La ex presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, abandonó la noche de ayer las instalaciones del Consejo, ubicadas en el centro capitalino. “La consejera Almeida y el grupo de personas que pernoctaron en el edificio principal se retiraron voluntariamente”, según consta en un comunicado firmado por Hernán Ulloa, quien se considera el presidente de la institución.

El Consejo confirmó que durante los ocho días en que Almeida se aferró al puesto ingresaron personas ajenas a la institución, por lo que verificarán el estado documental e informático de las infraestructuras. Las redes sociales del CPCCS difundieron videos de sus oficinas completamente vacías.

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— Participa Ecuador (@CpccsEc) February 17, 2022

Almeida abandonó las instalaciones tras un allanamiento en el Consejo por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía por un presunto hackeo a las redes informáticas del CPCCS. La denuncia fue presentada por dos consejeros y por el propio Hernán Ulloa. El abogado había sostenido que se habría cometido un “acceso no consentido a sistemas informáticos” y ha denunciado supuestos “hackeos”.

Sofía Almeída denunció un “golpe de Estado institucional” y se había resguardado en la sede del Consejo en compañía de simpatizantes, familiares y grupos vecinales. Según ella,  la sesión que se instaló el día del operativo fue ilegal porque no se convocaron a todos los consejeros y nombraron como secretario a alguien que no formaba parte de la institución. 

Por su parte, el asambleísta Fernando Villavicencio declaró que una facción de la Asamblea prepara un proyecto de resolución para adelantar un juicio político contra los cuatro consejeros del CPCCS. Villavicencio dijo que el orden de los juicios políticos debe ser cronológico y que primero se deben llevar a cabo los juicios al Superintendente de Bancos, Contralor, Procurador y Vocales del CNE.

Una facción de Pachakutik, el Partido Social Cristiano (PSC) y UNES estarían liderando este proceso bajo instrucciones del expresidente Rafael Correa, según sostuvo Villavicencio. Otro objetivo de la resolución sería, “el remover a las autoridades de la Asamblea Nacional, reorganizar todas las comisiones y en particular, tomar el control de la Comisión de Fiscalización. Después de tomarse el Legislativo, el objetivo inmediato será un infundado juicio político en contra del presidente de la República”, advirtió Villavicencio sobre la supuesta nueva mayoría legislativa y sus intenciones.

Según Villavicencio, el objetivo de la nueva mayoría sería destituir a los actuales miembros del CPCCS, para poder designar a un contralor general del Estado que sea capaz de “desvanecer en ácido todas las glosas e indicios de responsabilidad penal, en contra de Rafael Correa, Jorge Glas, Lenin Moreno”.

En el pleno de este 17 de febrero, el asambleísta Ángel Maita (PK) presentó el proyecto de resolución que exige la no intromisión de poderes del Estado en el CPCCS. Entre los artículos del proyecto de resolución, constan el rechazar la injerencia de la Función Ejecutiva sobre el CPCCS, contribuir a instituciones públicas sólidas, exigir al CPCCS que garantice que las personas mas aptas ocupen los cargos y que cumplan los plazos, condenar el operativo policial del 9 de febrero, exigir al Ministro de Gobierno y a la Comandancia de Policía Nacional que el uso de la fuerza se ajuste a la ley y solicitar que el Consejo de la Judicatura entregue a la Comisión de Transparencia de la Asamblea los motivos técnicos para la remoción de Sofía Almeida.

La votación en el pleno fue muy estrecha, pero al final hubo solo 63 votos afirmativos de 125 legisladores, que no alcanzaron a una mayoría simple por lo que no fue aprobada la moción del asambleísta por Pachakutik. El dato de esta votación es que la bancada de UNES, por primera vez en lo que va de esta Legislatura, votó dividida.

Proceder en virtud del artículo 18 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa a conformar una comisión pluripartidista adhoc, de cinco miembros, que conocerá e investigará  el incumplimiento de funciones de los miembros del Consejo de Administración Legislativa.

La comisión parlamentaria para investigar al CAL

Esta resolución pretendía además, dar un golpe contra el Consejo de Administración de la Legislatura, CAL, el máximo organismo colegiado de la Función Legislativa. El texto que fue votado cita el Art. 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice:

Cesación de funciones de dignidades.- La Presidenta o Presidente, las vicepresidentas o vicepresidentes y los vocales de la Asamblea Nacional cesarán en sus funciones por los siguientes motivos:

1. Cumplimiento del período para el cual fueron elegidos;
2. Renuncia a su calidad de asambleísta;
3. Renuncia a su dignidad como miembro del CAL;
4. Destitución, conforme al trámite previsto en esta Ley;
5. Cesación de funciones como asambleísta por cualquiera de las causas establecidas en la
Constitución y la Ley; y,
6. Muerte.

Este es el texto de la Resolucion al respecto, que propusieron UNES, PK y el PSC y que, al acogerse al numeral 4 de dicho artículo, se hace evidente las intenciones de destituir al CAL.

Artículo 8.-  Proceder en virtud del artículo 18 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa a conformar una comisión pluripartidista adhoc, de cinco miembros, que conocerá e investigará  el incumplimiento de funciones de los miembros del Consejo de Administración Legislativa

Artículo 9.- La comisión pluripartidista ad hoc estará integrada por los siguientes asambleístas:

a) Peter Fernando Calo Caisalatin, en representación de la bancada Pachakutik
b) Fernando Cedeño Rivadeneira, en representación de la bancada Unión por la Esperanza
c) Lucía Shadira Placencia Tapia, en representación de la bancada Izquierda Democrática
d) Francisco Eduardo Jiménez Sánchez, en representación de la Bancada del Acuerdo Nacional
e) Pedro Aníbal Zapata Rumipamba, en representación de la bancada del Partido Social Cristiano

Artículo 10.- La Comisión Pluripartidista Adhoc conocerá e investigará el presunto  incumplimiento de funciones,  en el que incurrieron los miembros del Consejo de Administración Legislativa, durante  la tramitación de los juicios políticos presentados contra los Consejeros y Consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin perjuicio de otros hechos que podrán investigarse en virtud de las  respectiva denuncias  que podrán ser presentadas ante el seno de esta comisión, para lo cual se actuará  de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; y, en lo que fuere aplicable, el artículo 166 ibídem.

Artículo 11.- Los y las asambleístas, tendrán un plazo máximo de cinco días, desde la  instalación de la primera sesión de la Comisión Pluripartidista Ad Hoc, para presentar las respectivas denuncias, en contra de los miembros del Consejo de Administración Legislativa investigados.

Artículo  12.- Una vez concluido el procedimiento previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión Pluripartidista Ad Hoc quedará extinguida ipso iure.