La salida de la cárcel de Jorge Glas, el papel del Gobierno en esa operación y el impacto que ha causado en la lucha contra la corrupción son los ejes que se analizaron en una reunión convocada por Fundación Esquel y Voces por la Democracia el miércoles 19 en Quito. 

El colectivo Voces, que agrupa a representantes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de manera individual había planteado a principios de abril inicio de un proceso político que culminará en la convocatoria a una consulta popular ciudadana. Esta consulta nace, según sus voceros,  por "la profunda crisis que atraviesa el sistema democrático en el Ecuador, el cual no encuentra respuestas válidas de parte de la clase política del país, que a más de ser su principal causante, mira con indolencia el desmoronamiento de las instituciones republicanas".

César Ulloa, de Esquel, dijo que esa indolencia se expresa en un bloqueo permanente y la fragmentación política exacerbada, no solo entre movimientos y partidos sino en el conjunto de la sociedad.  Mencionó que la última encuesta de Barómetro Latinoamericano, que será lanzado en Quito a fines de abril, revela que Ecuador es el país en donde los ciudadanos menos confían en las instituciones democráticas. Las percepciones de caos y violencia, de descomposición social hacen al menos la mitad de los consultados prefiera un gobierno autoritario "que ponga orden". A la par, en lo que menos confía la gente en el país es en las organizaciones políticas. 

En el Barómetro también consta que la mayor credibilidad la conservan las Fuerzas Armadas, la Iglesia y las universidades y que las organizaciones de la sociedad civil son consideradas como entes que facilitan el diálogo, el consenso social y político y las iniciativas democráticas.

Por ello, dijo Ulloa, tanto Esquel como Voces por la Democracia van a persistir en levantar la ilusión de una consulta de matriz ciudadana, que no pase por la Asamblea ni por el Ejecutivo y que sea calificada directamente por la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral.

Fausto Camacho, ex vocal del Consejo Nacional Electoral, y parte convocante, dijo que es necesario apuntar a la reforma del sistema político y judicial, y cambiar también el sistema de representación, porque aunque no nos gusten los políticos ni los partidos, de estos nace la representación democrática, se configura el Legislativo y el Ejecutivo, los gobiernos locales y también el Consejo de Participación Ciudadana, que elige las autoridades de control, dijo el activista, y agregó que se hace necesario que los movimientos y partidos deben entrar en elecciones populares primarias para definir sus candidaturas e inclusive sus directivas.

Las organizaciones de la sociedad civil consideran que el sistema electoral debe brindar todas las garantías para que el derecho constitucional de plantear una consulta por iniciativa popular sea respetado. Foto: Archivo CNE

En un comunicado público, los voceros de ambos colectivos propusieron "que sea el pueblo, a través del sufragio, quien decida nuevas reglas del juego democrático para: cambiar la forma de designación de las autoridades de control y que nunca más lo haga el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; eliminar la negligencia y corrupción del sistema judicial y establecer nuevos y rigurosos procedimientos de selección de jueces, fiscales y demás servidores judiciales que tengan como ruta de vida la probidad notoria y la ética pública; recomponer el actual ilegítimo sistema de partidos políticos del país e instaurar otro en el que prevalezcan organizaciones políticas libres, conectadas con los intereses de la sociedad y el país, transparentes en su funcionamiento y en el uso del dinero en la política, y esencialmente democráticos; y, precautelar y defender los recursos que le corresponden a la seguridad social y al sistema público de salud a fin de garantizar las prestaciones y pensiones para afiliados y jubilados de los institutos de la seguridad social, así como la salud de todos los ecuatorianos".

La ex magistrada de la ex Corte Suprema de Justicia (se cambió por Corte Nacional de Justicia), Ana Abril, dijo a su vez que los sucesos con el juez de Manglaralto señalan que la administración de justicia debe entrar en una reforma integral. La consulta ciudadana propone tres preguntas sobre la justicia, dijo, tendientes en el fondo a evitar la presión política sobre fiscales, jueces y operadores judiciales. "La mala práctica de años anteriores ha echado raíces en los servidores judiciales", sentenció. Lo que se busca es que el sistema de justicia esté integrado por servidores de probidad notoria y ética pública.

