En el Ecuador se han asentado cuatro enclaves productivos de minería ilegal, según revelan los hallazgos de una investigación publicada en la revista Logos Ciencia & Tecología, de la Policía de Colombia, por los autores ecuatorianos Renato Rivera-Rohon y Carlos Bravo-Grijalva, bajo el título Gobernanzas criminales y enclaves productivos de la minería ilegal en Ecuador.

La investigación sostiene, con evidencias y el uso de varias fuentes abiertas y cerradas, que "los enclaves productivos basan sus actividades en la explotación y producción de commodities en un espacio geográfico determinado que, por su participación creciente de organizaciones criminales como “Los Lobos”, ha constituido en Ecuador un modelo neoextractivista de gobernanzas criminales, enfocado a incrementar sus rentas ilegales. La relación entre gobernanzas criminales y los cuatro enclaves productivos descritos, permite observar una serie de hallazgos en Ecuador, en el que se interrelacionan una serie de actores criminales, funcionarios públicos, políticos de turno, así como la complicidad de ciertos pueblos y nacionalidades indígenas que protegen las zonas donde se observa la minería ilegal".

También concluyen que "la relación entre gobernanzas criminales y enclaves productivos de la minería ilegal en Ecuador, traen a discusión algunos elementos distintivos. Primero, los enclaves guardan una conexión o cercanía en la frontera ecuatoriana. Precisamente, la debilidad estatal o la ausencia de aplicación de la ley en espacios fronterizos, es aprovechada por organizaciones criminales para ejercer una gobernanza paralela y un proceso de autoridad en las comunidades orientado a la maximización de la renta".

Si bien la presencia estatal es deficiente, la investigación señala que "en los cuatro enclaves productivos analizados se observó la corrupción o participación directa o indirecta de funcionarios públicos o políticos que ejercen la autoridad política en dichos entornos que habilitan estos enclaves. Ante la ausencia de autoridad formal, se concluye que las gobernanzas, en torno a las actividades de minera ilegal, se caracterizan por la legitimidad de una o varias organizaciones criminales que ejercen control y mantienen normas y autonomía sobre los territorios en concurso con la corrupción; asimismo, generan servicios conexos dentro de los enclaves e incurren en ingresos extraordinarios provenientes de los mineros ilegales de pequeña escala".

La incidencia y el crecimiento de las gobernanzas criminales, alrededor de los enclaves productivos de la minería, también están directamente relacionados con la baja presencia del Estado, dicen los autores. "Además de la omisión, la inseguridad jurídica, la falta de jueces y fiscales, de sentencias, de actualización de leyes, creación de protocolos y reglamentos y la complicidad de los funcionarios públicos de todo nivel, facilitan las actividades económicas ilícitas en los enclaves productivos y, a la vez, refuerzan el sistema neoextractivista de las gobernanzas criminales que se establecen en torno a ellas".

La minería ilegal tiene una clara ventaja sobre otros delitos, al ser su producto final minerales metálicos que ingresan en economías legales, es otra de las conclusiones. "Esta relación entre la ilegalidad con la legalidad del negocio, representa un sistema neoextractivista criminal que está conectado con la complicidad o ausencia de políticas de los poderes del Estado, los gobiernos seccionales, los pueblos y nacionalidades indígenas, así como las empresas privadas como ferreterías, concesionarias, gasolineras, plantas de beneficio, dueños de concesiones mineras, entre otros negocios formales que forman parte de la cadena de valor de la minería ilegal y sobre los cuales no existen suficientes investigaciones fiscales ni la trazabilidad de su destino", sostienen los investigadores.

La rentabilidad de la minería ilegal en Ecuador es superior a los ingresos estatales por esta actividad extractiva es otro de los hallazgos. Expertos y fuentes cifran en mil millones de dólares anuales o más los beneficios de la minería ilegal, mientras que en el 2022, la minería legal reportó ingresos por 810 millones. Por ello, "se concluye que la minería ilegal tiene el potencial de mover más dinero que la minería legal en Ecuador".

