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22 de Febrero del 2023
Historias
Lectura: 15 minutos
22 de Febrero del 2023
Redacción Plan V
Las transcripciones de las escuchas a Rubén Cherres llegaron después del archivo del informe
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Fotos del informe policial.

 

Según la Fiscalía, el informe de las escuchas a Cherres y a más involucrados en el caso Encuentro es uno de los nuevos elementos que podrían sugerir la reapertura de la investigación previa sobre narcotráfico archivada en marzo de 2022. El juez Christian Quito, quien aceptó el archivo de esa causa, negó presiones, en una entrevista con Plan V.



 

El expediente de la investigación previa sobre una presunta organización de narcotráfico que involucraría a Rubén Cherres, amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, tiene 10 cuerpos. Es decir, comprende 1.003 páginas, según los registros judiciales. Pero el recorrido que tuvo esa indagación por los distintos actores encargados de la misma aún deja preguntas sobre por qué se archivó ese expediente.

El lunes 13 de febrero pasado, el medio La Posta publicó uno de los informes que contiene ese expediente judicial. Se trata de un documento de 145 páginas con el número 04-UCTCI-DAI-DNAI-2022 del 15 de enero de 2022. Pertenece a la Unidad Contra el Tráfico para el Consumo Interno (UCTCI), de la Dirección Nacional de Investigación Antinarcóticos (DNIA), de la Policía Nacional.

Esta investigación previa inició el 13 de mayo de 2021 con la autorización de un juez de Manta para el seguimiento de los sospechosos, es decir 11 días antes de la posesión de Lasso. El 16 de mayo de ese mismo año otro juez de Guayaquil también aprobó las mismas actividades investigativas para recolectar información del caso.

La pesquisa apuntó a una organización relacionada con la mafia albanesa, pues a Cherres se lo observó reunido con el albanés Dritan Gjika, con quien ha sido socio en 12 empresas. Gjika, según el informe filtrado, es el líder de esa presunta banda de narcotráfico internacional. En las escuchas, también hay conversaciones entre Cherres y Carrera.

Los resultados de estas operaciones constan en ese informe, que está dividido en cuatro partes:

  1. Los antecedentes, donde se mencionan las solicitudes y autorizaciones para las intervenciones telefónicas y seguimientos de los sospechosos.
  2. El detalle de la vigilancia a 19 personas, entre ellos Cherres y el albanés Gjika. Los seguimientos empezaron el 13 de mayo del 2021 y se extendieron hasta el 20 de octubre.
  3. El resultado de las interceptaciones de las comunicaciones a los indagados resumidos en 148 conversaciones de interés para los investigadores.
  4. Las conclusiones donde se asegura la existencia de una organización que opera en Guayas y Manabí, y que usa empresas supuestamente para operaciones de narcotráfico. En las recomendaciones, los oficiales a cargo del informe sugieren poner en conocimiento de la Fiscalía ese documento.

Este informe fue enviado el 17 de enero al fiscal Marcelo Vásconez, de la Fiscalía de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional 1 (Fedoti 1) de Manta. Pero a esa fecha, Vásconez ya no estuvo en ese despacho. Según relató a la Comisión de la Asamblea que investiga este caso, él estuvo encargado de la Fedoti 1 entre el 10 y el 16 de enero de 2022. En esos siete días reemplazó al fiscal titular, Rubén Balda, quien pidió permiso.

Durante ese lapso, Vásconez conoció sobre esta investigación previa sobre narcotráfico. En su comparecencia ante la Comisión, dijo que conoció un informe policial que afirmaba que los sospechosos habían cambiado de domicilio en Ecuador. El fiscal se refiere al documento que la UCTCI de Manta envió el 12 de enero de 2022. Una de sus partes señala: “(...) no se ha logrado obtener elementos de convicción que aporten al proceso investigativo, debido a que su paradero actual se encontraría en varias ciudades del país, así como en otros países, razón por la cual y por el tiempo transcurrido de investigación, solicito a usted Tcnl. que el presente parte policial sea remitido al señor Agente Fiscal (...)”. Esa información la hizo pública la Fiscalía en un comunicado oficial para justificar el archivo de la investigación.

