Entre el 2017 y agosto del 2022 la Policía Nacional del Ecuador, PNE, capturó 747 toneladas de droga. Según cálculos de la propia institución el valor monetario de esas capturas equivale a USD 1.360 millones, de los cuales USD 1.241 millones corresponde a clorhidrato de cocaína. Las capturas pasaron de 98 tm en el 2017 a 210 tm en el 2021 y hasta agosto de este 2022 se habían capturado 133 tm.

Ecuador, reconoce la PNE en un informe que entregó a la Presidencia de la República, se ha constituido en plataforma de envío de droga a lugares de consumo internacional y también es sitio de acopio. Se ha producido expansión de redes de narcotráfico vinculadas con cárteles mexicanos y colombianos, se ha convertido en refugio para importantes narcotraficantes, se ha dado la utilización del sistema financiero legal ecuatoriano para el lavado de activos producto de esta actividad delictiva y ha crecido el consumo interno de sustancias estupefacientes.

Agosto de 2021. En una bodega que tenía como fachada ser una embotelladora de agua, la Policía encontró 9.6 toneladas de cocaína, en Guayaquil. Foto: Policía Ecuador

En la bodega también había armamento de grueso calibre. Uno de los tipos de municiones que allí se encontró pueden partir motores, según la Policía.

Estos delitos estarían vinculados a la cantidad de actos violentos que tienen relación con consumo o tráfico de drogas. Entre el 1 de enero del 2018 y agosto 12 del 2022, se cometieron 87.652 delitos con armas de fuego, por información del Centro de Mando Integral, CMI (robo a personas, robo a domicilios, robo de bienes, accesorios y autopartes de vehículos, robo a unidades económicas, robo a motos,  a carros y robo en ejes viales o carreteras). De estos, el 80% aproximadamente corresponden a Quito, Guayaquil, y las provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro. Guayaquil tiene acumulados 38.000 delitos, que corresponden al 38,9% del total nacional.

El registro de delitos con armas de fuego ha crecido a la par de las capturas de droga. En el 2019 se registraron 19.676 delitos, en el 2020 bajaron a 14.502 y en el 2021 subió a 20.029. Hasta agosto del 2022 se habían registrado 17.472 delitos. Lo cual significa que si en el 2021 se cometieron 54 delitos cada día, en el 2022 la cifra promedio fue de 72 delitos diarios. Tres delitos con arma de fuego cada hora.

En los años 2020, 2021 y agosto del 2021, la PN decomisó 19.000 armas de fuego. Nuevamente Guayaquil tuvo la mayor cantidad de decomisos, con 4.100 armas. La mayor parte de armas incautadas a escala nacional fueron revólveres, con el 39% y 18,3% fue de pistolas.

La situación del tráfico de armas en los últimos dos años y medio ha sido reconocida por inteligencia policial como "una amenaza para al seguridad del Estado ecuatoriano". La cantidad de armas que circulan fuera de control en el país, casi equivale a las armas de dotación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. A ello se suma que en ese periodo, el incremento de armas ilegales se ha duplicado y hasta se ha quintuplicado según el tipo de arma. Por ejemplo, los fusiles incautados en el 2020 fueron 21, y solo en la mitad del 2022 fueron 134. Cinco ametralladoras fueron incautadas en el 2020, y hasta agosto del 2022 fueron 27. Entre subametralladoras y armas largas de otro tipo se incautaron 192 en el 2020, mientras que hasta agosto del 2022 se incautaron 573.

En un informe que la institución policial presentó a la presidencia de la República, se señala que atribuyéndose como piedra angular a la forma de cómo las armas son adquiridas de manera ilegal, convirtiendo al Ecuador en un país de fácil acceso por la permeabilidad, los diferentes medios de tráfico de armas municiones y explosivos, y el déficit control de nuestras fronteras.

La Policía dijo que  "se debe poner atención a las empresas de seguridad e importadores de armas de fuego, utilizando sus preferencias disfrazando (sic) un marco de legalidad dentro de las compañías de seguridad privada y de redes transnacionales por la evasión de permisos y registros que estos conllevan, por lo que se hace necesario conocer la actuación de estas actividades para neutralizar las acciones conexas.

"En la frontera sur las rutas más utilizadas para el tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos son en las provincias de El Oro y Loja donde se encuentran puntos principales como Huaquillas y Macará por donde ingresarían las armas de fuego, municiones y explosivos, que son enviadas al resto del país; estos lugares son escogidos por los traficantes ya que existirían por lo menos más de 100 trochas que no tienen control y facilitan esta actividad.

