César Montúfar es enfático: Jorge Glas no fue liberado sino que, de plano, se fugó, se evadió del penal de Latacunga en donde estaba preso. Y para facilitar el escape del ex vicepresidente de Rafael Correa y Lenin Moreno, se armó una trama de asociación ilícita, en la que deberían responder el ministro de Gobierno, el comandante de la Policía, el director del SNAI y, desde luego, la justicia, representada por el juez multicompente de Manglaralto, una localidad playera de Santa Elena desde donde se emitió una orden de excarcelación cumplida en el penal de Cotopaxi en domingo y con una rapidez insólita. 

El político y profesor universitario, quien se postuló en las últimas elecciones seccionales para alcalde de Quito y también para presidente de la República en las presidenciales, sostiene que debería ser el presidente Guillermo Lasso el primero en declarar sobre las acciones y omisiones de los funcionarios del Ejecutivo en este caso.

Montúfar descarta que en la salida de Glas se puede hablar de una "sorpresa" o de una "viveza criolla" para engañar al sistema de justicia, por lo que no cabe hablar de un fraude procesal. "El juez no fue engañado", explica en diálogo con este medio digital el ex asambleísta por Pichincha. Ni el juez ni los funcionarios del Gobierno fueron sorprendidos, asegura, pues tuvieron tiempo suficiente para darse cuenta de lo que sucedía desde la noche del viernes 8 de abril, cuando el juez multicompetente de Manglaralto, Diego Moscoso, convocó la primera audiencia del caso. 

Para Montúfar, aquí hubo un hecho planificado, más allá de la sentencia sin competencia de Moscoso o el abuso evidente de la acción constitucional realizado por la defensa del ex vicepresidente. "Hubo una planificación, un concierto de voluntades, se pusieron de acuerdo", dice.

El hecho de que el Servicio carcelario (SNAI) no presentara a Glas en la primera audiencia cuando fue requerido por el juez de Manglaralto, a las 22:00 de ese día, tampoco fue inocente, sostiene. Lo que ocurrió, es que así se trató de justificar uno de los pilares de la acción: decir que Glas estaba "desaparecido" y por tanto, el juez de la localidad costera tenía competencia para actuar. Y esas sospechosas acciones y omisiones de los funcionarios del Gobierno, de la Policía y del SNAI son varias.

Pero cuando finalmente Glas apareció en zoom, "ni el juez ni la Policía, ni el SNAI, ni el Ministerio de Gobierno le preguntan dónde está", lo que hubiera significado que el juez Moscoso ya no hubiera podido asumir la competencia en el caso. "En el transcurso de la audiencia no hubo réplica y cuando la sentencia se dio verbalmente, no hubo apelación. Por correo electrónico mandan la boleta de excarcelación a Cotopaxi", detalla Montúfar.

El ex vicepresidente de Rafael Correa y Lenin Moreno salió en tiempo récord del penal de Latacunga. Foto: Wilson Pinto. Tomada de El Universo

Salida exprés del Penal de Cotopaxi

Y las acciones sospechosas continuaron. Resulta que normalmente no liberan a nadie de las cárceles ecuatorianas con la sola boleta de excarcelación, sino que se requiere presentar también la sentencia del juez. Pero en el caso de Glas, la sentencia les llegó dos días después en físico a Latacunga, cuando Glas ya estaba en su casa de Guayaquil.

"Aquí hubo una colusión, una asociación ilícita para permitir la evasión". En las dos denuncias que ingresó en la Fiscalía, Montúfar sostiene que el ministro de Gobierno, el comandante de la Policía, el director del SNAI, y sus delegados ante el juez de Manglaralto, así como el propio juez Moscoso y su secretario, podrían ser los autores de ambos delitos.

Para Montúfar, los funcionarios tuvieron 24 horas para reaccionar, y los funcionarios del Penal de Latacunga tuvieron tiempo suficiente para informar a sus superiores sobre lo que estaba ocurriendo con Jorge Glas. El ministro de Gobierno, asegura, debió declarar que Glas estaba en Latacunga, y como no lo hizo, tendría una responsabilidad, pues nunca alegó que Glas estaba preso en el penal de Cotopaxi sino que guardó silencio. Lo mismo debió hacer el director del SNAI, lo que habría obligado al juez de Santa Elena a no asumir la competencia. 

"No solo que no respondieron diciendo que estaba en Cotopaxi, sino que no lo presentaron a tiempo ante el juez de Manglaralto", destaca Montúfar, como evidencia de que todos colaboraron para que Glas pudiera salir de la cárcel en un tiempo totalmente récord.

"Esto es una evasión, una fuga armada abusando de una garantía constitucional. Se quiere hacer parecer esta fuga como un habeas corpus", enfatiza.

Pero Montúfar sostiene que quien debería declarar en la Fiscalía en este caso es el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, pues en su criterio, todos estos hechos tienen relación con una decisión política: "aquí ni estamos hablando solamente un juez corrupto en Manglaralto, estamos hablando del concurso de altos funcionarios del Poder Ejecutivo que debieron informar al presidente de la República", por lo que debería ser el propio presidente Lasso quien declare.

"La planificación dada para esta fuga requirió del concierto de voluntades con quienes pusieron el habeas corpus, así como los funcionarios. Glas nunca cambió del lugar de detención sino que fue motivo dentro de la propia cárcel. Además, deben responder el juez de Manglaralto y su secretario", sostiene César Móntúfar. 

Las denuncias

Montúfar entregó dos escritos en la Fiscalía. El primero por el delito de evasión que se encuentra en el artículo 274 del Códifgo Orgánico Integral Penal. Los denunciados son Jorge Glas; Nicole Malavé (quien puso la acción en Manglaralto, donde vive); Francisco Jiménez, ministro de Gobierno; Iván Pozo, quien fue el delegado del Ministerio en la audiencia; Pablo Ramírez director del SNAI y su delegado y funcionario del Penal de Latacunga, Alexis Vásconez; el comandante general de la Policía y su representante, Jorge Comasisín; el abogado de Glas, Edison Loaiza; el juez Diego Moscoso y el secretario César Rodríguez. 

Entre los pedidos en esta denuncia, Montúfar pide que se llame a declarar al presidente Guillermo Lasso, asi como a todos los denunciados. La declaración de Lasso, dice el escrito de Montúfar, deberá versar sobre la actuación del director del SNAI y de su delegado en la audiencia, toda vez que el Servicio carcelario depende directamente de la Presidencia de la República.

Montúfar pide también obtener más información sobre los médicos que actuaron en este caso y el registro de llamadas y mensajes de todos los denunciados entre el 1 y el 12 de abril de 2022.

Con un texto complementario de esta denuncia, se presentó otra en la que Montúfar acusa a las mismas personas por el delito tipificado en el artículo 370 del COIP, una asociación ilícita para propiciar la evasión. 

Montúfar sostuvo, finalmente, que el caso debe ser investigado a fondo para determinar las responsabilidades políticas.