El 15 de enero de 2022, Gerald envió desde la prisión una carta a la Corte de Miami. Llegó 10 días después con tres sellos postales, que tenían como imagen la bandera de EE.UU. En su dorso, estaba el nombre del ecuatoriano y su dirección escritas a mano. En su interior, llevaba una moción para que su sentencia de 235 meses (19 años y 7 meses) sea reducida por motivos humanitarios.

A esa fecha, el narcotraficante ecuatoriano había cumplido cuatro años en prisión. Su libertad está prevista para el 2033 más cinco años de libertad bajo supervisión.

El documento era básicamente un formulario para que el peticionario marque con una “x” sus respuestas.  Édison Washington Prado Álava, alias Gerald, puso la “x” en las líneas que correspondían a problemas médicos y a razones extraordinarias. Sobre los primeros, dijo que tiene dolencias físicas graves y que su proceso de envejecimiento -aunque actualmente tiene 41 años- reduce sustancialmente su capacidad para cuidar de sí mismo en el entorno de un centro penitenciario.

Sobre lo segundo, argumentó que el covid y sus nuevas variantes como Omicron eran circunstancias extraordinarias que ponían en riesgo su vida. Para sostener esa idea recordó que fue fumador y que, según las directrices de los CDC (la agencia nacional de salud pública de Estados Unidos) los fumadores de cualquier edad pueden estar expuestos a un mayor riesgo de enfermedad grave por covid. En la carta mencionó que había dejado esa adicción recientemente, pero eso no “disminuía su nivel de riesgo” de sufrir lesiones graves o de morir.

Prado Álava, a través de sus abogados, manifestó que, a pesar de los esfuerzos de la Oficina de Prisiones para tratar de controlar el virus en sus instalaciones, en la Institución Correccional Federal de Oakdale II (FCI Oakdale II, por sus siglas en inglés) existían “numerosos casos positivos”. El narcotraficante ecuatoriano a inicios de 2022 estuvo en ese centro de baja seguridad para reclusos varones, ubicado en Luisiana. Ahora está en FCI Sandstone, en Minnesota, como PlanV lo contó en la segunda parte de esta serie.

“Si bien los cargos por los que el Sr. Prado Álava fue declarado culpable y condenado son delitos graves que, en sí mismos, suponen un peligro para la comunidad, esto debe sopesarse con el tiempo importante que el Sr. Prado Álava ya ha cumplido, su rehabilitación, el apoyo de su familia y el peligro que supone seguir encarcelado”, dice el escrito enviado a la Corte. En ese documento, se describe al ecuatoriano como un sentenciado “no violento”.

Su defensa aseguró que la rehabilitación de Gerald después de la sentencia era la imagen más “actualizada” del acusado y que era la mejor prueba disponible para determinar la probabilidad de que vuelva o no a incurrir en futuras conductas delictivas.

Como parte de las pruebas de su rehabilitación, Gerald mencionó que durante su encarcelamiento había realizado un sinnúmero de cursos de formación y que había “tomado medidas significativas para reformarse y mejorarse a sí mismo, de modo que pueda ser una persona más productiva cuando sea puesto en libertad”.

Además, aseguró que fue tutor de reclusos más jóvenes para ayudarlos a mantenerse alejados de los problemas, como parte de su trabajo para forjar relaciones significativas con otros reclusos, así como con su familia. Para el ecuatoriano y su defensa, esos eran indicios de su “extraordinaria rehabilitación” y una confirmación de que ya no era “la misma persona inmadura e irresponsable a la que esta Corte encarceló hace varios años”. 

En su intento por salir de la cárcel, Gerald dijo a la Corte que -en caso de ser liberado- inmediatamente se pondría a trabajar y poner en marcha su plan de reinserción que le permitiría cumplir todos los términos de la libertad bajo vigilancia. Es más, pidió a la Corte que añada más restricciones a esa libertad. “Los tribunales han considerado que tanto los riesgos sin precedentes del covid como la rehabilitación constituyen razones extraordinarias y apremiantes para conceder la libertad compasiva”, sostuvo en su pedido.

Pero la jueza Cecilia M. Altonaga, que lleva su causa desde el inicio, le negó el pedido. “El acusado, un exfumador de 39 años (a la fecha del pedido) que toma medicación y tiene una operación pendiente no presenta ninguna razón extraordinaria o apremiante en el sentido del 18 U.S.C. sección 3582(c)(1)(A) para la libertad compasiva solicitada”, respondió.

La magistrada le dijo que en la prisión no se ha contagiado de covid y que puede recibir la vacuna para protegerse del virus. Además, agregó que el cargo por narcotráfico por el que fue condenado Gerald no apoya una liberación anticipada. “Por el contrario, obligan al acusado a cumplir la totalidad de su condena”.

Pero este no sería el único intento del ecuatoriano para salir de prisión.

Gerald (primero desde la izquierda) en una de sus primeras capturas en alta mar en 2012 por tráfico de drogas. Foto: El Universo

Un mexicano como ejemplo

Un año después de su fallido intento, Gerald volvió a ingresar un nuevo pedido a la Corte, el 3 de enero pasado. Pero esta vez sumó más argumentos para obtener ese beneficio y se apoyó de la Enmienda 794 que establece que un acusado puede ser considerado como un “participante de rol menor” en una actividad delictiva cuando se le paga para realizar ciertas tareas. Prado Álava afirmó que jugó un papel menor en los hechos que se le imputaron y por lo tanto solicitó un alivio en su larga sentencia.

