Ecuador terminó el 2022 con un record histórico de muertes por violencia criminal: 4.784 personas, es decir 26.6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas del continente. Es un promedio nacional, pero las dos ciudades más violentas del Ecuador, Esmeraldas y Guayaquil, han alcanzado tasas de homicidios de 76 y 46 respectivamente. Eso convierte a Esmeraldas en la ciudad más violenta del mundo.

Comparado con el 2021, el número de muertes violentas se duplicó, pues en ese año hubo 2.048 crímenes.

Según datos que aporta el ex comandante de la Policía y ex ministro del Interior, general (sp) Patricio Carrillo, “una rápida observación de la estadística y un análisis breve —y no por ello superficial— de las muertes violentas por homicidio y asesinato en el Ecuador, describen escenarios de híper violencia; en términos comparativos, el crecimiento es exponencial a partir del segundo semestre del 2021. A esa fecha, el promedio de homicidios intencionales por mes era de 110, la resolución de casos superaba el 65% y la tasa homicidios —indicador proxi de inseguridad en el mundo— se mantenía muy por debajo de la media de América Latina (7.1). A partir de julio del 2021, el promedio mensual sube a 270 y termina ese año con la tasa duplicada y de dos dígitos (14.1). En ese mismo período, la resolución policial de casos se reduce drásticamente a cerca de 28%, sin dudar, indicadores muy negativos y un cambio radical de la tendencia. En el año 2022 se repite el incremento: llega a una cifra de 4.784 muertes, con un agravante adicional, la resolución de casos no supera el 10%”.

Se esperaba, dice el general Carrillo,  terminar el año conteniendo la violencia. Los escenarios decían, uno con tasa de 22 cada 100 mil habitantes, sobre la base de lo registrado el primer semestre (promedio mensual de 350 muertes), y otro tendencial con tasa de 30, dato al que se llegaría en la medida en que no se lograra aumentar las capacidades estratégicas de los organismos de control.

“Desagregada la información recogida por la Policía, resulta que el tercer cuatrimestre —septiembre, octubre, noviembre y diciembre— se incrementa la violencia criminal y se extiende contra policías que son asesinados en sus propias instalaciones. Con estos hechos, aumenta el miedo ciudadano y crece el promedio: en estos meses se sobrepasa los 450 homicidios y finaliza el año con un diciembre que registra 508 muertes por homicidio intencional, la tasa de homicidios nacional termina en 26,6 muertes violentas por cada cien mil habitantes, muy por encima a la media regional, incluso, sobre la tasa de Colombia y México, y únicamente bajo de la de Venezuela y Honduras”.

La mayoría de esas muertes, según el gobierno, tiene que ver con “asesinatos entre delincuentes”, responden a la acción contra el narcotráfico y están localizadas en zonas de conflicto delincuencial,  donde prima el microtráfico, la exportación de estupefacientes, el control de territorios por las pandillas y las organizaciones criminales.  Una prueba de ello, según voceros de la seguridad del Estado, es que sobre los más de 4700 asesinatos hay muy pocas denuncias en la Fiscalía. Aunque no se han entregado cifras oficiales para corroborar esa afirmación.

Enfocado así, lo que se denomina delincuencia común que reducido a un bajo porcentaje. Sin embargo es lo que afecta mayormente a una ciudadanía que ha visto reducida su calidad de vida y movilidad gracias a la inseguridad. Esa que atraca en transportes de pasajeros, calles y veredas, negocios pequeños y que cobra sobre todo aparatos electrónicos y dinero en efectivo.

Una persona recibió 35 tiros días atrás en el sector del Valle de los Geranios, en Guayaquil. Foto: El Universo

Los grupos de delincuencia organizada y su articulación

Así, el Estado separa los campos de batalla y las estrategias de combate al crimen organizado. En la conformación y evolución de las mafias criminales, la Policía Nacional pone en la cabeza de la pirámide a las mafias, denominadas por su origen, italiana, albanesa y rusa. Debajo de estas están los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Clan del Golfo, Primer Comando Capital (Brasil) y Comando Vermelho (Brasil). A escala local, en el Ecuador, estos interactúan con los llamados Grupos de Delincuencia Organizada, GDO, como son Choneros, Tiguerones, Chone Killer, Lobos, Latin King y Lagartos. Hay más en el Ecuador, pero para la Policía no llegan a  ser tan grandes como estos cinco. Entre estos están los autodenominados Águilas, Fatales, Gánster y R7. Entre los GDO y los cárteles, interactúan los llamados Grupos Armados Irregulares, GIA, que actúan desde Colombia y son los que garantizan la protección, comercio y logística de la cocaína que se produce en Putumayo y Nariño, departamentos colombianos. Estos son: Segunda Marquetalia, Comandos de la Frontera, Contadores, ELN, Tren de Aragua (Venezuela) y 300 del diablo. Todos estos son operadores de las mafias.

