Back to top
1 de Febrero del 2024
Historias
Lectura: 22 minutos
1 de Febrero del 2024
Redacción Plan V
Terrorismo en Ecuador: cómo se procesa a los sospechosos en el conflicto armado
0

Las Fuerzas Armadas intervinieron en Yaguachi, Guayas, y detuvieron a 67 presuntos terroristas. Foto: Fuerzas Armadas

 

El Gobierno reivindicó durante el primer mes de conflicto interno armado 4.882 detenciones. El balance destaca que por lo menos 237 de los presos serán acusados de "terrorismo" según el artículo 366 del COIP. La Fiscalía, por su parte, reseña unas pocas decenas de casos, siendo el más numeroso la detención y acusación por terrorismo de 67 personas en Yaguachi. Dos expertos creen que el uso de la figura del terrorismo tendrá pocas posibilidades de éxito en los tribunales.

La palabra terrorismo aparece con frecuencia asociada a las operaciones de grupos armados en el exterior, que realizan ataques y atentados contra población civil y fuerzas militares. En el marco del reciente conflicto en la Franja de Gaza, el ataque del grupo terrorista Hamás contra poblaciones de Israel desató una ofensiva del país hebreo, que, según las Naciones Unidas, ha destruido la Franja al extremo de hacerla inhabitable. 

Pero en el Ecuador, a partir de la firma del decreto 111 del presidente Daniel Noboa, el pasado 9 de enero, el Gobierno y las Fuerzas Armadas y policiales empezaron a considerar como "beligerantes no estatales" y "terroristas" a las pandillas armadas que operan en todo el territorio nacional, pero tienen sus cuarteles generales en provincias de la Costa, como Esmeraldas, Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos. 

Más allá de la declaratoria política, los procesos por terrorismo contra las bandas criminales, algunas de ellas conformadas por menores de edad, han sido impulsados por la Fiscalía desde el año anterior, logrando en varios casos condenas usando esa figura legal. El terrorismo está tipificado en un largo artículo del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el 366, que establece varias conductas criminales que pueden ser sancionadas con hasta 13 años de cárcel.

Durante 2023, según los reportes de la Fiscalía, el inciso que está siendo invocado con más frecuencia es el primero, que textualmente dice: “La persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, pongan en peligro o atenten contra las edificaciones públicas o privadas, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años”.

Pero a partir de enero de este año, cuando varias bandas asociadas a las pandillas costeñas como Los Lobos y Los Choneros, han sido detenidos, se ha empezado a usar el numeral 9 del mismo artículo, que pone énfasis en la tenencia de explosivos, algo que parece calzar mejor con una estrategia de operativos y allanamientos contra las bandas en varias ciudades del país, en las que se incautan explosivos como dinamita, o combustibles como cilindros de gas y canecas de gasolina. 

La presencia de adolescentes, sobre todo hombres, en las pandillas criminales, no ha detenido las sentencias por terrorismo contra menores de edad, en las que se ha aplicado el artículo 385, numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia: “Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a diez años, se aplicará la medida de amonestación e internamiento institucional de cuatro a ocho años”.

Trece hombres fueron arrestados por el intento de ocupar el canal estatal TC Televisión.  Foto: Carlos Duran Araujo / EPA, vía Shutterstock

La mayoría de estos procesos están siendo sustanciados por jueces especializados contra la corrupción y el crimen organizado, que despachan telemáticamente desde la capital, con jurisdicción nacional. La Fiscalía, entre tanto, investiga estos casos en el marco de la Unidad Nacional Especializada de investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot).

Aunque los reportes de la Fiscalía sobre procesos por terrorismo relatan casos de unas pocas decenas de personas (salvo el encarcelamiento masivo de 67 habitantes de Yaguachi, a fines de enero, por la toma del hospital de la localidad en el marco de un ataque pandillero contra un herido), los reportes consolidados de las Fuerzas Armadas y la Policía reivindican miles de detenidos.

