I. MARÍA PAULA ROMO:

Ex ministra de Gobierno.

"Hay una disputa entre el gobierno del Estado y el gobierno criminal"

Quisiera referirme al problema de la seguridad como un problema regional, no solamente del Ecuador, y esto no es ni excusa ni consuelo. Es indispensable para mirar la real dimensión del problema y para comprender que no hay soluciones ni sencillas ni solo domésticas, sin mirar un contexto como el que están atravesando América Latina y el mundo. 

América Latina es históricamente violenta.  No sólo por el narcotráfico, que desde hace algunas décadas profundizó este fenómeno y lo llevó a niveles de mayor violencia, sino porque en América Latina se expresan diferentes formas de violencia, desde el delito común hasta la violencia intrafamiliar, de manera exacerbada, y que son mayores en comparación con el resto del mundo.

También, en América Latina tenemos, de modo más recurrente, linchamientos, formas de justicia con mano propia y hoy por hoy es el lugar del mundo donde se evidencian más conflictos ambientales. 

Todo esto hay que ponerlo dentro del panorama general, porque nos da también una idea del contexto en el que es necesaria la intervención del Estado. No solamente de la fuerza pública, de la justicia sino de las demás instituciones. Agregaría a esto que la situación de violencia se deteriora en todo el mundo luego de la pandemia del covid19. Y con más profundidad en América Latina porque aquí fue donde la pandemia afectó más. En este continente, en las Américas, vivimos entre el 8% y 9% de la población mundial, pero tuvimos más del 30% de las muertes globales por covid19. ¿Cómo pasó esto, con un virus que provoca los mismos síntomas en las personas de cualquier parte del mundo, provoca la muerte con una diferencia tan grande? Porque la pandemia puso de manifiesto los problemas estructurales de la región y esto también hay que ponerlo sobre la mesa, porque el deterioro de la seguridad está también vinculada con esta crisis pospandémica, y con la capacidad y velocidad con la que el crimen organizado se adaptó a la nueva realidad, y aprovechó todas las nuevas oportunidades mientras los Estados no se daban abasto para atender la enorme cantidad de emergencias relacionadas con la pandemia, y buena parte de estas fueron atendidas por la policía, lo cual la desgastó poniendo sobre ella el triple del trabajo al que estaba llamada. Esto ha deteriorado profundamente la seguridad.

Ese deterioro en la región no ha sido tan profundo como en el Ecuador. Vemos un crecimiento de las tasas de homicidio que realmente es incomparable con lo que sucede en otros países y esto tiene que llamarnos la atención y a la acción. Resumo este escenario para plantear algunas respuestas, que tienen que ser compartidas y parte de una agenda nacional, de unidad, y una agenda de no decirnos mentiras. 

Hay quienes pretenden decir que las políticas de seguridad son contrarias a los derechos; es todo lo contrario. Sin seguridad no hay derechos. En las políticas de seguridad, la actuación de la fuerza pública, se dice, es una amenaza para la democracia. Todo lo contrario. Sin la certeza de que se puede imponer la ley, no hay democracia. 

¿Qué tenemos hoy? Una disputa entre el gobierno criminal y el gobierno estatal. Creo que ya se puede ponerlo en estos términos, que no son nuevos sino que se discuten en materia de seguridad. Hay una gran cantidad de incentivos económicos mientras la impunidad es cada vez más alta. Es cada vez mejor negocio el tener actividades criminales e ilegales, y por otro lado hay muy pocas posibilidades de castigo. La impunidad es muy grande, en la región. La ONU señala que es en América Latina es donde se ve más impunidad y esta ha crecido. Es decir, no solo han crecido las muertes violentas sino también la impunidad. Ha caído la cantidad de casos que terminan en una investigación o en una sentencia. Y en el Ecuador tenemos que el crimen organizado ha captado una cantidad de espacios que aún en los pocos casos en los que se logra tener sentencia, los sentenciados terminan manipulando el sistema para ser los principales beneficiarios de las políticas de reducción de penas con la manipulación de la ley. 

