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12 de Octubre del 2023
Historias
Lectura: 17 minutos
12 de Octubre del 2023
Redacción Plan V
El nuevo gobierno enfrentará un país agobiado por el crimen organizado y con un profundo deterioro social
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GI-TOC recordó en su reporte que Ecuador se ha convertido en una superautopista de la cocaína a gran escala y que existe un creciente mercado interno. Foto: Policía Ecuador

 

A escala internacional, Ecuador se ha posicionado como uno de los países afectados por las mafias y más violentos por su papel en el narcotráfico. La extorsión y el lavado de activos han avanzado sin tregua. Según previsiones, Ecuador superará los 35 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando incluso a países como México y Colombia. En ese contexto ¿qué opciones tendrá el nuevo Régimen? Tres expertos opinan.



Ecuador terminará el 2023 con las peores cifras de su historia en violencia. El primer indicador de ese deterioro se publicó el pasado 26 de septiembre cuando el país pasó del puesto 31 al número 11 en el Índice Global de Crimen Organizado. Esto confirma que Ecuador se ha convertido en uno de los países más afectados por las mafias solo por detrás de Myanmar, Colombia, México, Paraguay, República Democrática del Congo, Nigeria, Sudáfrica, Irak, Afganistán y Líbano.

Este reporte lo realiza cada dos años la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés). El país alcanzó 7,07 puntos, que supera la media global de criminalidad que se ubica en 5 puntos. “Ecuador alberga varias organizaciones delictivas internacionales, entre ellas las de Colombia, México, Albania y China”.

GI-TOC recordó en su reporte que Ecuador se ha convertido en una superautopista de la cocaína a gran escala y que existe un creciente mercado interno.“El narcotráfico está controlado en gran parte por mafias y cárteles mexicanos que se asocian con bandas locales”.

Esta organización internacional también señala que la extorsión y el chantaje para protección se han convertido en problemas importantes en los últimos años, y amenazan la habitabilidad de determinadas zonas del Ecuador. Los ecuatorianos que huyen, agrega el informe, citan como uno de los mayores motivos a los vacunadores.

“Los delincuentes se han vuelto cada vez más audaces y violentos, cerrando carreteras principales para robar autobuses o cobrar peajes, matando a clientes y propietarios de negocios locales, e incluso amenazan con actos terroristas como colocar explosivos en gasolineras cuando los negocios se niegan a pagar”, expone GI-TOC sobre Ecuador.

La investigación detalla que las llamadas de extorsión, muchas veces proceden desde las cárceles o de delincuentes en el extranjero que se identifican como miembros de diversas bandas peligrosas. “El Gobierno y las fuerzas del orden han hecho poco por abordar este problema acuciante, y los asesinatos relacionados con la extorsión se han vuelto comunes”.

No son los únicos datos preocupantes de Ecuador. El mismo reporte asegura que el tráfico ilegal de armas ha aumentado en los últimos años, alimentado por las estructuras criminales transnacionales. Algunas armas adquiridas por grupos armados colombianos pasan por EEUU, México y Ecuador. “Se ha informado de que narcoavionetas entran en el país con armas y dinero para entregarlos a las megabandas que trabajan para los cárteles mexicanos”.

Para GI-TOC, el aumento del narcotráfico y el tráfico de armas han contribuido al incremento de muertes violentas, lo que ha derivado en que las estadísticas de asesinatos de Ecuador sean las peores de la última década. Muchas de estas muertes se atribuyen al enfrentamiento entre grupos de delincuencia organizada y esta organización teme que la decisión del gobierno de Guillermo Lasso de facilitar el acceso de armas a civiles podría exacerbar los niveles de violencia.

No es la única entidad que alerta sobre esta situación. El Observatorio del Crimen Organizado en Ecuador, una iniciativa de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, adelantó que este año el país podría alcanzar una cifra récord de 7.000 muertos aproximadamente si la tendencia se mantiene. Esto colocaría a Ecuador solo por detrás de Venezuela y Honduras como los países más violentos del continente. Efectivamente, entre enero y junio de este año, Ecuador llegó a una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes y, según el Observatorio, la tasa podría escalar a las 35 muertes por cada 100.000 habitantes.

Pero el narcotráfico no es el único problema de seguridad en Ecuador. El Observatorio realizó encuestas y talleres con 116 representantes de instituciones vinculadas al sector de seguridad y justicia en Carchi, El Oro, Manabí, Sucumbíos, Guayas y Santa Elena. Sus resultados confirmaron que el narcotráfico es la principal expresión criminal a nivel nacional con un 23% de incidencia, pero en segundo lugar está el lavado de activos con un 17%. Sobre este punto, el Observatorio identificó como actividades económicas vinculadas al lavado de activos a la construcción, compra venta de inmuebles y vehículos, farmacias, restaurantes, gasolineras y centros de apuestas on-line. A este delito le sigue la corrupción en todas las instituciones del Estado con un 16%, el tráfico de armas con 10% y finalmente el tráfico de hidrocarburos relacionado al narcotráfico con el 9%.

