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29 de Noviembre del 2023
Historias
Lectura: 13 minutos
29 de Noviembre del 2023
Redacción Plan V
Existe alta infiltración del crimen organizado en el Estado ecuatoriano, revela informe oficial
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Portada: Fotomontaje PlanV

 

En las últimas horas del gobierno de Guillermo Lasso se imprimió la estrategia contra la delincuencia organizada, que pasó desapercibida. Pero contiene un análisis actualizado de las dinámicas de estos grupos. Y, por primera vez, un documento oficial reconoce la acelerada penetración del crimen organizado en las instituciones estatales y no estatales.


A pocos días de que Guillermo Lasso deje el poder, el Ministerio del Interior publicó la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada 2023- 2030. Es un documento de 126 páginas que hace un amplio análisis de la evolución, características, delitos y grupos del crimen organizado en Ecuador. Establece los ejes de acción y la creación de un Comité Interinstitucional para que ejecute esa estrategia.

Es decir, Lasso lanzó en los últimos minutos de su gobierno una política para afrontar la amenaza creciente del crimen organizado, después de dos años y medio de gestión que dejan las peores cifras de violencia registradas en la historia del país. De 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2021 pasó a una tasa de 33 muertes violentas por cada 100.000 habitantes hasta el pasado 2 de octubre, ubicando a Ecuador entre los países más violentos de la región.

La estrategia tuvo el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la delegación de la Unión Europea y los gobiernos de Italia y Reino Unido.

Los primeros anuncios sobre estos lineamientos iniciaron el 18 de mayo pasado. El Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior informó, en una reunión en el ECU 911, que ese documento es una de las tres estrategias que se diseñaban para enfrentar la inseguridad. Las otras dos eran: la Estrategia Emergente para Prevenir y Contener la Violencia Criminal 2023-2024 y la Estrategia Específica contra el Tráfico Internacional de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización 2023-2030. Estas dos últimas aún no se han hecho públicas.

En mayo pasado, hubo una reunión para delinear la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada 2023-2030, en las instalaciones del ECU 911. Foto: Ministerio del Interior

En junio pasado, el exministro del Interior, Juan Zapata, mencionó la estrategia en una conferencia en Nueva York. El boletín de prensa de esa cartera de Estado le dio apenas un párrafo a ese tema. Desde entonces, no se supo más de ese documento hasta que Interior anunció su lanzamiento para el pasado 20 de noviembre, tres días antes del cambio de mando. Pocas horas después el evento fue cancelado. Ni Lasso ni Zapata presentaron la estrategia, que prácticamente pasó sin trascendencia en medio de una grave crisis de seguridad.

Esta fue la invitación que hizo el Ministerio del Interior para el lanzamiento de la estrategia. Este evento fue cancelado.  

Plan V tuvo acceso a esta estrategia, que terminó de imprimirse en este mes de noviembre, y contó con la asistencia técnica y acompañamiento de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Su objetivo es “afectar y degradar integralmente el sistema criminal sobre el cual gravitan las organizaciones delictivas”. Pero hasta el momento ha quedado en papel.

Crece la penetración del crimen organizado

Para el diseño de la estrategia, se convocaron a 159 delegados, de 20 instituciones públicas. Con ellos, Interior realizó talleres y aplicó encuestas para analizar la amenaza de la delincuencia organizada. En esos espacios estuvieron miembros del Ejecutivo, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Función Judicial, así como expertos de varios países.

Entre los resultados más llamativos está que seis de cada 10 personas (el 61%) que asistieron a los talleres consideraron que existe un alto grado de infiltración de la delincuencia organizada en el Estado. Esta es la primera encuesta oficial que recoge estas impresiones de los servidores públicos en áreas estratégicas de la seguridad y justicia del país.

En uno de sus acápites sobre las características de estos grupos asegura que tienen “la capacidad de infiltrar y cooptar a los estamentos de seguridad y justicia, en territorios identificados como estratégicos para su accionar”.

La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés) también identificó este problema, en su informe sobre Ecuador, publicado en septiembre pasado. Ese reporte calificó con 7 puntos sobre 10 a los actores criminales integrados en el Estado. Al respecto mencionó: “La corrupción es rampante en Ecuador, con actores estatales implicados en el tráfico de drogas y de oro ilegal en los mercados criminales. Se ha acusado a funcionarios, desde policías y militares hasta jueces y fiscales, de facilitar estas actividades a cambio de sobornos o favores”.

GI-TOC aseguró que “algunas redes delictivas han obtenido armas militares, municiones y explosivos a través de funcionarios corruptos”. En la trata de personas, dice que “se ha denunciado a funcionarios corruptos ecuatorianos como cómplices” que forman parte de grupos de delincuencia organizada, sirviendo de informantes sobre las operaciones de las fuerzas de seguridad y facilitando documentos de identidad falsificados. Esto ha provocado la falta de confianza de las víctimas en la policía y la reticencia a denunciar posibles casos, aseguró la organización internacional que ubicó a Ecuador en el puesto número 11 de los países más afectados por el crimen organizado a escala global.

Pero esa penetración también se registra en instituciones fuera del Estado como medios de comunicación, entidades financieras, etc., dice el documento del Ministerio del Interior. El 54% de los encuestados consideró que existe una alta presencia criminal en esos sectores. 

Los entrevistados afirmaron que la delincuencia que está presente en su jurisdicción tiene alcance internacional o está vinculada a organizaciones de otros países. Otras de sus características es que estos grupos tienen las condiciones para diversificar sus actividades criminales y un alto poder capaz de enfrentar directamente a la fuerza pública. Asimismo, cuentan con suficiente logística para movilizar droga, dinero ilícito y armamento, tanto por tierra como por mar.