Así, según el corte publicado por el Gobierno el pasado 31 de enero, durante el primer mes de conflicto armado interno se han realizado 60.508 operativos, en los que se han realizado 4.882 detenciones. El balance del Gobierno destaca que por lo menos 237 de estas detenciones tienen relación con terrorismo, mientras han realizado 92 operaciones contra grupos terroristas, han incautado 1602 armas de fuego, 9.019 explosivos y, en dinero en efectivo, 102.751 dólares. 

En su rendición de cuentas de 2022, la Fiscalía no menciona al terrorismo entre los delitos más denunciados en el país, pues de las 353.817 denuncias recibidas ese año, el 26,5% fueron por robos, seguidos por violencia contra la mujer con el 8%, intimidación con el 7,5% y el tráfico de drogas con apenas el 3.1%. En el mismo documento, consta que se realizaron procesos contra integrantes de bandas como Los Tiguerones, pero por delitos como asociación ilícita. 

Bombas, incendios y explosiones: la tónica de 2023 

En noviembre de 2022, las pandillas realizaron varios ataques incendiarios contra Unidades de Policía Comunitaria, gasolineras y locales comerciales del cantón Durán, en donde fallecieron dos policías. Tras casi un año de investigación, un juez contra el crimen organizado llamó a juicio a nueve personas, y en este caso se aplicó el numeral 10 del artículo 366. 

Mientras tanto, en julio de 2023, la Fiscalía informó que en la localidad de Chinapintza, en la provincia de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú, se logró la condena por terrorismo contra dos menores de edad, ingrantes de una célula de Los Lobos, que operan en la zona minera con armas de fuego y explosivos. La pandilla fue responsable de una muerte en el sector en abril de ese año, y en el caso de los dos menores, se les dispuso un "internamiento institucional por cinco años", debido a que tenían 16 años al momento de la detención.

En agosto del año pasado, un carro bomba con tanques de gas explotó en el sector de La Mariscal, al centro norte de Quito, cerca de edificios del Gobierno que albergan el Ministerio de la Mujer. En ese caso, también se dictó prisión preventiva por terrorismo contra seis sujetos, a los que se responsabilizó de prenderle fuego a un pequeño carro que explotó a pocos metros del Ministerio. 

Una pandilla colocó un carro bomba cerca de edificios del Gobierno en La Mariscal.  Foto: Policía Ecuador

A las pocas horas del primer ataque, otro coche bomba explotó en otro edificio público en la avenida 12 de Octubre. Una camioneta estalló ante la fachada del edificio, y cuatro presuntos terroristas fueron capturados a las pocas horas. La Fiscalía también invocó en este caso el artículo 366 del COIP.

En Guayaquil, la Fiscalía logró  en octubre de 2023, el llamado a juicio, también por terrorismo, contra un delincuente que en marzo de ese año, en el marco del intento de robo a una joyería, le había colocado explosivos a un hombre en la puerta del negocio, para presionarlo para abrir la caja fuerte. El hombre fue rescatado por al Policía.

En Esmeraldas, la Fiscalía apeló al inciso primero del artículo 366, cuando un grupo de pandilleros disparó contra la Policía en el sector de El Panecillo, un barrio popular de la capital provincial. Los cinco miembros de la banda, entre ellos, tres adultos y dos adolescentes, fueron procesados por terrorismo luego del arresto, en donde también se les encontró armas de fuego y explosivos.

Para diciembre de 2023, la Fiscalía informó de la condena a diez años por terrorismo contra un hombre que colocó una bomba en el redondel de Naya la Chapetona, una zona céntrica del cantón Zamora, capital de la provincia del mismo nombre. La explosión -en la que no hubo víctimas- ocurrió el 20 de marzo de 2023 y, según la sentencia, el hombre actuó en el marco de una disputa por tráfico de drogas en la capital provincial. También, a principios de diciembre del año anterior, se procesó por terrorismo a los presuntos responsables de un ataque con explosivos contra una discoteca en el sector de La Garzota, en Guayaquil.

El conflicto interno armado dispara los procesos por terrorismo

Pero enero de 2024 encontraría al país en otro momento político y de seguridad. El 9 de enero, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto 111, con el que se declaró un conflicto armado interno en el país, en donde el Estado se ha declarado en guerra -en el marco del derecho internacional humanitario- contra por lo menos 22 organizaciones terroristas.

