1. No es una crisis reciente. Para la CIDH, la crisis carcelaria es estructural que ha provocado el consecuente debilitamiento del sistema penitenciario, que tiene al menos dos décadas y bajo la responsabilidad de las diferentes funciones del Estado. “Su origen responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado y a la falta de una política criminal comprehensiva que busque la prevención y control de la delincuencia mediante un enfoque de derechos humanos, y que responda a las causas que originan la misma”. El organismo internacional establece seis factores: debilitamiento de la institucionalidad del sistema carcelario; aumento de penas y del catálogo de delitos que privilegian el encarcelamiento; la política contra las drogas; uso excesivo de la prisión preventiva; obstáculos legales y administrativos para la concesión de beneficios e indultos; y deplorables condiciones de detención.

2. Un autogobierno liderado por las bandas. La Comisión describe en su informe que el Estado ha perdido el control interno de las cárceles y eso ha permitido la instalación de un “autogobierno” en los pabellones y las disputas entre bandas estarían “motivadas principalmente por los beneficios generados por la economía ilegal existente”.

3. Trato privilegiado para los líderes de Los Choneros. El relato que hace la CIDH resulta revelador: “En la visita al Centro Guayas 4, la delegación se entrevistó, entre otros, con personas detenidas bajo los regímenes de máxima, media y mínima seguridad, así como de atención prioritaria. De igual forma, la delegación se reunió con José Macías Villamar – alias “Fito”– líder de la banda de Los Choneros y de quien se pudo percibir ejerce un control interno importante del centro penitenciario. También, se entrevistó con otros líderes como Junior Roldan Paredes. La delegación observó por la vestimenta, que en efecto los líderes cuentan con un trato diferenciado y preferente por las autoridades en contraposición con otras personas entrevistadas”.

4. Las llaves en manos de los presos. La Comisión confirma que el control de las cárceles lo tienen los presos. “Al respecto, se recopilaron testimonios que dieron cuenta de que en el ingreso de pabellones, las llaves respectivas están en posesión tanto de las autoridades como las personas privadas de libertad”, relata. Su informe reitera algunas denuncias periodísticas respecto a los negocios ilegales que existen dentro de las cárceles. “Los líderes de estos grupos cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a internet y teléfonos, y otros servicios”.

5. Clasificación por dinero. El informe asegura que los presos eran clasificados “en función de cuánto dinero pagaban a quien controla el centro penitenciario” en lugar del delito cometido. Este problema es mayor, según la CIDH, en las megacárceles que están controladas por los propios internos. “En este escenario, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil informaron a la delegación que para que las personas detenidas fueran colocadas en regímenes de mínima seguridad –en lugar de mediana–, las familias tenían que pagar aproximadamente US$500”, dice el reporte. A esto se suman otras cuotas por acceso a espacios para dormir o por el uso de teléfonos e Internet.

6. Menos agentes que los reportados. Al 29 de noviembre de 2021 había 1.632 guías penitenciarios, eso equivale a un agente por cada 20 personas detenidas. Pero esta cifra sería mucho más dramática, según la CIDH. “Debido a que el personal se divide en distintas guardias, por turno se destinan 600 agentes para los centros de privación de la libertad, es decir, un promedio de un servidor por cada 62 reclusos. La Comisión recibió información indicando que la proporción de agentes de custodia por persona privada de libertad es aún menor en los centros de privación de libertad conocidos como megacárceles”. 

7. Más de 2.400 castillos en la peor masacre. Sobre la matanza de presos, del 28 de septiembre de 2021, en la Penitenciaría del Guayas, la CIDH informó que las autoridades recogieron más de 2.400 casquillos de bala de diferente calibre, “inclusive de armas de largo alcance; lo que da cuenta de la alta intensidad del entrenamiento”. Ese episodio dejó 122 muertos durante los enfrentamientos y fue el que dejó el mayor número de víctimas en 2021. La mayoría de crímenes se usó armas de fuego, pero también armas corto punzantes y hechizas (de elaboración artesanal).

8. Violencia sexual en las cárceles. La CIDH expresó su preocupación por el riesgo que enfrentan las mujeres privadas de libertad de ser víctimas de diversas formas de violencia. En julio de 2021, cuando se produjo una masacre en la cárcel de Latacunga, hubo dos casos de violación contra una mujer presa y una mujer policía. Observa “la proximidad de las cárceles de mujeres con los centros controlados por los internos genera temor sobre las mujeres, mismo que en atención a los hechos ocurridos el Cotopaxi resulta fundado”. Las internas del Guayas, entrevistadas por las CIDH, pidieron que se ubique la cárcel a un lugar más alejado.

