¿Cómo se formaron los ejércitos privados más letales al servicio del Cartel de Medellín (Colombia) y del Cartel del Golfo (México)? Esta es la pregunta que busca contestar la investigación presentada por el programa de investigación Orden, conflicto y violencia, de la Universidad Central del Ecuador. Se trata de un documento de discusión que pone en la agenda del debate el meollo de la militarización, no solo del Estado sino también de las organizaciones criminales, en la llamada «guerra contra las drogas».

Esta no es una fórmula retórica para describir una estrategia de seguridad antinarcóticos, dice el documento en su introducción. Literalmente es una guerra en la que los traficantes, los consumidores y los adictos son tratados como enemigos del Estado. Los gobiernos que optan por esta estrategia producen una militarización de doble vía. Por un lado, de su seguridad pública, cuando involucran lógicas militares en unidades de élite de la Policía o implican a militares en tareas policiales. Por el otro, de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Esta segunda vía es poco conocida, pero ayuda a comprender por qué la violencia criminal se ha vuelto extrema y brutal, diseminándose en la región. Este documento reseña cómo se formaron los ejércitos privados más letales al servicio del Cartel de Medellín (Colombia) y del Cartel del Golfo (México). Muestra de qué forma las técnicas militares de “guerra especial” desarrolladas por Estados Unidos fueron aprendidas por los sicarios vinculados al narcotráfico en América Latina. Elementos que sugieren que la violencia criminal extrema es un efecto entrópico de la «guerra contra las drogas» promovida por los Estados Unidos de América.

Entre los «puntos claves» que el documento invita a analizar señala, en primer lugar, que el ascenso de EE.UU. como potencia hegemónica del sistema internacional no fue pacífico. Fue posible gracias al despliegue de violencia política a escala global. El sustento doctrinario, táctico y operacional fue la «guerra especial»; es decir, una combinación de guerra irregular, guerra psicológica y contrainsurgencia que se institucionalizó en 1952. Para esto se formaron las Fuerzas Especiales del Ejército de los EE.UU.

La alianza atlántica entre EE.UU. y Reino Unido durante la «Guerra Fría» redundó en el intercambio y retroalimentación de las técnicas, tácticas y procedimientos de la «guerra especial». Algo similar ocurrió entre EE.UU. e Israel. Sobre todo a partir de 1981, cuando se formó el Grupo de Planificación de Asistencia de Seguridad Conjunta.

La administración de Ronald Reagan (1981-1989) militarizó la política antidrogas a escala hemisférica. La cooperación antidrogas entre los EE.UU. y los Países Andinos se enmarcó discursivamente en el paradigma de la «responsabilidad compartida». El 5 de octubre de 1990 el presidente Bush solicitó oficialmente al Congreso de los Estados Unidos que aprobara la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA, por sus siglas en inglés). Él alegaba que los países andinos estaban deseosos de cooperar en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Una zanahoria bien pensada: pues si los países andinos acataban la política antinarcóticos diseñada por el Pentágono, se les concedería preferencias arancelarias para ciertos productos.

En diciembre de 1987 Yair Klein, un coronel de las Fuerzas de Defensa Israelí convertido en mercenario, llega a Bogotá (Colombia). No fue el único. Al menos una decena de comandos de fuerzas especiales de Israel y Reino Unido entrenaron a mercenarios y sicarios al servicio de los señores de la droga en Colombia. Además, constituyeron una red de tráfico de armas usando a Miami (Florida, EE.UU.) como punto de apoyo.

En esta red de mercenarios también habría participado Ran Gazit, otro militar israelí que fue contratado por el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) para brindar asesoría en seguridad y comunicaciones.

La violencia criminal extrema es un efecto caótico de la guerra contra las drogas que promueve el Pentágono en la región. Comprender este antecedente ayuda a dimensionar por qué las masacres carcelarias y la violencia en las calles del Ecuador adquieren un cariz brutal y terrorífico a medida que la militarización de doble vía se consolida en el país.

