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4 de Agosto del 2023
Historias
Lectura: 17 minutos
4 de Agosto del 2023
Redacción Plan V
‘Mientras Ecuador siga llenando las cárceles, nunca va a poder combatir al crimen organizado porque el dinero sigue afuera’
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Francisco Estupiñán trabajó en la Fiscalía en las Unidades Anticorrupción y Asuntos Internacionales y fue asesor de la Corte Constitucional. En 2021, el Director General del FBI le entregó un reconocimiento especial por su colaboración en el combate al financiamiento del terrorismo. En ese mismo año recibió el premio a la mejor investigación compleja de delincuencia organizada por parte del Fiscal General de los EEUU. Fotos: Luis Argüello. PlanV

 

El abogado Francisco Estupiñán, exasesor de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, considera que el asesinato de Agustín Intriago, alcalde de Manta, es un antes y después en cuanto a la inseguridad del país. “Si al crimen organizado no le importa matar a un alcalde de una de las ciudades más grandes del Ecuador, eso significa que esto le puede suceder a cualquier ciudadano ecuatoriano”, asegura.


¿Es posible revertir el incremento de la violencia en Ecuador? Esta es una de las preguntas que el abogado ecuatoriano Francisco Estupiñán responde tras la reciente masacre penitenciaria, la número 14 desde el 2021. Fue asesor legal en la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y en el Departamento de Estado de los EEUU durante 10 años. Desde esa experiencia hace una lectura sobre la crisis de inseguridad que vive Ecuador y hace propuestas de medidas urgentes para evitar “una guerra por años”.

¿Cuál es su visión general del país en este momento desde la perspectiva de seguridad y de la lucha contra la corrupción?

Es bastante preocupante. Creo que la experiencia que han tenido nuestros países vecinos nos está dando una luz para saber hacia dónde está yendo este país. Haciendo una lectura muy rápida y breve, lo que vemos actualmente son coches bombas, secuestros y asesinatos de funcionarios de alto rango. Esto inevitablemente me hace ver la Medellín de los años 80 y 90. Voy a poner un ejemplo. Cuando asesinaron al ministro de Justicia en Colombia, fue el antes y el después del Medellín de Pablo Escobar. Aquí personalmente creo que el antes y después es la muerte del alcalde de Manta, Agustín Intriago.

¿Por qué esta muerte marca un antes y un después en el país?

Por el cargo que mantenía esa persona. Manta es una de las ciudades más importantes del país, de las más pobladas. El crimen organizado tiene sin cuidado si es un ministro, si es un alcalde de una gran ciudad o si es un funcionario a pie. Lo mismo sucedió en Colombia. Cuando el terrorismo o el crimen organizado pierde el miedo a cometer actos contra funcionarios de ese nivel, es que definitivamente estamos en algo más preocupante. Entonces sí creo que pone un antes y un después porque significa que el día de mañana cualquier ciudadano ecuatoriano esté expuesto a cualquier situación o crimen. Ya no estamos hablando solo de alcaldes de ciudades pequeñas o de otros funcionarios, sino un alcalde de una de las ciudades más importantes como es Manta.

Si no hacemos algo ahora, definitivamente vamos a terminar muy pronto -lastimosamente- en algo como lo que sucedió en Colombia, que no hubo control y se les fue de las manos. Vamos a tener años y años de guerra que vamos a tener que soportar.

Este crimen ha sido leído por algunos sectores como un crimen político, porque sucedió en medio de una coyuntura electoral. ¿Usted coincide?

Sí, pero no puedo asegurarlo. No conozco los detalles del caso. Sin embargo, la forma en que fue realizado y el lugar donde fue realizado da muchas lecturas. Hay que estudiar el caso y sobre todo hay que investigarlo. Hay una persona aprehendida, a la que tienen que proteger su vida a toda costa, él puede dar muchas luces sobre el móvil. También creo que se debe hacer una investigación forense y analizar absolutamente todo en la parte tecnológica, como dispositivos electrónicos, hacer una georreferenciación del delito, es decir, verificar qué existía en ese lugar. Decir a ciencia cierta que es político es difícil hacerlo. Yo lo que sí quiero decir es que, si al crimen organizado no le importa matar a un alcalde de una de las ciudades más grandes del Ecuador, eso significa que esto le puede suceder a cualquier ciudadano ecuatoriano.

Cuando asesinaron al ministro de Justicia en Colombia, fue el antes y el después del Medellín de Pablo Escobar. Aquí personalmente creo que el antes y después es la muerte del alcalde de Manta, Agustín Intriago.

En Ecuador, la violencia ha crecido de manera más acelerada que en otros países de la región en los últimos dos años. ¿Qué elementos causan ese aumento vertiginoso?