Entonces tenemos: cada vez mayores incentivos económicos, cada vez más impunidad y un tema que hay que poner sobre la mesa, y es una disputa en la narrativa. En el mundo de la comunicación, la información y la posverdad en que vivimos es muy importante no solamente lo que sucede sino lo que se cree que sucede y se dice que sucede. Y hoy en el Ecuador estamos viviendo, por algunos años, de un discurso que debilita la actuación del Estado, que desprestigia de manera generalizada la actuación de las fuerzas del orden; un discurso que pretende ponerlas en el mismo lugar que el crimen organizado y que quita legitimidad y legalidad a la actuación del Estado, mientras paulatinamente se entrega legitimidad a la acción violenta y al uso de la fuerza de actores no estatales. 

Poco a poco esto ha estado en disputa y a veces en estado de retroceso a la Policía y a la ley, mientras que las organizaciones que funcionan contra la ley y al margen de la ley reivindican su posibilidad de usar la fuerza, no solo en oposición al Estado sino también en contra y afectación de otros sectores de la sociedad. Creo que una de sus expresiones fue en octubre del 2019 y en junio del 2022. 

Esto nos lleva a discutir lo obvio. La razón de existir de los Estados es su capacidad de imponer la ley de asegurar, de manera reglada, de que la ley se imponga y se cumpla. Y hoy estamos en una discusión que creíamos superada en esta lógica de consolidación democrática, porque vivimos un momento en donde eso también está en retroceso. 

Finalmente, hay un tema que nos puede resultar incómodo. Como sociedad hemos normalizado la extorsión como forma de relación en los más distintos niveles. ¿Qué son las vacunas? Están en el marco de esta disputa del gobierno criminal, porque son las organizaciones criminales las que reclaman el control de un territorio y que pretenden ejercer autoridad sobre un territorio, "brindando" a la población, seguridad, protección y resolución de conflictos, convirtiéndose, además, en los prestamistas de cientos de miles de persona expulsadas del sistema financiero, lo cual fue agravado por la pandemia. Se convierten en prestamistas, en cobradores de deudas, reclaman para sí esa autoridad y empieza esta idea del gobierno criminal, controlando territorios y disputándolos con el gobierno del Estado. Esta es una forma de extorsión, porque esta seguridad, dinero, cobro de deudas es extorsión a la población donde le piden recursos, lealtad, participación en las actividades criminales a cambio de aceptar el control del gobierno criminal.

No solamente esta la forma de extorsión a la que me refiero. Qué pasa cuando una organización de la sociedad civil le dice al país entero «si usted quiere trabajar, si quiere abrir su negocio, y tener en paz y poder circular a su casa o trabajo, aquí está la lista de lo que exijo a cambio, y no voy a discutir la ley sino a discutir si tengo o no la fuerza suficiente para impedirle desarrollar sus actividades normales y ejercer su derecho». Esa es una forma de extorsión y se ha convertido en un argumento para negociar con el Estado, reivindicar, exigir participación en la política, cuando la opción democrática es una opción por seguir las reglas, por cumplir la ley, por someterse a esa ley y por discutir en el marco de esas normas cuando no estoy de acuerdo y no en el marco de la imposición violenta, de la extorsión y de la comisión de delitos. 

Esto es algo que está sucediendo en el país y si bien se necesita de todas las políticas públicas, de todos los poderes del Estado, de una agenda de unidad nacional, de los agentes no estatales, de la sociedad civil, de los privados, de la academia, se tiene que reivindicar la obligación del Estado de prevenir, de hacer prevalecer la ley y la autoridad, de los agentes encargados de la ley y de la autoridad que tienen. Y aquí hay que escoger la opción de que el gobierno sea el del Estado y no de la organización criminal, ya se a través de sus protagonistas o de sus aliados.

II. PATRICIO PAZMIÑO:

Ex ministro del Interior y ex viceministro de Seguridad. Ex comandante general de la PNE.

"Hay que negar al crimen organizado el usufructo de su actividad ilícita"

Debo señalar algunas premisas que considero incorrectas y sobre la base de esto señalar algunos desafíos en el tema de la seguridad. 