En diciembre de 1998 inician sus operaciones criminales Los Zetas al servicio del Cartel de Golfo (Tamaulipas, México). Los Zetas estaban integrados por un grupo de comandos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del ejército mexicano (GAFE, hoy conocido como Fuerza Especial de Reacción, FER). Llegaron a reclutar más de treinta miembros de fuerzas especiales convirtiéndose en la organización criminal más letal del país, desatando una violencia extrema y desencadenando la militarización de las organizaciones rivales con una vertiginosa carrera armamentística.

Los diferentes frentes del Clan del Golfo suelen subir videos a la web en el que muestran su entrenamiento en la selva colombiana. Infobae

Usaron técnicas militares...

“Usaron técnicas militares para ejecutar la masacre en la Penitenciaría”, fue la conclusión del comandante de Policía de la Zona 8, Fausto Buenaño, en septiembre del 2021. 118 personas privadas de libertad fueron asesinadas; la más letal de las once masacres carcelarias registradas en
Ecuador. Un ataque coordinado entre dos pandillas carcelarias que contó con suficiente tiempo y logística para perforar muros de concreto, acribillar y descuartizar cuerpos, apostar francotiradores en los techos de los pabellones para matar a sus objetivos y repeler a los intrusos.

En Ecuador, la violencia criminal extrema se observa en las cárceles y en las calles. Cuerpos mutilados, fosas comunes, cadáveres colgados de puentes peatonales, son muestra del amplio repertorio del que disponen los grupos criminales para lograr sus propósitos. Pero el mayor despliegue táctico-operacional de los grupos criminales se produjo en la madrugada del primero de noviembre de 2022, cuando una serie de explosiones con coches bomba, incendios provocados en gasolineras y ataques armados a varias Unidades de Policía Comunitaria sembraron el terror en las ciudades
de Guayaquil, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas .

Las imágenes de aquella noche recordaban a la guerra contra el Estado colombiano que declaró el Cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, a fines de los años ochenta del siglo pasado. Algo semejante ocurrió al comparar las prácticas de violencia extrema evidenciadas en las masacres carcelarias con las ocurridas en Tamaulipas a manos de Los Zetas. Periodistas, políticos y agentes de seguridad del Estado no dudaron en hablar de “narcoterrorismo” en Ecuador, reclamando una acción más vehemente de Fuerzas Armadas en la lucha antidelincuencial.

Militares refuerzan control de cárcel tras masacre que dejó 68 muertos en Ecuador. Los soldados armados con fusiles y escopetas reforzaron un cordón de seguridad en los alrededores de la penitenciaría en Guayaquil, a pesar de que no hay reportes de nuevos enfrentamientos. Foto: José Sanchez /AP

El presente documento indaga sobre el origen de la violencia criminal extrema de la que hoy disponen las organizaciones vinculadas al narcotráfico en América Latina. En especial, centra su atención en la formación de los ejércitos privados de sicarios al servicio del Cartel de Medellín (Medellín) y el Cartel del Golfo (Los Zetas en México), por considerarse pioneros en el despliegue de técnicas paramilitares.

Se argumenta que la violencia criminal extrema tiene una fuente común: las técnicas, tácticas y procedimientos militares de la «guerra especial» desarrollada por el Ejército de los Estados Unidos de América, y perfeccionadas por sus aliados más beligerantes (como Israel y Reino Unido). Tales conocimientos y habilidades fueron introducidos en el mundo del crimen organizado a través de agentes de Fuerzas Especiales contratados por los capos del narcotráfico, pero también por gremios empresariales interesados en formar grupos paramilitares para dotarse de protección privada. Así, el “narcoterrorismo” sería un efecto entrópico de la «guerra contra las drogas»; es decir, un efecto no deseado, pero provocado por la introducción de lógicas belicistas en la política de seguridad interna propósito del “combate” a los grupos narcotraficantes.

