El cuento de que Ecuador es un país de paz, era poco creíble, menos ahora cuando su gente vive con pánico por un fenómeno único en su historia: la presencia de las mafias del narcotráfico más grandes de América y quizás del mundo que han convertido a esta nación en el mayor puerto de embarque de drogas a Europa, Estados Unidos, y en escuela de formación de sicarios que asesinan en cárceles, calles, lugares comerciales.

Se matan entre ellos y a funcionarios de la justicia, de la policía, hasta a gente inocente que por casualidad cruza por la zona del tiroteo. Incluso se han dado descuartizamientos a la mexicana de algunas víctimas. Y ahora estamos viendo bombardeos de cuarteles policiales, gasolineras, vehículos y negocios que, además, deben pagar vacuna para poder funcionar. Esta violencia se ha concentrado —por el momento— en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Colorados. Las escenas nos recuerdan al Medellín de la época de Pablo Escobar.

¿Por qué y cómo Ecuador fue escogido para sede de esta gran estructura narcocriminal que nos tiene en la primera plana de los noticieros internacionales? Por la codicia de dinero y la ambición de poder de un gobierno cómplice, sin principios morales, que gobernó desde 2007 y hasta ahora lava el cerebro de ciertos ecuatorianos con las palabras ilusorias como revolución, soberanía, justicia social, riqueza. Mientras, desmantelaba los sistemas de vigilancia del narcotráfico aéreo, terrestre, marítimo, a las fuerzas de seguridad y hacía negocios chatarra con cifras cambiantes que sugerían negociados.

Algunos denunciantes de sus negocios millonarios fueron asesinados por sicarios manipulados por personajes tenebrosos que se movilizaban por los corredores de las dependencias del Estado. Esto nos lleva a una pregunta: ¿Durante ese gobierno también se inventó una nueva forma de crimen de Estado por encargo de asesinatos a sicarios?

(Al final de esta nota consta una cronología de los actos que facilitaron el ingreso del narcotráfico y su violencia a Ecuador).

Bukelización

Que el país estaba muy contaminado de narcotráfico se descubrió en el gobierno del sucesor, Lenin Moreno. En el 2018 hubo el secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio: el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. Ellos pretendían hacer un reportaje en la frontera norte, Esmeraldas. Viajaban por una carretera que parecía haber sido construida por el gobierno correísta exclusivamente para los narcotraficantes. No tenía enlace, se cortaba en un monte colombiano.

Diversos actos recordatorios y de protesta se dieron tras el secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio. Foto: Luis Argüello / Archivo PlanV

El crimen, en vez de asustar, estimuló a los periodistas a investigar más y descubrieron los múltiples vuelos de avionetas narco, los movimientos de las narcolanchas en ríos y mar, el aumento de las incautaciones de droga en los puertos, especialmente. Simultáneamente se daban enfrenamientos de capos en las cárceles. En el gobierno de Guillermo Lasso hubo más descubrimientos, incluso de narcogenerales que, como elementos de la seguridad de rangos inferiores, ya estaban contaminados con la droga.

Pero, típico de los ecuatorianos: la invasión narco nos cogió sin un plan para enfrentarla, tampoco ideas, y usamos la primera que vimos y escuchamos en los noticieros. Era de Nayib Bukele, el presidente de la república de El Salvador desde 2019, que está de moda porque “llegó a luchar contra el crimen organizado (las maras o pandillas) y reducir la tasa de homicidios”.

Empezó con capturas masivas a los identificados por sus tatuajes. “Hasta hace poco, los pandilleros mostraban orgullosos sus tatuajes, les daba estatus, identidad, rango y les servían para atemorizar a sus víctimas. Ahora se queman el cuerpo para tratar de ocultarlos”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter, 28 abril 2022. “Debido al aumento de los arrestos realizados durante el régimen de excepción, impuesto en marzo, para combatir los crímenes de las maras, la ONG Fespad asegura que 83.000 salvadoreños se encuentran actualmente en prisión, y que la tasa de hacinamiento en las cárceles trepó al 106%”, informó el programa francés de noticias de América.

Y empezaron los cuestionamientos. “Según la ONG Cristosal, en los cuatro meses de régimen de excepción ordenado por el presidente Bukele, se han recibido un total de 2.426 denuncias por detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos.  Familiares de los 46.000 detenidos marcharon esta semana alegando su inocencia y exigiendo que sean liberados”.