Se pone énfasis, en algunos sectores de la sociedad, en decir que el problema de la inseguridad solo es del Ecuador y que es de reciente data. Y no hay nada más alejado de la verdad. Nos podemos remontar décadas atrás y hablar de la convención de 1961, de la Convención del Viena del 2003 o de la Convención de Seguridad de las Américas, donde se establece que la seguridad es un fenómeno multidimensional, y llegamos a la conclusión de que la seguridad es un tema global, regional y nacional. Y el primer desafío que tenemos frente a esto es podernos insertar en la cooperación internacional dentro de la gestión del crimen y la delincuencia. Tenemos que insertarnos, primero fortaleciendo nuestras propias capacidades para poder relacionarnos internacionalmente y ser parte activa en esta lucha.

En el 2021, la Organización de las Naciones Unidas publicó por primera vez el índice global de criminalidad y en esta publicación se dice que el crimen organizado se ha convertido en un tema urgente, por su amenaza a la seguridad humana, el desarrollo y la justicia. Y dice también que la desigualdad, los conflictos, la inestabilidad política, el cambio climático, las migraciones forzosas, los mercados financieros no regulados y la corrupción favorecen y dinamizan el crimen organizado. 

Ahí se habla de cuatro tipos de actores criminales. Los grupos de tipo mafioso, las redes criminales, los actores integrados al Estado —que favorecen el crimen o son parte de la actividad criminal— y los actores extranjeros. Se identifican diez mercados en la economía criminal. El tamaño del mercado de la economía criminal en el mundo es entre 1.6 y 2.2 trillones de dólares. En el Ecuador no tenemos cifras. Hay algunos estudios y algunos que vienen desde la investigación periodística, en los cuales se dice en el Ecuador la prevalencia del lavado de capitales va aproximadamente, entre el 2% y el 5% del Producto Interno Bruto. Y aquí tenemos otro desafío como país: es crucial entender cómo se comporta y cambia el crimen organizado, para una respuesta significativa. Para que tengamos intervenciones informadas y basadas en datos de calidad; si no conocemos el fenómeno no los podremos enfrentar, y en eso cada vez hay más actores de la sociedad que nos están dando luces sobre este tema.  

El país vive una violencia inusitada, que bien se califica como terror. Podemos entender el terrorismo como el uso sistemático de violencia para coaccionar a la sociedad y a los gobiernos en beneficio de los objetivos de quien ejecuta el acto terrorista. En un sentido más amplio, es causar terror a la población, para minar la moral de la fuerza pública, debilitarla y desprestigiarla. Vemos lo que ocurre ahora y cómo se ha opinado de la policía y de las fuerzas armadas en estos momentos difíciles que hemos vivido. Esta violencia también es producto de la actividad criminal, de esta competencia que existe entre los mercados criminales, de lo que la academia llama gobierno criminal. El desafío está en entender las estructuras criminales, sus alianzas, sus jerarquías, sus relaciones comerciales.

Otra premisa es que la seguridad es un problema de la Policía y que es un problema de buenos o malos policías, y el tema no es así. Es más, se personaliza en ciertas autoridades e instituciones, y nos olvidamos de la dimensión integral del combate al problema. ¿Qué pasa con los otros actores de la justicia y la impunidad? ¿Qué pasa con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y su responsabilidad en la seguridad ciudadana? ¿Qué pasa con los otros poderes del Estado? Como sociedad debemos cuestionarnos porqué somos cada vez más propensos a vivir en la ilegalidad y en la informalidad.

Debemos preguntarnos por qué estamos permitiendo que se exponga a toda la sociedad al embate de la delincuencia. Y ahí está el siguiente desafío: mirar la inseguridad desde una óptica integral, desde una dimensión compleja. Si existen muchas causas para la inseguridad, debe haber una respuesta múltiple en la orientación de la respuesta. Que no esté solamente impulsada por la justicia penal, sino abordando el fenómeno desde el aspecto socioeconómico. Debe ser una responsabilidad de todo el Estado. Claro que el Gobierno de turno tiene el rol fundamental, porque es el que tiene la responsabilidad del liderazgo en la seguridad. Pero todos los actores del sistema de justicia, los poderes del Estado, los GAD, la Fiscalía, deben asumir su responsabilidad y rendir cuentas, debe haber una alineación y una sinergia en las políticas y en los planes. 

