Pocos se atreven a hablar sobre el aumento de la violencia en Lago Agrio, capital de Sucumbíos, provincia fronteriza con Colombia. Habitantes y periodistas prefieren no dar declaraciones o si las dan, piden el anonimato. En enero, hubo dos jornadas en las que se produjeron muertes violentas grupales o simultáneas en esta ciudad. Estos episodios solo traen a la memoria hechos similares sucedidos entre el 2000 y 2004, cuando se puso en marcha el Plan Colombia que buscaba frenar a los grupos irregulares armados e intentar la paz. Pero lo que sucedió es que el conflicto se desbordó hacia las zonas fronterizas con Ecuador.

Quienes viven en Lago Agrio saben que estos grupos se encuentran a solo 30 km de Lago Agrio. Hace 20 años, en Colombia había una profunda crisis económica mientras en Ecuador empezaba la dolarización. Los lugareños recuerdan cómo esas disputas se daban en Lago Agrio y en toda la provincia, que en esos años “estaba abandonada” por el Estado. “La situación económica y social ahora es similar”, dice un habitante que lleva seis décadas en esta frontera. “Hay un flujo de comercio irregular ahí y después de la firma de paz los grupos que quedaron están más conectados con las plantaciones de droga”.

Entre el 16 y 17 de enero, ocho personas fueron asesinadas en un lapso de dos horas, en cuatro sectores de Lago Agrio. Captura de video TVC

Otro elemento que resalta es el microtráfico. Lago Agrio ya no solo es una ciudad de paso de la droga, sino de consumo. La fuente cree que las disputas entre esos grupos por el mercado es otra de las causas del aumento de la violencia. Esto en un contexto de incremento de la pobreza después de la pandemia. Sucumbíos, una provincia tradicionalmente petrolera, vive el desempleo en uno de los lugares que más recursos produce para la caja fiscal del Estado. A eso se suma el aumento de la minería ilegal.

Pero los ciudadanos también perciben el daño de las carreteras por la erosión del río Coca como otro factor que ha alimentado la violencia. Al estar más desconectados de la capital, la economía se ha afectado más porque el comercio y el turismo no fluye, y menos cuando el peso colombiano está bajo.

El aislamiento ha sido adoptado como una práctica de protección entre los vecinos. Líderes y dirigentes barriales han exhortado a los ciudadanos a no salir a cierta hora. Hay falta de iluminación pública y de seguridad en los parques. Hay una depresión general, dicen los habitantes.

Pero de esto ni siquiera “los alcaldes hablan” posiblemente por temor, dice la gente. En Lago Agrio, la crisis la arrincona por todos lados.

Sucumbíos, la provincia más violenta

La noche del 16 de enero y la madrugada del 17, ocho personas fueron asesinadas en cuatro sectores de Lago Agrio, en un lapso de dos horas. Una semana después, otros cinco asesinatos se produjeron también de forma simultánea en varios sectores. Antes de esas semanas de terror, otro ataque se había producido en Sevilla y Jambelí. Este último sector está al ingreso de Lago Agrio. Allí llegó un grupo armado que mató a un hombre y a una mujer.

Hasta el 28 de enero, la Dinased registró 22 muertos en un solo mes asesinados con armas largas de calibre 5.56, un tipo de munición que solo lo usan las fuerzas armadas regulares, es decir pueden ser fusiles tipo FAL o HK. El primero lo usa el Ejército colombiano; el segundo, el ecuatoriano. También usaron armas largas de calibre 2.23. Lo más frecuente en la zona era el uso de armas cortas, dice Vicente Albán, jefe de operaciones de la Dinased.

Él explica que el 90% de las muertes violentas en enero se produjeron en Lago Agrio. Es decir, 20 asesinatos sucedieron en la capital de Sucumbíos y dos en otros cantones. De las 22 víctimas, 15 tenían antecedentes penales. Una de las víctimas era de nacionalidad venezolana. Este es un aumento significativo, pues durante todo el 2021 se registraron 40 muertes violentas.

Las cifras de enero confirman que Sucumbíos es la provincia más violenta del país. En Ecuador, la tasa promedio de homicidios por cada 100.000 habitantes es del 11%. Sucumbíos ocupa este lugar desde 1990. Solo en el 2010, cayó al segundo lugar y fue superada por Esmeraldas. Guayas llegó a 21 víctimas por cada 100.000 habitantes en 2021. Lago Agrio, que tiene ese número de población, llegó a 22 en enero.

Los episodios de enero conmocionaron a esta población fronteriza. Desde hace dos décadas no se habían registrado asesinatos múltiples con armas largas. Uno de los más sangrientos ocurrió en frente a un burdel en Lago Agrio. Los atacantes pasaron en una moto y dispararon contra cuatro hombres que estaban fuera del lugar.

Sus crímenes tienen características distintas a las que suceden en Guayaquil, según la Policía. En el Puerto Principal, hay víctimas que tienen decenas de impactos. Por ejemplo, la matanza en la Playita del Guasmo, en el sur de Guayaquil, donde fueron asesinados 5 personas, los uniformados hallaron 72 indicios balísticos. Pero en la ciudad fronteriza, encontraron 20 casquetes en la escena del crimen contra cuatro personas. “Claramente son personas profesionales que saben cómo disparar. Tal vez tienen un entrenamiento específico”, dijo Albán a PlanV.

