La novel provincia de Santa Elena, ubicada en la parte costera más saliente del Ecuador, desde hace muchos años atrás—a causa de su ubicación geográfica— es utilizada como una ruta propicia para cometer delitos como el narcotráfico, la pesca ilegal, el contrabando de productos de prohibida importación, incluidos los combustibles, robo y asalto de embarcaciones pesqueras. Pero sobre todo cabe resaltar la presencia del crimen organizado transnacional y local para realizar sus objetivos de contaminación y transporte de droga hacia Centro América, Norteamérica y Europa. Son múltiples las operaciones de detección y aprehensión de sustancias sujetas a control por parte de la Policía Nacional y de la Armada del Ecuador realizadas en la provincia, lo que da cuenta de la gravedad del caso.

Santa Elena cerró el 2022 como el año más violento y sangriento nunca antes vivido por sus habitantes nacionales y extranjeros. Este rincón patrio era considerado años atrás un remanso de paz, por sus playas y buen clima. El año pasado en este "remanso" se contaron 117 muertes violentas sin mencionar el número de heridos provocados por bandas criminales organizadas de micro y narcotráfico y sus luchas por el dominio territorial.

La seguridad ciudadana ha sido poco atendida por el Estado y el gobierno local. Los representantes del gobierno en la provincia siempre han tratado de ocultar cifras y datos con un discurso pobre, como el de “en buena hora, la provincia es la que menos muertos tiene en relación a las otras provincias del litoral”, lo cual es una irresponsable opinión.

Los gobiernos locales y provincial miraron para otro lado, a excepción de uno de ellos que cumplió con el mandato legal de elaborar un Plan Local de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica para la prevención de delitos. Por ahora resulta que en efecto dio algún resultado, al ser el cantón con menos muertes violentas en relación al año 2021. Otro municipio indicó que la seguridad ciudadana no es su competencia ni su responsabilidad, en tanto que los restantes municipios se mostraron desaforados, comprando cámaras de video vigilancia sin la planificación y coordinación adecuadas para su funcionamiento y con total desconocimiento de su rol frente a la seguridad ciudadana.

Escena del triple crimen, cometido dentro de un taxi, en la parroquia José Luis Tamayo, en Salinas, provincias de Santa Elena, la noche del 27 de julio de 2022. - Foto: Medios locales. Primicias.ec

Son más de 50 pescadores de los puertos de Chanduy, Santa Rosa y Anconcito los que están detenidos en cárceles de Estados Unidos y Centro América al haber realizado “vueltas”, utilizados por enganchadores para transportar clorhidrato de cocaína en lanchas Go Fast (veloces embarcaciones de diez metros de largo por dos de ancho, con dos a seis motores fuera de borda).

Estos datos a continuación se convierten en un indicador de que la provincia está profundamente inmersa en acciones narcodelictivas.

Según reportes en las redes sociales y medios de información locales se han producidos actos de terrorismo con la colocación de artefactos explosivos en viviendas y locales comerciales en el cantón La Libertad, como parte de la lucha entre las bandas existentes.

Hubo 14 asesinatos a plena luz del día, solo en el mercado municipal de mariscos del cantón La Libertad, en el sector conocido como la Zona H, llamado así por ser donde se ubican los expendedores y consumidores de sustancias sujetas a fiscalización. Esto ha generado pánico en los compradores y abastecedores de alimentos, viéndose obligados a buscar otros mercados. La integralidad de la seguridad no se aplica, ninguna autoridad se responsabiliza del tema. El municipio indica que “le compete a la Policía Nacional y ésta no hace su trabajo”. Por su parte la Policía replica “que es un espacio público y le corresponde al municipio ejecutar acciones de control y buen uso del espacio”; las autoridades de salud y el MIES están ausentes. La integralidad de la seguridad solo es un concepto.

Los elementos policiales no llegan a 400, para una población de 370.196 habitantes, sumado al limitado recurso logístico como patrulleros, motos, que ya cumplieron su vida útil, combustibles y lubricantes, comunicaciones...

El reducido número de jueces y fiscales. Además de no responder a las necesidades de sancionar el delito con un trabajo honesto y justo, la acción de la administración de justicia abre el camino a la impunidad. Como el caso de la banda criminal conocida en el medio con el remoquete “Los Fideos”, cuyos líderes fueron asegurados por la Policía y mientras estuvieron detenidos los asesinatos se redujeron ostensiblemente. Pero a los pocos días de su apresamiento recuperaron la libertad y retornaron las muertes violentas, según versiones de la misma Policía.

Ante la inacción de las autoridades locales los ciudadanos, organizados y liderados por la Junta Cívica de Salinas, se realizan cabildeos para reclamar mayor atención al gobierno central y demandar urgente la declaratoria del Estado de Excepción en la provincia, en razón de existir los suficientes fundamentos para que el presidente Guillermo Lasso atienda la emergencia de la seguridad ciudadana en Santa Elena.

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas fue considerada "apta" para declararla en Estado de Excepción, con una población de 456.244 y con un número de muertes violentas de 120 a la fecha de la petición hecha por el alcalde de dicho cantón.