El pasado 3 de octubre, el presidente Guillermo Lasso hizo público que trabaja en un plan nacional sobre seguridad. En una entrevista con el periodista Rafael Cuesta, mostró el documento en cuya portada dice: “Estrategia Integral para la Seguridad y la Paz”.  Lasso sacó el folleto a propósito de la pregunta que le hiciera Cuesta sobre la consulta popular que incluye ese tema. “En la última reunión del Consejo de Seguridad del Estado tomamos una decisión fundamental: definir claramente que el primer enemigo del Estado ecuatoriano es el narcotráfico y el crimen organizado”, manifestó Lasso y lo mismo lo repitió este 12 de octubre, en otra entrevista con el periodista Carlos Vera. 

Ese plan, ha dicho el Presidente, lo han trabajado en conjunto con las FFAA y la Policía Nacional. En ese documento y en su anexo está “el detalle de todo el equipamiento que se requiere, y toda la estrategia y toda la táctica necesaria para recuperar la seguridad y paz en Ecuador”, manifestó Lasso. Pero sobre todo trata el tema inteligencia, dijo el Mandatario. “Yo llegué y no ha habido”, cuestionó.

Una de las visitas fue a la compañía Israel Aerospace Industries (IAI), en Tel Aviv, líder en brindar soluciones a desafíos de seguridad y defensa nacional. El Presidente se reunió con altos ejecutivos de esa empresa con quienes discutió sobre todo como fortalecer los servicios de inteligencia. Desde entonces el uso de tecnología israelí -que incluye la implementación de sistemas de ciberseguridad, de inteligencia y vigilancia- está en el nuevo plan de seguridad.

El 9 de mayo, el presidente Guillermo Lasso se reunió con los ejecutivos de la empresa Israel Aerospace Industries para conocer los sistemas de seguridad que ofrece la compañía. Foto: Bolívar Parra/Presidencia de la República

PlanV conoció que una de las estrategias a implementarse será ‘un cierre de las fronteras’ con esta tecnología de vigilancia. La fuente explicó que el paso de la droga por esa frontera se ha incrementado debido al aumento de la producción de la misma en el país vecino. En ese límite fronterizo se ha identificado la presencia de, al menos, cinco grupos disidentes de las FARC. Entre ellos están el Frente Óliver Sinisterra, Los Contadores, el Bloque Occidental Alfonso Cano y las columnas móviles Franco Benavides y Urías Rondón.

Ecuador ha incautado más de 350 toneladas entre 2021 y lo que va del 2022, pero eso implica también una mayor circulación de droga en el país. Eso ha hecho que Ecuador se convierta en una plataforma internacional de distribución de sustancias ilícitas.

En 2021, la Policía incautó 210 toneladas de droga y hasta septiembre había decomisado 140 toneladas. Foto: EFE / Jaime Echeverría

La fuente asegura que ahora los pagos entre bandas se hacen con droga y no con dinero. El resultado es un incremento del microtráfico y el consumo interno de estupefacientes, lo que a su vez impacta en la criminalidad.

El Gobierno prevé terminar el 2022 con una tasa de 21 homicidios por cada 100.000 habitantes, que supera el promedio en el continente Americano que era de 17,2 por cada 100.000 habitantes al 2019, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En la actualidad, este índice alcanza los 15 homicidios por cada 100.000 habitantes en Ecuador.

Por eso limitar el ingreso de la droga a Ecuador es uno de los desafíos para el Régimen. Y el número de pasos clandestinos en la frontera norte superan la capacidad de la fuerza pública para controlarlos. Entonces, la respuesta que prevé el Gobierno a ese problema será tecnológica. Esta solución se encuentra en diseño. La información que obtenga este sistema de vigilancia alimentará a los centros de decisión en materia de seguridad.

Un sistema de inteligencia debilitado

Esta nueva “plataforma de Inteligencia” es un objetivo a corto plazo para el Gobierno. Sin embargo, el camino no es tan rápido, según Carolina Andrade, experta en temas de seguridad e inteligencia. Sostiene que es bastante complicado lograr la reestructuración del sistema de inteligencia en los tres años que le queda al Gobierno.

De experiencias en otros países, el tiempo promedio para formar una analista de inteligencia civil que alcance competencias adecuadas para su trabajo es de cinco años, afirma la experta. Cree que un sistema democrático debe fortalecer este tipo de inteligencia, más allá de la policial y militar. Pero en Ecuador la inteligencia civil “fue bastante mermada”. Mientras que la inteligencia policial y militar también fueron afectadas por la falta de recursos y de personal.

Coincide en que es necesario tener un sistema de inteligencia coordinado y la creación de una red de trabajo que integre todas las instituciones relacionadas con la prevención y disuasión contra la delincuencia. En la actualidad, existen en el país diferentes subsistemas de inteligencia policial, militar, financiera, aduanera, tributaria, entre otros.

La experta explica que esa falta de coordinación se debe a que este tipo de espacios deben construir un ambiente de confianza permanente. Menciona que siempre ha existido una rivalidad policial y militar. “No les gusta hablar mucho de este tema, pero es una realidad en el sistema”, dice. “Hay un interés de protagonismo de quién llega con la información más rápida ante el Presidente o a los asesores políticos. Siempre hay un interés de captar los recursos disponibles de gastos especiales para los subsistemas policiales o militares, y poder fortalecer sus capacidades tecnológicas”, agrega.