Se habla de la estrategia del crimen organizado. Estamos incautando drogas, municiones... pero ¿estamos desbaratando estructuras criminales? ¿Estamos identificando a los líderes de estas estructuras? ¿Estamos identificando a los actores estatales que favorecen o son parte del crimen organizado? ¿Le estamos negando al crimen organizado el producto de la actividad ilícita? Queda para la reflexión. El desafío es identificar, ubicar y desarticular estructuras. Afectar las ventajas que tiene el crimen organizado, negarle el producto de la actividad criminal; es decir, el dinero, que les da poder para las ventajas de su negocio criminal y formas de sostenibilidad del mismo.

¿Hay políticas de seguridad? Creo que sí las hay. De hecho, hay actores encargados de estas políticas: ministerios, gabinetes, comisiones... Planes hay: el Plan Integral de Seguridad, que está vigente hasta el 2030; el Plan de Seguridad Ciudadana que se lo hizo en el 2019, vigente al 2030. El problema es que cuando llega un nuevo gobierno los dejan como letra muerta y se quieren hacer otros. Los planes se pueden reformular o cambiar, pero el desafío está en continuar y hacer de esto una razón de Estado.

El otro punto es que hay actores que se alejan de su responsabilidad en los temas de seguridad. Mientras menos se los vea como responsables, mejor. No quieren verse involucrados por el supuesto desprestigio que esto les causa. Mal o bien hay políticas, el problema es que se hace política de la seguridad y este tema debe terminar inmediatamente. Por ello, el otro desafío es generar un gran acuerdo por la seguridad, con consensos mínimos más allá de las ideologías.

También creemos, como país, que a la Policía hay que refundarla con cada crisis. La Policía Nacional es una institución con 175 años en la vida del país. Tiene 84 años de profesionalización. Es una institución con historia, identidad, doctrina y estructura. Compuesta por seres humanos. Debemos preocuparnos de saber qué policía queremos. ¿Una policía del primer mundo pero con presupuesto del tercero? ¿Queremos reforma o modernización? Han existido procesos surgidos de la propia institución y de la sociedad civil, el problema es que no les damos continuidad y cada vez queremos refundarla. La policía tiene que dar especial atención a la selección y a su formación. Tiene que ser especializada, equipada con tecnología, con un modelo de gestión que se esté revisando todo el tiempo, no que esté caducando cada cierto tiempo. Tiene que ser permanentemente evaluada y tiene que rendir cuentas. Ese es un desafío para la institución, hay que darle las herramientas necesarias para que se depure de esos actores estatales que favorecen o son parte del crimen organizado. Necesitamos calidad antes que cantidad, una policía motivada y respaldada en sus actuaciones. 

La seguridad es un gran desafío y es de largo aliento, pero es una cosa urgente. Lo que está en juego es mucho, lo que está en juego es el ser humano, la democracia, los derechos humanos, estamos en juego como país. No podemos permitir que el crimen organizado nos quite nuestro derecho a vivir en una sociedad de paz y de convivencia civilizada.

III. GRAL. PATRICIO CARRILLO

Ex ministro del Interior. Ex comandante general de la PNE.

"Muchos de los que están medrando de la economía criminal tienen espacios de poder"

¿Hay sociedades sin violencia y delito? La respuesta es no. Lo que existen son sociedades con menos victimización, porque tienen una mejor estructura, lo que les permite resistir de menor manera la violencia. ¿Es posible recuperar seguridad, derechos y libertades en nuestro país? Creo que sí. ¿De qué forma? Hay dos maneras. Una es desde la fuerza y el poder del Estado y la otra es desde la autorregulación o pactos con el crimen organizado. Esta segunda vía es inconsistente, cuestionable y tiene algunos efectos. Si revisamos las cifras podemos encontrar algunos mecanismos. En el 2020 hubo en el Ecuador 1370 muertes violentas. La tasa fue de 7.1 por cada 100 mil habitantes. En el 2021, las muertes violentas fueron 2495. La tasa de homicidios pasó a 14.3 y en que va del 2022, desde el 1 de enero al 31 de octubre, se registraron 3825 muertes violentas, lo cual sube potencialmente la tasa de homicidios a entre 22 y 23. La pregunta es: ¿el ecuatoriano se volvió brutalmente violento en doce meses? ¿Las instituciones se volvieron absolutamente deficientes? No, lo que podíamos haber estado viviendo antes es esta hipótesis de la autorregulación de las organizaciones criminales. Lo primero que pasa con la autrregulación criminal es que se esconde la violencia. Segundo, se tolera todo y no se protege nada, y tercero, se pierde confianza en la institucionalidad, que básicamente es lo que están pretendiendo el crimen organizado: generar temor y medio. Philip Zimbardo escribió un libro que se llama El efecto Lucifer, y ahí describe estos temas.