La noche anterior, el 8 de enero, en los sectores de Chilibulo y San Martín al sur de Quito, se produjeron dos intentos de ataque con explosivos que fueron considerados terroristas. En Chilibulo, dos individuos en un taxi intentaron hacerlo explotar con un tanque de gas, pero moradores del sector los detuvieron y asesinaron a uno de ellos, mientras el otro fue entregado a la Policía. En San Martín, dos individuos intentaron hacer explotar dinamita en la UPC del sector.  También aquí se aplicó el primer numeral del artículo 366.

El 10 de enero, en cambio, un comando de las pandillas atacó el canal estatal TC Televisión, ubicado al norte de Guayaquil, en un intento de toma de rehenes y de emitir algún tipo de comunicado, lo que no llegaron a hacer. En el ataque participaron 13 hombres, de los que uno de ellos es un ciudadano de nacionalidad venezolana y dos adolescentes, que también formaban parte de la banda. Los adolescentes tienen 15 y 17 años. 

Un grupo criminal asaltó en vivo el canal estatal TC Televisión. La Fiscalía los acusa por el supuesto plan de hacerlo explotar.  Captura de Video de TC Televisión

La pandilla de 13 integrantes, que atacó el canal estatal durante la transmisión de un programa de mediodía, llevaba solo cinco armas incautadas por la Policía: dos revólveres, dos pistolas y una subametralladora, así como municiones, explosivos, celulares y radios de comunicaciones. 

En este caso, en donde dos personas resultaron heridas, la Fiscalía ha invocado el numeral 9 del artículo 336: "La persona que entregue, coloque, arroje o detone un artefacto o sustancia explosiva u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura, con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales a las personas o con el fin de causar una destrucción material significativa" alegando que la pandilla, con una granada y tacos de dinamita, buscaba generar una explosión.

Las detenciones por terrorismo se multiplicaron rápidamente, como la ocurrida en Ambato, el 9 de enero, cuando 15 personas fueron arrestadas por encontrarse en "actitud sospechosa" cerca de la cárcel de esa ciudad, supuestamente con la intención de atacar el presidio para liberar a miembros de su organización. Aunque solamente se les encontró un taco de explosivos, en este caso también se invocó el numeral 9, que hace referencia al uso de bombas. Cuatro personas más, detenidos con un arma de fuego en el centro de Ambato, se sumarían a este grupo de acusados por terrorismo. 

Una célula de la pandilla Los Lobos, que operaba en Ambato, fue detenida a principios de enero.  Foto: Policía Ecuador

Este grupo, considerado terrorista, tenía previsto realizar atentados contra la ciudadanía, servidores policiales, militares e instituciones públicas mediante el empleo de armas de fuego y explosivos.

Algo similar ocurrió en la vecina Riobamba, cuando el día 13 nueve integrantes de una pandilla asociada con Los Lobos fueron allanados. La Fiscalía destacó en esa ocasión que en la casa del grupo, conformado por siete hombres y dos mujeres, se encontraron "logos con sus leyendas, en la sala una figura de la cabeza de un lobo y dentro de una habitación dos gigantografías con: Los Lobos te deseamos feliz navidad y próspero año nuevo 2024”.

El 11 de enero, en Esmeraldas, tres individuos que fueron asociados con ataques incendiarios en Atacames fueron detenidos con combustible. Uno de ellos tiene 15 años de edad. Ese mismo día en Quevedo, ocho personas también fueron procesadas por terrorismo, entre ellas, dos mujeres embarazadas, como sospechosos de colocar una bomba en un patrullero y secuestrar a dos policías en esa localidad de Los Ríos.

Los enfrentamientos entre el Ejército, la Policía y pandillas armadas se han vuelto cotidianas en Esmeraldas.  Foto: Diario La Hora de Esmeraldas

En Guaranda, cuatro personas más fueron procesadas por terrorismo, pues se les detuvo con seis tacos de dinamita y se les procesó por una explosión ocurrida en el centro de la ciudad. En este caso, también se apeló al numeral 9 del artículo 366. 