Las Fuerzas Armadas, a través del Grupo de Artillería Nº 7 Cabo Minacho y el Centro de Control de Armas Loja, durante el control del toque de queda en el sector del terminal terrestre de Loja, decomisó el siguiente armamento al no poseer la guía de libre circulación. Foto: Fuerzas Armadas

Ya que por su situación geográfica las ocultan en embarcaciones destinadas para la pesca, o utilizando el sistema de encomiendas de los transportes interprovinciales para que lleguen a su destino. Para el transporte de municiones las ocultan al interior de macetas de plantas y alimentos.

Los vehículos son modificados estructuralmente para ocultar y pasar los controles sin problemas, mientras que las personas trasladan armas, municiones y explosivos en pequeñas cantidades evitando su detección (tráfico hormiga).

Las bandas, cuáles son y cuántas son

La Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial, a partir del año 2022 inicio registrando en sus matrices de información el campo identificación, determinación o afinidad a un grupo delictivo organizado al que pertenece previo a la identificación e individualización dentro de las investigaciones, siendo así que, a partir del 01 de enero del 2022 hasta el 03 de agosto del 2022, se registra 25 grupos delictivos organizados perteneciente a diferentes organizaciones criminales.

De estas, las más numerosas son las adscritas a la banda llamada Los lobos, con ocho grupos criminales. Le siguen Tiguerones, con cinco; Choneros-Aguilas, con tres; R7, con dos; Choneros también con dos; y con una sola organización están: Águilas-Fatales, Chone Killer, Choneros-Fatales, Lagartos y Nueva Generación. 

Estas bandas se reparten en cuatro cárceles del país, como son la de Guayaquil, Latacunga, Azuay, Manabí y Esmeraldas.

El país cuenta con 37 Centros de Privación de Libertad y 11 Centros de Adolescentes Infractores con una capacidad instalada efectiva de 29.897 personas privadas de la libertad (PPL), en la actualidad se alberga una población carcelaria aproximada entre 36.000 y 38.693, es decir, un hacinamiento del 29,42% 

Pero, Inteligencia dice que los factores de inseguridad y control en los CPL no decaen directamente en el hacinamiento, sería uno de los factores generadores de conflictividad que recae en el abuso de la prisión preventiva por parte del Sistema de Justicia, y procedimientos de calificación de PPL para ser considerados en prelibertad, que son dirigidos por parte del SNAI.

Parte del arsenal que encontraron la Policía y Fuerzas Armadas en el operativo dentro de la Penitenciaria del Litoral. Foto: SNAI 

En este contexto, la falta de política penitenciaria por parte del órgano rector del sistema ha permito elevar el hacinamiento desproporcionado superior al margen del 50% de su capacidad de hacinamiento entre los cuales tenemos los siguientes CPL:

La variable de hacinamiento no es directamente proporcional a los índices de violencia que sufren los centros carcelarios regionales. Con datos del 2021, el CPL Cotopaxi con 5.173 PPL, tiene un hacinamiento del 5,70%, CPL Azuay No. 1 con 2.477 PPL hacinamiento de 0,00%, CPL Guayas No.1 con 9.577 PPL hacinamiento del 90,17% y CPL Guayas No. 4 con 4.031 PPL hacinamiento del 0,00%. La dimensión responde proporcionalmente a la comunicación y acceso de datos que les permite conectarse en línea a plataformas de WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, incluso mediante el uso de tarjetas SIM de Colombia, para el uso de plataformas que los PPL utilizan para evitar ser interceptados por el subsistema de investigación de la Policía Nacional.

La foto polémica. Es una foto oficial del SNAI, cuyo pie decía "la estrategia de traslado de las cabecillas la mantuvimos a cabalidad. Este Gobierno no se doblega ante narcoterroristas: en este país no van a imponer su voluntad. Aquí estamos para hacerles frente y proteger a los 18 millones de ecuatorianos que merecen vivir en paz". Con eso, el gobierno mostró la efectividad policial y militar del operativo del feriado de noviembre para controlar la Penitenciaría del Litoral, en Guayauil.

El acceso a la conectividad es aprovechando por las vulnerabilidades que presenta la infraestructura (puntos ciegos) para la conexión y utilización de router, equipo que asigna una dirección IP local a cada dispositivo (terminal telefónico). La comunicación que mantienen los líderes de las estructuras delincuenciales tiene relación directa en el cometimiento de varios delitos como, ingreso de artículos prohibidos al interior de las cárceles del país, extorsión a familiares de PPL por seguridad, muertes y control de rutas para el tráfico internacional y tráfico para el consumo interno de drogas que se materializan en el interior y exterior de los Centros de Privación de Libertad.