Los delitos ambientales y en general la minería ilegal, se basan en una economía política del crimen organizado de mercancías saqueables (Farah, 2010); es decir, aquellas que son de alto valor en los mercados ilícitos y con pocas barreras de control estatal ante su extracción ilegal. A diferencia de otros delitos, como el tráfico de drogas o el tráfico de armas, la minería ilegal genera un mercado de demanda de compradores formales e informales, que buscan la obtención de la materia prima independientemente de cómo se obtengan, procesen o transporten (Nellesman et al., 2010, citados en Elliot, 2016), dicen Rivera y Ramos.

Los enclaves 

Estos son los enclaves productivos de la minería ilegal en Ecuador, propuestos mediante un mapa de calor realizado a partir de técnicas de teledetección y a la información recabada en fuentes primarias y secundarias:

• El enclave productivo ilegal Sierra-Norte: comprende parte de las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura.
• Enclave productivo ilegal centro-amazónico: concentrado en parte de la provincia de Napo.
• Enclave productivo ilegal sur-amazónico: ubicado en parte de las provincias de Zamora Chinchipe y Morona-Santiago.
• Enclave productivo ilegal suroeste: concentra las provincias de Azuay, El Oro y Loja.

La descripción de los mismos y sus cuadros están tomados literalmente de la investigación Gobernanzas criminales y enclaves productivos de la minería ilegal en Ecuador.

Enclave productivo ilegal Sierra-Norte

El primer enclave analizado se encuentra en las provincias de Carchi, Esmeraldas e Imbabura. En Carchi se observa la minería ilegal en las parroquias Jijón y Camaño, Tobar Donoso y Urbina, en las orillas del río Camunbí y río San Juan, principalmente en los sectores del Cielito, la Chorrera y el Caymito. La minería ilegal es, en su mayor parte, aluvial y se caracteriza por la utilización de dragas y maquinaria pesada, así como bombas y mangueras (véase Figura 3).

Al encontrarse en la frontera norte, en este enclave participan personas de nacionalidad colombiana y venezolana que incurren en esta actividad por el acceso a dólares en efectivo. Por otro lado, la cercanía con la frontera colombiana facilita la maquinaria (especialmente en Tobar Donoso, que se ubica en línea de frontera) para moverla entre el río San Juan y evitar su retención. En Tobar Donoso, por ejemplo, se dividen entre quienes extraen y custodian las maquinarias, quienes comercializan el oro procesado y quienes brindan seguridad a partir de su relación con grupos armados organiza dos de Colombia (fuente anónima, 2022). El comercio de oro se da principalmente en San Lorenzo, en casas de compra y venta de oro.

En Esmeraldas, se evidencia minería ilegal en las parroquias de Alto Tambo, Colón Eloy, Concepción, Los Anjos, Ricaurte, Santa Rita, Selva Alegre, Tululbí, Timbiré, Urbina, principalmente en los ríos Cachabí y Durango. Aquí la extracción se hace mediante la utilización de retroexcavadoras y clasificadoras. Existe la presencia de grupos armados que gobiernan e intimidan a quienes se opongan a la minería ilegal y acuerdan con financistas que tienen la capacidad económica para ubicar equipos y maquinaria para este fin.

Figura 3. Enclave productivo ilegal Sierra-Norte

Nota. Apoyo con base en MAATE, ARCERNNR, IGM, PN, 2022.

Existen alrededor de 50 frentes mineros, a pesar de que hay una decisión judicial ratificada en el 2018 de suspender toda actividad minera en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo (Diario El Universo, 2020). También existe la presencia de grupos indígenas como los Awá y Chachis que trabajan y residen temporalmente en los campamentos improvisados, construidos con plástico negro y madera.

Se presentan colaboraciones de ciudadanos infiltrados con la población, que dan aviso de la ejecución de operativos (fuente anónima, 2022).

Respecto de la productividad, el oro extraído es transportado por la Y de Calderón ubicada en San Lorenzo, donde también hay un punto de abastecimiento de combustible que representa un medio logístico indispensable para el funcionamiento de maquinaria para minería ilegal, así como para los vehículos que transportan el material aurífero y es entregado a comerciantes informales que efectuarán la venta del material y lo ubicarán en el mercado formal.