Cuando optamos por el Estado, este tiene que mitigar y reducir la violencia, y tiene además que impedir que la inseguridad nos quite derechos y libertades. Y ese es el camino. ¿Cómo? Accionando una agenda de seguridad, que sea además ciudadana. A veces vemos muy distante al Estado y esto también es un problema de los ciudadanos y las instituciones. Ahora hay que ciudadanizar el problema y ejercer presión social para conocer la política, la agenda y el sistema de seguridad, que funciones 24/7 articulado absolutamente entre todos los organismos de control. Conocer cuál es el plan de seguridad de las instituciones, que esté alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; cuál es la estrategia y el modelo de gestión que nos garantice de manera efectiva la tutela y protección de derechos y libertades ciudadanas. 

Tenemos que partir de conceptos básicos. Por ejemplo, la seguridad integral. Cuál es el mapa conceptual que tienen los poderes del Estado respecto de la política criminal. La seguridad integral es la acción globalizada de todos aquellos riesgos que afectan al ser humano. En lo político, lo económico, lo social, lo educativos, lo ambiental y lo legal. ¿Cuáles son las mejores políticas de seguridad? ¿La fuerza que pueden imprimir instituciones como Policía Nacional y Fuerzas Armadas? ¿O el desarrollo económico y la educación? Hay que buscar que estas garanticen la tutela de los derechos. ¿Cuál es el efecto de garantizar derechos mediante el mecanismo de la autorregulación? La corrupción. La concentración del poder en quienes tienen el control de la economía ilegal y a través de esta se genera violencia. El segundo efecto es la impunidad y la degradación de todo el sistema de justicia. Y si no hay justicia no hay seguridad, y si no hay seguridad no hay desarrollo, y si no hay desarrollo vivimos todos en este desasosiego y desesperanza. 

¿Cómo controlamos la economía ilegal, para evitar que sea el crimen organizado el que, ejerciendo poder económico, fragmente al Estado ecuatoriano y a la sociedad? El crimen organizado tiene propósito. Cuando el propósito es solo económico, se manifiesta a lo mucho en la delincuencia común que afecta en lo cotidiano al ciudadano. Pero cuando al propósito económico se une el político, es cuando está en riesgo la democracia. Y cuando están en riesgo la democracia ponemos a circular conceptos como narcoestado, o Estado fallido. Para que exista Estado fallido primero tiene que haber una democracia fallida. Y para que esto suceda tiene que haber ineficiencia de las instituciones. Y la otra pregunta es ¿las instituciones son ineficientes o son corruptas? Y hay que trabajar mucho en los mecanismos de depuración de las instituciones. En este país, es la Policía Nacional es una de las pocas, sino la única, de las instituciones que tiene medidas de control contra el crimen organizado a través de las pruebas de confianza. Ojalá los operadores de justicia, muchas de las autoridades de control quieran someterse a estas. Pero no hay un marco legal para que esto no sea opcional. 

A la criminalidad hay que mirarla de dos maneras. Desde la delincuencia común y la delincuencia organizada. A la delincuencia común se la enfrenta con prevención. Pero ahí el rol es de las ciudades, porque es un problema de convivencia. ¿Cuál es la inversión social que hacen las ciudades para entregar a los ciudadanos beneficios tecnológicos, que den más capacidades tácticas a las instituciones? Hablamos de una sociedad digital, pero las capacidades tecnológicas de las ciudades siguen siendo mínimas. No podemos entregar una placa a un patrullero y queremos sacar del anonimato a todos ellos.