Para sostener ese pedido mencionó el caso del mexicano Norberto Quintero Leyva. En 2014, Quintero intentó importar una gran cantidad de metanfetamina a EE.UU. Cuando fue capturado, tenía 18 años y dijo a las autoridades que había sido contratado por un tercero para conducir el vehículo, y que no tenía conocimiento de qué narcóticos se ocultaban en el interior, ni dónde estaban escondidos. Él se declaró culpable de ese delito, pero en su sentencia solicitó una reducción de los años de cárcel porque su papel en el acto delictivo fue secundario. La Corte le negó la reducción y fue condenado a seis años de prisión.

Pero un año después de condena, en noviembre de 2015, la Comisión de Sentencias de EE.UU. aprobó la Enmienda 794 y una Corte de apelaciones devolvió el caso para que a Quintero se le imponga una nueva sentencia con esas consideraciones.

Prado Álava cree que la Corte debe determinar si él aplica a un papel menor y por lo tanto a una reducción de su sentencia, pese a su declaratoria de culpabilidad. “Como bien puede imaginar la Corte, no desea nada más que completar su sentencia en este caso, regresar al Ecuador para cuidar a su familia y seres queridos, y nunca comprometerse en una conducta delictiva futura”, dice el escrito de sus abogados David S. Weinstein y Robert Feitel.

En EE.UU., la sentencia debe reflejar la gravedad del delito para promover el respeto a la ley y para proporcionar un castigo justo, así como la disuasión específica y general del delito, entre otros factores.

A Gerald se lo ubicó en el nivel 38 de infracción por traficar 450 kilos de cocaína o más, aunque se lo ha relacionado con el envío de hasta 250 toneladas a EE.UU. Le sumaron tres puntos por su papel de liderazgo, pero le restaron esos mismos tres puntos por hacer aceptado su culpabilidad. Es decir, se quedó en el rango 38, que tiene como pena mínima 235 meses de cárcel.

Los abogados de Gerald reconocieron que el delito del ecuatoriano es grave y que su papel fue transportar cocaína desde Ecuador a Guatemala cuyo destino final era EE.UU. “Pero como al menos un juez de distrito ha señalado ‘no siempre es necesario encarcelar a un acusado para promover ese respeto y demostrar la gravedad del delito’ (...) Lo que promueve el respeto a la ley es una sentencia justa en la totalidad de las circunstancias”, argumentaron sus defensores.

El capo manabita fue extraditado a Estados Unidos por Colombia, el 24 de febrero de 2018. Foto: DIJIN

Una infancia llena de maltratos

Gerald volvió a apelar a la compasión de la jueza Altonaga para que reduzca su pena. Entre los nuevos episodios que narra en su pedido de este 2023 -a través de sus abogados- está un accidente automovilístico que sufrió en 2016, que le dejó secuelas. Cita un informe que dice lo siguiente:

Sufrió graves lesiones en la espalda y fue tratado en un hospital durante dos meses. Se fracturó varias vértebras y requirió una cirugía de espalda que involucró la extirpación de una capa de su médula espinal y la inserción de pernos y placas de metal. Además, tuvo que someterse a fisioterapia y no pudo caminar durante aproximadamente ocho meses. El abogado del acusado proporcionó registros médicos que corroboran esta información.

Asimismo, volvió a contar su origen pobre en Manta y su difícil infancia, como lo hizo el día de la audiencia de su sentencia y que PlanV lo contó en la primera parte de esta serie. “Prácticamente no tuvo contacto con su padre y fue víctima de excesivos castigos corporales por parte de su madre. Como resultado, se crió esencialmente en la calle”, dice el escrito. Agrega que su pareja, Julia Mero García, también está detenida en Ecuador, por lo que cree que se trata de una persecución por motivos políticos.

Gerald, dice el pedido, se involucró en el tráfico de drogas por necesidades económicas. Su trayectoria como pescador y la ubicación geográfica de Ecuador lo llevaron a participar en el transporte de cocaína en alta mar.

Pero ahora sus abogados dicen que Gerald no tiene intención de volver a participar en actividades delictivas y, como resultado de su encarcelamiento en los EE.UU., ha dejado de tener vínculos con el narcotráfico. “La presencia del acusado en este país es bien conocida y ha sido objeto de numerosos artículos en la prensa extranjera, lo que garantiza que siempre será visto por otros narcotraficantes como alguien en quien no se puede confiar”, afirmaron.

“Es evidente que los EE.UU. persiguen agresivamente el tráfico internacional de drogas desde Ecuador y otros países de América Central y del Sur. Los fiscales federales de Miami y otros lugares han conseguido la detención y extradición de un gran número de narcotraficantes internacionales. No se lograría ningún otro efecto disuasorio general con un castigo adicional para este acusado”, concluyeron.

El pasado 10 de enero, la jueza Altonaga pidió a los acusadores de Gerald, es decir los fiscales federales, que presenten su respuesta a este pedido del ecuatoriano. Deberán contestar en las próximas semanas. 

En EE.UU. Gerald compartió cargos con otro ecuatoriano y otros colombianos. Fue una poderosa organización, cuyos miembros ya han sido extraditados. Léalo en la cuarta entrega de esta serie.