En una notaría de Guayaquil, en 2017, Wilder Emilio Sánchez Farfán creó una camaronera, junto a dos de sus hermanos. Fue constituida con un capital de $800, donde Sánchez Farfán se registró como socio minoritario. Hasta el 2022, la empresa registró valores en 0 en sus declaraciones al SRI, a excepción del 2019 cuando pagó $12.403 por impuesto a la renta.

Ese fue uno de los hilos que jalaron los investigadores y que terminó en un operativo, en la madrugada del pasado 23 de mayo en las provincias de Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos, Imbabura, Tungurahua y Chimborazo. El objetivo era capturar a 10 personas relacionadas con Sánchez Farfán, considerado por EEUU como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Pero solo la mitad del grupo fue aprehendido en Guayaquil y La Troncal (Cañar).

Los procesados están acusados de presunto lavado de activos y, según el presidente Guillermo Lasso, forman parte de una red que lavó dinero ilícito a través de 124 bienes en el país. “Este señor quería emular a Pablo Escobar, teniendo animales exóticos”, dijo Lasso en su Informe a la Nación, un día después del operativo. Según la Fiscalía, el monto del delito superaría los $17 millones.

Sánchez Farfán registra varios procesos por narcotráfico. El pasado 8 de febrero fue capturado en Pasto, Colombia. Forma parte de un listado del Departamento del Tesoro de EEUU de personas sancionadas por narcotráficos y él era “el criminal de más alto valor para el Estado ecuatoriano”. En los próximos meses se realizará su extradición desde Colombia a ese país, aseguró la Fiscalía.

Esta investigación duró ocho meses. Comenzó el 13 de octubre del año pasado cuando llegó una denuncia reservada sobre la existencia de un grupo dedicado al narcotráfico, a la defraudación tributaria, asesinatos y al lavado de activos. El parte policial que dio inicio al caso aseguró que esta organización utilizó empresas para la compra y venta de inmuebles y de vehículos de alta gama.

Además, aseguró que los ecuatorianos Milton S. y Mónica C. eran el centro de la red, pues habrían manejado “grandes sumas de dinero sin poder justificar su procedencia, así como los bienes inmuebles adquiridos”. Entre las empresas involucradas están empresas arroceras, importadoras y exportadoras de cereales y agroindustrias.

La camaronera de Sánchez Farfán, así como compañías de transportes, según la Fiscalía, registraron ingresos en el sistema financiero nacional cuyo origen fueron depósitos y cheques. En 2019, Sánchez Farfán vendió sus acciones en la camaronera a su hermana Deice F y a Gladis S, otra de las procesadas, que no fueron detenidas en el operativo.

Su círculo familiar, dijo la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos, constituyó varias empresas como bananeras, camaroneras o de actividades ganaderas. Los investigadores identificaron haciendas, casas y bodegas “con el fin de ocultar dineros ilícitos e introducirlos en el sistema financiero nacional, desde el 2017 al 2022”. Además, decomisaron 24 vehículos.

Otra forma de lavado que identificaron fue a través de viajes al exterior. En el caso de Sánchez Farfán, este registró 14 movimientos migratorios. Graciela L., presidenta de Crealto, una de las compañías investigadas, viajó al exterior en 10 ocasiones, sobre todo a EEUU. “Tiene viajes de placer sin un respaldo económico legítimo, adquiere vehículos”, dijo la fiscal en la audiencia. Diana M., en cambio, registra viajes entre 2010 y 2021, la mayoría a EEUU. Además, es dueña de un vehículo Mitsubishi, año 2022, tipo blindado. Graciela L. y Diana M. fueron detenidas.

Wladimir J. fue otro de los detenidos. Consta como beneficiario de cheques de Crealto, creada por la pareja de Sánchez Farfán, según los investigadores. Aunque Wladimir J. no era proveedor ni empleado de esa compañía dedicada a la construcción, recibió dinero. Durante cuatro años, el procesado hizo transferencias por $739.000 a las camaroneras.

Carlos C., otro de los aprehendidos, tenía en su cuenta bancaria $181.000, aunque en los últimos seis años no registra una relación laboral de dependencia. En su defensa, dijo que era contador y que no se ha demostrado que en sus cuentas mueva grandes cantidades de dinero.

De los detenidos, el único que tiene antecedentes es Elder P. En 2017, fue involucrado en un proceso por narcotráfico tras la captura de un cargamento de droga en un vehículo, donde Elder P. era su custodio. Fue detenido junto a otras siete personas, a quienes se les decomisó $12.000. Fue condenado a 1 año y 9 meses de cárcel en Penitenciaría del Litoral.