Varios integrantes de las pandillas, llamadas maras, son detenidos y trasladados a prisiones por las fuerzas de seguridad de El Salvador.  Foto: Epicentro

Qué curioso. En El Salvador los parientes piden la liberación de sus presos, acá en la Penitenciaría de Guayaquil gritaban: “¡Que vuelva Correa!” ¡Qué hinchada que tiene en las cárceles! ¿Por qué será?
En marzo 2022, Bukele pidió a la Asamblea que declarara el estado de excepción en el país, luego de que se reportaran más de 80 asesinatos durante el fin de semana…

Además, la Asamblea legislativa —de mayoría oficialista— aprobó una polémica solicitud del Ejecutivo para reformar el código penal para endurecer las condenas contra los pandilleros (…). Los miembros de las maras o pandillas podrán ser sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión, mientras los líderes de estos grupos podrán recibir entre 40 y 45 años de cárcel (...). En uno de sus incisos más polémicos, la reforma al código penal incluye también considerar como adultos —y juzgarlos como tales— a los pandilleros mayores de 12 años.

La medida también limita la libertad de asociación, suspende el derecho de ser informado de las  razones de arresto, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir los celulares de quienes consideren sospechosos…”

“Desde el domingo, la comida es racionada y los 16.000 pandilleros encarcelados no han salido de sus celdas ni han visto el sol”, escribió Bukele.  A las reclusas les dan trabajo agrícola y de cría de animales de granja (como se ve en los medios digitales). Es la prisión sostenible.

Tras estas decisiones radicales, “Nayib Bukele comienza su cuarto año de mandato arropado en un altísimo porcentaje de popularidad entre los salvadoreños. Según una reciente encuesta de Cid Gallup, cuenta con una aprobación del 91% de la población.

El presidente Bukele, de El Salvador, lleva una polémica actuación en contra de las pandillas, que son el epicentro de la violencia criminal en su país. Foto: Reuters

Correa, que ya se bukelizó —seguramente pensando en las elecciones— dijo haber tenido “casi la misma popularidad de Bukele” No es correcto. Estos son los votos que tuvo Correa en elecciones presidenciales: 26 de noviembre 2006, segunda vuelta: 56,67%. 26 de abril 2009: 51,99%. 17 de febrero 2013: 57,17%. En encuestas intermedias, lo máximo fue 73%, pero de “aprobación a la gestión del gobierno”, en septiembre 2011. El mismo año una encuestadora independiente dijo que la “Credibilidad del primer mandatario estaba en 41,52%”.

Algunos dicen que Correa dejó el poder en 2017 con menos del 50%, pero sus encuestadoras amigas le dieron 62%. Eso hace sospechar que durante el correísmo hubo incluso manipulación de las encuestas.

La admiración por Bukele se extendió por América. En Chile, Colombia, Perú, Argentina y otros países quieren un presidente como él. Ecuador no es la excepción. En las redes sociales y en conversaciones varias personas sueñan con su clon porque ahora no se sabe a qué hora le asaltan, le roban la casa, el carro, el celular, le secuestran, le meten un tiro o una cuchillada. La violencia criminal ha crecido tanto en el mundo que no es difícil que la tendencia Bukele se extienda a otras naciones.

Lasso intentó aplicar un estado de excepción similar al de El Salvador, pero le salió mal. La violencia se multiplicó en las calles y Bukele le criticó diciendo: “Los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones. Si bien Bukele no mencionó a Lasso o al país sudamericano, redes sociales y medios ecuatorianos han tomado eso como una crítica al estado de excepción, dijo la revista Semana, de Colombia. El estado de excepción es una herramienta, no una varita mágica. Aprobar un estado de excepción sin una estrategia contra los terroristas no sirve de nada, declaró el presidente salvadoreño en su cuenta de Twitter.

Así fue como el correismo facilitó el ingreso del narcotráfico a Ecuador

1. Financiamiento. Toda campaña política se construye con dinero. No se sabe si por iniciativa propia o por sugerencia de los presidentes de la tendencia del llamado Socialismo del Siglo XXI, una parte de la campaña Rafael Correa se financió, supuestamente,  con el narcodinero de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Los contactos habrían sido "defensores de derechos humanos" de Ecuador muy vinculados a Correa y a esta organización guerrillera. Hay evidencias. Según un texto encontrado en la computadora de Raúl Reyes, segundo comandante de las FARC, muerto en el bombardeo a Angostura: “Pedro Marín, Tirofijo, máximo jefe de las FARC, el 12 de octubre de 2006, decidió donar 100.000 dólares recolectados entre los  diferentes bloques de la guerrilla… Amigos del Frente 48 hicieron una recolecta de otros 300 mil dólares para la misma campaña…”. Eran 400 mil dólares para la campaña de Correa. Detalles en: El dinero perdido de las FARC. Madrid. 2 agosto 2009. 