Ecuador tuvo 26 muertos por cada 100.000 habitantes en 2022, fue una de las cifras más altas de la región. Ahora se calcula que terminaríamos el año sobre los 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual nos ubicaría en el puesto número uno en Latinoamérica. ¿Qué lo ha ocasionado? Varias cosas. Primero la permisibilidad en las fronteras durante un buen tiempo. Como exfuncionario de un gobierno extranjero, conocí muchas investigaciones donde había relación directa con países extranjeros como Albania, Italia, España, Bielorrusia.  Ingresaron también grupos terroristas de Pakistán y de Medio Oriente. Eran mafias que no estaban en el país, pero a raíz del 2010 empezaron a ingresar porque no necesitaban visa. Recordemos que Ecuador fue un país de libre ingreso de ciudadanos extranjeros. Sin ser xenófobo ni ir en contra de una nacionalidad específica, creo que no hubo controles de quién ingresaba en aquella época.

Segundo factor: el control de las cárceles se les fue de las manos. Actualmente conocemos que solo dos centros de rehabilitación social tienen inhibidores de señal. Son necesarios porque en estos centros se está planificando la mayor parte de los delitos en Ecuador. Me atrevería a decir que incluso los asesinatos de los funcionarios de estas últimas semanas seguramente estuvieron planificados y coordinados desde estos centros.

Necesitamos unos centros controlados, sin comunicación y atendiendo a los estándares de derechos humanos y de la Corte Interamericana de DDHH. En ningún lado la Corte Interamericana dice que tienen que tener celulares, cerdos, gallinas, piscinas, televisores de pantallas planas. Significa hacer cumplir el Estado de derecho y eso significa que no tengan el control no solo de la cárcel, sino el control del país. No están divididos por peligrosidad. Debería haber una cárcel o dos de máxima seguridad donde estén las personas más peligrosas. Y dividirlas por segmentos.

¿Inhibir las señales es un paso tan complejo como lo presenta el Ejecutivo? Exfuncionarios han mencionado que deben hacer un análisis para no afectar las zonas aledañas.

La inhibición de señales es sencilla. Todo lo que pase de 8 MHz a 110 MHz puede controlarse. En la práctica eso no es caro. Por ejemplo, en la cárcel de Latacunga, la inhibición de señal no debe pasar los $120.000 o $130.000. ¿Eso es caro? En un presupuesto del Estado eso es muy bajo para el beneficio que tendríamos. Como abogado voy a los tribunales y a las cortes de justicia. Allí sí existen inhibidores para que no se interrumpan las sesiones de audiencia. ¿Por qué no hacer lo mismo en las cárceles? Entonces, primero, no pasa por presupuesto. Si dicen que habrá sectores aledaños perjudicados, eso no es correcto. Alrededor de la cárcel de Latacunga no hay viviendas. En Guayaquil, sí afectará a los comerciantes que están afuera. El problema también es la falta de determinación, porque en seguridad hay que saber que van a hacer con el presupuesto y no tener miedo a ejecutarlo.

Cuando el terrorismo o el crimen organizado pierde el miedo a cometer actos contra funcionarios de ese nivel, es que definitivamente estamos en algo más preocupante.

Algo sumamente importante también es el control de armas, hay escáneres, pero no en todas las cárceles. Debería hacerse controles internos de estos equipos y que sean manejados por personas que hayan pasado el polígrafo. Además, cómo es posible que un guía tenga que defenderse con un gas lacrimógeno cuando el crimen organizado tiene un fusil AK-4.

Esta falta de control en las cárceles nos lleva a pensar que existe una penetración muy grande del crimen organizado en el Estado.

En el Estado, pero en varios niveles. Es el caso de los generales de la policía que se conoció por la prensa y por la embajada de Estados Unidos. También ha sucedido en el sector justicia y Ejecutivo. Sí hay esa penetración, pero es momento de frenarla, pero hay que hacerlo ya.

Entonces, ¿cuáles deberían ser estos cambios urgentes que debería tomar el futuro nuevo gobernante?

Mi primera recomendación es el control de las cárceles, es una de las áreas más importantes. No puede combatirse el crimen organizado si no se controla las cárceles. Segundo punto, el control migratorio, es decir, no solo frontera norte y sur, también en nuestros puertos. Las inteligencias policial, militar y estratégica sirven para saber qué personas van a ingresar. No necesariamente pueden tener una orden de captura, pero la inteligencia debe saber, por ejemplo, si son miembros de grupos terroristas.

¿Pueden hacer esto en una frontera tan porosa como la norte?

Primero, hay que cambiar el sistema de aduanas. Si queremos defender nuestras fronteras y proteger nuestro país del crimen organizado, tienen que estar armados, no estoy hablando de armar a la ciudadanía que es otro tema, sino de nuestras fuerzas policiales y aduaneras. La Aduana tuvo armas hasta los años 90. Ahora son personas que verifican el ingreso y salida de productos, pero no pueden controlar porque no tienen armas.

Segundo, desplegar fuerzas militares. Hay 243 kilómetros de frontera en el norte. Se pueden poner destacamentos cada 20 o 30 kilómetros. Pero deben ser puestos reales, con estructuras de cemento. Uno va al norte en la frontera y resulta que hay militares en carpas. Sin embargo, lo más importante es usar tecnología.  Estados Unidos controla la mayor parte de sus fronteras con drones con lectura infrarroja, térmica. Es tecnología que está al alcance de cualquier estado.