La fiscal aseguró que Sánchez Farfán presuntamente puso bienes muebles e inmuebles a nombre de sus colaboradores. Una vez aparentada la licitud de estos, retornaban a su nombre y de sus hijos, de 3 y 14 años de edad.

Para la investigación, los agentes acudieron a municipios, notarías, superintendencias y agencias bancarias para armar la red de los involucrados. De acuerdo al expediente fiscal, que fue mencionado en la audiencia de formulación de cargos, existen las escrituras públicas de todos los bienes, información de los registros de la propiedad y certificados de la Agencia Nacional de Tránsito que justifican que los vehículos se encuentran a nombre de los procesados.

En los allanamientos, la Policía les incautó $19.000 dólares, 17 teléfonos celulares, computadoras, radios Motorola, documentos, joyas, un arma de fuego, radios para comunicación de largo alcance, veintitrés aves exóticas y dos jaguares. La mayor parte de evidencias se encontraron -informó el ministro del Interior, Juan Zapata- en una finca perteneciente a la expareja de alias ‘Gato’ Farfán.

#URGENTE | Esta madrugada, #FiscalíaEc lideró un operativo en #Guayas, #LosRíos, #ElOro y #Manabí, donde se detuvo a 5 personas por presunto lavado de activos. Se incautaron documentos, celulares y dinero en efectivo.#FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/983yLVCLQI

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 23, 2023

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de las cuatro personas aprehendidas, pero reveló que otras cinco personas no fueron capturas. Entre ellas están tres hermanos del capo ecuatoriano: Deice F., Lenín S.F. y Milton S.F. “Las personas investigadas tienen pleno conocimiento del operativo y diligencias investigativas”, dijo la fiscal para que el juez ordene de la pronta incautación de sus propiedades, la retención de sus cuentas en el sistema financiero nacional y la prohibición de enajenar bienes.

El pasado 29 de mayo, el juez de la nueva Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado acogió el pedido de la fiscal de incautar 18 inmuebles, entre terrenos y casas en sectores de lujo, como una casa en la Isla Mocolí.

Este operativo se llamó “Gran Jericó 19”, en el que se realizaron 24 allanamientos. El ministro Zapata afirmó que fue un duro golpe realizado por la Policía Nacional a las economías ilegales.

En EEUU, se revela la acusación contra el ‘Gato’

Mientras esto sucede en Ecuador, se ha hecho pública la acusación formal contra el capo ecuatoriano y sus aliados en una organización internacional de narcotráfico. Su texto dice:

“Comenzando en una fecha desconocida para el gran jurado y continuando hasta octubre de 2019 inclusive, en los países de Ecuador, Colombia, Panamá, México y en otros lugares, los acusados Wilder Emilio Sánchez Farfán, Miguel Martin Chung Núñez, Miguel Eduardo Valdez Cajamarca, Miguel Ángel Valdez Ruiz y Norberto Enrique Muriel Castrillón, quienes entraron primero a los Estados Unidos en el Distrito Sur de California, conspiraron a sabiendas e intencionalmente entre ellos y con otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado para distribuir una sustancia controlada, a saber: 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Lista II; con la intención, el conocimiento y la causa razonable para creer que dicha cocaína se importaría ilegalmente a los Estados Unidos; todo ello en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, Secciones 959, 960 y 963.”

La acusación tiene como fecha el 30 de octubre de 2019 y ahora se encuentra pública en la Corte de California. El documento tiene tachados algunos nombres para mantener la reserva de la identidad de más involucrados. Entre los mencionados se encuentra Miguel Ángel Valdez Ruiz, un narcotraficante mexicano de Culiacán, Sinaloa, quien importaba cocaína desde Ecuador abastecida por Sánchez Farfán, con quien trabaja directamente.

Valdez Ruiz, según el Gobierno de EEUU, era el intermediario entre Sánchez Farfán e Ismael Zambada García (Zambada García), actual líder del Cártel de Sinaloa. “Valdez Ruiz tiene contacto directo con Zambada García y es responsable de ayudarlo con el ingreso de la cocaína suministrada por Sánchez Farfán a México desde Ecuador, utilizando su flota de aviones privados. También coordinaba con socios en Mexicali, Ensenada, y Tijuana el transporte de cocaína desde Sinaloa hasta la frontera sur de California y finalmente hacia el interior de los EEUU”, dice el documento del Departamento del Tesoro de EEUU.

Sánchez Farfán coordinaba el envío de drogas hacia EEUU mediante diferentes modalidades a través de los principales puertos en Ecuador y México en asociación con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, según la misma entidad oficial norteamericana. Además, la Policía lo señaló como uno de los responsables de las masacres ocurridas en los últimos años en los Centros de Rehabilitación Social en el Ecuador.