La población sostiene que los atacantes llegaron del lado colombiano, cometieron los asesinatos y se regresaron al país vecino. Pero la Policía dice que aún está investigando.

Más violencia y menos policías

En Lago Agrio, hubo sorpresa que el Estado no mire a esta región con la misma prioridad que a Guayaquil. Aseguran que no hay una voz del Gobierno que hable sobre los hechos en Sucumbíos. No hay información oficial más allá del anuncio que hiciera el excomandante de la Policía en Sucumbíos, Washington Samaniego, el pasado 25 de enero.

En rueda de prensa, después de la ola de asesinatos, Samaniego informó que en Sucumbíos hubo una reducción del personal, en más de 200 servidores, que fueron trasladados sobre todo a Guayaquil. De ellos, 150 uniformados estaban asignados a Lago Agrio.

Samaniego había pedido a la entonces comandante de la Policía, Tannya Varela, que se regrese a estos policías. Ella le habría ofrecido enviar 12 oficiales y 50 policías, que debían llegar el 21 de enero, pero no sucedió. Lago Agrio era una de las zonas prioritarias junto a Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, sostuvo el oficial que se quejó también por la falta de equipamiento para enfrentar a grupos con armas largas. Dijo que sus chalecos les protegen de impactos de armas cortas, de calibre 9 milímetros. Pero ahora los grupos que han protagonizado las matanzas usan armas para conflictos bélicos. En un enfrentamiento con estos grupos armados, su capacidad de respuesta será mínima frente al armamento que ellos tienen, manifestó. “¿Por qué al ser considerado un distrito priorizado se ha retirado tanto personal policial”, se preguntó. A los pocos días, Samaniego fue removido de Sucumbíos.

El oficial dio esa rueda de prensa solo. “Vemos a un comandante huérfano posiblemente sin ningún respaldo”, dijo Luis Tubón, analista, en Radio Sucumbíos, durante uno de los pocos paneles que se han hecho en la provincia para analizar la inseguridad.

En ese mismo espacio, Jorge Elizalde, presidente de la Federación de Barrios de Lago Agrio, reclamó por la falta de coordinación entre la Policía y la comunidad. Contó que hace cinco años, los vecinos conocían a los policías de la UPC, pero ahora esto ya no pasa. Consideró que una de las razones es la falta de recursos y personal. “El Comando para hacer un cambio de aceite debía viajar a Quito, para cualquier cosa menor debía ir a una mecánica en Quito. Si no tienen cómo movilizarse será imposible (enfrentar la inseguridad)”, cuestionó el dirigente.  La misma queja tuvo Adriana Ucles, presidenta de los Barrios del Sur de Lago Agrio. “En el sector sur solo hay una UPC, que trabaja con un patrullero y un policía, para 40 barrios”, afirmó.

Se acerca una banda criminal brasileña

El coronel Mario Pazmiño es uno de los analistas que ha empezado a hablar de las protomafias, es especial las de origen brasileño y que están en las puertas del territorio ecuatoriano. Una protomafia es un estamento previo a lo que se llama mafia, está por encima de los carteles, son mucho más sofisticados y abarcan muchos áreas delictivas, como el narcotráfico, lavado de dinero, la trata de personas, el tráfico de órganos, etc. Son más fuertes en recursos, logística y armamento.

Estas estarían operando en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo para enviar droga hacia Brasil, el segundo mayor consumidor del mundo. Se trata del comando La Capital y del comando Vermelho. Este último es el que más preocupa, dice Pazmiño, porque ya empezó a ingresar al territorio ecuatoriano. Por Ecuador pasa más del 30% de la droga colombiana. Para ellos trabajan los llamados ‘comando de las frontera’ en Sucumbíos, según el experto. Su nombre ha aparecido en hojas volantes y se conoció que estaban cobrando impuestos a los comerciantes de la zona, asegura Pazmiño Por eso, dice, se ha incrementado la violencia.

“Las muertes en Lago Agrio implica un incremento rápido de los niveles de la violencia y esto puede obedecer a la presencia de estos grupos que son mucho más radicales”, sostiene. Como evidencia de su presencia, agrega, está la información que existe en Colombia. El pasado 6 de diciembre, las fuerzas militares del país vecino capturaron a cinco hombres “que conformaban una de las estructuras más importantes al servicio del narcotráfico transnacional, ya que suministraban más de tonelada y media mensual de estupefacientes a las mafias brasileñas, identificadas como Familia del Norte y el Comando Vermelho”, dice el boletín de prensa.

Una banda relacionada con mafias brasileñas operaba en el Putumayo, frontera con Ecuador. Se le atribuye el incremento de la violencia en esa zona. Foto: Armada de Colombia

Esta estructura narcotraficante trasladaba estupefacientes (entre pasta base de coca, cocaína y marihuana) desde el Bajo Cauca Antioqueño (Colombia) hasta Manaos Brasil, utilizando el municipio de Puerto Asís, Putumayo (Colombia), como principal punto de acopio para transportar los narcóticos por el río Amazonas y Putumayo en cantidades pequeñas de 100 a 200 kilogramos, para evitar los controles de las autoridades.

La Policía ecuatoriana no ha logrado determinar si la presencia de estos grupos del lado colombiano está poniendo más presión a esta frontera convulsionada. Aún investiga si los atacantes pertenecen a grupos disidentes colombianos y si se usaron las mismas armas en los últimos hechos violentos.