En cinco años, en Ecuador solo hubo 12 sentencias condenatorias por lavado de activos y solo 1.7 de cada 10 causas por este delito obtiene alguna condena para sus implicados. Esos indicadores dejan al país en uno de los últimos lugares de la región respecto a la cantidad de resoluciones anuales sobre este delito.

Este es uno de los hallazgos de un estudio que presentó la semana pasada el Observatorio de Ecuatoriano de Crimen Organizado, una iniciativa de la Pan American Development Foundation. Esta organización analizó 73 casos de lavado de activos en el Ecuador entre enero de 2016 a marzo de 2020. En ese periodo, las autoridades lograron el comiso de $6,5 millones, un valor marginal, según los expertos.

La ONU ha estimado que el lavado de activos puede llegar al 2% del PIB, lo que en Ecuador es igual a $2.000. ¿Cuánto dinero se lava en Ecuador? Plan V confrontó en un reportaje, en octubre pasado, las cifras oficiales existentes, las estimaciones internacionales  y el escaso dinero que el Estado ecuatoriano recupera de activos de origen ilícito.

“El promedio de 3 sentencias condenatorias por año ubica al Ecuador como uno de los países con menor cantidad de resoluciones en la región. Si bien el carácter mixto de las sentencias (inocencia-condena) que refleja la gráfica le equipara en el conteo a Perú y Panamá, en el promedio anual de condenas Perú triplica la producción judicial de Ecuador con 9 por año y Panamá la duplica con 7,25 por año”, dice el documento.

Según el estudio, en un 20,6% de los casos se sobreseyó a los implicados y en el 16,4% se ratificó su inocencia. Este alto porcentaje de libertad a los procesados, dice la investigación, “puede provenir de una baja coordinación entre instituciones y una limitada capacidad de análisis y velocidad de respuesta de otros actores del eje del sistema como UAFE, SRI, Superintendencias, entre otras; aunado a una errada interpretación o una baja comprensión de los operadores judiciales sobre la naturaleza del delito, los estándares de prueba y el contexto internacional de referencia”.

De la misma manera, el reporte revela que solo el 13% de las investigaciones por lavado de activos nacen de los reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), ubicándose en el cuarto y último lugar de las fuentes. Los tres primeros lugares los ocupan las flagrancias (42%), las gestiones de la Fiscalía (25%) y la Unidad de Lavado de Activos de la Policía (14,5%).

“Llama la atención el número representativo de casos en flagrancia, cuando esta forma procedimental sólo debería aparecer como un evento residual en casos de lavado de activos, no solo por el sofisticado y exhaustivo proceso que implican las diferentes etapas de lavado, sino por la cantidad de agentes y sectores que integran esa cadena de valor ilícita”, agrega el documento.

En opinión de los investigadores, el predominio de la flagrancia para lavado de activos es una “mala práctica en la investigación del delito y denota la necesidad de reforzar el conocimiento de los operadores jurídicos”.

Otro dato que trae el estudio dice que 9 de cada 10 solicitudes de investigaciones previas son archivadas o no han tenido avances en los dos años de plazo que tiene la Fiscalía para su investigación. Esto reafirma la existencia “de un alto grado de impunidad para aquellas personas que circulan dentro del Ecuador con dinero no justificado”. En la muestra de este estudio, en 17 casos no hubo ningún trámite, observaron los autores.

La fiscal Diana Salazar, en una entrevista con Plan V y Radio Sucesos, dijo que hace cuatro años empezaron a fortalecer la Unidad de Lavado de Activos de esa institución y de Delincuencia Organizada. Pero reconoció que investigar lavado de activos es complejo porque requiere la cooperación internacional y la confianza de sus pares en otros países para entregar la información. Agregó que también fortalece la capacidad técnica y operativa de las fiscalías que conocer el delito.

Sobre la nacionalidad de los procesados, el estudio halló que existe una alta participación de ciudadanos de nacionalidad china y colombiana que fueron encontrados con sumas superiores a los $5.000, que no habían sido reportados en el sistema financiero ecuatoriano.

También 10 de los 186 ecuatorianos procesados por este delito eran funcionarios, principalmente relacionados con dos sectores: construcción y la Policía. El Observatorio recomienda mayor control y seguimiento a través de matrices que identifiquen estos riesgos dentro del sector público. Mientras que las 13 personas que fueron sentenciadas durante el periodo de análisis fueron multadas con $132,3 millones, pero no hubo evidencia de seguimientos para la recuperación de ese dinero.