El 12 de enero, la Fiscalía informó que también procesa por terrorismo a tres individuos, uno de los cuales tenía una pistola, que supuestamente intentaban atentar contra el comandante de la Policía y vigilaban su casa. Uno de los detenidos estaba vinculado a la pandillas de Las Águilas.

También el 12, una banda asociada a Los Lobos, con seis integrantes, fue detenida en Ibarra, portando explosivos, con los que se dedicaban a la extorsión, pero también se les procesa por terrorismo. Mientras tanto, en Santa Elena, dos traficantes de drogas, asociados con pandillas costeñas como los ChoneKillers – Ben10 y Los Choneros tamnbién fueron acusados de terrorismo. Una situación similar ocurrió en Lago Agrio, con la detención de dos pandilleros de Los Lobos, contra los que se inició proceso por terrorismo.

Para el 15 de enero, la Fiscalía relató un nuevo allanamiento, esta vez en la localidad costera de Chanduy, en Santa Elena. Ahí fueron detenidos ocho delincuentes asociados a la banda R7, a los que también se les encontró una importante cantidad de droga, por lo que se les procesa por terrorismo y tráfico de drogas. Un escenario similar se reportó en Portoviejo, cuando se detuvo a una banda identificada con Los Choneros, de siete personas, y tres más de la misma organización fueron arrestados en la comuna Palmar, en la provincia de Santa Elena.

Por terrorismo también están siendo procesados cinco adultos y un adolescente, detenidos en el en el sector La Municipal, en Santo Domingo. Como en casos anteriores, el esquema se repite: se les encuentra armas, así como a cuatro hombres en Sucumbíos, en la segunda quincena de enero.

Los 67 presuntos terroristas de Yaguachi

La captura más grande de presuntos terroristas reportada por la Fiscalía hasta el momento ocurrió en Yaguachi, cuando el Ejército y la Policía detuvieron a 67 personas el pasado 22 de enero, en el hospital Básico de esa localidad. Según la Fiscalía, a los 67 presuntos terroristas se les incautaron como pruebas: "dos armas de fuego tipo artesanal, cinco balas sin percutir, cuatro cuchillos, droga, un chaleco antibala, dos radios de comunicaciones, cinco teléfonos celulares, seis cámaras videovigilancia y cuarenta panfletos con mensajes del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Águilas".

Un proceso masivo se sigue contra 67 presuntos terroristas, que solo tenían dos armas artesanales en Yaguachi.  Foto: Fuerzas Armadas

Dos presuntos terroristas más fueron arrestados el pasado 24 de enero, cuando a bordo de una moto atacaron a la Policía en el sector de La Pulida, al norte de la capital. También está preso un adolescente, que, en Santo Domingo, fue al colegio con una pistola con la que amedrentó a profesores y alumnos, lo que ha motivo su proceso por terrorismo, aunque no parece tener conexión con las bandas armadas.

El reporte más reciente de la Fiscalía da cuenta de que el pasado 1 de febrero, cuatro traficantes fueron allanados en Puerto Grande, en la Isla Puná, Guayas. Se les encontró drogas y armas, pero el caso también es considerado como terrorismo. 

El uso político del terrorismo

Pero antes de la emergencia de las pandillas armadas y la estrategia de combatirlos como organizaciones terroristas, la figura ya había si usada en el Ecuador y promovida por la Fiscalía, sobre todo contra protestas sociales.

Por ejemplo, en 2013, la dirigente del magisterio Mery Zamora fue procesada y condenada por la justicia del Guayas por "terrorismo" cuando organizó una protesta de colegiales. La norma penal vigente entonces, establecía hasta 12 años de cárcel "para quien destruya, deteriore, inutilice, interrumpa o paralice los servicios públicos".

También en 2013, el correísmo persiguió por "terrorismo" a un grupo de estudiantes marxistas, quienes fueron allanados en una casa de Luluncoto.  Luis Merchán, Santiago Gallegos, Royce Gómez, Pablo Castro, Hugo Vinueza, César Zambrano, Héctor Estupiñán, Abigail Heras, Cristina Campaña y Fadua Tapia, fueron sentenciados a un año de prisión por una supuesta "tentativa de terrorismo", según dictaminó la justicia de entonces.