Una parte de la campaña Rafael Correa se financió, supuestamente,  con el narcodinero de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

2. Asesinado un narcofinancista. Rafael Correa ganó la presidencia y empezó a ejercerla el 15 de enero 2007. Casi al año dos meses,  el1 de marzo del 2008, fue sorprendido por el bombardeo a Angostura, territorio ecuatoriano, donde murieron Reyes más otros miembros de las FARC y estudiantes mexicanos. Muy enojado, Correa provocó una reunión de la OEA en la cual expuso a Colombia como responsable del acto y pidió su sanción, sin conseguirlo.

Angostura, Sucumbíos. El bombardeo colombiano del 1 de marzo del 2008, y la consecuente incursión de su ejército en territorio ecuatoriano, generó una crisis diplomática entre los dos países. En la foto, un efectivo del ejército ecuatoriano vigila los restos del campamento del segundo de las FARC, alias Raúl Reyes, que fuera abatido en el operativo.

No mostró el mismo enojo frente a los narcotraficantes nacionales y extranjeros que estaban movilizando toneladas de cocaína en Ecuador, como lo revelaron estos grandes operativos:

Operación Huracán Verde: Esmeraldas, octubre 2007. En un avión de la empresa Operadora de Calzado SA se encontraron 3.7 toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos, vía México.

Operación Huracán de la Frontera: Esmeraldas, septiembre 2008. Confiscó 4,7 toneladas de cocaína que la organización Ostaiza Amay pretendía exportar, vía marítima, hasta México.

3. El contacto clave con las FARC. El ecuatoriano José Ignacio Chauvin, que llegara a ser subsecretario de gobierno y fuera detenido por su relación con los hermanos Ostaiza enjuiciados por narcotráfico, admitió su vínculo con las FARC. Entonces Correa empezó con su actitud de decir y contradecir para confundir a la gente, que se constituyó en su estilo de gobierno. Primero reclamó a la Policía por qué no capturó a Chauvin; ya capturado (7 de febrero 2009) pidió perdón a su familia porque la Policía incursionó en su casa y defendió a Chauvin diciendo: “Sabemos que era amigo de los Ostaiza y que era amigo de Raúl Reyes, que no era delito, como tampoco es delito en este país simpatizar con las FARC”. 

4. Eliminaron los controles de narcomovilización (Base de Manta). El presidente Correa anunció que se hará efectivo el mandato constitucional (de la constitución correísta) que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador. En consecuencia, no renovó el convenio con Estados Unidos que tuvo que retirar su Puesto de Avanzada de la Base de Manta. Sucedió el 18 de septiembre 2009. Entonces el ministro de seguridad, Miguel Carvajal (que luego fuera colaborador al principio del gobierno de Moreno), dijo: “La decisión de Quito de no renovar el convenio implica la concreción de una política del gobierno que no quiere ni presencia ni instalaciones de fuerzas militares extranjeras de ningún tipo y bajo ningún concepto en territorio ecuatoriano”.

La decisión fue acelerada porque trascendió el vínculo de los militares norteamericanos apostados en Manta con el ataque al campamento de la guerrilla colombiana de las FARC en Angostura, donde murió Raúl Reyes.

Y, al contrario de lo que se esperaba, el gobierno nacional no formó una fuerza sustitutiva, más bien aflojó el control de sus fronteras.

Pierina dijo que estaba haciendo labor social en el centro carcelario. 

5. La hermana del presidente hace amigos en la cárcel. El 20 de abril 2010, la prensa publicaba una foto de la hermana del presidente, Pierina Correa, con uno de los hermanos Ostaiza en la cárcel de Guayaquil. Ella enfatizó que "como personas públicas" la gente le pide tomarse fotos y que a quienes están en la imagen junto a ella, no los conoce y físicamente no los reconocería.

Aclaró que esa foto fue tomada durante su candidatura a la Prefectura del Guayas, cuando en campaña recorrió la Penitenciaría por varias ocasiones para conocer las necesidades de los reos. Manifestó que el que le publiquen fotos con los hermanos Ostaiza no impedirá que siga realizando obra social en la Penitenciaría como miembro de la Fundación Abriendo Caminos y algunas organizaciones internacionales. Nunca dijo cuáles organizaciones internacionales ni de qué países son.