Este grupo de investigadores locales ha hecho recomendaciones para combatir el avance del crimen organizado en Ecuador. Por ejemplo, establecer una estrategia nacional contra la extorsión enfocada en reducir el control territorial de las organizaciones criminales en los cantones más críticos; fortalecer los pasos formales de frontera porque su infraestructura es deficiente; diseñar una política criminal orientada a debilitar las economías ilícitas;  priorizar la asignación del presupuesto para logística, equipamiento y tecnología de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, de la manera más eficaz, entre otros puntos que están en su informe.

Plan V recurrió también a tres expertos en temas sociales y sobre seguridad para que planteen sus propuestas para combatir el crimen organizado en Ecuador.


‘Uno de los puntos de reclutamiento de este momento son las escuelas y colegios’

Hugo Espín, analista en temas de seguridad.

Foto: Facebook

Primero, creo que hay que definir una política pública de seguridad, pero que implique la correlación y corresponsabilidad entre todos los ministerios del frente social con las FFAA y la Policía. La seguridad no puede ser una delegación exclusiva o un cheque en blanco solamente para el lado de un sistema de represión.

Uno de los puntos de reclutamiento de este momento son las escuelas y colegios, principalmente fiscales. Entonces, tiene que haber un régimen que permita una intervención directa de la policía especializada en adolescentes infractores y hacer controles y registros en zonas conflictivas. Se debería derogar el acuerdo ministerial emitido por la ministra María Brown, que imposibilita a la Policía ingresar con personal armado dentro de centros educativos. Se debería crear centros de alto rendimiento y canchas deportivas en conjunto con el Ministerio del Deporte, donde se den alternativas a los jóvenes para que no sean inducidos al vicio de las drogas o por las organizaciones delictivas.

También es necesario recuperar la confianza principalmente en la Policía y las FFAA, en ese orden. En la Policía, debe haber una verdadera depuración en todas las jerarquías y grados por el riesgo de la penetración que existe del narcotráfico.

Se requieren acciones inmediatas para fortalecer el control de los puertos y de las principales rutas del país. Ecuador tiene un eje longitudinal y transversal bastante limitado en cuanto a movilización. Trasladar cargas en toneladas (como sucede con la droga) no se hace a escondidas. Necesita una movilización y una logística grande que tiene que ser intervenida por la Policía. La institución tiene los equipos y medios necesarios, pero no ha habido la voluntad ni política ni la decisión logística por parte del mando. Por ejemplo, en Baeza -que es un punto clave para la movilización del Oriente hacia la Sierra- se hacen controles aleatorios. Ni siquiera hay cámaras para identificar las placas de los vehículos.

Cuarto, el fortalecimiento del sistema de inteligencia, que se ha visto totalmente mermado en los últimos años. No tenemos un sistema real de inteligencia en la recopilación de información, que además es bastante sesgada. Ahora, por los propios abogados de los policías que están siendo procesados en los sumarios administrativos del caso Villavicencio nos enteramos que hubo más de 100 comunicaciones sobre los riesgos que existía para una persona que estaba en máxima alerta. Entonces, lo que se dejó de hacer ahí es extremadamente grave porque si eso pasó con un candidato presidencial cualquier ciudadano está mil veces más expuesto.

Lo que necesitamos también son profesionales en seguridad y que se rescate nuevamente la formación profesional. ¡Que un policía se forme en cuatro o cinco meses! Perdónenme, pero ni siquiera un albañil -son menospreciar- puede ser formado en cuatro meses. Se privilegió los números y no la calidad.


‘Al próximo gobierno le espera un país agobiado por la violencia’

Carla Álvarez, catedrática del IAEN

Foto: Linkedin

Ecuador ya ha llegado a un punto en que todo le funciona mal. Hay múltiples crisis y la toma de decisiones es muy compleja. No nos olvidemos que estamos en un estado de gran violencia mucho de ella relacionada con factores socioeconómicos. Y al mismo tiempo vamos a vivir un Fenómeno del Niño, que va a agudizar la precariedad socioeconómica.

¿Qué país le espera al siguiente gobierno? Pues, un país agobiado por la violencia. La violencia limita el crecimiento y la prosperidad económica. Es un gobierno que va a tener que entrar con un golpe sobre la mesa y tomando medidas de mano dura. Eso es lo que espera la ciudadanía. El siguiente gobierno, para poder tener un tanto de gobernabilidad y cumplir con las expectativas de la ciudadanía, va a tener que dar un golpe de mano dura.