Tras conocer el parte, Vásconez emitió dos impulsos en esa causa. Con el primero, pidió al subsistema de interceptación de llamadas que remita la información recabada con esa técnica y que presente un informe al agente investigador. En el segundo, requirió al agente investigador un informe pormenorizado de los resultados de los seguimientos, fuentes, sinopsis de números interceptados, etc.

Vásconez, quien es fiscal de Personas y Garantías de Manta, dijo que no tuvo acceso al informe solicitado que el jefe de la UCTCI-DNIA envió el 17 de enero a Fedoti 1 porque su encargo en esa unidad había terminado. La Fiscalía no ha confirmado si esa misma fecha llegó el informe a sus dependencias.

Lo que sí existe en los registros es que ocho días después, el 25 de enero de 2022, el fiscal Balda -que retomó sus funciones- solicitó el archivo de esa investigación. Y el 25 de marzo de ese mismo año, un juez penal de Manta aceptó el pedido y esa causa quedó archivada. Vásconez aseguró que desconoce los motivos del archivo. Mientras que Balda no ha comparecido aún ante la Comisión.

Una fuente cercana a la causa, afirmó a Plan V que las transcripciones de las interceptaciones de las llamadas llegaron a la Fiscalía de Manta un mes después del archivo del expediente. ¿Por qué desde abril de 2022 la Fiscalía no avanzó en las investigaciones? Esa es una pregunta que se mantiene aún sin respuesta.

Lo que sí existe en los registros es que ocho días después, el 25 de enero de 2022, el fiscal Balda -que retomó sus funciones- solicitó el archivo de esa investigación.

Pero la fiscal General, Diana Salazar, en su comparecencia ante la Comisión de la Asamblea, se refirió a este tema y confirmó que el informe de esas escuchas fue agregado al expediente fiscal “sin el respectivo análisis”. “Por lo tanto, podría constituir un nuevo elemento en la investigación e incluso derivar a una nueva por el presunto delito de tráfico de influencias”, manifestó.

El informe 0062022PJIC, correspondiente a las interceptaciones de llamadas telefónicas, está en el expediente con declaración de reserva judicial, ordenada por un juez competente, es decir con una doble reserva de información, resaltó Salazar. Por esta “protección reforzada”, la fiscal dispuso una investigación previa para determinar las personas responsables de la filtración del informe policial reservado que ha sido difundido por La Posta.

Además de esa nueva investigación previa por la filtración del informe, Salazar dispuso a la Dirección de Control Jurídico de Evaluación y Actuación Fiscal de la Fiscalía General la realización de un informe de seguimiento y evaluación de las actuaciones de los servidores judiciales que conocieron el expediente 1308801821050133, que contiene el informe. El resultado será enviado al Consejo de la Judicatura para que tome las respectivas medidas disciplinarias si así se determina. De la misma manera, la Fiscal dijo que lo enviará a la Policía para que sea evaluado el personal que participó.

Salazar dispuso el traslado del expediente a Quito para que sea conocido por uno de los agentes fiscales de la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones Contra la Delincuencia Transnacional (Unidot). Ese nuevo fiscal analizará la reapertura de la investigación debido a la nueva información “que no fue analizada al momento de solicitar el archivo por cuanto llegó con posterioridad”, reiteró la Fiscal General.

El juez Christian Quito niega presiones

Christian Quito, juez de Garantías Penales de la Unidad Judicial de Manta, aseguró en una entrevista con Plan V que no tuvo presiones de ningún tipo para resolver el archivo del expediente. A sus manos llegó esta causa después de que reemplazara temporalmente al juez Fabricio Menéndez.

Sostuvo que el fiscal Balda fue quien solicitó el archivo de la investigación basándose en las causas que establece el artículo 586 del Código Integral Penal (COIP). Por ejemplo, que se hayan excedido los plazos, que no existan elementos para la formulación de cargos o que el hecho no constituya un delito.

Una vez que llega la solicitud del archivo, hay un plazo de tres días para notificar a las partes, entre ellas a la víctima. Pero en este caso no había una víctima por tratarse de un delito de narcotráfico, explicó el juez.

Este pedido es para que el expediente conste físicamente en un archivo de la Fiscalía y para que esa causa ya no esté pendiente de trámite, agregó el juez. El archivo de la causa, aclaró el magistrado, no va impedir que continúen las investigaciones en caso de encontrar nuevos elementos porque el delito aún no prescribe.