En Imbabura, la parroquia Lita y la Merced de Buenos Aires, es donde se observa la mayor concentración de minería ilegal a cielo abierto, principalmente en el sector de “El Lomón” y San Gerónimo. Debido a los casos de minería ilegal en las concesiones IMBA, pertenecientes a la empresa Hanrine, se establecieron acciones de medidas cautelares, acciones de protección y amparos administrativos, además del establecimiento de un Estado de Excepción por conmoción interna en julio de 2019.

Militares en operativos dentro de la concesión minera Imba, en Buenos Aires. Foto: Cortesía

Los vínculos de minería ilegal en Buenos Aires con algunos asambleístas se han hecho notorios. La Fiscalía mantiene una denuncia, donde la empresa Hanrine acusa a un asambleísta de haber pedido 80.000 dólares, puestos de trabajo para trabajar en las concesiones, así como otras evidencias de su relación con mafias de la minería ilegal (Pallares, 2022).

En el 2019 se desalojó a la mayoría de los mineros a partir del Estado de Excepción, de la denominada “Ciudad de Plástico”. No obstante, continúan los ingresos tanto de ciudadanos ecuatorianos, como colombianos y venezolanos con el fin de extraer oro y plata. En estos puntos, la organización criminal de “Los Lobos” se encarga de la explotación y extorsión a mineros en el sector de Buenos Aires (Diario El Universo, 2022).

En cuanto a la comercialización del oro en Buenos Aires, primero se almacena el material mineralizado en los centros de acopio, principalmente en el sector de Cristal y la Feria; en este caso y dada la cantidad de material mineralizado, se lo envía a las plantas de beneficio en Zaruma, donde el material se procesa y se vende una vez procesado a comerciantes que lo ingresan en el mercado formal.

Existe una clara división del trabajo respecto de las actividades mineras, ya que hay financistas, propietarios de cableado y poleas, representantes de los comuneros, líderes para las protestas, dueños de casas donde se acopia el material, camionetas que prestan sus servicios; asimismo, existen funcionarios públicos que otorgan permisos para la circulación de vehículos y asesoran sobre la obtención fraudulenta de permisos (fuente reservada, 2022), así como el control selectivo en el paso de San Gerónimo.

En general, este enclave productivo en la Sierra-Norte ecuatoriana, presenta actividades de explotación de material minero. De igual manera, se observan fenómenos que podrían dar cuenta de gobernanzas criminales, como la presencia de organizaciones criminales locales y extranjeras que se lucran de la minería ilegal, mediante el control de los accesos viales, la presencia de grupos armados que otorgan seguridad, el trabajo no regulado de nacionales y extranjeros, el establecimiento de “ciudades de plástico” con negocios no controlados, así como la legitimidad otorgada por los miembros de las comunidades a estas actividades. Si a ello se le suma una débil presencia estatal y la posibilidad de que las actividades de minería ilegal interactúan con Colombia, se puede afirmar que alrededor de este enclave productivo se forjan gobernanzas criminales con proyecciones internacionales.

Enclave productivo ilegal centro-amazónico

El segundo enclave es el más pequeño en extensión, abarca las parroquias de Carlos Julio Arosemena Tola, Puerto Napo y Talag, principalmente en las comunidades de Yutzupino y los Ceibos, siendo el río Jatunyaku el cuerpo hídrico mayormente afectado. La minería ilegal en este caso se da a cielo abierto, mediante la utilización de retroexcavadoras, así como la utilización de equipos como generadores eléc- tricos y bombas de succión. Para los insumos de combustible, se utilizan estaciones de servicio ubicadas en la ciudad de Tena.

La minería ilegal se presenta en varios casos en concesiones mineras; existen 76 derechos mineros suspendidos en Napo, de los cuales 26 corresponden a minería metálica de concesiones otorgadas (funcionario MERNNR, 2022). Además de la minería ilegal de concesiones, se presenta la minería ilegal en el Parque Nacional Llanganates y la Reserva Ecológica Colonso Chalupas.

Existen colectivos antimineros que buscan evitar la extracción de minerales; incluso, han establecido acciones de protección respecto de los derechos de la naturaleza, resaltando la importancia de la selva amazónica, la deforestación y cuerpos hídricos. No obstante, en Yutzupino son muchas más personas, incluyendo ciudadanos de nacionalidad venezolana y colombiana, que se interesan por el trabajo en la minería ilegal. Asimismo, se alertó la presencia de comunidades indígenas aledañas en la zona y denuncias de colectivos mineros al exgobernador de Napo, por ser dueño de retroexcavadoras utilizadas para minería ilegal (Alvarado, 2022).

