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17 de Enero del 2024
Historias
Lectura: 11 minutos
17 de Enero del 2024
Redacción Plan V
El asesinato del fiscal César Suárez se suma a la ola de violencia en Ecuador
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César Suárez tenía 38 años cuando fue acribillado este miércoles en Los Ceibos, en Guayaquil. Foto: Facebook

 

César Suárez se desempeñó como fiscal durante 15 años. Durante su carrera, recibió amenazas. El último proceso que tramitó fue por terrorismo contra los 13 jóvenes que se tomaron TC Televisión, la semana pasada. Un perfil del fiscal que fue acribillado en Guayaquil.


Vestida con una chaqueta negra, la fiscal general Diana Salazar rechazó este miércoles, 17 de enero, el asesinato del fiscal César Suarez, de la Unidad Nacional de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT), de Guayas. El funcionario fue acribillado en su vehículo cuando circulaba en Los Ceibos, en Guayaquil. Se dirigía a una audiencia. 

“Voy a hacer enfática, los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador”, dijo Salazar en una grabación con un listón negro, desde la cuenta oficial de la Fiscalīa. Pocas veces, se ha visto a la fiscal pronunciarse en video tras el asesinado de funcionarios de esta dependencia. Desde el año pasado, se incrementaron los atentados contra fiscales. 

Salazar hizo un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de los funcionarios de la Fiscalīa y pidió al Consejo de la Judicatura que las audiencias que desarrolle la UNIDOT se realicen de manera telemática. Salazar informó que la Fiscalīa inició una investigación por el sicariato de Suárez. 

La última actividad pública de Suárez quedó registrada el pasado 10 de enero, un día después de la incursión armada a TC Televisión, en Guayaquil. A las 15:30 de ese día se conectó para la audiencia por terrorismo contra los 13 jóvenes que ingresaron y retuvieron a los trabajadores de este canal. Ese día, Suárez lideró la acusación contra los sospechosos durante la audiencia de formulación de cargos. La diligencia se hizo, según lo dispuso el juez anticorrupción, de manera telemática bajo la reserva de identidad sobre datos personales de los sujetos procesales. 

En esa audiencia, Suárez expuso como evidencias el parte informativo policial, junto a informes de audio y video relacionados con los hechos. Incluyó la denuncia presentada por directivos de canal de televisión, las versiones de los agentes aprehensores que actuaron en el operativo y de los empleados que fueron víctimas de las agresiones.

Hoja de vida del fiscal César Suárez. Ver PDF

A ello se sumaron los indicios y evidencias recolectados por la Policía Judicial en el lugar de los hechos: armas de fuego (dos revólveres, dos pistolas y una subametralladora), municiones, explosivos, varios teléfonos celulares y radios de comunicaciones.

El fiscal Suárez solicitó la prisión preventiva contra 11 de los 13 implicados, medida que acogió el juez. Los otros dos, que son menores de edad, fueron puestos a órdenes de la brigada de Delincuencia Juvenil de Fiscalía. El fiscal había interrogado a los 13 implicados, según lo dijo a diario El Universo, este martes 16 de enero. 

Suárez tenía 38 años y dos hijas menores de edad. Nació en Paján, provincia de Manabí. Se graduó como abogado por la Universidad de Guayaquil, en 2010. Estudió maestrías en Derecho Constitucional , Derecho Penal, Derecho Procesal y Criminalística en universidades nacionales e internacionales. 

Su labor en la Fiscalía inició en 2009 En ese año se desempeñó como asistente de la Fiscalía de Guayas y estuvo a cargo de la recepción de denuncias, de versiones y de despacho de expedientes. En 2014, fue designado como fiscal del cantón Jipijapa, en Manabí. 

Luego, entre 2015 y 2018, laboró como fiscal de la unidad de Personas y Garantías, de Manta. En ese lapso recibió amenazas. En julio de 2017, El Diario de Manabí reportó el hallazgo de pasquines en el centro de Manta y en la parroquia Los Esteros. Tenían la foto de Suárez y acusaciones contra el fiscal por supuestamente meter a prisión a gente inocente y usando falsos testigos. Los autores del panfleto ofrecieron un millón de dólares por la vida del fiscal. 

