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4 de Diciembre del 2023
Historias
Lectura: 12 minutos
4 de Diciembre del 2023
Redacción Plan V
Millones en efectivo, traspaso de bienes, fuga y un exjuez: los ingredientes de un caso de lavado en Ecuador
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En cajas de cartón y maletas, en la casa de alias JP, fueron hallados fajos de billetes de dólares que sumaron más de USD 8,4 millones y 100.000 euros. La juez anticorrupción que conoció el caso ordenó su decomiso. Fotos: Fiscalía Ecuador

 

El asesinato del año pasado de Juan Pablo Andrade Rodríguez, un extrabajador del Puerto de Guayaquil, abrió uno de los casos de lavado de activos más grandes. En su casa se hallaron USD 8,4 millones y documentos que permitieron hilar sus operaciones a través de la compra de casas, departamentos y autos de lujo. Un exjuez de la Corte Nacional de Justicia ahora es abogado de los implicados.


En media docena de cartones —uno de ellos de whisky Johnnie Walker—, carteras y maletas, la Policía halló casi USD 8,4 millones en efectivo y 100.000 euros, en una casa de la ciudadela 9 de Octubre, en Guayaquil. Los agentes llegaron a este lugar luego del asesinato de Juan Pablo Andrade Rodríguez, un extrabajador del Puerto de Guayaquil, que más de una vez había enfrentado a la justicia. El 4 agosto de 2022, mientras iba en su vehículo blindado, recibió al menos 20 impactos de bala cerca de su domicilio. 

Juan Pablo Andrade Rodríguez.

Durante las investigaciones de ese crimen, los uniformados ingresaron a su casa y encontraron fajos con miles de billetes de 20 dólares. Ahora ese dinero y sus bienes son parte de uno de los casos más grandes de lavado de activos de los últimos años y el primero que lo conoce la nueva Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, de la capital.

No solo había dinero en efectivo. Los agentes encontraron recibos de pagos y planos de inmuebles, documentos notariados, sobres con documentos referentes a compra de inmuebles y otros papeles que los uniformados llamaron como “rendiciones de cuentas”. Además recogieron siete celulares y una tablet; una pistola Glock —de uso policial— y más de 100 cartuchos de alto calibre (.45 y .223).

Todos esos elementos llevaron a la Fiscalía a concluir que Andrade Rodríguez fue uno de los cabecillas de una organización dedicada al lavado de activos, sicariato y al tráfico de drogas y armas. Sobre este último delito, el Ministerio Público cree que la banda contaminaba containers con droga en el Puerto de Guayaquil. La prensa ubicó a Andrade con el alias JP

Según la Fiscalía, el monto aproximado del lavado de activos es de USD 9,7 millones. De estos, USD 1,3 millones corresponden al avalúo de casas y departamentos en las provincias de Guayas y Santa Elena. El más costoso es un departamento de USD 300.000, en una zona exclusiva de Salinas. 

El pasado 28 de noviembre, la Fiscalía formuló cargos contra cuatro implicados, la mayoría familiares de Andrade, por el presunto delito de lavado de activos. La jueza anticorrupción que conoció el caso dictó prisión preventiva contra los procesados, pero dos de ellos se encuentran en Panamá. También ordenó la incautación de 13 inmuebles y 11 vehículos. Mientras que prohibió enajenar cuatro inmuebles más y otros cuatro vehículos.

Andrade no fue el único victimado de este caso. José Holguín Alvarado, quien también formó parte de la organización según la Fiscalía, fue asesinado el pasado 23 de septiembre. Tenía antecedentes por tenencia ilegal de armas.

Por las altas sumas de dinero halladas, este caso recuerda al de Leandro Norero. Cuando su casa fue allanada el 25 de mayo de 2022, las autoridades hallaron USD 6,4 millones en efectivo, así como, lingotes de oro y armas de fuego. Norero fue procesado por lavado de dinero e investigado por narcotráfico, pero antes de ir a juicio fue asesinado el 3 de octubre de 2022 en la cárcel de Latacunga. A él y su círculo íntimo  les fueron incautados 11 inmuebles, cuyo costo alcanzaba los USD 15 millones. Muchos de esos bienes eran de lujo y se ubicaban en lugares exclusivos de Samborondón, Manta y Santa Elena. 

De igual manera, otro personaje con una historia similar es la de Édison Washington Prado Álava, mejor conocido como alias Gerald o como el Pablo Escobar ecuatoriano. En abril de 2017, cuando el capo fue detenido en Colombia y 11 miembros de su organización capturados en Ecuador fue evidente su dominio económico. En operativos en Guayaquil y Manta se encontraron caletas con más de USD 17 millones en efectivo. En Colombia se le incautó 10.000 millones de pesos (USD 3,6 millones) que tenía en la cárcel como caja chica para apuestas, alcohol, fiestas y mujeres. En Ecuador entre los capturados estuvieron guardaespaldas, choferes, abogados y hasta un capitán de la Policía y su esposa, que fue candidata a asambleísta. 

La Policía considera tanto a Norero como Prado como dos de los ocho principales narcotraficantes del Ecuador, que han sido capturados. Pero Andrade no alcanzó esas dimensiones según los escasos registros que existen sobre él en el sistema judicial. Apareció en el radar de la Policía en 2010 cuando fue detenido en un taxi, con otros dos hombres, con tres armas. En su defensa aseguraron no conocerse, pero los chats hallados en el teléfono de Andrade dejaron en evidencia que se comunicaban frecuentemente. En 2014, Andrade intentó pasar un control policial con una cédula falsa para evitar su detención, pues estaba siendo buscado nuevamente por tráfico de armas.  Por eso fue procesado por falsificación de documentos. Además fue investigado por robo y asesinato, según la Fiscalía. 

