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4 de Diciembre del 2023
Historias
Lectura: 10 minutos
4 de Diciembre del 2023
Redacción Plan V
Informe oficial: agentes estatales tienen alto grado de participación en el tráfico de armas
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Portada. Fotomontaje referencial: PlanV

 

El tráfico de armas es una de las principales causas del incremento de la violencia en Ecuador. Un informe oficial detalla que de cinco bandas delincuenciales vinculadas a este tipo de tráfico en 2020 pasaron a ocho en 2022. Las provincias más afectadas por el tráfico de armas son El Oro, Esmeraldas, Guayas y Manabí.


¿Cuál es el grado de infiltración de los grupos delincuenciales en el Estado ecuatoriano para el tráfico de armas? Según una reciente encuesta oficial aplicada por el gobierno anterior a 159 delegados, de 20 instituciones del país, el 54,41% consideró que existe una alta penetración de esas mafias dentro de las entidades públicas para cometer ese delito. 

Este dato consta en la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada 2023- 2030, del Ministerio del Interior, publicada en noviembre pasado. Pero ni el expresidente Guillermo Lasso, ni el exministro del Interior, Juan Zapata, la presentaron de manera pública como Plan V lo contó en un artículo previo. El anterior Régimen hizo talleres y aplicó encuestas a miembros del Ejecutivo, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Función Judicial para desarrollar esa política contra el crimen organizado, que salió a la luz en las últimas horas de la administración de Lasso. 

El 82,35% de los encuestados cree además que hay un grado alto de infiltración de los grupos delictivos que se dedican al tráfico de armas en la sociedad civil. Pero el documento aclara que el 82,35 % de los participantes afirmó no conocer casos de personas vinculadas con estos grupos que hayan trabajado en su institución.

El tráfico de armas es una de las principales causas del incremento de la violencia en Ecuador. El informe detalla que, entre 2021 y 2022, hubo un aumento del 71 % en el número de denuncias relacionadas con tráfico de armas de fuego. 

Mientras que entre 2020 y 2022, los homicidios intencionales aumentaron en un 250% y la mayoría fue cometida con armas de fuego. El texto incluye la tasa actualizada oficial de la violencia: 34,8 homicidios por cada 100.000 habitantes al 29 de octubre de este año. Si en 2020 la tasa fue de 7,8%, eso implica una subida del más del 300% en solo tres años. Estos indicadores, dice el estudio, evidencian el incremento del mercado de armas ilícitas dentro del país. 

Otra revelación que trae el documento oficial es el número de los grupos que se dedican a este delito. Basado en información de la Policía Nacional, de cinco bandas delincuenciales vinculadas a este tipo de tráfico en 2020 pasaron a ocho en 2022. Pero el reporte no menciona los nombres de estos grupos. En otro acápite, dice que en Ecuador actúan 11 organizaciones delincuenciales: Tiguerones, Gangsters, Águilas, Fatales, Los Choneros, Lobos, Lagartos, Mafia 18 Tiburones, Chone Killers, Latin King y R7. 

Couriers y pasos ilegales para traficar armas 

El tráfico de hormiga es la principal modalidad para el ingreso de armas al país. Consiste en el uso de pasos irregulares o trochas de las zonas fronterizas, que las atraviesan muchas personas con pequeñas cantidades de armamento, dice el reporte oficial. 

Pero no es el único método. Los grupos delincuenciales usan couriers -empresas de envío de paquetes- que traen armas desensambladas (ver caso más adelante), pero también se emplean narcoavionetas que se llevan la droga y dejan armamento para proteger la carga, agrega el informe. 

Sobre este tema, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés), en su informe sobre Ecuador, asegura que el tráfico ilegal de armas ha aumentado en los últimos años, alimentado por las estructuras criminales transnacionales. Algunas armas adquiridas por grupos armados colombianos pasan por EEUU, México y Ecuador. “Se ha informado de que narcoavionetas entran en el país con armas y dinero para entregarlos a las megabandas que trabajan para los cárteles mexicanos”.

Las incautaciones en los pasos fronterizos no alcanzan más del 10 % de todas las armas incautadas y las armas que son incautadas por su asociación a otras actividades criminales, no siempre son de origen ilícito, según la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada 2023- 2030.