Lasso asignó la tarea de coordinación, el pasado 2 de agosto, a la Secretaría de Seguridad, que está a cargo Diego Ordóñez. Entre las atribuciones que tiene el nuevo organismo está “coordinar y articular el Sistema de Seguridad Pública y del Estado y las acciones de los órganos que lo conforman”. Esta Secretaría estará al nivel del extinto Ministerio Coordinador de Seguridad, que hubo en el gobierno de Rafael Correa y eliminado en el de Lenín Moreno.

Andrade recuerda que esta tarea también está prevista en la Ley de Seguridad Pública. Esta norma, publicada en 2009, establece un sistema nacional de inteligencia que tenía como órgano rector a la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Esta institución fue reemplazada por el Centro Estratégico de Inteligencia (CIES), en 2018. Moreno transfirió las competencias y recursos de la Senain a la nueva institución.

Pero en la actualidad, el CIES enfrenta un reto de liderazgo, según la experta. Esta entidad está a cargo de Fausto Cobo, quien es un coronel del Ejército en servicio pasivo. Mientras que, generalmente, los directores de inteligencia en las FFAA y en la Policía son generales, es decir tienen un rango superior al de Cobo. Esto en la práctica debilita el liderazgo que pueda tener el director del CIES para lograr la coordinación de dicho sistema nacional de inteligencia, opina Andrade.

La experta cree que en esta reestructuración del sistema de inteligencia es necesario que se involucren todas las líneas políticas con el objetivo de que deje de ser un espacio de disputa política y sea un espacio de interés estratégico para el Estado a mediano y largo plazo.

Resultados a largo plazo

Los resultados de la Estrategia Integral para la Seguridad y la Paz, que contiene la creación de esa plataforma de inteligencia, no serán a corto plazo, según la fuente. Esto después de 15 años (se refiere a los gobiernos de Correa y Moreno) de “complicidad y abandono”.

El Ejecutivo presentó este documento a Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, durante su visita a Quito, en septiembre pasado. Según la fuente, la funcionaria norteamericana consideró como “impecable” el nivel de detalle” de la propuesta y habría comprometido el apoyo de EEUU para su implementación.

Lasso confirmó la noche del 12 de octubre, en la entrevista con Carlos Vera, que la Estrategia necesitará de una inversión de USD 5.000 millones. “Que Ecuador no tiene por qué asumirla en su totalidad porque es un esfuerzo para combatir el narcotráfico y proteger a nuestros jóvenes en Ecuador, pero también -como le dije al presidente Biden en Los Ángeles- este plan que estaba en elaboración tiene como objetivo proteger a los niños y jóvenes de EEUU”.

Laura Richardson de Southcom, primera mujer en liderar las fuerzas militares del Comando Sur de EE.UU, visitó el Ecuador en septiembre pasado. El objetivo de la cita era buscar colaboración en materia de seguridad. Foto: Carlos Silva/ Presidencia de la República

El Gobierno ha identificado algunos hechos como causas del agravamiento de la inseguridad en Ecuador. Entre ellos está la expulsión de la Base de Manta, la eliminación del Consejo Nacional de Control de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (Consep) y de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES). Asimismo, identifica como otras causas la tabla de consumo de drogas, la libertad para la comercialización de explosivos y los grupos disidentes en la frontera norte.

Esos factores han colocado al Ecuador en una situación de desventaja frente al crimen organizado. Según datos oficiales, Ecuador se encuentra en el lugar 31 de 193 Estados en cuanto al nivel de criminalidad. Este dato apareció en los anexos a las preguntas para la consulta popular. Allí, la Presidencia cita el Índice Global de Crimen Organizado (IGCO), donde el país tiene una calificación de 6,25 sobre 10. Ese puntaje lo ingresa en la categoría de ‘influencia considerable’ del crimen, según ese reporte. “Esto significa que el Ecuador está dentro del 16% de los países con mayor índice de criminalidad del mundo”.

Ese índice también mide el nivel de ‘resiliencia’ que significa la ‘capacidad de resistir y desmantelar las actividades del crimen organizado en su conjunto’, es decir las medidas que adoptan el Estado y los actores no estatales en los países. Ecuador tiene un puntaje de 5,71 sobre 10, lo que lo coloca en un nivel de ‘moderadamente eficaz’. Aun así, la respuesta del Estado sería menor al nivel de criminalidad, acotó la fuente.

Lasso mencionó, en la misma entrevista, que la seguridad es un problema estructural y cree que la violencia en las calles y en las cárceles es una reacción de los narcotraficantes por la incautación de más de 300 toneladas de droga, cuyo valor en el mercado internacional llega hasta los USD 8.000 millones.

Pero en los anexos, el Gobierno reconoce que el Estado no ha podido todavía controlar y desmantelar las bandas delincuenciales, que tienen una alta participación de grupos extranjeros. “Adicionalmente, se observa que los actores estatales tienen igual incidencia que los grupos de estilo de mafia. Esta corrupción corrosiva en el sector público tiene como efecto la falta de efectividad del sistema judicial penal ecuatoriano, conforme se analizará adelante”, dice el mismo informe oficial.

Los mercados criminales más grandes en el Ecuador, según el Gobierno, son el tráfico de armas y de cocaína que alcanzan los índices más altos: 7,5 y 7, respectivamente. En Ecuador, los delitos con armas de fuego han ido en aumento. En los ocho primeros meses de 2022 ha habido un incremento mensual del 30,87% respecto del 2021.