Pero estos elementos no terminarán solo en un proceso por lavado de activos. En este caso también se investigará delincuencia organizada, anunció la fiscal. 

La UAFE rastreó las operaciones de JP

Millonarios bienes y sin actividad declarada en el Servicio de Rentas Internas (SRI). Ese fue otro indicio que la Unidad de Análisis Financiera y Económica (UAFE) y la Fiscalía descubrieron en este caso. La investigación determinó que ninguno de los procesados tuvo ingresos económicos bajo relación de dependencia u otras actividades, entre 2015 y 2022, que justifiquen la compra de millonarios bienes muebles e inmuebles.  

La organización criminal habría cometido el delito de lavado de activos, entre 2017 y 2023. Adquirió 17 inmuebles que ascienden al valor de USD 1,3 millones, ubicados en las provincias de Guayas y Santa Elena. Entre estos destacan lotes de terreno y casas avaluados entre USD 100.000 y USD 150.000. También consta un departamento cotizado en USD 300.000 en el edificio Punta del Pacífico, ubicado en la playa más exclusiva del cantón Salinas, en Santa Elena. Además se incautaron 12 vehículos, algunos de ellos de alta gama como un Audi y un automóvil BMW, además de cuatro motos. 

En una de estas compras, usaron un cheque como forma de pago, sin embargo ese cheque jamás se cobró a través del sistema financiero. Además pagaron viajes al exterior y compraron metales preciosos, sin un aparente respaldo económico legítimo, agregó la Fiscalía. El monto aproximado del lavado de activos es de USD 9,7 millones.

Una de las principales señaladas es Hericka B.G., de 42 años, quien fue esposa de Andrade. Ella viajó el pasado 6 de junio con destino hacia Panamá, pero desde entonces no ha retornado al país. Contra ella, la Fiscalía dijo que, antes de irse, dejó un poder para que sus muebles, inmuebles y pólizas quedaran a favor de sus dos hijos menores de edad.

Lo asombroso, manifestó la fiscal en la audiencia, es que Hericka B.G. incluyó en esos documentos notariales una posesión efectiva de todo el dinero hallado en el domicilio de Andrade. “En el documento ella dice no saber dónde (Andrade) vivía , con quien vivía y a qué se dedicaba, pese que ha sido su pareja sentimental desde 2005”, relató la fiscal del caso. Una declaración que llamó la atención, pues Andrade dejó a nombre de la procesada una inversión a plazo fijo en la banca ecuatoriana. 

Otro procesado es Carlos Alfredo T.N., de 43 años. La Fiscalía lo señala por adquirir y transferir bienes a su nombre para aparecer como un tercer beneficiario y de esa manera perder el rastro de los activos. Según las investigaciones, también fue beneficiario de los inmuebles que Andrade adquirió y simuló que estos tuvieron como origen una donación para sus hijos.

De igual manera, Juan Leonardo A. F., de 80 años y padre de Andrade, y Jaime Antonio B.B., de 22 años, fueron incluidos en este proceso. Este último, según la acusación fiscal, se encuentra en Panamá y prestó su nombre para beneficiarse del lavado de activos y el de su círculo familiar.

Según la Fiscalía, tanto Hericka B.G. como Jaime Antonio B.B. —quienes son familiares— proporcionaron datos falsos o errados, o han declarado que no recuerdan nada durante sus versiones. “Es decir, están obstruyendo la investigación”, dijo la fiscal. A esto se suma que Hericka B.G., a través de su abogado, retiró toda la documentación que se encontró en el domicilio de Andrade, aunque estaba en curso esta investigación. 

El caso también presenta irregularidades administrativas: evasión de impuestos, facturación ficticia, falta de reporte a la UAFE por los sujetos obligados, entre otros. Como pocas veces se ha visto, la UAFE presentará una acusación particular para ser parte procesal del caso de manera formal.

Entre los bienes que se incautaron a la organización están vehículos de alta gama como un Audi y un BMW. Además pagaron viajes al exterior y compraron metales preciosos, según la Fiscalía. 

Un exjuez de la CNJ como defensor 

El pasado 28 de noviembre, durante la audiencia de formulación de cargos, Jorge Blum Carcelén se presentó como abogado de Hericka B.G., de Jaime Antonio B.B. y de Juan Leonardo A. F., quienes son familiares de JP. Blum fue juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) entre 2011 y 2016 y uno de los magistrados que ratificó la condena de tres años contra los directivos de El  Universo y el pago de USD 40 millones a favor del expresidente Rafael Correa. 

Mientras desempeñaba ese mismo cargo, Blum ordenó los allanamientos a las casas y oficinas de Fernando Villavicencio y del exasambleísta Cléver Jiménez. Blum ordenó su prisión preventiva el 14 de noviembre del 2016 por una supuesta divulgación de documentos protegidos del gobierno de Correa. En 2019, Blum se postuló para el concurso de Fiscal General de la Nación.

“Mis defendidos para salvaguardar sus vidas han tenido que salir del país, pero van a estar presentes en todo el proceso, no han obstaculizado de ninguna manera la actividad de la investigación,”, dijo Blum en la diligencia. Se opuso a la prisión preventiva de sus defendidos y propuso que se les imponga una medida alternativa como la presentación periódica en el consulado de Ecuador en Panamá. 

Sobre la incautación de los bienes, Blum sostuvo que esa medida debe ser para los bienes de los involucrados, pero en este caso -dijo- algunos de ellos pertenecen a dos menores de edad. 

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