9. El temor de los funcionarios del SNAI. En el informe, la CIDH relata su visita a la cárcel regional del Guayas, donde están recluidos los líderes de Los Choneros: “La Comisión se entrevistó con siete personas privadas de libertad en regímenes de máxima, mediana y mínima seguridad, así como de atención prioritaria, y observó que algunos líderes de bandas criminales son internos privilegiados que ejercen el poder dentro de las cárceles. Llamó la atención de la CIDH que para las entrevistas con las personas privadas de libertad se contara con listas predeterminadas. De igual forma, durante la visita, la Comisión pudo percibir cierto temor frente a la situación de violencia que se vive en los centros por parte de las autoridades del SNAI en el ejercicio de sus funciones”.

10. El ingreso de armas a través de proveedores. La Comisión recabó información acerca del ingreso de drogas y armas a las cárceles. “El Estado refirió que sospechan que serían ingresadas a los centros a través del proveedor de alimentos u otros proveedores privados”. En la cárcel Regional del Guayas podrían haber más de 300 armas bajo control de los internos, según la información que recibió de las autoridades.

11. Documentos perdidos del Ministerio de Justicia. La CIDH reveló que documentación del extinto Ministerio de Justicia se perdió, desde planos de los centros de detención hasta contratos. Esta información aparece en el apartado relacionado con la disminución del presupuesto para el sistema penitenciario. “Por ejemplo, las autoridades estatales indicaron que con la desarticulación del Ministerio de Justicia, el fondo para la atención de hijos e hijas de personas privadas de libertad quedó en un limbo jurídico a partir de la emisión del Decreto Ejecutivo 560. Esta competencia fue recuperada con el decreto 216 y ahora se encuentra bajo el Ministerio de Inclusión Económica”.

12. Políticas sin indicadores. “La CIDH recibió información que indica que el Ecuador no cuenta con una política pública particular evaluable con metas e indicadores concretos, y que esté dirigida a resolver la crisis penitenciaria”, destaca su informe. Otro ejemplo de falta de datos, tiene que ver con la salud. “La CIDH observa que el Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social establece que cuando una persona ingresa al sistema penitenciario debe contar con una revisión médica inicial. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública informó que hay personas privadas de libertad que nunca han recibido atención médica ni están registradas en las bases de datos sobre salud”.

lEn la cárcel de Latacunga hubo dos violaciones durante los enfrentamientos de julio de 2021 contra una mujer policía y una interna. La CIDH dice que las mujeres corren riesgo por la cercanía a las cárceles de varones. Fotos: PlanV

13. El Economato, la mayor corrupción. El informe dice que la corrupción dentro de las cárceles se hace más visible en el Economato, que es una tienda que vende artículos y bienes de consumo para las personas privadas de la libertad para complementar su alimentación. “Según informaron organizaciones de la sociedad civil, en la práctica, el Economato habría creado un mercado con prácticas corruptas. De hecho, se habrían reportado casos en que a los familiares de las personas detenidas les estarían cobrando por ingresar artículos de primera necesidad. Esta situación habría tenido un impacto diferenciado de género, toda vez que son las mujeres quienes por lo general asumen la carga económica y afectiva de tener un familiar privado de la libertad”.

14. Hay más hacinamiento que el reportado. El hacinamiento alcanza el 21.31% en los centros penitenciarios. Aunque esa cifra no está entre las peores de la región, la CIDH afirma que los niveles de hacinamiento serían más elevados. Las cifras del Estado se basan únicamente en el número de camas y eso “no correspondería con la capacidad real de alojamiento”. En una cárcel de mujeres, citó como ejemplo, solo podía alojar a 21 personas, pero se había reportado que tendría 70 plazas. La Defensoría del Pueblo también le informó acerca que “en algunos centros de rehabilitación social provinciales y regionales se registran tasas de sobrepoblación que triplicarían su capacidad real de alojamiento, pese a que los datos reportados por el Estado indicarían una sobrepoblación menor”. La Comisión notó que, en cuatro centros, la tasa de hacinamiento supera el 95%. Estos son los centros CPPL Masculino Los Ríos No. 1, CPL Guayas No. 5, CPL El Oro No. 1, y CPL Santo Domingo. La CIDH recordó que el hacinamiento puede llegar a constituir en sí mismo una forma de trato cruel, inhumano o degradante.

15. La CIDH exige mayor control interno. En su visita a la Penitenciaría y a la Regional, la delegación de la CIDH observó que las torres de control no tenían guardias de seguridad. Asimismo, que el contingente militar y policial estaban afuera del recinto penitenciario, en el perímetro, y no en los pabellones. “En este contexto, la CIDH reitera que para garantizar efectivamente los derechos de las personas privadas de libertad, es preciso que los Estados ejerzan el control efectivo de los centros penitenciarios”. La CIDH recuerda que el control de los centros penitenciarios implica que el Estado tenga la custodia externa e interna. “Al no contar con vigilancia y control internos, el Estado ecuatoriano está colocando a la población penitenciaria en una situación inminente y permanente de riesgo, y exponiéndola a altísimos actos de violencia carcelaria sin precedentes, que está resultando en que cientos de personas pierdan la vida aún estando bajo la custodia del propio Estado”.