El 20 de noviembre de 2017, llegó una queja a la Corte para el Distrito de Columbia, en Washington. El escrito pertenecía a los ecuatorianos Édison Washington Prado Álava, alias Gerald, y Leonardo Adrián Vera Calderón. Los dos acusaron al Estado colombiano de violar sus derechos fundamentales y pidieron a EE.UU. que estudie el caso.

A esa fecha, los ecuatorianos se encontraban en las cárceles de La Picota (Bogotá) y Valledupar, después de que un operativo en el que participaron las policías de Ecuador y Colombia los detuvieran en abril de 2017 junto a otros miembros de la banda. Gerald, quien se convirtió en uno de los principales blancos de EE.UU., tenía un pedido de extradición, pues fue acusado de ser parte de una poderosa red de tráfico de drogas hacia Norteamérica.

Prado Álava y Vera Calderón cuestionaron que se los trate de extraditar cuando la Constitución ecuatoriana lo prohíbe. Además, aseguraron ser militantes y milicianos de las FARC. Ambos querían aprovechar los acuerdos de la paz en el país vecino para acceder los beneficios del pacto, obtener una amnistía y evitar su traslado hacia EE.UU. Alcanzaron a figurar en las listas, pero la oficina de Rodrigo Rivera, Alto Comisionado para la Paz, los rechazaron.

La prensa colombiana cubrió ampliamente los intentos de Gerald y su banda para evitar la extradición a través de la contratación de más de 20 abogados y la presentación de varios recursos. En Ecuador, sus abogados anunciaron que tramitaban en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares contra Colombia. Jorge Sosa, uno de los defensores de Gerald y excandidato a la Corte Constitucional, lo hizo público en enero de 2018.

Otro de sus abogados fue Walter Vallejo, quien fue asesinado el 5 de mayo de 2022 a la salida del hotel Sheraton en Guayaquil. Previo a su crimen, el abogado ecuatoriano fue secuestrado por las FARC, según una fuente confidencial de la revista Semana.

Esa fuente relató al medio que Vallejo fue a Colombia para, supuestamente, reunirse con alias Jesús Santrich, el excomandante de las FARC que apoyó el proceso de paz, pero luego fue acusado de narcotraficante. “Él (abogado) pensaba que iba a hablar con Santrich para hacer negocios de drogas, pero lo secuestraron porque ese abogado tenía mucho dinero y le querían sacar plata”, dijo la fuente al medio colombiano.

Gerald fue capturado en Colombia, en abril de 2017. En la imagen, las autoridades del vecino país le toman sus huellas. Foto: Policía Nacional de Colombia

Este relato coincide con el que publicó el mismo Vallejo en sus redes sociales, donde aseguró que pidieron a su esposa medio millón de dólares para dejarlo libre. Vallejo aprovechó el descuido de sus captores que se habían emborrachado y se escapó por el hueco de un aire acondicionado, detalló la misma fuente.

Vallejo fue el defensor más mediático de Gerald, el que impulsó que el capo ecuatoriano sea repatriado y el que aseguró que asistiría a una de las sesiones de la CIDH para hacer la denuncia.

Walter Vallejo fue defensor de Gerald en sus procesos en Ecuador. Fue parte del equipo jurídico que trató de evitar la extradición del narcotraficante ecuatoriano a EE.UU. Vallejo fue secuestrado en Colombia y años después asesinado. Fotos: El Universo y de la cuenta de Facebook de la víctima

Pero ahora, por primera vez, nuevos documentos judiciales en cortes de EE.UU. revelan que Gerald acudió incluso hasta la justicia norteamericana. En la demanda, Gerald afirmó que extraditar ecuatorianos no era una práctica común y representaban solo el 1% del total de personas que Colombia enviaba a EE.UU. Excluirlo a él y a sus compañeros era una medida para “cubrir” los errores del proceso de paz, ante la presión de Colombia para recibir de EE.UU. una certificación sobre la erradicación de la hoja de coca, según Gerald.

“Nos permitimos adjuntar los anexos y documentos de este juicio que podría prolongarse durante años, por lo que solicitamos la ayuda del exterior, en especial de este tribunal porque conocemos su equilibrio y sabiduría judicial”, dice la demanda que está firmada por el abogado colombiano Gundisalvo Rodríguez Jiménez, quien en ese momento era el apoderado de Gerald.

Entre los documentos que enviaron a la Corte de Columbia, estuvo una supuesta certificación de que Prado Álava y Vera Calderón eran miembros de las FARC. Pero 10 días después, la Corte norteamericana rechazó su demanda. Gerald finalmente fue extraditado el 24 de febrero de 2018.

Junto con Gerald, cayeron los integrantes de la banda que se dedicaban a la logística y a los laboratorios de cocaína. Foto: Twitter @GeneralNietoR

Su banda fue extraditada

Gerald no fue el único miembro de su organización que fue extraditado. Le siguió Vera Calderón, considerado como uno de los principales socios de Gerald. Originario de Manta, al igual que Gerald, Vera empezó a acumular registros judiciales desde muy temprano.

A sus 22 años, estuvo un día en la cárcel por insultar a un policía cuando fue descubierto en un parque con droga. Después fue acusado de robo de partes de motocicletas, aunque después fue sobreseído. A sus 23, en 2015, ya era procesado por asesinato y llamado a juicio en Manta junto con otros involucrados. Estuvo prófugo y la Interpol emitió una difusión roja.