Los inhibidores de señal no cumplen con su objetivo pues se localizan en la parte externa. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) detalla que cuando estos aparatos se utilizan, desactiva efectivamente los teléfonos celulares, por lo que estos dispositivos se pueden usar exclusivamente en lugares o recintos donde están restringidas las llamadas telefónicas para evitar actividades ilegales, como es el caso de los CRS.

La afectación no solo se genera en el lugar de incidencia de los PPL si no a comunidades cercanas, quienes, mediante la Defensoría del Pueblo, ejercen acciones de protección para neutralizar su radio de acción. En este contexto, no se resuelve la inhibición de señal para datos sobre IP por fallos judiciales a favor de las comunidades afectadas y, sobre todo, porque no se tiene un estudio técnico de las operadoras que dan el servicio de internet y conectividad celular que minimice los puntos ciegos en la infraestructura los CRS del país.

Si bien en el análisis se establecen diferentes variables como el hacinamiento y las facilidades de comunicación y acceso a internet que tienen los PPL, no tendrían tanta injerencia si no se tuviese la presencia de actores liderando estructuras delincuenciales con posibles nexos con carteles internacionales de narcotráfico que son parte fundamental en el financiamiento e ingreso de artículos prohibidos a los centros carcelarios.

La estructura delincuencial Los Choneros nació a finales de la década de los noventa a partir del tráfico internacional de drogas y la disputa de territorio con otras organizaciones delictivas. Su ex líder, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña o JL, asesinado el 28 de diciembre del 2020 es el punto focal en la situación de violencia en las cárceles regionales del país, la disputa por el liderazgo de la organización puso en riesgo la estabilidad interna, puesto que sus brazos operativos o estructuras delincuenciales como Los lobos, Tiguerones, Chone Killer y Latin King, entre otras, se sublevaron ante un inminente control por parte del segundo y tercero al mando:  José Adolfo Macías Villamar, alias Fito y Junior Roldán Paredes, alias JR, recluidos en el CPL Guayas.

Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña o JL, mientras sale de la cárcel de Latacunga, en junio del 2020. Fue asesinado en Manta, el 28 de diciembre del mismo año.

En esta pugna por el liderazgo nació la organización delictiva Nueva Generación, que fue la unión de varias facciones antes mencionas, las que buscaban controlar el sistema carcelario del país, obtener la hegemonía en las rutas para el tráfico internacional de drogas y buscar un financiamiento con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación,  que le permita contrarrestar las retaliaciones por los hechos violentos suscitados el 23 de febrero del año en curso en las cárceles regionales de Cotopaxi, Azuay y Guayas por parte de la organización delictiva Los Choneros, que según datos de inteligencia policial tendría un marcado nexo con el cartel mexicano Sinaloa.

Inteligencia Estratégica sostuvo en el 2021 que la estructura delictiva Los Lobos incrementó el control en las cárceles del país. Sin embargo, el factor crítico de atención  para el Estado es el financiamiento que buscarían por medio de carteles, extorsión a otros presos y el reclutamiento de nuevos integrantes en busca consolidarse como organización delictiva hegemónica superior a las organizaciones Los Choneros y Los Lagartos.

En esta sucesión de líderes de las organizaciones delictivas, que es la génesis de los resultados violentos, se evidenció la muerte de Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, líder de la organización Los Lobos, el 23 de febrero del 2021, por  COVID-19, según el certificado de defunción oficial.

Alias Pipo se encontraba, desde octubre de 2020, con prelibertad y por fuentes de inteligencia se conocía que las presentaciones mensuales —que tenía que realizar en las inmediaciones de la SNAI de la ciudad de Quito— no eran cumplidas. Ademas, los oficiales de la justicia encontraron varias inconsistencias en la morfología de las firmas de presentación, lo cual les hizo presumir de un delito de suplantación de identidad, ayudado por funcionarnos del ente rector en materia penitenciaria.

Hasta fines del 2021 había una investigación previa en la Fiscalía, pero Inteligencia mantiene viva la  hipótesis de que "estaría vivo y su muerte sería un distractor para evitar retaliaciones o venganza por parte de los líderes de Los Choneros, por los hechos violentos del 23 de febrero del 2021.

Ante esta falta de liderazgo en la estructura delincuencial “Los Lobos” se adhieren dos líderes Anchundia Loor Freddy Marcelo alias “Comandante” y Quezada Sanmartín Alexander Ariel, quienes, actualmente se disputan el control de la organización y del CPL Azuay No1. Las alertas actuales los identifican como PPL de peligrosidad y advierten que la disputa que se podría generar sería de similares características a la relacionadas con la facción delincuencial “Los Choneros”.