Una de las características de estos grupos es la acentuada tendencia a la atomización. Hace diez años, dijeron fuentes de inteligencia, había dos o tres grupos, pero las disputas internas por control territorial para ejercer el comercio de la droga y el control de las rutas de abastecimiento ha hecho que el  número de agrupaciones se dispare. Según información que obtuvo PLANV, los GDO activos, que son todos los mencionados menos los Latin King, LK, tienen 28.700 miembros bajo el mando de los cabecillas, y el grupo LK tiene 2.500 miembros, pero se lo considera un grupo pasivo. Estos GDO se dividen en dos bandos claramente enfrentados, como son, por un lado los Choneros, Chone Killer, Águilas,  Fatales, Ganster y R7, que agrupan a 17.000 miembros, encabezados por los Choneros (12.000 miembros). El otro bando está encabezado por Lobos (8.000 miembros), Tiguerones y Lagartos, que agrupan a 11.700 miembros en total.

A estos grupos se suma la presencia de organizaciones de origen venezonalo que han empezado a actuar en el país. Son el Tren de Aragua y 300 del diablo. Además, los grupos locales han integrado ciudadanos venezolanos “para mejorar las dinámicas y modus operandi de las actividades ilegales. El Tren es el más grande y actúa en Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Se han detectado actividades, especialmente en Carchi, donde un aproximado de 600 miembros actúan sobre todo en el tráfico de migrantes, extorsiones (vacunas) y contrabando. Del GDO 300 del diablo se tienen detectado unos 300 miembros, pero opera en la Sierra centro, sobre todo en Ambato y Baños, y se dedica al tráfico de drogas para el consumo interno, la extorsión a comerciantes y sicariato.

21 de abril del 2022. En un gran operativo la Fiscalía y Policía Nacional detuvo a presuntos miembros de los Chonekillers. Foto: Fiscalía

Según autoridades de seguridad, se calcula que unos 30 grupos de delincuencia organizada actúan en el Ecuador, tanto en las calles como en el sistema penitenciario, que se ha convertido en el santuario de estas organizaciones. Las muertes violentas en el sistema penitenciario en los últimos cinco años devela también la dinámica de estas organizaciones. Según datos obtenidos por Plan V, la dinámica de las muertes violentas en las cárceles y en las calles  tiene su correlato con las capturas de droga. Según el cuadro a continuación, en el 2017, es decir hace cinco años, hubo 972 muertes violentas. Para el 2019 hubo un incremento a 1188, pero en ese lapso se dieron las dos primeras masacres carcelarias con un total de 47 asesinatos intramuros, es decir, bajo responsabilidad del Estado, concretamente del SNAI. Los crímenes habría correspondido a una disputa entre Choneros y Lagartos.

En este año, en junio del 2019, se da el asesinato de William Humberto Poveda, alias El Cubano, en la cárcel de Guayaquil. Cumplía 25 años de prisión por el asesinato de la ex directora de la Penitenciaría del Litoral, Soledad Rodríguez. A él, las autoridades también le atribuyeron parte de las muertes anteriores, pero según los observadores consultados por este medio, el asesinato de El cubano fue el detonante de la mayor violencia que se vivirían las cárceles del país en la historia nacional.

El crimen se dio en la celda de alias "El Cubano",  ubicada en el tercer piso del pabellón de máxima seguridad del Centro de Privación Regional adjunto a la Penitenciaría. Foto: El Universo

Para el 2020, en plena pandemia, se da una fragmentación interna en los Choneros y la disputa por el control de las cárceles y territorios extramuros deriva en 51 asesinatos y la cifra de homicidios intencionales en las calles registra ya un aumento a 1372 personas, una tasa de 7,84 por cien mil habitantes. También en ese año empieza el crecimiento de capturas de cocaína a 111 toneladas. Para el 2021, el país salía lentamente del frenazo pandémico, pero en las cárceles la aparente disputa por el poder entre los Choneros genera nada menos que 337 asesinatos dentro de las prisiones, en las calles la tasa de asesinatos se dispara a 14 por cien mil (2496 personas) y las capturas de droga rompen el récord nacional e internacional de 210 toneladas. Ecuador pasa a convertirse, según la ONU, en el tercer país a escala mundial en capturar más droga. Pero también el más violento en las prisiones y un año después, en el 2022, se convertiría en uno de los más violentos del continente, con una tasa de 26.6 (4739 personas asesinadas en las calles) y un volumen de captura de 201 toneladas.