En 2015, una protesta social en el cantón indígena de Saraguro llevó a otro proceso por "terrorismo" contra 29 campesinos, a los que se pretendió acusar de ese delito por haber cerrado la carretera que pasa por la localidad y haberse enfrentado con la Policía. El caso tampoco tuvo asidero jurídico. 

El proceso penal contra 29 campesinos de Saraguro por "terrorismo" fracasó en las cortes. 

Pero la situación actual es distinta a la de esa época, señala el jurista Ramiro Ávila, quien sostiene que hay un uso político del discurso del "terrorismo" en el Ecuador desde la época de Rafael Correa que ahora ha tomado una nueva forma en el marco del "conflicto interno" declarado por la administración de Daniel Noboa.

Para Ávila, quien fue juez de la Corte Constitucional, muchos de los procesos que se están iniciando en los últimos días contra presuntos terroristas podrían ser fracasos jurídicos, si es que la Fiscalía intenta probar un tipo penal complejo y específico, para aplicarlo a pandilleros.

"Tengo miedo de que haya un uso inadecuado del terrorismo, algo que ya ha hecho históricamente la fuerza armada, para combatir protestas por las medidas económicas que está tomando el presidente", dijo Ávila, quien precisa que el uso de la palabra terrorista ha tenido más bien la intención de estigmatizar a quien protesta. Precisa que los actos terroristas deben tener el elemento de querer generar terror, pero se ha empleado en reprimir a defensores de derechos humanos. "Hay un uso político y retórico del terrorismo", señala.

Ávila sostiene que debe haber un acto terrorista para aplicar esa figura, mientras que "la mayoría de acciones del crimen organizado son extorsiones, ataques entre bandas y sucesos que son delitos comunes", explica el jurista. "Se está usando una retórica que no es sostenible en lo jurídico: no creo que las bandas criminales puedan ser declaradas objetivo militar ni terroristas ni beligerantes", señala Ávila.

Un criterio similar tiene el catedrático y experto en derechos humanos, Juan Pablo Albán, quien sostiene que la Fiscalía tendría más éxito en delitos como tenencia de armas, asociación ilícita o tenencia de drogas y explosivos, que es lo que se está encontrando en las campañas de operativos del primer mes del conflicto, en donde se han desplegado las Fuerzas Armadas y la Policía en el territorio nacional.

GALERÍA
Terrorismo en Ecuador: cómo se procesa a los sospechosos en el conflicto armado
 


[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

Juicio contra Carlos Pólit (día 5): Así se involucró a la empresa Plastiquim en la trama de sobornos de Odebrecht
Susana Morán, desde Ecuador para PlanV, y Marcos Medina, desde Miami para PlanV y El Universo
Juicio contra Carlos Pólit (día 5): Olivio Rodrigues aseguró que las coimas de Odebrecht pasaron por las empresas Cosani, Plastiquim e Italcom
Susana Morán, desde Ecuador para PlanV, y Marcos Medina, desde Miami para PlanV y El Universo
¿Qué dice la denuncia por "traición a la patria" contra Rafael Correa?
Redacción Plan V
¿Qué sanciones busca México contra Ecuador y cuán posibles son?
Redacción Plan V

[MÁS LEÍ DAS]

Juicio contra Carlos Pólit (día 4): Gerardo de Souza confirma que entregó dinero a Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa
Susana Morán, desde Ecuador para PlanV, y Marcos Medina, desde Miami para PlanV y El Universo
¿Quién es Diego Sánchez, el testigo en el juicio contra Carlos Pólit que tiene un acuerdo con EEUU?
Redacción Plan V
Santos sobre Carlos Pólit en el juicio (día 2): ‘Me pidió que pagara sobornos para eliminar multas contra Odebrecht’
Susana Morán, desde Ecuador para PlanV, y Marcos Medina, desde Miami para PlanV y El Universo
Juicio de Carlos Pólit (día 1): El excontralor llegó a la Corte de Miami para asistir a la elección del jurado
Susana Morán, desde Ecuador, y Marcos Medina, desde Miami