Su principal fuente de financiamiento, dijeron los entrevistados, es el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito. “Lo que les permite tener cada vez más acceso a nuevas tecnologías, para obtener más información y fortalecer su capacidad de coordinación para los actos delictivos al margen de la ley”. Por eso, 8 de cada 10 asistentes creen que el fortalecimiento de las capacidades de investigación de este delito podría ser una de las actividades con más impacto contra estas organizaciones.

9 de cada 10 personas consideran que la delincuencia organizada es una prioridad para el país; pero solo 1 de cada 10 personas identifica una que existe una política pública o estrategia específica para combatirla.

Por otro lado, el informe tiene un mapa sobre el despliegue de los grupos de delincuencia organizada en Ecuador. Solo tres provincias del país (Orellana, Zamora Chinchipe y Bolívar) no tienen la presencia de una banda. En el resto del territorio nacional, existe al menos un grupo. Guayas es la provincia con el mayor número de organizaciones criminales: 9 de un total de 11.

El documento identifica 11 grupos de delincuencia organizada: Tiguerones, Gangsters, Águilas, Fatales, Los Choneros, Lobos, Lagartos, Mafia 18 Tiburones, Chone Killers, Latin King y R7. Según el mapa, en la actualidad Los Lobos registran presencia en 16 de las 24 provincias del país, principalmente en la Sierra Centro, pero también en la Costa como Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. De esa manera, se ha convertido en la banda con más alcance nacional. Mientras que su rival, Los Choneros, están en ocho provincias del país y se ubica en el segundo lugar de las bandas con más presencia en el país. Le siguen Los Tiguerones, cuyo origen es Esmeraldas, pero se ha extendido a Pichincha y hasta la Amazonía. En cuarto lugar, están los Fatales, aliados de Los Choneros, que se encuentran en Guayas, Los Ríos y Manabí.

Del Cártel de Medellín a Sinaloa

El informe plantea que Ecuador se ha convertido en un territorio que ofrece logística para el crimen organizado internacional desde hace décadas. Desde los años 70, Ecuador ha estado involucrado en las dinámicas delincuenciales de la región y su participación ha sido considerable. Primero fue con el contrabando de base de coca peruana hacia Colombia y precursores químicos para su refinamiento en el país vecino. Estas redes se formalizaron en los años 90, donde se hicieron visibles sus nexos con los cárteles de Medellín y Cali, específicamente en el caso Ciclón. Este operativo se refiere a la detención de Jorge Hugo Reyes Torres por cargos de narcotráfico y otros delitos.

Pero el afianzamiento de Ecuador en el mercado, dice el documento, se dio a partir del año 2000 por dos razones: su papel en la cadena transnacional de suministros para el refinamiento de cocaína y la dolarización que abrió la entrada de divisas para el lavado de activos. A esto se suma el desplazamiento de las FARC hacia la frontera con Ecuador debido a las fumigaciones con glifosato a los cultivos de hoja de coca. Esto trajo como consecuencia “la instauración de sus células al norte de Ecuador”.

El informe oficial reconoce que a partir de esa época “se dio una inserción completa del país en actividades relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia organizada”. También en los años 2000, la entrada de cocaína desde Perú a Colombia (cruzando Ecuador) tuvo como objetivo abastecer al Cártel del Norte del Valle y esto atrajo al Cártel de Sinaloa al país. Mientras que el proceso de desmovilización de las FARC permitió el surgimiento de nuevos líderes en el control del mercado del narcotráfico, como alias Gerald, quien se alió con organizaciones delictivas transnacionales.

En los años recientes, el relato oficial enumera otros hitos que han marcado la evolución de la delincuencia en Ecuador:

2016. Establecimiento de emisarios de cárteles y grupos delictivos extranjeros en territorio ecuatoriano por rutas de narcotráfico. Se observa una complejización de roles e interacciones entre actores no estatales del Ecuador y la región.

2018. Explosión de carro bomba en cuartel de policía de la ciudad de Esmeraldas (Frente Oliver Sinisterra). Emboscada a fuerzas de seguridad y ataque a infraestructura eléctrica. Secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio.

2019. Hallazgo de los primeros cuerpos mutilados vinculados con el narcotráfico (Guayas).

2020. Incremento de la influencia de las Organizaciones Criminales Transnacionales, a través de sus emisarios y finanzas ilícitas (mexicanos y colombianos) en mecanismos de violencia y nuevas formas del cometimiento de asesinatos. Asesinato de José Luis Zambrano, alias Rasquiña.

2021. Aumento de los índices de homicidios a nivel nacional 13,13 por cada 100.000 habitantes. Aumento de la población carcelaria relacionadas al narcotráfico y delitos conexos. Incautación de 201 toneladas de drogas, la cifra más alta registrada hasta esa fecha.

2022. En este año hubo algunos episodios violentos:

  • Ataque y homicidios selectivos en Playita del Guasmo.
  • Escalada de violencia en provincias que son parte del corredor del tráfico de drogas: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santo Domingo, Santa Elena, Los Ríos y El Oro.
  • Siete masacres con 118 muertos aproximadamente (entre abril y noviembre de 2022).
  • Cuerpos colgados en el puente peatonal del cantón Durán, hallazgo de cuerpos decapitados en la provincia del Guayas.
  • Ataque explosivo en calle 8 sector Cristo del Consuelo en la ciudad de Guayaquil.
  • Atentados en las ciudades de Guayaquil, Durán y Esmeraldas a través de coches bomba y otros artefactos explosivos y ataques con armas de fuego a Unidades de Policía. Esto se debió al traslado de más de 500 privados de libertad de los pabellones 8 y 9 de la Penitenciaría del Litoral.

2023. Atentados a periodistas de Guayaquil y Quito. También se realizaron investigaciones por delitos de terrorismo.

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