El uso de celulares e internet en las cárceles de Ecuador se ha convertido en un problema de seguridad nacional. Inteligencia policial y autoridades han reconocido que dentro de las prisiones se planifican crímenes y coordinan negocios ilegales. Fuentes carcelarias han contado a Plan V sobre el régimen piramidal que existe dentro de estos centros que impide que las investigaciones lleguen a conocer al autor intelectual, por ejemplo, de un sicariato.

Pero, ¿qué tan frecuente es el uso de estos dispositivos en las cárceles? El último censo penitenciario del INEC revela el acceso que tienen los presos a estas tecnologías. Los privados de libertad respondieron la pregunta de si en los últimos tres meses -a la fecha de la encuesta- habían usado celulares, internet, computadora o laptop y tablets. En el caso de teléfonos móviles, 5.972 presos contestaron de manera positiva. Esto significa que el 19% de la población carcelaria o, en otras palabras, dos de cada 10 presos accedieron a un celular.

En internet, 17% de los presos reportó haberlo utilizado; el 8% dijo que usó una computadora o laptop; y un 2%, manejó una tablet. El censo se realizó entre agosto y diciembre de 2022. Se encuestó a un total de 31.312 internos.

Plan V accedió a los resultados de la encuesta del INEC en cada uno de los 35 centros penitenciarios. Según esos datos, la cárcel de Loja es el centro con más acceso a celulares. El 38% de sus internos reportó haber utilizado un celular. Le sigue Pichincha N. 1, mejor conocida como la cárcel de El Inca, en Quito. Allí, el 29% de los presos pudo utilizar un celular. Les siguen Pastaza, El Oro y Azuay. En esta última cárcel, ubicada en Turi, 285 de un total de 1.211 presos usaron celulares. Por población, esta es la cuarta cárcel más grande del país.

Pero las tres cárceles más grandes son la Penitenciaría del Litoral, la Regional Guayas y Cotopaxi. En las dos primeras, que se encuentran en Guayaquil, el 20% de los presos dijo haber usado un celular. Esta cifra cae cuatro puntos en la cárcel de Cotopaxi, en la Sierra Centro. En internet, la tendencia es contraria. En Cotopaxi, los internos reportaron haber usado más internet (23%) que en las cárceles de Guayaquil (16%). También es llamativo que en la cárcel de Cotopaxi exista un mayor uso de computadoras o laptops (17%), que en el resto de cárceles de máxima seguridad que está entre el 3% y 8%. Mientras que las tablets es la tecnología a la que menos acceden los internos.

Decomisos de 44 celulares y otros dispositivos en la cárcel de Cotopaxi, este 30 de agosto. Foto: FF.AA

Para el exviceministro de Justicia, Julio Ballesteros, las laptops y tablets posiblemente están siendo usadas para cumplir con el eje educativo. Lo que demuestra, en su opinión, que el acceso a la educación en las cárceles es marginal e incluso clasista. Pero lo más grave que demuestran esas estadísticas es la falta de control del Estado en estos centros, agrega.

En una entrevista para Plan V, Roberto Castillo, director del INEC, explicó que los resultados de la encuesta son declarativos, es decir hubo casos en los que los censados no entregaron información. Esto ocurrió, por ejemplo, con algunos presos que dijeron no tener cédula de identidad. Pero cuando pasaron por otros módulos como el del Registro Civil sí estaban en esa base de datos.

En el caso de las preguntas sobre tecnología, el funcionario dijo que están conscientes que los privados de libertad pudieron mentir respecto al uso de las mismas. “Pero quizás en la práctica sí (las utilizan)”. Dijo que parte del trabajo del INEC fue generar confianza con los presos para que digan la verdad. “Obviamente, en este tipo de preguntas podrían ser respuestas estratégicas y eso se debate mucho en el plano técnico sobre la calidad de los datos”.

El costo de un celular en las cárceles y el mercado ilegal

“Si usted entra a una celda, eso parece un cyber”, contó un ex privado de libertad en una entrevista con Plan V en 2021.  Se trataba de un exlíder carcelario que estuvo en las prisiones de Cotopaxi y Turi. En ese momento, detalló cómo funciona el negocio de los celulares dentro de las cárceles. Un teléfono de mediana gama, que afuera puede costar USD 200, en la cárcel llega a cotizarse hasta en USD 1.000.  “Los 800 que sobran se dividen 50/50 entre guía y policías”, aseguró.

Estas cifras las confirmó Ballesteros. En 2018, cuando estuvo en el Ministerio de Justicia -que administraba el sistema penitenciario, pero fue eliminado y en su lugar se creó el SNAI- recuerda que en las cárceles grandes costaba entre USD 1.000 y USD 1.500 ingresar un celular. En los centros más pequeños, ese valor iba entre USD 300 y USD 500.

