Una semana antes de la masacre de Esmeraldas, el ex secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, había conversado con el presidente Lasso sobre la "conveniencia" de renunciar. Por lo cual, dice, su salida del cargo no tuvo nada que ver con lo de Esmeraldas, pero coincidió. 

¿Cómo entender la masacre de Esmeraldas, es un momento distinto, una etapa superior de violencia?

Es una pregunta para establecer la importancia de lo que está pasando y lo que puede pasar. Un periodista me dijo «imbécil» por la conclusión que hice y que no es aventurada. En la línea del enfoque estratégico para enfrentar al 80% de la violencia criminal en el país, se planteó y así está en la Estrategia integral para la seguridad y la paz, un concepto que es la contención. Esto es que las Fuerzas Armadas trabajen en impedir el acceso de la droga al territorio ecuatoriano, en la frontera. La gente de Antinarcóticos dice que en la frontera se incauta un promedio anual de 17 toneladas. En el tránsito hacia las costas ecuatorianas se incauta otras 17 toneladas, y alrededor de 220 toneladas en los puertos. Lo que sucede es que en el camino o el tránsito por territorio ecuatoriano va quedando la droga, que estimula el microtráfico. Hay que evitar que eso suceda, cerrando la línea de frontera. A partir de la definición del narcotráfico como amenaza para la seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas replantearon sus directivas internas, sus objetivos estratégicos y sus planes operativos, y este es un cambio importante que tiene que ver con este nuevo enfoque. En esa línea, las FF.AA. hacen un plan operacional para desarrollar la estrategia de contención en la frontera. Eso ha reducido la presencia de droga en el territorio ecuatoriano, y por eso hay un recrudecimiento tan evidente de la violencia criminal. Porque las pandillas, que son las que operan en los territorios, en las zonas de alta conflictividad, sobre todo en Guayas y Esmeraldas, lo que hacen es defender sus territorios. Y por eso es tan alto el nivel de muertes violentas en personas que están dedicadas al negocio. 

El Ministro del Interior dijo que la banda que asesinó a los pescadores en  Esmeraldas lo hizo como retaliación porque las víctimas aceptaron seguridad de otra banda. ¿No se está culpando a las víctimas?

Todo esto hay que analizarlo con total frialdad y objetividad, caso contrario no vamos a entender el escenario que estamos enfrentando, y ese escenario es que tenemos grupos que están disputando territorio. Y hay, como en el caso de Esmeraldas, lamentables pérdidas de vidas de personas que no estaban involucradas, que son efectos colaterales y que tiene que ver con esta pugna por territorios. Adicionalmente, ha sucedido que los grupos de delincuencia organizada (GDO) se mueven hacia otro tipo de delitos para poder generar los ingresos que necesitan para seguir operando, por ejemplo los secuestros. En lo que va del año, tenemos en el Ecuador dos o tres veces más secuestros comparados con los dos años anteriores. Es un crecimiento desmesurado y se debe a eso.

O sea, ¿se debe a que ingresa menos droga a territorio ecuatoriano?

Si en las operaciones en la frontera se han destruido cien laboratorios en territorio colombiano, podría significar, más o menos, el treinta por ciento del volumen de la droga que se produce en Colombia. Es un golpe durísimo al núcleo del negocio, la producción, y de donde se produce toda la ola de violencia. Hay una tendencia lamentable a simplificar los hechos y a verlos con ligereza, lo que lleva a conclusiones tales como que, lo que digo, solo puede ser dicho por un imbecil. De ese modo se pierde de vista la realidad, el enfoque y cómo tenemos que enfrentar este escenario. Me han criticado diciendo que no conozco de seguridad, que al presidente le falta liderazgo y que no sabemos qué hacer en el tema. Y lo dicen muchas personas que no han tenido la delicadeza intelecual de acercarse a preguntar ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué quieren lograr? En seguridad es fundamental identificar la amenaza, y esta se identifica con un sistema de inteligencia. Quien no tenga acceso a esa información no puede opinar sobre cuál es la amenaza y mucho menos sobre cuál es la estrategia.

¿Y qué ha hecho el Gobierno?

De acuerdo a la estrategia, estructurar un sistema, crear una secretaría, la cual coordina y articula con los operadores de defensa y policía y optimiza el conocimiento y la tecnología, que están en manos de estos operadores, y con ellos se trabaja esa estrategia. El Gobierno ecuatoriano tiene una estrategia y la está ejecutando. Que lamentablemente no tiene resultados a corto plazo, sí, es penoso. 

Una estrategia que no funciona. Al final del día, luego de su gestión de diez meses, hay muchos más asesinatos, más secuestros, la violencia es mayor. ¿Entonces para qué todo esto?