Si no hacemos algo ahora, vamos a terminar muy pronto como Colombia, que no hubo control y se les fue de las manos. Vamos a tener años y años de guerra.

¿Qué otro elemento más usted añadiría como medida urgente para cambiar esta crisis de seguridad?

Creo que en el sector justicia hay que hacer una evaluación interna, pero también dar la seguridad que necesitan jueces y fiscales. Y, sobre todo, más recursos. El sector justicia está en emergencia, no hay papel, no hay computadoras. También hay que hacer reformas de fondo.

¿Qué tipo de reformas?

Por ejemplo, cuando uno abre una investigación previa existe la norma de que se debe notificar a la persona que se le esté investigando lo cual es una locura. Sí hay la figura de investigación de declaración reservada, pero esa debería ser la regla no la excepción. Esto conlleva a que se utilice mucho la flagrancia en Ecuador porque así no tengo que notificarte, sino que te cogí con la droga y te metí preso. Pero para desarrollar investigaciones de crimen organizado se debe lastimosamente notificar por regla a la persona y esto hace que la persona mueva su dinero o la mercancía.

¿Cuál es el segundo cambio o reforma?

Es necesaria una reforma a la Ley de Extinción de Dominio. Es una ley simbólica. ¿Qué significa esto? Que no nos sirve para nada, ¿por qué? Porque establece que para poder ejecutarla tiene que existir una sentencia ejecutoria. Mataron a la ley. La ley es independiente y hace procesos independientes al delito que se está investigando. Así funciona en Colombia, en Perú, en México. El único país al que se le ocurrió hacer eso -a través de un asambleísta- es el Ecuador.

Esta ley es importante porque al crimen organizado lo que más le duele son sus recursos y mientras el Ecuador siga llenando las cárceles de seres humanos nunca va a poder combatirlo porque el dinero sigue afuera. Yo quisiera que algún día Latinoamérica pueda cambiar esa visión. En Estados Unidos no es que uno trata de llenar las cárceles de personas, es al contrario, trata de llenar las arcas fiscales con el dinero mal habido. Primero se fija en el dinero ilícito, recupera ese dinero y luego ve si puede entrar a un tema de arrestos y de sanciones de privación de la libertad que, incluso, no son muy altas. Hemos visto casos de lavado de activos que salen en cinco años, casos de narcotráfico que salen en tres o cuatro años. Ecuador pone penas de 12 o 15 años. ¿En qué me beneficia como Estado que esa persona siga en la cárcel si afuera siguen los millones circulando y si adentro sigue controlando el crimen organizado? Ahora, inyectar capital ilícito es muy fácil.

Si al crimen organizado no le importa matar a un alcalde de una de las ciudades más grandes del Ecuador, eso significa que esto le puede suceder a cualquier ciudadano ecuatoriano.

También hay algo: no tenemos listas de grupos terroristas. El Gobierno determinó que hay grupos terroristas, pero no puso nombres. Sin nombre es una batalla a una hoja en blanco. Si mañana el hijo de Osama Bin Laden trata de abrir una cuenta en los Estados Unidos. ¿Es posible o no? No, porque está dentro de las listas de terroristas. No ha cometido tal vez un delito, pero él perteneció a una organización criminal y por ende el gobierno le decide ‘yo no quiero que el dinero que tú nos vayas a traer del extranjero pase por mi sistema, te lo voy a prohibir’.

¿Qué pasa en el Ecuador? Mañana el hijo del Chapo Guzmán viene al Ecuador y puede abrir una cuenta porque no hay listas. No tenemos nuestras propias listas, por ejemplo, de los Tiguerones, Lobos. Y con nombres, apellidos y cédulas para bloquear todas sus actividades y las de su familia. No digo interceptar dinero sino prohibir ciertas actividades en el sistema financiero. Porque mientras más trabas se pongan para ingresar dinero, los grupos criminales no van a escoger al Ecuador.

¿Por qué escogieron que un tercio de la droga de Colombia salga por Ecuador? Porque en Ecuador es muy barato sacar la droga, porque no hay mayor control y se corrompen autoridades. Entonces es un gran negocio. El control debe ser preventivo no sólo reactivo.

Si no apuntamos a congelar dinero, a destruir estructuras financieras, vamos a seguir 20 años llenando las cárceles de personas, pero no vamos a atacar a las estructuras financieras.

Esas reformas se pueden lograr muy fácil y muy rápido y podrían ayudar.

Si es que hay una voluntad política.

Lógicamente, el presidente no va a poder gobernar solo, va a necesitar de una Asamblea que sea consecuente y coherente con lo que está viviendo el país. No vamos a eliminar el crimen organizado, ni Estados Unidos lo ha logrado. Eso no se elimina, pero por lo menos hay que controlarlo, por lo menos volver a saber que este es un Estado de derecho y que se cumplen las reglas.

Me llama la atención que un grupo criminal desde una cárcel imponga cuándo estamos en paz, que imponga cuando no se aplica la ley. Eso no puede suceder. El Estado es el que le dice al grupo criminal cuándo empezó la guerra y cuándo termina la guerra contra ellos, no al revés. 

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