Historias clínicas de un hospital de infectología, declaraciones laborales o de vivienda juramentadas, carnet y certificados médicos. Esos fueron los justificativos de arraigo que el juez Juan Carlos Terán Moreno, de la Unidad Judicial Norte 1 Penal de Guayaquil, aceptó el pasado 23 de agosto para dejar libres a cinco involucrados en un caso de narcotráfico.

La Policía detuvo, el pasado 20 de julio, a ocho hombres en diferentes allanamientos en las provincias de Guayas e Imbabura. Están relacionados con  el cargamento más grandes de droga líquida que se ha hallado en Ecuador, específicamente en botellas con logotipos de bebidas de guayusa. En el operativo de febrero pasado se decomisaron 3,5 toneladas de droga líquida en ese tipo de producto y, en julio, 335 paquetes de cocaína adicionales.

 
Las botellas con la droga líquida. 

La organización, dice la Policía, tendría conexiones transnacionales. Usó propiedades agrícolas como centros temporales de acopio de la droga. Luego contaminaban contenedores que tenían como destino los puertos marítimos de Guayaquil, desde donde partían para mercados de consumo en Europa. A la Policía le tomó aproximadamente seis meses dar con esta banda. Las investigaciones hasta incluyeron el uso de drones.

De los ocho procesados, la mitad de los aprehendidos son extranjeros. Todos quedaron en prisión preventiva. Pero después, cinco de ellos solicitaron la revisión de esas medidas cautelares. Para ello, debían justificar su arraigo social en Ecuador, es decir presentar una serie de documentos que garanticen un comportamiento responsable para que los jueces tengan la certeza de que el sospechoso comparecerá a la causa penal.

Estos son los detenidos del pasado 20 de julio que fueron relacionados las 3,5 toneladas de droga líquida. 

Pero el arraigo más curioso que presentó la defensa de los implicados, en la audiencia del 23 de agosto, fue una declaración juramentada de un ciudadano que aseguró que Antonio Nicolás I.A., uno de los detenidos, iba a construir un galpón, tipo bodega, para almacenamiento de todo tipo de granos. “Con esto justificamos el arraigo laboral y de vivienda del señor”, dijo su abogado, Ronald Cantos. Casi todos los procesados, según su defensa, padecían de una enfermedad, desde VIH hasta insuficiencia respiratoria crónica.

Pero el juez, en su resolución, dijo que la Fiscalía ha hecho “un análisis sobre el fondo” más no sobre la necesidad de la prisión preventiva. Entonces, al no ser una audiencia de juicio, Terán dijo que la Fiscalía debía justificar el riesgo de fuga de los implicados. Y citó el caso de José Luis P.M., quien dijo tener VIH. Al ser esa enfermedad catastrófica y al tener arraigo laboral, el sospechoso está “dentro de forma legal”, al igual que los otros dos que dijeron estar enfermos, según el juez.

Justamente, los investigadores señalaron a José Luis P.M. como el jefe de este grupo delictivo. Es venezolano, pero circulaba con una cédula ecuatoriana falsa. Fue detenido en una lujosa casa ubicada en Samborondón. En la audiencia, su defensa lo presentó como una persona dedicada al cultivo de toda clase de granos.

En esta casa fue detenido José Luis P.M., a quien la Policía lo señala como el jefe de este grupo delictivo. Es un venezolano, pero circulaba con una cédula ecuatoriana falsa. En su defensa, dijo que era agricultor.

El fiscal Patricio Maza informó al juez que, durante las vigilancias y los seguimientos que hicieron al grupo, observaron que los involucrados tuvieron reuniones permanentes y reiteradas con la finalidad de trasladar y acopiar droga. En el reporte policial están esos predios ubicados en Ventanas, Yaguachi, Durán, entre otros. Uno de ellos es un gran galpón, en cuyo interior se observan materiales de construcción. En otros lugares, hay vegetación y construcciones más precarias. Los drones tomaron esas imágenes aéreas tanto de los inmuebles como de las carreteras.

“Esta investigación no es una investigación al azar, es una investigación exhaustiva realizada en este caso con los miembros de la unidad”, dijo el fiscal Maza, quien cuestionó los documentos que presentó la defensa de la banda por ser insuficientes.

Pero el juez Terán dijo que la prisión preventiva era una medida de última instancia. Y más cuando en las cárceles hay masacres de personas. Por eso, Terán los dejó libres, les dictó la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse cada 15 días ante este juzgado. Esa primera presentación debía ser este 31 de agosto.

Un juez criticado, aún sin sanción

Contra el juez Terán existe un pedido de declaratoria jurisdiccional. Es decir, jueces superiores confirmaron que el magistrado cometió una infracción gravísima en una causa. A esta conclusión llegaron los jueces Víctor Vaca, Miguel Constain Vásquez y Guillermo Valarezo, de la Sala de lo Penal de la Corte de Justicia del Guayas.

Según la Corte del Guayas, Terán incurrió en error inexcusable al no conceder el recurso de apelación que presentó Inés Leonedy Sánchez Merchán, procesada por usurpación, a la sentencia emitida el 19 de noviembre de 2021. El juez Sánchez además ejecutó esa sentencia cuando no se encontraba en firme, informó el Consejo de la Judicatura (CJ).

