapata a la pregunta de que podría haber un trato preferencial para algún grupo delincuencial. 

   Entrevista   

“¿Estamos seguros de que los más de 1.400 traslados corresponden a personas privadas de libertad de alta peligrosidad?”

María Amelia Espinosa, directora General de Fundación IR, Iniciativas para la Reinserción


Foto: Cortesía de María Amelia Espinosa

1. ¿Hay algún otro traslado masivo similar al de la semana pasada que se haya hecho en la historia reciente del país? ¿Considera que los traslados sean una medida efectiva para bajar la violencia en las cárceles?

No puedo afirmar con certeza que hubiera un traslado de esta magnitud, pero, si fuera el caso, es posible que no nos enteráramos. En la actualidad tenemos acceso casi irrestricto a información en tiempo real, que, con sus bemoles, es lo que ha puesto el ojo de nuestra sociedad -y del mundo en general- en la crisis que atraviesan la seguridad nacional y la seguridad penitenciaria en Ecuador.

Dicho esto, y de vuelta a las consideraciones positivas y negativas del acceso a información en tiempo real, me preocupa la capacidad de filtrar o discernir respecto del contenido de estas imágenes, mensajes, y, sobre todo, acciones públicas como estas intervenciones en espacios penitenciarios, -especialmente cuando carecen de articulación intersectorial.

¿Estamos seguros de que los más de 1.400 traslados corresponden a personas privadas de libertad de alta peligrosidad? ¿Estamos seguros de que “El Rodeo” o “La Roca” cumplen con estándares mínimos de habitabilidad y seguridad? ¿Previa la aplicación de la medida, se estudiaron y canalizaron los recursos y mecanismos técnicos y humanos necesarios para impedir la permeabilidad institucional por el crimen organizado, la corrupción y la violencia? ¿Tenemos la capacidad de retomar el control de los espacios carcelarios y garantizar la seguridad interna, más allá de los constantes regímenes de excepción?

Recordemos que reducir la violencia en nuestras prisiones fue una recomendación persistente en el marco del Examen Periódico Universal que acaba de tener lugar en Ginebra, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Me parece que, para reducir la violencia, el Organismo Técnico de Rehabilitación Social tiene que pasar del discurso a la acción:

1) asignar recursos suficientes para ejecutar la política pública aprobada en febrero;

2) implementar el Sistema Nacional de Información y alimentarlo con los datos recabados en el censo penitenciario, garantizando su interoperabilidad con los sistemas de información de otros ámbitos (Registro Civil, Registro Social y Función Judicial);

3) implementar políticas de prevención de la delincuencia; y,

4) garantizar la existencia de programas de formación y ocupación que permitan a los reclusos insertarse laboralmente una vez que cumplan sus condenas…

2. ¿Quizás tuvo información de parte de las familias o de las personas privadas de libertad sobre vulneraciones a sus derechos en estos últimos traslados?

No he tenido acceso a más información que la que parte de un discurso profundamente estigmatizador, porque, como te decía, vemos a través de la lupa de uno u otro medio de comunicación, o una u otra autoridad. Por ejemplo: existe una política pública de rehabilitación social con enfoque de derechos humanos, que parte de un diagnóstico que reconoce explícitamente la deuda que tiene el Estado con el sistema de ejecución de penas. Pero hay también un jefe de Gobierno que desconoce esa política pública al referirse a los defensores de los derechos fundamentales de los presos como enemigos de las causas de justicia y seguridad nacional.

Recordemos que reducir la violencia en nuestras prisiones fue una recomendación persistente en el marco del Examen Periódico Universal que acaba de tener lugar en Ginebra.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, con sede en Guayaquil -y cuyo trabajo admiro profundamente- ha apoyado la presentación de una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta solicitud insta a los comisionados a disponer al Estado la prestación de servicios de contención psicológica a los familiares de las personas privadas de libertad que aguardan fuera de la “Penitenciaría del Litoral” por noticias de sus seres queridos.

Y exige también la provisión de información inmediata y verificada respecto de los traslados que se llevan adelante, así como la garantía de los derechos de la población penada, que, en estos contextos de exacerbación de los ánimos, es extremadamente vulnerable. Sabemos que es muy alto el riesgo de que la población trasladada pueda sufrir tratos crueles, degradantes e inhumanos por parte de los propios servidores de las fuerzas públicas. 

4. En esta semana, actores relacionados con bandas afirmaron que en este proceso hubo la presunta ‘venta de pabellones’, aunque el SNAI lo ha negado. ¿Qué faltó en este proceso respecto a la información y comunicación de estas acciones de parte del Gobierno?

A mí sí me sorprende que el gobierno no se haya preocupado por responder a la acusación directa que uno de sus miembros recibió. Y me preocupan las acusaciones que pesan sobre quien presidió, tras la renuncia de Nelsa Curbelo, la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación, que el Gobierno seleccionó y nombró, y sobre lo cual tampoco se ha pronunciado, más allá de la denuncia por presunta usurpación de funciones. El Ejecutivo no se ha pronunciado sobre el desempeño de sus funciones, los vínculos generados al interior de los centros, o el contenido del propio informe final del ente colegiado.

En una lucha frontal contra el crimen organizado -que no podría operar en el país con tanta eficacia sin aquiescencia de funcionarios públicos-, las autoridades deberían dar respuesta inmediata a las mínimas interrogantes sobre sus representantes, y despejar cualquier duda sobre su ética e integridad.

5. ¿Cuáles son los procedimientos que debió el SNAI aplicar en este proceso?

Los traslados son medidas administrativas que se toman de oficio o a petición de parte. En cualquiera de los casos, deben mediar valoraciones técnicas relacionadas a las personas privadas de libertad o a aspectos de seguridad penitenciaria. Me pregunto si las hay.

El SNAI puede proceder con traslados cuando está en riesgo la seguridad de la persona privada de libertad o del centro de privación de libertad en sí; o cuando se busca evitar la sobrepoblación carcelaria. Sin embargo, en cualquier caso, el organismo debe:

1) evitar la exposición innecesaria al público;

2) tomar medidas adecuadas para proteger a los reclusos de los insultos y la curiosidad del público;

3) impedir toda clase de publicidad, registro de cámaras periodísticas y privadas, grabaciones y actividades de esta índole; y,

4) transportar a estas personas en medios adecuadamente ventilados e iluminados, en condiciones óptimas de higiene y salubridad.

Esto no es una invención mía, son reglas explícitas del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

No debo recordarte el discurso de repudio público y social que se ha generado en torno a imágenes, que, como ves, jamás debieron difundirse.

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