Si se lleva a efecto, esta sería la consulta número 12 al pueblo ecuatoriano desde el retorno a la democracia (1979), pero sería la única y primera en ser convocada por sectores ciudadanos, cuyos patrocinadores deberán recoger las firmas del 8% del padrón electoral, es decir casi un millón cien mil firmas, dijo a su vez Carlos Aguinaga, también partícipe de Voces por la Democracia y ex vicepresidente del ex Tribunal Supremo Electoral. Aguinada advirtió, sin embargo que el camino de la autonomía política ciudadana no es fácil pues la Constitución de Montecristi puso una enorme cantidad de candados constitucionales para quienes intenten reformar, enmendar o reemplazar la constitución del 2008, y admitió que será necesario que las preguntas también incorporen temas que sean sensibles para los ciudadanos, como la seguridad y el empleo. 

De su parte, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez había anunciado que el Gobierno persistirá en su propia convocatoria a consulta popular, con unas 12 preguntas, de modo preliminar. El ministro dijo que el Gobierno considera apropiado el mes de octubre de este año para la consulta, porque no quiere que empate con la elección de los gobiernos locales, en febrero del 2023, considerados los comicios más masivos y conplicados del país. Los convocantes a la consulta ciudadana, en cambio, consideran que su propuesta puede llevar un proceso de hasta 18 meses. 

Esquel y Voces por la Democracia dijeron que las siete preguntas pueden ser modificadas, enriquecidas o aumentadas con el aporte ciudadano.

LAS PREGUNTAS

   PREGUNTA 1  

¿Está Usted de acuerdo en establecer un nuevo procedimiento para la designación de las autoridades que dirijan el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General del Estado y las Superintendencias, a través de un proceso inmediato y extraordinario, enmendando la Constitución y reformando las leyes pertinentes, como establece el Anexo 1?

   PREGUNTA 2   

¿Está Usted de acuerdo en evaluar mediante un proceso inmediato y extraordinario a jueces, fiscales y servidores judiciales teniendo como base la probidad notoria, la ética pública y la calidad de contenidos en los actos jurisdiccionales, para decidir su permanencia en la Función Judicial, conforme el Anexo 2?

   PREGUNTA 3   

¿Está Usted de acuerdo en impedir el ingreso y promoción en la Carrera Judicial a quienes estén incapacitados psíquicamente, a quienes estén condenados por delitos mientras no hayan obtenido la rehabilitación, a quienes estén procesado por delitos en tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento, a quienes no superen los estándares de medición de probidad, ética y transparencia, a quienes sean dependientes de estupefacientes no medicinales; y, a quienes tengan conflicto de intereses con el sistema judicial, conforme el Anexo 3?

   PREGUNTA 4   

¿Está Usted de acuerdo que todo profesional que aspire a ser jueza o juez, fiscal, defensora pública o defensor público, o servidora o servidor judicial y ascender en la carrera judicial debe aprobar un curso teórico y práctico de selección o ascenso realizado o avalado por la Academia Judicial, conforme al anexo 4?

   PREGUNTA 5   

¿Está Usted de acuerdo en que mediante elecciones primarias libres, abiertas, simultáneas, obligatorias y públicas organizadas y administradas por el Consejo Nacional Electoral se seleccionen por voto universal, directo y secreto a los candidatos a Presidente de la República, Asambleístas Nacionales, Asambleístas Provinciales, Alcaldes y Prefectos que participarán en representación de las
organizaciones políticas; y, en el mismo acto, se elijan por voto directo y universal de los afiliados a la directiva nacional y provinciales de cada una de las organizaciones políticas, directivas que se constituirán con representación proporcional de todas las listas participantes, de acuerdo al Anexo 5?

   PREGUNTA 6   

¿Usted está de acuerdo en que se cambie el sistema de partidos políticos por un sistema pluralista, inclusivo, democrático, participativo y representativo, con elecciones primarias abiertas, paridad de género, representación intercultural e intergeneracional, participación y control ciudadano, nuevas reglas de financiamiento de la política y rendición de cuentas; y, una vez aprobadas las nuevas normas las organizaciones políticas deberán reinscribirse en el Consejo Nacional Electoral, conforme con el anexo 6?

   PREGUNTA 7   

¿Está Usted de acuerdo que cuando exista un precio del barril de petróleo mayor al establecido en el correspondiente Presupuesto Anual del Estado, el 50% del valor excedente se destine a los institutos de la seguridad social y al sistema público de salud, mediante la creación de un Fondo que garantice la atención de los pensionistas, afiliados y no afiliados?