Para los analistas de Inteligencia, en la problemática del sistema penitenciario confluyen variables que cruzan por la SNAI, en el manejo de las cárceles hasta la influencia que ejerce el crimen organizado transnacional en la dinámica al interior de los llamados Centros de Rehabilitación Social, CRS.

El fortalecimiento de las estructuras criminales al interior de los CRS opera únicamente como un factor que aprovecha las debilidades estatales que se han incrementado en el manejo del sistema penitenciario, dice un informe reciente al respecto.

En cuanto a lo institucional, se señala que el órgano gobernante del Sistema Nacional de Rehabilitación Social es el Directorio del Organismo Técnico, y según la normativa legal, está conformado por representantes de los organismos estatales de: Derechos Humanos, Salud Pública, Relaciones Laborales, Educación, Inclusión Económica y Social, Cultura, Deporte y Defensoría del Pueblo. Y está presidido por un delegado del presidente del Presidente de la República. El análisis refiere que persiste falta de coordinación interinstitucional en la ausencia de una política pública que garantice la rehabilitación de las personas presas.

En este escenario, se ha evidenciado que las acciones que se han tomado en respuesta al incremento de la conflictividad y los niveles de violencia en los CRS no se han realizado de manera técnica y no se han considerado los informes de inteligencia de las instituciones competentes al tema penitenciario.

Según el informe, hay varios problemas detectados que acentúan las manifestaciones de violencia, además del discurso de la influencia de intereses vinculados a los carteles de la droga nacionales e internacionales.

Se evidencian problemas en la aplicación de la normativa. Existe un proceso minucioso tanto en el tratamiento de los presos como en el funcionamiento de las cárceles, pero no se da cumplimiento a lo establecido en la ley.

No se aplica un modelo de gestión de las cárceles, dificultando un proceso progresivo de rehabilitación social efectiva de los presos.

La corrupción de funcionarios públicos y privados facilita el ingreso de objetos prohibidos y la violencia interna. Esto, a consecuencia de los débiles procesos de selección, falta de evaluaciones continuas, salarios bajos y falta de reglamentos disciplinarios, así como permanencia en un mismo centro por un extenso periodo (falta de rotación del personal).

Se ha identificado la conformación de estructuras delictivas dentro de los centros de privación de libertad, las mismas que buscarían tener hegemonía y control con fines económicos. Estas estructuras operan con el apoyo operativo de pandillas, que se encargarían de las extorsiones, disturbios, riñas y ejecuciones. Es necesario establecer una clasificación y distribución de los detenidos, por el tipo de delito, sentencia, peligrosidad y situación legal, con el fin de evitar las escuelas del delito.

Existe un déficit de personal (agentes de seguridad penitenciaria, entre otros) a nivel nacional que ha permitido que exista una ausencia de autoridad, la cual es cubierta por liderazgos emergentes y el surgimiento de grupos de auto disciplina (COIP. Art.- 685 y Reglamento del sistema penitenciario Art. 102- 103/ seguridad interna y externa).

Existe déficit de personal de asistencia social, lo cual debilita el proceso de rehabilitación de las PPL de forma efectiva e integral.

Las instalaciones e infraestructura no están acorde a las necesidades para albergar a personas privadas de la libertad y no contribuyen a una rehabilitación integral (COIP. Art.- 684/Instalaciones). Adicional, las limitaciones de equipos tecnológicos impiden el control y supervisión de todas las actividades que se desarrollan en el interior y alrededores de los centros de privación de la libertad.

La aplicación discrecional de la normativa legal por parte de las autoridades de justicia para establecer prisión preventiva, medidas sustitutivas, dispositivos electrónicos, calificación de pre libertades, acceso a régimen semiabierto, así como para la asignación a los centros de privación de libertad para su internamiento ha evidenciado una limitada valoración por parte de las autoridades de justicia en coordinación con las unidades de inteligencia e investigación, sobre el grado de participación y reincidencia de las personas involucradas en los procesos y procedimientos policiales.

Existiría una evolución y agravamiento del fenómeno delincuencial en el sistema penitenciario que podría ser influenciado por varios factores sociales, culturales, económicos, entre otros, por lo que es necesario establecer una política criminal en Ecuador.

Las actividades que se realizan en función a los cinco ejes de tratamiento, según el árticulo 710 del COIP no son obligatorios, lo cual ha significado que no todas las PPL participen evitando el cometimiento de delitos y alteraciones dentro de los centros.