Por provincias, Guayas concentró el mayor número de casos por lavado de activos (4 de cada 10 causas). También Imbabura tuvo una gran cantidad de registros, lo cual implica que en esta provincia “circulan altas sumas de dinero en efectivo asociados al lavado de activos de la macrocriminalidad vinculada a la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico ilícito de migrantes”, dice el estudio. En el caso de Quito, donde se procesan los casos más complejos, hubo una disminución de estas causas entre 2010 y el periodo del estudio (2016-2020). Esto significa -según el documento- una disminución en el procesamiento judicial de este delito.

Finalmente, las investigaciones por lavado de activos no revisan la participación de empresas ni la inyección de capitales ilícitos en compañías con capitales legales. Su enfoque se orienta, en algunos casos, a las empresas de papel o aquellas creadas con estos fines.

Líderes de organizaciones criminales, intocados

Este no fue el único estudio que presentó el Observatorio de Ecuatoriano de Crimen Organizado. También analizó 149 causas por el delito de delincuencia organizada entre 2015 a 2020. Estas causas se relacionan con tráfico de drogas, extorsión, secuestro extorsivo, sicariato, robo, estaba, tenencia y porte de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, peculado, entre otros.

El estudio cuestiona “interpretación tradicional de la delincuencia organizada que obliga a las investigaciones policiales a estructurar los casos desde una estructura piramidal conformada por líderes y colaboradores, negando otras tipologías de organizaciones criminales existentes que especializan sus actividades desde diversas cadenas de valor de los mercados ilícitos a partir de una maximización de ingresos económicos”.

Esto se refleja en las cifras. En el periodo de estudio, más de 1.400 personas fueron procesadas, de las cuales el 67% tuvo una sentencia condenatoria; el 21% fue sobreseído; y el 12% de los implicados no fueron sentenciados o se les ratificó la inocencia. Un dato revelador del estudio es que uno de cada 10 casos incluye la participación de, al menos, un policía, la mayoría concentra sus actividades en narcotráfico.

De todos los condenados, a los autores les llama la atención que el 56% de esas sentencias se hayan realizado por procedimiento abreviado, que es un beneficio que se otorga al procesado una vez que acepta voluntariamente la participación en los hechos que se le imputan. Bajo este mecanismo, el 41% de los implicados recibió penas mínimas, entre 20 y 24 meses. Si todo el proceso tiene una duración aproximada de 21 meses, los condenados prácticamente cumplen la sentencia cuando se conoce el veredicto.

Mientras tanto, solo el 11% de los procesados por delincuencia organizada obtuvo una sentencia a través del procedimiento ordinario. La mayoría fue sentenciada solo por ese delito y no por otros delitos que pudieran estar relacionados, que incluso pudieran tener alcance internacional. El Observatorio cree que este delito requiere de “una investigación a detalle de las tipologías criminales, las finanzas que alimentan las economías criminales subyacentes”, que no encontraron en los registros judiciales.

De este 11%, casi la mitad (47%) recibió penas mínimas por este delito, es decir de 5 a 6 años de cárcel y que corresponden a los colaboradores. En segundo lugar, se ubicaron los líderes que fueron sentenciados a penas entre 7 y 10 años; en tercer lugar, las personas a las que se le aplicó el concurso de delitos por delincuencia organizada (10 a 17 años); y en cuarto lugar, estuvieron los cómplices con condenas entre 28 y 48 meses. Es decir, el impacto contra estas estructuras se dirige más a los colaboradores que a los líderes de las mismas.

Salazar aseguró, en la misma entrevista, que la Fiscalía no está enfocada en el pequeño traficante sino en desarticular organizaciones y estructuras encargadas de generar ganancias ilícitas.

Sin embargo, los investigadores del Observatorio notaron la deficiencia de las acciones judiciales para combatir este delito. Informaron que entre 2015 y 2017, estos casos vinculaban a 13 personas en promedio, pero para los años 2018 y 2019, esta cifra se redujo a 9 personas. Pero lo más llamativo es que en el 2% de las causas solo se vincula a una persona. Si se busca afectar a estructuras criminales, procesar solo a una persona no responde a ese estándar, afirmaron.

Salazar mencionó en la entrevista que está vigente la nueva Ley de Extinción de Dominio y que una unidad de la Fiscalía se especializará en la aplicación de dicha normativa. 

El estudio trae un apartado sobre lo que llama ‘impunidad económica’. Solo en 1 de cada 10 casos “se realiza el comiso de bienes producto de los ilícitos, generando una impunidad económica efectiva del 93% en causas por delincuencia organizada en el Ecuador”. En la gran mayoría, las autoridades judiciales no solicitaron medidas cautelares de bienes, retención de cuentas bancarias u otros mecanismos orientados a desmantelar las economías criminales.