Hagamos, entonces, lo que el vocero de sectores ligados a actividades cuestionadas en el área de seguros, lo que han sugerido algunos: no combatamos al narcotráfico. Pactemos. Esa es la alternativa. Leí unas declaraciones del presidente Gustavo Petro. Él critica la política ecuatoriana. Él dice que lo que vivimos es Colombia de los años 90. 

¿Pero qué opina de esas críticas?

Colombia ha vivido una experiencia que para nosotros es muy importante y tenemos mucho que recoger de estas. De hecho han sido incorporadas como parte de la información.  Lo que es evidente es es que cuando en Colombia hubo una acción potente del Estado contra los carteles, el nivel de violencia recrudeció. Un periodista me dijo: se va con los peores resultados. Y yo pregunté cuáles son los resultados que se quiere evaluar. Cuáles son los indicadores, para saber si está funcionando. Si uno de los indicadores es el número de muertos, de alguna manera ligados al narcotráfico, que mueren muchos de ellos por asesinatos direccionados, está bien, pero hay que evaluar esas cifras en un contexto como el que estoy hablando. No hacerlo es una ligereza y es peligroso, porque si no hacemos pedagogía con los ciudadanos, si no explicamos a los ciudadadanos el escenario que estamos viviendo, si los políticos —que tienen en sus manos la política pública—  no pueden entender este escenario, vamos a terminar pensando que esto se trata de tener un Súperman sentado en la Secretaría de Seguridad. 

¿Y hacia dónde va este escenario?

Hay una correlación entre muertes violentas e incautación de drogas. La conclusión es que mientras menos droga hay en el mercado, mayor es el nivel de violencia interpandillas. Este, creemos, es el camino que debemos seguir. No somos tan ingenuos en decir que vamos a eliminar el comercio de drogas, pero tenemos que reducirlo. Porque durante los últimos quince años, por complicidad, por indiferencia, el volumen de droga que entró al país nos convirtió en una plataforma de exportación, y atacar esto provocó el nivel de violencia que tenemos. Lo que pasó en Guayaquil y se extendió al sistema penitenciario el año pasado no fue espontáneo. Es porque estamos atacando a los cabecillas del crimen organizado que están en las cárceles. Operan desde ahí. Tuvimos 18 atentados la madrugada del 1 de noviembre del 2022. Eso no tiene precedente en este país. Fue una reacción terrorista, preventiva, de los grupos de delincuencia organizada, que no querían que en otras cárceles hiciéramos la operación que se hizo en la penitenciaría del Litoral, en tres pabellones. Esta operación tiene que continuar, porque en el enfoque droga-grupos de delincuencia organizada-economía criminal el ataque estuvo orientado primero a las cárceles y luego a una operación en todo el país, desbaratando los nucleos de los grupos de delincuencia organizada. 

¿Qué tan fácil o difícil es entender cómo funcionan estos grupos y cómo destruirlos?

Eso se hace con recursos de tecnología. No quisiera comentarlo, pero se necesitan mecanismos que vayan más allá del uso de fuentes humanas. A pesar de nuestras limitaciones en inteligencia, que es un sistema bastante eficiente, se ha logrado desarticular a varios grupos. Estos operan con varias capas y niveles. Un capo, jefes, subjefes... Cae el capo y se pone otro, y por eso en otras de las iniciativas está la formación de un grupo organizado para focalizar el trabajo en los cabecillas. Han caído ya seis, y este trabajo se viene haciendo desde fines del año pasado, en una colaboración interesante entre personal de la Policía y las FFAA. Se trabaja en conjunto, se coordina con otras instituciones que no son del Ejecutivo, y se sigue caso por caso. Cada caso tiene un oficial a cargo. Entonces tenemos incautaciones, crimen organizado, ahora vamos a las economías criminales. Hay que fortalecer la capacidad del Estado para poder identificar dónde está la plata, cómo se mueven los recursos. Sobre esto se ha hecho un trabajo con el SRI y el cruce de información con otros países. Se ha recuperado la relación del Ecuador con las agencias internacionales. Se trabaja muy cercanamente con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con Países Bajos y con otros gobiernos. Lo que hacen estos países es generar información, es muy importante. Hay Interpol, Europol, Ameripol, entidades que articulan el trabajo policial. 

¿Por ejemplo?

¿Cómo se articuló la detención del llamado Gato Farfán en Colombia? Para muchos esto ha pasado desapercibido. Farfán es un personaje de gran importancia en el mundo del narcotráfico, es un objetivo de alto valor. 