Según el COIP, las investigaciones previas para los delitos sancionados con cinco años de cárcel durarán hasta un año. Mientras que, en los delitos con más de cinco años, la indagación durará hasta dos años. En el caso de tráfico de drogas, las penas van entre uno a 13 años, según la cantidad de droga hallada. En este caso, no hay registros de la incautación de esta sustancia ilícita.

En la comisión de la Asamblea, el fiscal Vásconez fue consultado por qué se archivó esta investigación a los ocho meses de iniciada. Para que un fiscal pueda impulsar una acusación en este tipo de delito primero -dijo Vásconez- se debe encontrar una ‘materialidad’, es decir droga. “Si no hay un gramo de droga, no hay un hecho materialmente penal relevante”, manifestó el fiscal, quien aclaró que ese comentario lo hace en términos generales y no sobre la investigación en cuestión pues él solo estuvo encargado del despacho del fiscal Balda. En el documento de 145 páginas no se menciona una incautación, pero sí escuchas que podrían hacer referencia a droga.

¿Es posible que un juez se niegue a archivar una causa? El juez Quito afirmó que la ley le faculta para elevar una consulta al Fiscal Provincial para que dirima. Pero esta inconformidad se da cuando existen, dijo, “conclusiones discordantes” o no existe una homogeneidad en los criterios. Por ejemplo, cuando hay una contradicción entre lo que pide el fiscal y los investigadores.

Esta posibilidad también la mencionó la fiscal Diana Salazar en su comparecencia. Además, ella aseguró que nunca conoció sobre esta investigación porque el proceso de archivo tiene reglas definidas y con la participación de funcionarios específicos.

El juez afirmó que sí pudo revisar el expediente, pero por su reserva no dio detalles. Sin embargo, dijo que le preocupa que la información haya sido filtrada porque se revelaron los nombres los investigadores. “Ahora las mafias saben que estos fiscales, los agentes de policía, los estaban investigando”, dijo.

En caso de que se reabra la investigación, los sospechosos supieron que estaban siendo investigados y eso podría ser un obstáculo para llegar a más investigaciones de otros delitos, manifestó el juez.

La Fiscal acusa a la Policía de la filtración

“Las características formales de los documentos expuestos en esta Comisión y a través de medios de comunicación no se corresponde con los distintivos originales que constan en el expediente”, dijo la fiscal Salazar ante los asambleístas de la Comisión, el pasado 17 de febrero.

Ante el asombro de los asambleístas por esta afirmación, Salazar tuvo que citar ejemplos. Dijo que las impresiones que están en el expediente fiscal se encuentran en blanco y negro, mientras que las circulan en redes sociales están a color, específicamente las fotografías de los seguimientos. “Se podría decir, para que ustedes tengan mayor conocimiento, a la Fiscalía le entregaron el borrador del informe y el original del informe, los suscriptores lo difundieron por ahí”. Esos suscriptores son los agentes de la UCTCI de la Dirección Nacional Antinarcóticos.

Otra diferencia tiene que ver con la numeración de las páginas del expediente, acción que en términos judiciales se llama foliar. Según la fiscal, el informe que circula en redes sociales no está foliado, mientras que el expediente fiscal lo está “desde el minuto 0”. “Lo propio, en la página 1, que ha sido expuesta, se encuentra una hora de recibido de ese informe en la Fiscalía Provincial de Manabí. En (la versión) que ustedes han tenido acceso no se encuentra esa hora. Es decir, que la persona que ingresó esa parte en la Fiscalía, luego la circuló, no sabemos con qué fines”, dijo la Fiscal.

Por lo tanto, según Salazar, “se podría descartar fácilmente que dicha información haya salido de la propia Fiscalía General del Estado” e infirió que la Policía es uno de los sospechosos de la filtración de la investigación. Aseguró que conoció el expediente un día antes de la comparecencia. 

La Fiscal dijo que ninguno de los investigados tenía fuero de corte y por eso el expediente no pasó a su conocimiento. Pero informó que el presidente Guillermo Lasso figura como investigado en otros casos, pero no en el caso Encuentro, donde está involucrado Cherres.

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Las transcripciones de las escuchas a Rubén Cherres llegaron después del archivo del informe
 


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