Hasta que el 9 de abril de 2017 fue capturado en Colombia en el mismo operativo que cayó Gerald. Tras esa intervención policial, se supo más sobre sus actividades ilícitas. Según autoridades de ese país, estuvo a cargo de manejar las rutas marítimas de la organización y de despachar hasta 10 lanchas semanales con  hasta 1 tonelada de cocaína con destino a EE.UU.

Al igual que Gerald, tenía un pedido de extradición de EEUU. Estaba acusado por el delito de “concierto para distribuir cocaína con el conocimiento de que dicha cocaína sería importada a los Estados Unidos”.

Cuando estuvo en La Picota, una cárcel de máxima seguridad en Bogotá, compartió abogados con Gerald y la misma estrategia para evitar la extradición como hacerse pasar como miembros de las FARC. Vera Calderón pidió la declaración de Gustavo González, comandante del frente Daniel Aldana, columna 29 de las FARC, para que confirme que el ecuatoriano era parte de esas filas.

Mientras que Ecuador, su abogado pidió a la Corte Nacional de Justicia que inicie un proceso de repatriación por el juicio pendiente que tenía por asesinato. Nada de estos intentos lo salvaron. Finalmente fue extraditado y el 31 de agosto de 2018 llegó a EEUU.

La primera comparecencia de Vera ante la justicia de EE.UU. fue el 18 de septiembre de 2018. Se declaró culpable y el 29 de marzo de 2019 fue sentenciado a 6 años y 4 meses de prisión, más tres años de libertad supervisada. La notificación de su extradición llegó a Unidad Judicial Penal del Cantón Manta, a través de un escrito de la Corte Nacional de Justicia.

Según su condena en EE.UU., estaba previsto que Vera saliera de la cárcel en 2024. Pero el año pasado, su nombre apareció nuevamente en el Satje -el sistema de la Función Judicial ecuatoriana-. Allí se informó sobre la detención de Vera, el 24 de enero de 2022, y por lo tanto se pedía el inicio del proceso en su contra por asesinato. Según los registros judiciales, se encuentra en la cárcel de El Rodeo, en Portoviejo. ¿Cómo se dio la repatriación? Este medio está a la espera de una respuesta de las autoridades competentes.

Leonardo Adrián Vera Calderón tenía cédula colombiana al igual que Gerald. En el país vecino se llamó Thiago Alexander Quiñones Cajares. Por eso su alias es Thiago. El nombre colombiano de Gerald fue Jhon Álex Rengifo García. En la foto de su cédula, el capo sale con un traje oscuro y corbata. Ambos hicieron de Tumaco, departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, su centro de operaciones. Pero tuvieron más aliados.

Esta fue la cédula colombiana que usó Gerald para tener una segunda identidad en el vecino país. Foto: DIJIN

Sus principales operadores eran de Tumaco

Los colombianos Luis Alejandro Ortiz Benavides, alias Yeyo; Robinson Castro Quiñones, alias Rocho, y Diego Fernando Arizala Segura, alias Zorro, son parte del mismo proceso judicial en EE.UU. contra Gerald. Los tres fueron capturados en Tumaco -de donde eran oriundos- en abril de 2017, en el mismo operativo que el capo ecuatoriano. Todos se hicieron pasar por supuestos miembros de las FARC, pero también fueron extraditados hacia EE.UU.

De este grupo, resalta Castro Quiñones, quien fue identificado como la persona que dirigía los laboratorios de cocaína en la zona rural de Tumaco, que producían entre 10 y 12 toneladas de droga semanales, según el medio colombiano El Heraldo.

Mientras que Arizala Segura era el encargado de dirigir la parte tecnológica de la organización. Era la persona que instalaba aparatos de rastreo en los cargamentos para conocer su posición exacta en tiempo real. También “manejaba una red compleja de comunicaciones con quienes trasportaban los alijos y coordinaba la comercialización del alcaloide con los diferentes carteles de Guatemala, México y Estados Unidos”, informó el medio El Nuevo Siglo de Bogotá. 

En la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Colombia para la extradición de Arizala Segura se encuentra la declaración jurada de Bernd E. Reed, un agente de la DEA, que dio más detalles de los hechos que EE.UU. imputaba a la banda. Dijo que Colombia interceptó en 2015 comunicaciones electrónicas de Gerald y sus aliados, que revelaban que el ecuatoriano era el líder de la organización.

Usaban lanchas rápidas para transportar grandes cantidades de cocaína desde Colombia a Centroamérica para su importación posterior a los Estados Unidos. En esas comunicaciones, Gerald y Ortiz Benavides coordinaban el envío de cocaína, de la ruta y la logística. Por ejemplo, hablaban del equipo de lluvia, linternas, chalecos salvavidas y combustible o de la necesidad de soga, cinta y costales. Según el agente, esos materiales son comunes para envolver y asegurar kilogramos de cocaína a las lanchas rápidas.

Con esa información y la de otras conversaciones, durante el 2016, la Guardia Costera de EE.UU. y la Armada de Colombia interceptaron y decomisaron lanchas rápidas con 4.850 kilos de cocaína en el Océano Pacífico o en Tumaco, en al menos seis envíos.

Con las interceptaciones, los investigadores conocieron que la organización de Gerald usaba boyas, GPS y teléfonos satelitales para informar sobre los envíos o de los problemas que tenían con los cargamentos.

Ortiz Benavides fue sentenciado a seis años y 10 meses de cárcel; y Castro Quiñones y Arizala Segura a seis años y cuatro meses, cada uno. Eso es la tercera parte de la condena que recibió Gerald (19 años y medio) como líder de la organización.