 El caso Norero es el caso más representativo del trabajo de la Policía, con una captura de un financista en Ecuador. Pero el caso naufraga en la justicia porque hay jueces que se prestan a devolver sus bienes incautados a sus familiares ¿cómo mira el papel de la justicia ecuatoriana?

Le decía al presidente en mi renuncia que el Estado ecuatoriano tiene que garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Esto quiere decir todos los poderes, toda la estructura estatal, cuyo fundamento y justificación está en garantizar la seguridad de los ciudadanos. En la estrategia de seguridad tenemos ahora una pata floja. El sistema de seguridad consiste en la parte preventiva y operativa, la Policía; en la parte investigativa la Fiscalía y la Policía; en el enjuiciamiento y sanción en la parte de Justicia y la ejecución de la pena en el sistema carcelario. Hay dos eslabones de esa cadena que no dependen del Ejecutivo: la Fiscalía y la Justicia. La Fiscalía y Policía han logrado grandes resultados, pero llegan ante los jueces y los casos se diluyen. Y es peor que eso. Eventualmente son juzgados y sancionados, pero viene después la aplicación de medidas y privilegios, no pagan la pena impuesta ni devuelven la plata. Hay muchos ecuatorianos, estimulados por esta visión elemental de este grave problema, que se dejan llevar por la opinión de que el Gobierno deja salir a los delincuentes y no es así, el Gobierno no tiene nada que hacer en eso. 

Pero es el SNAI el que da informes de buen comportamiento, de los cuales se agarran los jueces para justificar sus medidas laxas. 

Sí, eso ha pasado, pero ya no pasa. Pero para el habeas corpus no se necesita de informes del SNAI, sí se necesita para aplicar beneficios penitenciarios, o sea la prelibertad, como el caso de Junior. ¿Cómo sacan al llamado Gordo Lucho? Por habeas corpus, en eso el SNAI no puede ni opinar. Así se deja al Estado en la mayor indefensión, aplicandolo de manera ligera y corrupta —a mí no me vengan con el cuento de que no les pagan cuando un juez de Flavio Alfaro saca a un señor que está en Latacunga—. Esto es parte de no entender este concepto integral de que la seguridad la tiene que ofrecer el conjunto del Estado. La seguridad se basa en la seguridad jurídica, y esta depende, en los casos de delincuencia, de los jueces. Por eso tenemos este sentimiento de impunidad, al final de cuentas los delincuentes caen presos, recuperan la plata y les sueltan a los dos años. 

En su gestión, ¿cuál ha sido el avance estratégico?

El tema de seguridad tiene tres dimensiones: la política, la estratégica y la operativa. En lo político está la decisión del más alto nivel, del Presidente, de enfrentar a la delincuencia. Esto es crucial y lo reconocen internacionalmente, y se ve por la notoria presencia de altos funcionarios del gobierno y del Congreso de los Estados Unidos. En lo estratégico deviene de la definición del presidente al declarar al narcotráfico y la minería ilegal como amenazas a la seguridad del Estado. Eso significa que se definen amenazas y los objetivos de defensa y se involucran a FFAA. Estas no estaban dentro de la lucha antinarcóticos, ahora lo están, ese es un avance. Se define el territorio donde se enfrenta esta amenaza, en frontera, en territorios y cómo lo vamos a hacer. La parte operativa tiene que ver con los planes que se hacen para control de frontera, a la minería ilegal. Trabajar en eso es un avance fundamental. Si tenemos un crimen organizado, necesitamos un Estado organizado. El Estado no estaba organizado para esto.

¿Y es muy complicado? Porque mientras el Estado se organiza la delincuencia actúa. ¿Hay sentido de urgencia?

El presidente Lasso agarró un país en las peores condiciones. Podemos hacer acciones de corto plazo y efectistas, que también se pueden hacer, pero nos parece que lo de fondo es la perspectiva estructural, porque el nivel de penetración del crimen organizado en el Estado y la sociedad ecuatoriana es de tal profundidad, que no puedes actuar con acciones de impacto mediático. Hay que actuar con una estrategia que nos permita obtener resultados. Entiendo la urgencia, todos tenemos ese temor. Se trata esto de manera subjetiva: qué indolentes son estos, dicen, que no hacen bien las cosas. No es indolencia, todos sentimos miedo, a todos nos preocupa, todos tenemos familiares y amigos que han sido o pueden ser víctimas de la delincuencia, pero de lo que sí estamos convencidos es que tenemos que actuar con la responsabilidad de haber encontrado este escenario y enfrentarlo para solucionarlo a mediano y largo plazo. No hay respuestas a corto plazo en este tema.