La Corte emitió su resolución contra el juez el pasado 1 de agosto y ahora el CJ deberá imponer una sanción. En su expediente administrativo, solo consta una amonestación por no suscribir de manera oportuna la Declaración de Confidencialidad de la Información del CJ.

Pero el nombre de Terán no ha estado lejos de polémicas. El 23 de diciembre de 2020, Terán declaró a Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, como inocente en el procesado por tráfico de bienes patrimoniales. Ese caso inició cuando la Policía halló 22 figuras de la cultura Valdivia, que pertenecen al Palacio de Carondelet, en la casa de Bucaram padre, que la familia no pudo justificar. Los agentes allanaron ese inmueble durante un operativo por corrupción en la venta de insumos a hospitales durante la pandemia.

Estas fueron las piezas arqueológicas halladas en la casa de Abdalá Bucaram. Foto: Fiscalía General del Estado

En su resolución, el juez Terán acogió el dictamen abstentivo de la Fiscalía y además pidió disculpas a Bucaram hijo “por la falta de objetividad que ocasionó el inicio de un proceso penal y orden de privación de libertad en contra de quien por obvias razones era inocente”

Terán también dictó el sobreseimiento, en el mismo caso, contra Bucaram padre, el 16 de julio de 2021. Esta vez la Fiscalía aseguró que tenía los suficientes elementos para demostrar la culpabilidad del expresidente. Pero el juez Terán no acogió esos argumentos y favoreció a Bucaram no solo con la ratificación de inocencia, sino que ordenó que le quitaran el grillete, levantó las medidas de prohibición de salida del país y la presentación periódica a la Fiscalía.

El fiscal del caso apeló esa decisión del juez Terán, pero fue amenazado. En un comunicado, la Fiscalía informó que el agente fiscal recibió una serie de llamadas telefónicas y mensajes de audio en los que una voz masculina, entre improperios, profirió amenazas contra su vida que decían: “(…) te tenemos rastreado (…), sabemos todo de ti, nos metiste presos a los policías, ¿no?, cogiste la avioneta, ¿verdad?, andas montándola que te metes con los hospitales y en la apelación, ¿no?, ya sabes, te vamos a reventar la cabeza (…), ¿quieres jugar con la mafia… la mafia te va a demostrar que con la mafia no se juega (…)”. (sic)

El nombre de Terán también apareció en la disputa por la máxima autoridad de la Defensoría Pública. El juez otorgó medidas cautelares a favor de Ángel Jarrín, uno  de los participantes en un concurso pasado para esa designación, para quedarse con el cargo de Ángel Torres, quien es Defensor Público desde 2018.  Jarrín dijo haber sacado una mayor calificación que Torres en ese concurso y por lo tanto se declaró como el legítimo ganador.

La Defensoría Pública presentó una denuncia en contra Terán porque presumía que el caso llegó a manos de este juez a través de un presunto sorteo irregular.

Lucio Gutiérrez denuncia plagio de su té

Este caso de la banda que escondía droga en té de guayusa inició el 16 de febrero pasado. Ese día, la Policía detuvo a José Javier P.T. como representante legal de una empresa que buscaba llevar 5.720 botellas con etiquetas que decía té de guayusa. Pero en realidad, los agentes encontraron diluido en el líquido 3,5 toneladas de clorhidrato de cocaína, que iban a ser exportadas hacia Alemania y que estaba listo para zarpar en el buque Valparaíso Express.

“Esta incautación se dio a través de esta empresa que figuraba como fachada para hacer el traslado y el acopio de sustancia catalogada sujetas a fiscalización", dijo el fiscal Maza al juez Terán para recordarle la trascendencia del caso.

Las etiquetas de las botellas se asemejan a las del té que vende el expresidente Lucio Gutiérrez. En una entrevista con PlanV, sostuvo que en febrero puso una denuncia en la Fiscalía sobre un presunto plagio de su marca. Pero aseguró que el cargamento ilícito tiene diferencias con su producto. Por ejemplo, dijo que no es el mismo tipo de botella y la etiqueta está en inglés, cuando él solo vende esta bebida en Ecuador y su publicidad es en español. Lo mismo lo contó en un video publicado en su cuenta de Twitter después del operativo.

No hay crimen perfecto a pesar que la maldad no tiene límites.
Gente inescrupulosa intentó afectar nuestra imagen, plagiando burdamente nuestra bebida de guayusa "Guayuse Tea".
Yo no exporto Guayusa al menos por ahora.
Guayuse Tea es una bebida medicinal pic.twitter.com/z4OcGzqOpM

— Lucio Gutiérrez (@LucioGutierrez3) February 18, 2022

Contó que este hecho coincidió con una denuncia de minería ilegal en la que los denunciantes querían vincular a su hermano, Gilmar Gutiérrez. Y cree que se intentó afectarlos.

Pero sobre el té, Gutiérrez aseguró que no exporta y por lo tanto no tiene ninguna relación con ese caso.  “No es que contaminaron mi producto, sino que ellos estaban mandando droga en botellas similares o parecidas”, manifestó. Agregó que hasta el momento no conoce sobre avances en las investigaciones de su denuncia.

Además, de los operativos del 20 de julio y  16 de febrero, el pasado 5 de junio, los agentes interceptaron un camión por la vía Perimetral, a la altura de la vía Daule. Dentro del vehículo, encontraron 178 kilos de cocaína camuflados en una estructura de doble fondo que los han vinculado a la misma banda.