“Por su ubicación geográfica, Ecuador ha sido un punto clave de tránsito para el tráfico ilícito –incluido el de armas–, que llega desde el sur del continente, con destino principal a Colombia. En el vecino país, esta mercadería ilegal es adquirida por los grupos armados organizados y residuales locales. Sin embargo, una parte de este armamento se queda dentro del territorio, en donde se adquiere por organizaciones delictivas organizadas ecuatorianas y delincuentes comunes que pueden costearlas”, explica el documento. Por eso, el 51,47% de los participantes declaró que el desvío desde los mercados lícitos es el principal origen de las armas, municiones y explosivos. 

Por otro lado, otra fuente de la provisión de armas proviene de la extracción de armamento de bodegas del Ejército o la Policía. En lo que va del 2023, se ha registrado el robo de más de 100 armas en dos rastrillos, en Guayas y Manabí. Por ejemplo, en abril pasado, se registró la pérdida de 44 armas en la Policía de Naranjillo, en Guayas, y uno de los acusados fue un policía. En noviembre, desconocidos sustrajeron 58 pistolas y 6 armas largas de la Policía de Santa Ana, en Manabí. 

Ahora sobre la finalidad de esas armas y explosivos, casi el 80% de los funcionarios encuestados coincidieron en que se utilizan para el equipamiento de los grupos delictivos y para la protección de mercadería ilícita.

Las provincias más afectadas por el tráfico de armas son El Oro, Esmeraldas, Guayas y Manabí. Su origen es Chile y Perú. “El tráfico sigue la ruta de Tumbes a Zarumilla, hasta llegar a Machala, centro de acopio y distribución de las armas de fuego que llegan a las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas”.

Pero también Baños, en la provincia de Tungurahua, es otro punto estratégico para la distribución de las armas para Pichincha y luego Tulcán y Lago Agrio, ambas ciudades en la frontera con Colombia. 

Un caso que terminó con penas mínimas 

En octubre pasado, un juez anticorrupción condenó a cinco personas a 40 y 30 meses de cárcel por delincuencia organizada, pero el principal delito fue el tráfico ilícito de armas. La banda las adquiría en piezas en armerías ubicadas en EEUU, específicamente en Miami, Florida, que eran encaletadas en maquinaria industrial, compresores de aire y prendas de vestir. Estas mercancías las enviaban a través de couriers vía aérea y por los diferentes puertos del país. Una vez que las armas de fuego o sus partes se encontraban en Ecuador, eran almacenadas en viviendas y talleres ubicados en Portoviejo, en Manabí. 

Desde ese cantón, comercializaban y distribuían las armas a grupos criminales a través de encomiendas de transporte terrestre interprovincial y vehículos particulares. En una ocasión, intentaron enviar miras de láser y hasta cañones de armas, pero la Policía incautó el paquete. Fueron detenidos el pasado 13 de abril y así lo anunció el general César Zapara, comandante de la Policía. 

Durante los seguimientos a los investigados, la Policía detectó el uso de máquinas de impresión 3D para fabricar piezas y partes de armas de fuego de largo y corto alcance. Otros miembros se encargaban de ensamblar y distribuir. Una de esas máquinas la retiraron de una bodega del Puerto de Guayaquil. La habían importado desde EEUU. 

La investigación tuvo la cooperación del Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EEUU porque en ese país fue detenido un ecuatoriano que pertenecía a la misma organización. A diferencia de las penas mínimas que recibieron sus cómplices en Ecuador, el involucrado recibió una condena de 22 años en Miami. El sentenciado admitió el delito y confesó haber enviado, en ocho ocasiones, un total de 35 armas, incluido rifles de asalto, escondidas en tanques de aire comprimido. 

Programas de desarme, la peor opción 

Los funcionarios que participaron en el estudio consideraron que la implementación de programas de desarme y entrega voluntaria de armas es la actividad menos factible y la que tendría menos impacto en el contexto actual. En cambio, el 100% de los participantes coincidieron en que fortalecer el sistema nacional de registro y rastreo de armas tendría mayor impacto en la lucha contra este delito. 

Otra recomendación fue el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones involucradas en la detección y control de armas, piezas y municiones, incluso usando nuevas tecnologías; así como análisis de inteligencia financiera, para detectar irregularidades en los proveedores legales de armas y municiones. 

Aunque los entrevistados identificaron que el tráfico de armas es una prioridad dentro del país, solo el 42,6% consideró que existe una estrategia o política pública para combatir este delito. Entre las estrategias que más mencionaron estuvieron la restricción de la tenencia y los operativos de control.

 
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Informe oficial: agentes estatales tienen alto grado de participación en el tráfico de armas
 


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