Adicionalmente, el interno que desea tener un teléfono debe pagar una cuota mensual de USD 50. De ese monto, USD 25 será para el comandante del pabellón y USD 25 para el jefe de guía. Si el preso no paga esta cuota, le quitan el celular. A ese permiso se lo llama guardia, contó una familiar de un preso en otro reportaje de Plan V.

La misma fuente agregó que cuando pierden el teléfono, por ejemplo, en una requisa, hacen lo que se llama cabina. Es decir, alquilan el teléfono de otro interno. Por ese servicio pagan USD 7 semanales y más dos recargas de saldo de USD 5. En total, un familiar puede pagar hasta USD 17 semanales para que su privado de libertad tenga acceso a un celular.

Pero esto solo es una mínima parte de los negocios ilegales que existen dentro de las cárceles. Allegados a los presos han denunciado que deben pagar varios rubros, incluido para protección. Las extorsiones pueden llegar hasta los USD 240 mensuales. Con ese dinero, los líderes carcelarios pueden pagar informantes, guías y policías, así como el ingreso de armas, droga, teléfonos e internet, según inteligencia policial.

Los celulares son uno de los artículos cuyo ingreso está prohibido a las cárceles, según el artículo 275 del Código Integral Penal. Este delito tiene condenas entre uno y tres años de cárcel. La Fiscalía ha registrado entre 2019 y julio de este 2023, 4.824 denuncias por el ingreso o intento de ingreso de artículos prohibidos a los centros penitenciarios. Las estadísticas no contemplan un desglose por tipo de objetos.

Pero no todas estas denuncias terminan en un proceso. De los 4.824 registros, solo el 27% llegó a una sentencia: 1.113 fueron condenatorias y 178 ratificaron la inocencia del procesado. Además, 1.599 fueron archivados, es decir el 33%. Mientras que otras 988 denuncias siguen en investigación previa.

La abundancia de estos dispositivos en las cárceles se hizo evidente en las últimas intervenciones militares y policiales a las cárceles de Guayaquil. Desde el decreto ejecutivo 823, del pasado 24 de julio, cuando el presidente Lasso declaró en estado de excepción todas las cárceles del país, las FFAA han decomisado en total 919 celulares y 39 equipos de comunicación. Solo en la Penitenciaría y La Roca encontraron 511 celulares en las cuatro intervenciones que realizaron. En la cárcel de mujeres y en el centro provisional de Guayaquil encontraron 169 celulares. En Santo Domingo hubo 59; Riobamba, 63; Guaranda, 69; y en Ambato, 48.

Con estas tecnologías, los presos han servido para coordinar motines y transmitir desde masacres hasta supuestos acuerdos de paz. Esto ocurrió en julio pasado tras la última masacre en la Penitenciaría. Líderes de las distintas bandas que dominan las cárceles difundieron sus anuncios de plegar a un acuerdo de paz. Uno de los videos que más causó polémica fue el de Adolfo Macías o alias Fito, cabecilla de Los Choneros, quien apareció junto a un policía de inteligencia. La comisión de la CIDH hizo un informe sobre el sistema penitenciario en Ecuador y confirmó en 2022 que los líderes de Los Choneros mantenían privilegios en ese centro penitenciario.

Pero no es lo único que se difunde. Los internos han usado también los móviles para contar su vida en prisión. Existe una generación de privados de libertad que prefieren Tik Tok para mostrar sus celdas, la comida que consumen y hasta sus rutinas de ejercicio. En esa red social, hay cuentas que han difundido los cantos o símbolos que representan a cada agrupación delictiva.

La polémica por los inhibidores

En Ecuador, solo en dos de las 35 cárceles del país funcionan los inhibidores, estas son El Inca y Turi. Así lo informó el teniente coronel Christian Rosero, del SNAI, en una mesa de trabajo que convocó el exasambleísta Ricardo Vanegas, el pasado 6 de octubre. Dijo que existen dos contratos con dos empresas de cabinas telefónicas para que los privados de libertad puedan comunicarse con sus familiares. En esos convenios, se establece que esas compañías instalen los inhibidores.

El funcionario explicó las dificultades para el funcionamiento de esa tecnología. En Cotopaxi, reportó que las empresas instalaron 13 inhibidores, pero 10 fueron destruidos en los amotinamientos. Rosero manifestó que estaban listos los estudios para la contratación de un sistema de neutralización de las señales de telefonía, wifi y Bluetooth. Agregó que las empresas proveedoras tendrán que implementar este bloqueo dentro de ciertas coordenadas para no afectar a la población cercana a las cárceles. 

El representante de Arcotel afirmó, en ese mismo espacio, que en la negociación con las operadoras telefónicas uno de los temas en discusión para la renovación del contrato es la seguridad nacional. Rosero explicó que el objetivo es que las operadoras emitan la señal más baja en el área de las cárceles para que no tengan conectividad. Para ello es necesario que las cárceles sean declaradas zonas de seguridad.