6. La voraz compra de aeronaves chatarra. Después del bombardeo a Angostura, el gobierno correísta declaró en emergencia a las Fuerzas Armadas y comenzó la adquisición de aviones, helicópteros y radares para la Fuerza Aérea. Parte de ese paquete eran 12 aeronaves supersónicas Cheetah adquiridas a Sudáfrica. “Estas tienen radares de mediano alcance que alertan sobre las avionetas no identificadas”, dijo el ministro de seguridad César Navas, en febrero 2015.

Son de combate y costaron 80 millones de dólares (dato oficial de la FAE), pero la empresa sudafricana Denel Aviation dijo que vendió en USD 78,4 millones. Los compraron para reemplazar a los 12 obsoletos Mirage F1, pero pronto tres se accidentaron:

El 16 de agosto del 2011 un avión Cheetah se accidentó en la Base Aérea de Taura. El 7 de febrero del 2013, otro avión Cheetah se accidentó en la pista del aeropuerto Eloy Alfaro, Manta. Y el 13 diciembre del 2017, otro se accidentó cerca de la base de Taura.

7. Más de la mitad de los helicópteros cayó. El gobierno correísta compró, también, 7 helicópteros Dhruv en USD 50’700.000, según el acta del Comité de Contrataciones de la FAE. La empresa vendedora fue Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India. Después se dijo que costaron 63 millones de dólares. Recién hecho el negocio, cuatro de estos helicópteros cayeron. 

Uno de los helicópteros comprados a la India yace en el reservorio de Chongón, a pocos kilónetros de Guayaquil. Cinco de esos siete helicópteros cayeron.

8. El gran engaño de los radares chinos. “El contrato firmado con la empresa china CETC en el 2009 para la compra de 4 radares, ascendía a 60 millones de dólares. Sin embargo, los radares llegaron con retraso de dos años. Fueron colocados en cuatro puntos estratégicos del país, pero no se pudieron realizar las pruebas de aceptación denominadas SAT por la negativa de la empresa china.

En mayo del 2013, la empresa china CETC devolvió a Ecuador los 39 millones de dólares que se le entregó por la compra. El 7 de octubre del 2014, el ministro de defensa, Fernando Cordero, dijo que Ecuador recibió el miércoles nuevas ofertas para la compra de radares que ayudarán en la vigilancia aérea de todo el territorio nacional. 

En el 2015 empresas de Francia, Italia y España presentaron las ofertas para la compra de los nuevos radares que reemplazarán a los de China. La española Indra entregaría los nuevos equipos por USD 80 millones. El ministro de Seguridad, César Navas, confirmó la llegada de lo adquirido. El primer aparato, se anunció,  arribaría en julio del mismo años año.

Según el ministro de Defensa, Fernando Cordero, los aparatos (cuatro radares) “ya están comprados”… “se logró un ahorro” y, finalmente, la compra se concretó en USD 88 millones a la transnacional española Indra. Pero no hubo ahorro, porque costaron 28 millones más que los chinos y 8 millones más de lo que dijo Navas en febrero del mismo año. 

El Radar Indra Lanza RTR instalado en el cerro Montecristi, Manabí: Foto: Ministerio de Defensa

9. A los denunciantes los asesinan. El general Jorge Gabela Bueno, un ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, que denunció irregularidades en las compras de los 7 helicópteros Dhruv, fue disparado en su casa en diciembre del 2010 en la sala de su casa, en Samborondón, Guayaquil. Murió por sus heridas diez días después.

Correa salió a defender el negocio diciendo: “La compra de los helicópteros de origen indio no fue ningún negociado u acto de corrupción". Respecto a la muerte del general Gabela, quien se había opuesto a la compra de las aeronaves, dijo que "como en todo lo que hace el gobierno siempre hay quien se opone". Indicó que su Gobierno creó la comisión especial, que pese a la tardanza en dar los resultados, serían finalmente entregados. Hasta la fecha el caso sigue en la impunidad, pese a la insistencia de su esposa Patricia Ochoa y de la comunidad, para que se identificara a los autores intelectuales y materiales del crimen. 

Uno de los disparó contra Gabela fue luego asesinado. Hay una versión de que “la noche del 19 de diciembre del 2012, una camioneta color blanco con cuatro pasajeros se detuvo en la manzana 263 de la ciudadela Sauces 6 de Guayaquil. Uno de sus ocupantes se bajó, apuntó con una ametralladora a Derly Salazar Vargas, de 24 años (supuesto sicario que mató a Gabela), que conversaba con dos amigos y apretó el gatillo varias veces

El 22 febrero 2014 cayó un helicóptero Drhuv y fallecieron 3 militares. En total, por el caso Gabela han muerto 7 personas.