En Yutzupino se decomisó maquinaria pesada en coordinación con las Fuerzas Armadas. Foto: Agencia de Regulación y Control de Recursos no Renovables.

Es conocido el alquiler de maquinaria y el cobro de peaje para entrar a Yutzupino. En esta zona, una organización delictiva conformada por extranjeros y ecuatorianos está a cargo de este servicio, puesto que entrar ahí era rentable para los mineros ilegales quienes hacían 1.750 dólares diarios (Primicias, 2022). Ciudadanos de nacionalidad colombiana son los que alquilan la maquinaria, además de existir la complicidad de políticos, fiscales y funcionarios en Yutzupino. Esta actividad es tan rentable como peligrosa, por el registro de muertes de mineros ilegales, donde compraban el silencio de los familiares de las víctimas pagando entre 5.000 USD y 100.000 USD (Plan V, 2022).

Figura 4. Enclave productivo ilegal centro-amazónico

Nota. Apoyo con base en MAATE, ARCERNNR, PN, 2022.

En febrero de 2022, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional intervinieron en Yutzupino en el denominado operativo “Manatí”, decomisando más de 100 retroexcavadoras. Llama la atención que, según la Fiscalía, algunas maquinarias decomisadas pertenecerían a gobiernos seccionales, por ejemplo, una retroexcavadora tendría sellos del municipio de Yantzaza (Alvarado, 2022). Se observaron nexos en su momento con la Prefectura de los Ríos, la Alcaldía de Arosemena Tola, Alcaldía de Archiona, asambleístas por Napo (PLAN V, 2022); también se observó la existencia de maquinaria con logotipos del GAD Provincial de Esmeraldas (fuente reservada, 2022). Esto da cuenta del grado de participación de actores políticos en actividades de minería ilegal.

Cada lunes, ambientalistas y líderes comunitarios organizan plantones en Tena en contra de la minería. Fotos: Facebook de Napo Ama la Vida.

Tras la intervención en Yutzupino, no se complementaron los procesos penales, no existió el respaldo de la Judicatura de Napo y no se hallaron a los mineros en delito flagrante por la fuga de información previa a la operación (Alvarado, 2022). Este golpe se dio en una primera fase de un proceso penal, pero solo se sugieren acciones administrativas frente a titulares mineros. Para la aplicación del proceso de determinación de daño ambiental, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y el Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) deben conocer si la minería es ilegal o legal e identificar sus responsables (funcionario MAATE, 2022).

Tras la explotación minera, el material mineralizado se vende a comerciantes que trabajan cerca de dicha actividad. Existen sitios de compra y venta de oro en Napo y su precio es más asequible que en las grandes ciudades. Por ejemplo, en el 2022, las actividades ilegales se intensificaron por el alza del precio del oro, que incidió en un aumento del gramo de oro de 35 USD a 43 USD en la zona (Panchana, 2022). Esta venta y compra del oro permite su incursión en un mercado legal, a pesar de haber sido obtenido ilegalmente.

En este enclave, en particular, se puede evidenciar formas de gobernanzas locales ejercidas por grupos familiares, así como la presencia de organizaciones criminales y explotación laboral de quienes ejercen control sobre el territorio, determinando quién ingresa al mismo y la interacción con gobiernos locales y funcionarios públicos, que se benefician por intermedio del Estado de las actividades mineras ilegales.

Enclave productivo ilegal sur-amazónico

Este enclave abarca parte de las provincias de Morona-Santiago y Zamora Chinchipe. En Morona-Santiago se observa minería ilegal, principalmente aurífera, en las parroquias: Bomboiza, Gualaquiza, San Carlos de Limón, San Jacinto de Wakambeis y Santiago de Panantza. El tipo de minería se da a cielo abierto, por medio de retroexcavadoras, clasificadoras tipo Z, motores de succión y generadores eléctricos. Estas maquinarias las compran los inversores que tienen capacidad económica, que general- mente están asociados con dirigentes de los pueblos y nacionalidades indígenas y cuentan con seguridad de las comunidades indígenas (fuente reservada, 2021).