Para las autoridades en seguridad, este fenómeno responde a una fragmentación de las estructuras delictivas —el asesinato de Alias Rasquiña, líder de los Choneros refleja ese momento— lo cual deriva en una atomización, es decir los pequeños grupos se multiplican. El actual momento, según las fuentes, es el de la reestructuración de las organizaciones delictivas, con intentos, logrados algunos y otros no, con la reunificación de los Choneros, vinculados u operadores del Cártel de Sinaloa, y la integración de los Lobos y aliados vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las cárceles, el gran negocio

Ecuador tiene al momento 36 prisiones habilitadas, donde hasta el año pasado habían 32.500 presos, aproximadamente. De estos, el 55% está por robo y microtráfico y el 49% no tiene educación básica. El más grande y conflictivo es el complejo penitenciario de Guayaquil, un territorio carcelario donde se agrupan varias prisiones, con un aproximado de 10.000 presos. Según fuentes de seguridad, de estos, unos 3000 son orgánicos de los grupos criminales, que son controlados por nueve cabecillas de distintas organizaciones. Ese control implica el manejo de las vida intramuros, desde la distribución de la comida hasta el ingreso de armas de alta gama. Los detenidos no orgánicos e distribuyen de acuerdo a las condiciones de seguridad que los propios grupos criminales les ofrecen. Por tanto, según fuentes de inteligencia, el Estado no interviene en la forma de ocupación de los pabellones, que de acuerdo con la norma tiene que ser de acuerdo al grado de peligrosidad.

Policías toman sus posiciones en el techo de la prisión de Turi después de un motín el domingo 3 de abril de 2022, en Cuenca, Ecuador. Foto: Marcelo Suquilanda / AP

Un informe oficial en manos de este portal sostiene que las cárceles generan a los cabecillas entre USD 40 y USD 80 millones al año en ingresos aproximadamente, gracias a un cálculo conservador de un costo de vida mensual de USD 100 a USD 200 por cada preso. Esta cifra es alta para el ingreso promedio de las familias que tienen a alguien en prisión, USD 282 por mes. Los ingresos en manos de las organizaciones criminales tienen que ver con el cobro por todo lo que ocurre dentro de la cárcel. Los cabecillas y sus lugartenientes controlan los comisariatos, la distribución de los alientos, el ingreso y uso de aparatos electrónicos, armas de fuego, cigarrillos, licor, droga, compañía… incluso los beneficios penitenciarios. Las ganancias se concentran en dos grandes “oligopolios” carcelarios: el que controla alias Fito, con USD 23 millones y el que controla Junior Roldán, con USD 18 millones.

Hay otra cifra que manejan las autoridades y tiene que ver con lo que la inactividad de los presos podría generar cada año. Esta se eleva a USD 120 millones.

Esas ganancias que se obtienen desde las cárceles se distribuyen en el financiamiento de múltiples actividades criminales en el exterior. Sobre todo, según fuentes oficiales, sirven para activar operaciones  —a través de una red de depósitos con una empresa— que financian sicariato, microtráfico, sobornos a guardias penitenciaros y agentes del Estado, y otro tipo de actividades vinculadas a las estructuras de las organizaciones criminales.

PRÓXIMA ENTREGA: Y el control del lavado de activos ¿para cuándo?: el caso Portocarrero.
 

   ANÁLISIS   

Seguridad: urge un acuerdo nacional

PATRICIO CARRILLO ROSERO. Exministro del Interior, ex comandante de la Policía Nacional

Foto: Presidencia de la República

Desde la perspectiva del Gobierno, el fenómeno de los homicidios intencionados obedece al aumento de incautaciones de drogas (200 toneladas este año). Con este enfoque se pretende explicar que existe una relación causal directa entre el accionar del Estado contra el narcotráfico y el aumento de la violencia criminal. Así se construye un enemigo permanente en la droga y se deja de lado la urgente discusión nacional sobre la administración de justicia. Lo cierto es que la tasa de homicidios en el país refleja una desviación significativa que afecta al tejido social y que forzosamente debe estudiarse desde lo sociológico y lo antropológico, los relacionamientos podrían estar también atados con la economía criminal que genera mayor desigualdad e inequidad social, educación y cultura de ilegalidad en ciudades menos resilientes, salud post COVID-19 —niños y jóvenes huérfanos, abandonados y excluidos—, migración exacerbada, modelo de gestión, agenda política y estrategia de seguridad.