“Don Berna” fue comandante de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que hacían presencia en Medellín. La banda fue más una estructura paramilitar financiada con el narcotráfico. A través de ella Don Berna regulaba el mundo criminal de la ciudad. Foto: Infobae

Las implicaciones para el Ecuador

Para comprender la violencia criminal extrema visibilizada en Ecuador es fundamental rastrear históricamente las dinámicas violentas del crimen organizado en América Latina. Como se muestra en este documento, las tácticas paramilitares y de guerra psicológica utilizadas por el Cartel de Medellín (en Colombia) y el Cartel del Golfo (con Los Zetas en México) son adaptaciones de las tácticas de «guerra especial», aprendidas, desarrolladas y perfeccionadas por las Fuerzas Especiales de EE.UU., Reino Unido e Israel, y transmitidas a estructuras del crimen organizado a través de mercenarios.

Según reportes, el Cártel del Golfo estaría en alianzas con el Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, para terminar con sus rivales. En las fotos, se muestra el uso de armamento y uniformes de uso militar. Fotos: Especial

La militarización de la seguridad pública en Ecuador para confrontar al narcotráfico puede producir un «efecto búmeran»: en vez de contrarrestar el fenómeno del tráfico de drogas puede acelerar la incorporación de tácticas paramilitares entre los actores inmiscuidos en el mercado de los narcóticos, pero también entre actores económicos dispuestos a utilizar dichas tácticas para apalancar sus negocios. Como lo muestra el caso colombiano, los mercenarios israelíes y británicos fueron contratados por capos de la droga y por gremios agroindustriales. Ambos sectores interesados en proteger sus negocios (lícitos/ilícitos) a cualquier costo.

En perspectiva regional, la violencia extrema que se observó en las masacres carcelarias gracias a las filmaciones de los propios perpetradores [técnicas de guerra psicológica], los coches-bomba, la explosión en Cristo del Consuelo [técnicas de guerra irregular], cuerpos torturados y cadáveres colgantes [técnicas de guerra contrainsurgente] y demás prácticas catalogadas como “narcoterroristas” por las autoridades ecuatorianas, son un efecto entrópico de la «guerra contra las drogas»; es decir, un efecto no deseado, pero provocado. El mundo social es un orden complejo no estático en el que la relación entre el sistema y el entorno está abierta. Entender la entropía es clave para evaluar el impacto real de la política antinarcóticos y del régimen prohibicionista de las drogas a escala global.

La explosión de magnitud considerable provocó daños en ocho viviendas y en dos automotores, durante la madrugada del 1 de noviembre del 2022. Foto: El Universo

La militarización de doble vía –es decir, del Estado y del crimen organizado– alimenta el negocio de la seguridad, fomenta una demanda de mercenarios internacionales, rentabiliza al complejoindustrial-armamentístico y apuntala la dependencia estratégica de la región hacia EE.UU. Por eso, aunque la «guerra contra las drogas» no logre sus propósitos declarados sigue siendo la política antinarcóticos preferida por Washington. Las Fuerzas Especiales de EE.UU. han formado gran parte de las unidades de élites en las policías de América Latina para la lucha antidelincuencial. Sobre todo, en los últimos treinta años. Una diplomacia paralela a nivel de relaciones inter-policiales e inter-militares sigue siendo el canal preferido para estrechar vínculos y lograr compromisos en la ruta de la militarización de la seguridad pública.

Los nexos entre militares, mercenarios y narcos son multifacéticos. Por su especialización, militares de fuerzas especiales y policías de unidades de élite son altamente demandados en el mundo del crimen
organizado. A eso se debe añadir, que la privatización de la violencia política a cargo de empresas de seguridad es una tendencia ascendente en el mundo. El caso de Blackwater de EE.UU. o del Grupo Wagner de Rusia son los más emblemáticos, pero no los únicos. La transmisión y adaptación de técnicas paramilitares entre los grupos del crimen organizado tiene un efecto-cascada que acelera su contagio; sobre todo, en Estados frágiles con limitadas capacidades para monitorear y supervisar a las agencias de seguridad pública.