Esto no significa que se van a revertir las condiciones de inseguridad que tenemos. Porque, en una crisis múltiple, un electroshock no te salva la vida o no compone al enfermo. Te puede mantener con vida en un momento, te puede comprar un poco de aire, pero no va a revertir la situación.

Después de esto hay que empezar a cambiar y tomar medidas más de fondo, más profundas, de largo plazo. Aquí tienes dos cosas importantes. La una es que los dos candidatos tienen dos formas de ver la política y de ver el país completamente distinta. El candidato Daniel Noboa tiene un plan de gobierno sensato, con un tono bastante moderado y equilibrado. Pero este tono del documento escrito es muy diferente al tono hablado del candidato. Eso a mí me levanta muchas alertas.

La otra posibilidad es la candidata Luisa González, que tiene un plan de gobierno en seguridad bastante más complejo. Ve la seguridad vinculada al fortalecimiento institucional. Entonces, plantea el fortalecimiento y depuración de la Fuerza Pública, de la Policía. Habla de mejorar las cárceles. Es un plan más pensado, que tampoco creo que se pueda lograr. Pero hay una diferencia. Siempre he pensado que el gobierno que viene será un gobierno de compra pública. Por ejemplo, la dotación adecuada de equipamiento para la Policía se puede hacer. Pero no será un gobierno donde se debe cambiar el marco institucional.

Las compras no van a solucionar los temas estructurales, se esperaría entonces que siga avanzando la violencia. Lo ideal sería tener un gobierno más largo que podamos evaluar, que pueda tomar medidas. En lo social, hay que proteger las escuelas para que no tengan sicarios, para que no tengan extorsiones, para que no las agredan. Y eso protege la productividad de los padres y mantiene alejados a los niños de las bandas, de las pandillas. Pero esas medidas no tienen resultados inmediatos. Es una situación muy difícil.


‘La pobreza es uno de los indicadores más duros que tiene el país’

Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social

Foto: Facebook

Estamos viendo la seguridad solamente como un problema penal, pero también es un problema cultural. He revisado las estadísticas del Ministerio del Interior, hay aproximadamente cerca de 2 millones de delitos cometidos entre 2018 y 2022. Están los delitos contra la vida, pero también el abuso sexual. Por ejemplo, (las cifras) de la violencia familiar, prácticamente es el mismo número de detenciones que se producen por sustancias sujetas a fiscalización.

Las bandas, la infiltración y el narcotráfico son una manifestación del crimen organizado. Pero hay otras aristas estructurales que están en el día a día de la vida de las familias, en los barrios más complejos, más problemáticos. No hay que entender la violencia como este enemigo externo. No estamos viendo la gravedad de la violencia interna en la diversidad de sus manifestaciones.

Como una primera recomendación para quien gane la Presencia de la República es que tiene que lograr un alineamiento de las instituciones, no solamente en el nivel central, sino también a nivel horizontal como Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura y con los gobiernos autónomos descentralizados.

El otro elemento es entender que aquí el problema de seguridad ciudadana no solamente son las bandas organizadas. La seguridad ciudadana tiene que ver básicamente con el concepto fundamental de la seguridad humana, es decir, todos tenemos que vivir una vida libre de cualquier tipo de violencia. Son necesarias respuestas estructurales en el campo social que combatan la violencia en el barrio, la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños.

En este momento, 1.600 millones de dólares es la inversión social para lo que sería protección social, cuidado de niños, personas con discapacidad, a los mayores. Pero, claro, la campaña no está centrada en la discusión de cómo vamos a salir de la pobreza, cómo hacemos que el 60% de las familias no tenga hambre, cómo vamos a combatir la desnutrición crónica infantil, qué vamos a hacer para que los niños no dejen las escuelas.

Hay que tomar medidas muy claras para asegurar la participación ciudadana en el mejoramiento de la seguridad de los barrios, en diálogo con los gobiernos autónomos descentralizados. Que no se cometa nuevamente el error de pensar que todas las soluciones están en el gobierno central. También se requiere educación ciudadana, participación y toma de medidas urgentes respecto a la violencia de género, a la violencia intrafamiliar y a la violencia contra los niños.

En segundo lugar, tiene que ampliarse la red de protección social. La verdad es que tenemos una crisis compleja en términos de que no existe disponibilidad presupuestaria. No hay de dónde más sacar dinero. No hemos sido capaces de entender que la red de protección social es básica para no aumentar la pobreza. Tenemos cerca de un 28% de pobreza. No nos hemos recuperado de los niveles del 2017. Entonces, estamos hablando de una situación en donde el país, después del COVID, después de todos los problemas de gobernabilidad, etcétera, no se están enfrentando. Nadie quiere mencionar la palabra pobreza. ¿Por qué?, ¿por qué los candidatos no hablan de pobreza? Porque justamente saben que ese es uno de los indicadores más duros que tiene el país y para eso van a tener que trabajar en la red de protección social.

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