En este enclave específico, los pueblos y nacionalidades indígenas representan un punto de análisis fundamental, en parte por la existencia de un Comité Interfederacional que reúne a varias nacionalidades indígenas, Shuar y Achuar, que cuentan con más de 70 asociaciones, más de 120 comunidades y alrededor de 177.000 miembros que se reúnen para tomar decisiones respecto de la minería en territorio Shuar y Achuar. Específicamente, en noviembre de 2020, estas asociaciones dispusieron suspender toda actividad minera y el abandono de las empresas mineras en los territorios Shuar y Achuar en Morona-Santiago.

Figura 5. Enclave productivo ilegal sur-amazónico

Nota. Apoyo con base en MAATE, ARCERNNR, PN, 2022.

Respecto de Zamora Chinchipe, las actividades de minería ilegal se dan en Zurmi, Guayzimi, Nankais, Nuevo Quito, Los Encuentros y Yant- zatza. Aquí se encuentran clasificadoras, motobombas y retroexcavadoras, el tipo de minería se da a cielo abierto y también se evidencia minería subterránea, la cual se hace sin estudios ni actividades realizadas técnicamente. Todas estas actividades de extracción, incluye desde el 2021 la presencia de “Los Lobos”, quienes efectúan asesinatos, extorsiones y secuestros para mantener un control de la explotación minera en la zona.

En este caso, se mantienen las actividades de minería ilegal por parte de algunos ciudadanos de nacionalidad Shuar y también se presentan trabajadores de compañías mineras cerradas anteriormente, que trabajan principalmente en el sector de la Gabarra y la Herradura (fuente reservada, 2022). Asimismo, en esta provincia incurren en actividades mineras ciudadanos de otras nacionalidades, como venezolanos, colombianos y peruanos. Por otro lado, si bien existe un control de las Fuerzas Armadas en el cantón de Yantzaza, en este enclave existen garitas de control con gente organizada.

Solo en Alto Nangaritza y Chinapintza existen entre 100 y 150 retroexcavadoras, todo esto con respaldo de las comunidades (Primicias, 2022). Si bien existen yacimientos de plata y cobre, el mineral principalmente extraído y procesado es el oro, que se envía para su procesamiento a la provincia de El Oro.

Se observa oposición comunitaria frente a las actividades mineras, donde se ha dado el bloqueo de carreteras, secuestros a trabajadores de empresas mineras, así como la toma y quema de campamentos por grupos armados, como se dio en el 2020, en las instalaciones de la empresa minera EXSA; o las acciones que se suscitaron para la declaratoria del Estado de Excepción en Morona-Santiago en el 2016. El porte de armas es común en las comunidades por sus actividades ancestrales de cacería, pero estas son usadas en varios casos para resguardar las actividades de minería ilegal.

Respecto de Zamora Chinchipe, las actividades de minería ilegal se dan en Zurmi, Guayzimi, Nankais, Nuevo Quito, Los Encuentros y Yantzatza. Aquí se encuentran clasificadoras, motobombas y retroexcavadoras, el tipo de minería se da a cielo abierto y también se evidencia minería subterránea, la cual se hace sin estudios ni actividades realizadas técnicamente. Todas estas actividades de extracción, incluye desde el 2021 la presencia de “Los Lobos”, quienes efectúan asesinatos, extorsiones y secuestros para mantener un control de la explotación minera en la zona.

Operativo de minería ilegal en Anchup, Yanzatza, Zamora Chinchipe que se dio el 12 de enero de 2023. Twitter Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

En este caso, se mantienen las actividades de minería ilegal por parte de algunos ciudadanos de nacionalidad Shuar y también se presentan trabajadores de compañías mineras cerradas anteriormente, que trabajan principalmente en el sector de la Gabarra y la Herradura (fuente reservada, 2022).