10. Asesinaron al abogado que denunció presencia de carteles mexicanos. En el 2009 asesinaron y sacaron los ojos a un hermano del abogado manabita Wellington Alcívar Quiñonez. Él presumió tráfico de órganos y procesó a uno de los criminales, pero temía por su vida y preparó un sobre con una denuncia con detalles de nexos entre miembros de los carteles de Sinaloa, México, y de Colombia con algunos miembros de la justicia de Esmeraldas. La envió al presidente de la república, Rafael Correa; al ministro del Interior, José Serrano; y al Comandante General de la Policía.

El abogado Alcívar recibió resguardo policial y fue parte del programa de víctimas y testigos del cual fue separado, actitud que le obligó a vivir casi en la clandestinidad hasta el 11 de octubre del 2011 cuando conoció que Correa estaba en la gobernación de Manabí y fue a entregarle personalmente su denuncia porque “temo por mi vida, sé que me van a asesinar”, según repitió en varias entrevistas.

El 8 de febrero del 2012, a las 9:30, "las escaleras del edificio del Cuerpo de Bomberos de Portoviejo mostraban gotas de sangre que conducían hasta la oficina 201 donde el abogado de 51 años atendía solo y fue asesinado por dos balas que se alojaron en su cabeza. Wellington Alcívar estaba sentado y antes de recibir los disparos habría dialogado con su asesino”. Él silenció la primera voz de alarma de que los cárteles mexicanos ya estaban en Ecuador.  

11. Facilitaron valija diplomática para traficar droga. El 9 de febrero del 2012, el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, lanzó una bomba informativa: el 18 de enero 2012, la misión diplomática de Ecuador en Italia informó que la Policía italiana halló en ocho de las diez cajas enviadas a la Oficina Comercial del Consulado de Milán, jarrones con droga en un total aproximado de 40 kilos de droga. “Nos informan que ya han capturado a dos personas, por supuesto ninguna de la cancillería, de la misión diplomática ni consular”, dijo el ministro.

El 10 de febrero se conoció que no fueron dos, sino cinco los ecuatorianos detenidos dos semanas atrás por policías de la Comisaría de Bonola (Milán). Ellos eran: el director y autor de la obra teatral Ruga la Tortuga, Cristian Loor; Jorge Luis Redrován, Luis de Carlos Hurtado, Tuliso Jesús Pazo Toro y Jean Paul Flores, todos ellos residentes en Milán. 

“En este capítulo nuevamente apareció la figura de Pierina Correa: la hermana del Presidente en fotografías tomadas en el restaurante El ídolo, en Italia, de propiedad de unos de los principales implicados en el caso narcovalija. Ella dijo haber asistido allí a una reunión porque los integrantes del grupo artístico —que iba a recibir la droga transportada en la valija diplomática— la habían nombrado madrina del evento. Una foto más en el historial”.  

Atrapados por la justicia italiana, desde el presidente Rafael Correa busccó la forma de limpiar la imagen de la embajada involucrada indirectamente en tráfico de drogas. Correa dijo: “Hay uso político del caso narcovalija”.

Jean Paul Flores, de 41 años, que estuvo detenido en Italia por la narcovalija, regresó al país. El 3 de septiembre del 2015 recibió en la calle siete impactos de bala. Un joven de 29 años que lo acompañaba, también fue acribillado. Ambos murieron en el barrio Floresta I, en el sur de Guayaquil.
Flores tenía una visa estadounidense y, según la investigación policial, realizó cursos de química en ese país. Luego de cumplir su condena, ya había regresado a Guayaquil un año antes.

12. Iba a publicar libro sobre negocios de correístas en la cárcel cuando lo mataron. Oscar Caranqui Villegas recibió dos condenas de 16 años por tráfico de drogas y el asesinato de la secretaria de una jueza, y una tercera de 20 años por tráfico de drogas. Esta última fue dictada el 12 de marzo del 2009.

Tiempo después fue encarcelado en la cárcel La Roca, de Guayaquil, “la más segura del país”. Se dedicó a escribir el libro La Roca, cementerio de hombres vivos, con denuncias en contra de altos funcionarios del gobierno y vigilantes de la cárcel. Estaba por publicarlo cuando por orden del Ministro del Interior José Serrano, el 31 de enero del 2013 lo incautaron, y el 30 de junio del 2013 Caranqui fue asesinado en el patio de ese reclusorio.