Por ejemplo: una metodología válida para estudiar socialmente esta violencia, es la que se utiliza en temas de salud pública, con la razón de mortalidad estandarizada (SMR standardized mortality ratio), instrumento de medición que facilita la comparación entre poblaciones por grupos etarios. La relevancia de la investigación reside en comprender las mayores o menores probabilidades de ocurrencia del problema en determinados territorios, sea por las variables de composición demográfica, por la necesidad de inversión social o por las vulnerabilidades del sistema, con lo cual se puede construir un modelo predictivo de respuesta estatal.

Los grupos poblacionales expuestos a la violencia criminal coincidentemente son los más propensos, las edades de mayor criticidad responden al mismo perfil y se sitúan entre los 18 y 30 años; los territorios donde suceden con mayor intensidad son similares, la mayor concentración está en ciudades de frontera y las de mayor cercanía o conexión con la costa del Pacífico, a pesar que todas las provincias registran incrementos. De ahí la necesidad de emitir lineamientos que respondan a una determinada política intersectorialmente conectada.

Si lo vemos desde los patrones de comportamiento, tenemos varios. El principal, sin vacilación, es la impunidad, una variable que se constituye en la aliada del homicida y del violento al no existir sanción por el delito más grave que atenta contra la vida, el impacto es la multiplicación de espacios de violencia y la consecuencia la sufrimos todos en términos de seguridad y democracia. El siguiente es el uso de armas de fuego: cerca del 90% de muertes violentas se registra con un arma de este tipo; en cada escena de delito violento se recoge, en promedio, 10 indicios balísticos. Muchas de las pericias de estos elementos no se realizan por falta de profesionales (cantidad) o por ausencia de profesionalismo, corrupción o intimidación, que se convierten en la principal alerta sobre los graves problemas del sistema de justicia. Un elemento nuevo tiene que ver con el hecho violento en sí mismo: hasta hace un par de años, los ataques estaban dirigidos a una sola persona, hoy han crecido los homicidios múltiples y seriales con participación de menores de edad, se “naturalizan” eventos con varias víctimas, son ataques armados a familias y comunidades enteras, incluso, con actividades de terrorismo menor y uso de explosivos.

Al hablar de tasa de homicidios, sin que tenga que ver necesariamente con el crimen organizado, se debe mencionar, en términos generales, la violencia social y específicamente ∫el femicidio, la cifra tampoco es menor ni con tendencia a disminuir, al contrario, crece y es un indicador de la otra violencia que solo es noticia cuando las mujeres patean el tablero mediático: el victimario sigue siendo la pareja o expareja de la víctima y la edad de la mujer oscila mayoritariamente entre los 25 y 35 años, se asocia con ingesta problemática de alcohol y droga. El debate en este tema es profundo y apremiante, porque es poner atención sobre el paradigma de ciudadano que está criando y educando la sociedad ecuatoriana.

En este contexto, urge entonces un gran acuerdo nacional por la seguridad en la que todos los actores se sienten a la mesa y de forma periódica. Deben entender que está en riesgo la vida de los ciudadanos y sus familias, el desarrollo económico y social del país, tanto, como la vigencia misma del Estado de derecho. Las organizaciones criminales, ejemplos abundan, no solo desafían al Estado, también lo cooptan y las consecuencias de ello es la pérdida de derechos y libertades para todos. La lógica del crimen es tener aliados políticos, es someter al sistema de justicia al terror o comprarlo, es asesinar y/o cooptar a la seguridad pública; los criminales persiguen la impunidad para tener poder, ante lo cual, solo una sociedad cohesionada y un Estado fortalecido pueden detener su avance y, con el tiempo, ponerlos en su lugar con todos sus cómplices y aliados: la cárcel.

En lo técnico operativo, se requiere de la construcción de una nueva batería de indicadores con la información disponible. La utilidad de este instrumento es la necesidad de desarrollar manuales procedimentales y exigir a las instituciones de control formal, mayor transparencia en la administración y rendición de cuentas oportuna que permita evaluar mejor la gestión y así evitar que ciertos descubridores de verdades y distorsionadores de la opinión pública, acostumbrados a producir infiernos con diagnósticos mal intencionados, fragmenten y deslegitimen las acciones que se requieren para cambiar la realidad.