Cuando se enfrenta al crimen organizado hay que dar capacidades especiales. Ya no se puede hablar de medios proporcionales similares a los de la delincuencia. La fuerza del Estado debe ser superior, no puede ser proporcional, porque cuando se une la delincuencia común con un propósito político, aparecen estos mecanismos de terror. Se necesita una policía científica, especializada, con fuerza superior, con cooperación internacional y coordinación articulada con las redes de inteligencia nacional e internacional, con liderazgo y un sistema de información. Sobre esto último, el único sistema estadístico de información lo maneja la policía. Debemos construir un sistema para las ciudades que viven este problema, que tenga desde un centro de mando, control, comunicación, coordinación, inteligencia. No podemos construir política pública sin información.

En este año se ha dado tres elementos para recoger información. El censo poblacional luego de una década, el censo penitenciario y el registro migratorio. Nos corresponde repensar los temas de prevención a partir de una política criminal. La política de drogas, penitenciaria, de movilidad y la de rehabilitación social. Si ya tenemos un sistema de información ¿dónde están los indicadores? Y cuál es el tablero en el que podemos mirar si estamos creciendo o decreciendo. Todos estos mecanismos son aprovechados después por comunicadores comunicacionales que le hace el juego al crimen organizado. 

Hay que priorizar, porque no podemos enfrentar todos los delitos que constan en el Código Orgánico Integral Penal y lo que ahora tenemos que priorizar son los homicidios, porque si no podemos garantizar la vida no se puede garantizar el resto de derechos.  Y todos los delitos ligados a la economía ilegal. ¿Qué pasa con el lavado de activos? En la rendición de cuentas de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, UAFE, del 2021, se da el dato que (en todo ese año) se entregaron 15 reportes de operaciones inusuales en todo el Ecuador. Y de estos, un reporte relacionado con narcotráfico. Y nosotros hablando de narcoestado, cuando hay solo un reporte. ¿Cuántos reportes sospechosos existen? Más de 3000. ¿Qué capacidad tiene la UAFE para analizar lo que nos dicen los oficiales de confianza? El lavado de activos es la parte estratégica en la lucha contra el narcotráfico y hay que enfocarse en ello.

¿Qué está pasando con los otros mercados? La minería ilegal, por ejemplo. Porque ya no son estructuras criminales jerarquizadas, ahora son redes policéntricas que están articuladas alrededor de la economía. Que, en una posición jerárquica, quienes asumen son los que hacen el trabajo sucio y violento y son los que terminan presos. Pero ¿qué pasa con los que están medrando de toda esta economía ilegal? Muchos están en espacios de poder. 

Esto tenemos que enfrentarlo con recursos. Y cuando hablamos de política criminal no queremos mirar lo que pasa en Fiscalía y sus deficiencias y las del sistema judicial. En los cantones de frontera, donde tenemos los mayores problemas es donde menos estructura de Fiscalía tenemos, y hay jueces multicompetentes que al final, por presión o por corrupción, terminan cediendo a las mafias. Pero siempre regresamos a ver a la Policía Nacional. ¿Cuál es el número de sentencias condenatorias y absolutorias? Muchas veces en el sistema judicial es donde más ruido existe, pero donde menos nos enfocamos para corregir. Y por el mismo delito hay personas que tienen sanciones sumamente fuertes y otras absolutamente laxas. El Estado tiene que resolver el problema de la seguridad, sí, pero con justicia, educación, desarrollo económico, transparencia, con política criminal e instituciones fuertes. No lo puede hacer si no nos cohesionamos, si no llamamos a un gran diálogo nacional. Esta ya no es un tema únicamente del Ejecutivo sino de una nación que dialoga para terminar con estos espacios de la corrupción. Porque mientras se sigan autorregulando, y la hegemonía en las cárceles la tengan los grupos criminales, se podrá esconder la violencia momentáneamente para luego hacerla reaparecer. 

El gobierno puede decepcionar en muchas cosas, pero no por eso los ciudadanos podemos permitir que tengan secuestrada la democracia. Estamos mal, sí, pero podríamos estar peor si no se hubiesen tomado algunos recaudos. Sí podemos estar mejor, soy un convencido, ¿cómo?, evitando que la ideoliogía y la politización se metan en el tema de la seguridad. Las cosas buenas tienen que mantenerse.