¿La Policía y las FFAA están preparadas, cohesionadas para esta lucha?

El daño que el correísmo a la Policía Nacional es inmenso. Porque durante su periodo fueron desarticuladas muchas unidades especializadas. Se atacó a la estructura, al funcionamiento interno.

¿Pero es tan grande como para hacerlo irreversible? Ya han pasado seis años del gobierno de Correa. 

A ese punto quería llegar. Para cambiar esto necesitamos reformas legales, para tener reformas legales necesitamos una Asamblea alineada con los objetivos de la defensa y la seguridad, pero eso no existe. Lo que más me preocupa es que esta guerra no solo es militar y policial, requiere una respuesta institucional que tiene que ver con el comportamiento de otras funciones del Estado, ¿qué estan aportando para que esta organización del Estado sea eficiente frente al crimen organizado? Me preocupa la debilidad que genera una Asamblea Nacional empecinada en botar a un presidente que está combatiendo al crimen organizado. ¿Quiénes aplauden eso? Los delincuentes.  ¿Por qué hace eso la Asamblea? No lo sé, pero puedo suponerlo. En este momento se tiene que dejar de lado intereses personales, de impunidad, deseos de retorno de los delincuentes. Si les interesa el país, la seguridad de los ciudadanos, la Asamblea debe tener la decencia de reconocer que este no es el momento para desestablizar a un gobierno, sino para, por el contrario, fortalecer al Estado frente a tal amenaza. 

La oposición dice lo contrario: si no se saca al Gobierno de Lasso, que hace tan mal las cosas, el Ecuador desaparece.

Supongamos que así sean las cosas, ¿quién se hace cargo?

Supongamos que Virgilio Saquicela.

Saquicela es la marioneta del teatrino. Hay que ver la mano que mueve a la marioneta. Que sea Correa, pongamos, nuevamente al Ecuador en manos del correísmo. ¿Qué pasó durante el correísmo? Estos son hechos, son valoraciones con enfoque político pero sobre realidades. Teníamos a la señora Piedad Córdova, autocalificada la embajadora de las FARC, que estaba por lo menos una vez al mes en el palacio de Carondelet conversando con el presidente. ¿A qué venía desde Colombia? ¿A traerle frunas? No creo, venía a hablar de la tarea de la senadora, que hablaba en nombre de las FARC, que eran y son, ahora sus disidencias, narcotraficantes. ¿Qué hacía el presidente Correa hablando con la representante de un grupo de narcotraficantes? Correa eliminó la reserva militar de Arenillas, en la frontera con Perú. Les quitaron eso a los militares y desaparecieron destacamentos. En estos años, ¿qué pasó en la frontera Sur? Recrudeció el tráfico de armas, metales, químicos y explosivos. El presidente Lasso devolvió ya la reserva a los militares para que hagan el control. Veamos la devolución de la Base de Manta. Fue al grito de soberanía que se eliminó un puesto de vigilancia aérea, que ayudaba a los ecuatorianos a vigilar por dónde se trasladaba la droga, el tráfico de personas y la pesca ilegal. ¿A quién benefició eso, al Ecuador? No, a los delincuentes. Lasso está haciendo ahora lo que no se hizo durante quince años.  El presidente está enfrentando a la delincuencia, no me vengan a decir que está haciendo mal las cosas. Ahora, ¿el resto de Funciones del Estado están conspirando contra esa estrategia? Evidentemente que sí. En el caso de la Función Judicial, digamos que algunos jueces, no como Función. Pero en la Función Legislativa, la mayoría conspira contra la seguridad, incluso favoreciendo a personas que tienen probablemnte algún tipo de vínculos, como se ha denunciado. La prensa de investigación ha evidenciado los vínculos entre estos grupos mafiosos y sectores políticos.

Si todo está tan bien, ¿por qué salió de la Secretaría de Seguridad?

Yo me encargaré de develar las razones de por qué, mercenarios de la comunicación, me han convertido obsesivamente en su objeto de ataque permanente. Y eso termina afectando la capacidad de gestión. Porque si estos grupos empiezan a decir que tengo supuestos vínculos con la Embajada de Israel, con empresarios, genera temor entre aquellos que en el Gobierno empujan la posibilidad de que el Ecuador pueda incorporar capacidades operativas en FFAA y la Policía. Le dije al presidente que había llegado el momento en que yo tenga que defenderme afuera de toda esta gente. Porque como tenemos escrúpulos, como tenemos moral y un sentido de pulcritud en el manejo de la función pública, no podía decir ciertas cosas, desde el Gobierno, que podían haber sonado como atentado a la libertad de expresión, que dicho por un ciudadano varía.