Asimismo, en esta provincia incurren en actividades mineras ciudadanos de otras nacionalidades, como venezolanos, colombianos y peruanos. Por otro lado, si bien existe un control de las Fuerzas Armadas en el cantón de Yantzaza, en este enclave existen garitas de control con gente organizada. Solo en Alto Nangaritza y Chinapintza existen entre 100 y 150 retroexcavadoras, todo esto con respaldo de las comunidades (Primicias, 2022). Si bien existen yacimientos de plata y cobre, el mineral principalmente extraído y procesado es el oro, que se envía para su procesamiento a la provincia de El Oro.

Enclave productivo ilegal suroeste

El último enclave mantiene su concentración en las provincias de Azuay, el Oro y parte de Loja. En Azuay, los puntos se concentran en las parroquias de Molleturo y Camilo Ponce Enríquez. Mientras que, en el Oro, la mayoría de los puntos de minería ilegal se observa en Zaruma y Portovelo, específicamente en sus parroquias urbanas o cabeceras cantonales del mismo nombre (véase Figura 6).

En Ponce Enrique, la mayor parte de la minería ilegal se realiza a cielo abierto y subterránea. Para ello, utilizan maquinaria, generadores eléctricos, clasificadoras, taladros, dinamita, mercurio, nitrato de amonio y motosierras, que van de la mano con la deforestación. Existe también contaminación de los cuerpos hídricos en los ríos Negro, Tenguel y Guanache. La contaminación de cuerpos hídricos por minería en Azuay tomó tal relevancia, al punto que se aprobó una consulta popular en febrero de 2021, donde se prohibió la explotación minera en cinco afluentes hídricos.

La presencia de grupos armados, principalmente el incremento de muertes violentas en estas zonas, está relacionada con la actividad minera. En agosto de 2022, un grupo de delincuentes sometieron a tres policías y se llevaron su patrullero (Primicias, 2022). La presencia de grupos armados, entre ellos “Los Lobos”, se da también a lo largo del transporte del material mineralizado que es llevado en sacos de yute en camiones y volquetas hacia Zaruma y Portovelo donde se encuentran las plantas de beneficio.

Figura 6. Enclave productivo ilegal suroeste

Nota. Apoyo con base en MAATE, ARCERNNR, IIGE, PN, 2022.

Hasta mayo del 2022 se preveía rellenar completamente el socavón de la calle Colón, en el cantón Zaruma (El Oro). Foto: Archivo / El Comercio

Los grupos de mineros ilegales conocidos como ‘sableros’, realizan minería subterránea, ingresando a las bocaminas en las mañanas a recolectar material aurífero y salen en la no- che con la complicidad de campaneros. Los sableros ingresan por bocaminas que no se han cerrado, por ductos que se ubican dentro de las casas en el casco urbano. Se ha observado que los mineros utilizan concesiones cercanas a la zona de exclusión para poder acceder por vía subterránea (fuente confidencial, 2022). Se acusa a los exalcaldes de Ponce Enríquez en la extracción ilegal de minerales, puesto que han evitado la presencia de las instituciones de control por motivos de la propiedad privada de las concesiones (Prensa Minera, 2022).

Finalmente, en Zaruma y Portovelo se concentra la mayor cantidad de minería ilegal industrializada del país. Esta actividad se ejecuta hace más de 50 años por mineros ilegales en complicidad con los habitantes y, en ocasiones, dueños de concesiones mineras en ambos cantones. Al igual que en Ponce Enríquez, los mineros ingresan a Zaruma por una serie de bocaminas a recolectar material aurífero. En este sector se concentran las plantas de beneficio que son utilizadas tanto para actividades legales, como ilegales por intermedio de pagos a los dueños de las maquinarias.

Hasta el momento se registran seis socavones, no todos son visibles, pero siguen la ruta de las galerías (funcionario IIGE, 2022). La Figura 6 da cuenta de algunos de los socavones que han surgido producto de la minería ilegal, pero también se observan las piscinas relaveras de material minero, así como las estructuras de las plantas de beneficio. Dichas plantas cobran por procesar material minero, sin conocer el origen lícito o ilícito del material, ni emiten facturas.

Este enclave es altamente preocupante para el Estado ecuatoriano por el hundimiento registrado en la ciudad de Zaruma, así como los decretos de estados de emergencia emitidos en esa ciudad por la nocividad de la minería ilegal en el sector.