En Quito, en 2018, laboró durante cuatro meses en la Fiscalía No. 2 de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, de la Fiscalía General. Allí investigó delitos que se deriven de actos de corrupción de funcionarios de las instituciones del estado como cohecho, concusión, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, etc. 

Volvió a Guayas, y entre septiembre de 2018 y junio de 2019, estuvo a cargo de la Fiscalía No. 1 de Violencia de Género. En julio de 2019, fue trasladado a la Fiscalía No. 3 de Administración Pública en el Puerto Principal y fue en este cargo cuando investigó la corrupción en los hospitales durante la pandemia. En su página de Facebook, están colgados los videos de las noticias sobre las investigaciones y allanamientos al hospital Los Ceibos y Teodoro Maldonado, donde participó como fiscal. 

En este último caso, se abrieron algunos procesos donde los principales involucrados fueron Daniel Salcedo y su hermano. Salcedo fue condenado a 13 años de cárcel, pero salió anticipadamente. Ayer, fue detenido en Panamá y es requerido por un nuevo proceso: el caso Metástasis donde se lo relaciona con el narcotraficante Leandro Norero (+).

Suárez investigó el enriquecimiento ilícito de funcionarios y otros delitos como cohecho, concusión, entre otros, cuando estuvo en la Fiscalía No. 3 de Administración Pública. Más tarde pasó a la UNIDOT, de Guayas. En 2022, se postuló para juez anticorrupción, pero no fue seleccionado. Otro caso emblemático que indagó fue el proceso por delincuencia organizada en el Isspol.

Fue docente en la Universidad Estatal del Sur de Manabí y fue autor de una publicación relacionada con el blanqueo de capitales y su prevención en la legislación ecuatoriana.

Horas después del crimen, la Fiscalía informó que Suárez sí contaba con seguridad y se la proporcionaban los agentes de cada caso. Añadió que, esta mañana, el fiscal dijo que tenía una audiencia telemática por lo que no requería seguridad. Según la Fiscalía, un escolta se encarga de su seguridad.

 

 

Rechazo al crimen 

Además de la fiscal general, otras instituciones rechazaron el crimen. El Consejo de la Judicatura condenó el asesinato. “Rechazamos todo acto de violencia contra los servidores de la Función Judicial que son un pilar fundamental en la lucha contra la impunidad. Este hecho nos recuerda la importancia de preservar la integridad y el bienestar de quienes se dedican a la administración de justicia”, se pronunció la Judicatura en un comunicado. 

“En ese marco, es urgente que los organismos competentes refuercen la seguridad y protección para jueces y fiscales, así como para las instalaciones judiciales a escala nacional, tal como lo ha solicitado el Consejo de la Judicatura.

La pérdida del fiscal Suárez no solo es un golpe a su familia y seres queridos, sino también a la integridad de nuestras instituciones y al tejido mismo de la democracia”, agregó. 

Mientras que el Observatorio de Derechos Humanos y Justicia exigió a las autoridades que investiguen el hecho con debida diligencia para sancionar a los responsables. 

Abogados y funcionarios judiciales lamentaron el asesinato del fiscal. Entre ellos estuvo el exministro del Interior, José Serrano, quien describió a Suárez como uno de los mejores fiscales del Ecuador. “Fiscal que se jugó el todo por el todo contra el hampa y la delincuencia. Hoy, tempranamente lo han callado, lo han asesinado sicarios”.

Pero ese no fue el único mensaje que publicó Serrano. En otro posteo, difundió que Suárez había solicitado información sobre procesos judiciales. La Fiscalía inició una investigación contra el exministro por difundir información reservada.

De su lado, el abogado de Guayaquil y exasambleísta Ricardo Vanegas dijo: ‘El sicariato continúa y la pregunta es ¿por qué no se protege a los fiscales que llevan juicios contra narcotraficantes?”.

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