Por qué la Gobernanza criminal y los enclaves: la complicidad del Estado

La relación entre gobernanzas criminales y enclaves productivos de la minería ilegal está ligada a una relación similar de neoextractivismo (Acosta, 2009; Gudynas, 2009, citado en Portillo Riascos, 2014), en el cual las organizaciones criminales aprovechan el auge de precios del material minero y reproducen prácticas extractivistas a partir de la explotación laboral y ausencia del Estado. Sin embargo, la novedad de esta práctica en Ecuador, está en la presencia cada vez mayor de organizaciones criminales que promueven y concentran en espacios geográficos la regulación social basada en la explotación de commodities de origen ilícito, siendo para este caso el material minero.

La minería metálica y no metálica en Ecuador representa un porcentaje de 0.49% del PIB (MERNNR, 2021), siendo la explotación de minerales metálicos el 0.33% del PIB. En el 2020, la minería legal generó 810 millones de dólares (BCE, 2020) y en el 2021, el Ecuador registró una producción de 12.614 kg de oro y 2.273 kg de plata (BCE, 2022). Si bien los registros sobre la productividad de minería ilegal no pueden ser del todo acertados, de acuerdo con las declaraciones de exfuncionarios públicos de la rama, la minería ilegal en Ecuador mueve entre 800 y 1000 millones de dólares (Orozco, 2022). Ello implica que, de acuerdo con los valores presentados por el Banco Central, la minería ilegal tiene el potencial de mover más dinero que la minería legal en Ecuador.

Estos valores evidencian el principal objetivo de las gobernanzas criminales, que recae en obtener beneficios materiales o rentabilidad económica por intermedio de la regulación de las actividades de un espacio determinado, que, en este caso y por su naturaleza extractiva, concentran su atención en la explotación y procesamiento de bienes ilícitos.

Por tanto, nos referimos como enclave productivo a aquellas actividades que, por su interacción y concentración en un espacio geográfico determinado, se basan en la explotación y producción de commodities de origen ilícito. En términos generales, las gobernanzas criminales no consideran únicamente aspectos económicos, sino también aspectos políticos, de legitimidad y de regulación del orden social; mientras que los enclaves productivos comprenden un conjunto de actividades económicas, ubicadas en territorios específicos que forman parte de la producción de un bien determinado. A su vez, las cadenas de valor describen la gama completa de actividades requeridas para traer un producto o servicio desde su creación, a través de las diferentes fases de producción hasta la entrega a los consumidores finales (Kaplinsky & Morris, 2001).

Los enclaves productivos y su interrelación con la cadena de valor de los commodities obtenidos de forma ilícita (Elliot, 2016), se ocupan principalmente de la producción ilícita y la concentración de actividades enfocadas a la obtención de un bien de una economía mundial globalizada (Potts, 2006).

Esta obtención, también depende de la interdependencia y grado de horizontalidad de las redes criminales que interactúan en los territorios. A mayor grado de redes en un mercado ilícito, más intensa es la interdependencia entre organizaciones criminales dedicadas a obtener sus réditos a partir de la explotación y producción de bienes y servicios criminales.

A diferencia de otros mercados ilícitos, como el narcotráfico, la relación entre el principio ilegal de sus actividades y la facilidad para mimetizar su procedencia dentro de la economía formal, requiere de una interrelación horizontal entre actores legales e ilegales para asegurar la rentabilidad de sus negocios.

Con esta caracterización, los enclaves productivos y las cadenas de valor de la minería ilegal comprenden, al menos, las siguientes etapas: explotación, transporte, procesamiento, venta y lavado de activos.

Los enclaves productivos de la minería ilegal, por tanto, establecen una concentración geográfica a partir de la explotación y producción de metales que promueven un modelo de “aprendizaje criminal” entre los mineros ilegales y las organizaciones, por el alto grado de especificidad o conjunto de habilidades específicas requeridas y el nivel de riesgo asociado a estas actividades. Este aprendizaje criminal asociado al modus vivendi de los pobladores presentes en territorios vulnerables, establece gobernanzas criminales de la minería en la que incurren en relaciones colaborativas entre redes, para fomentar la concentración de la actividad ilícita en estos territorios históricamente marginados y ocupados por actores criminales organizados, locales e internacionales.