El Gobierno enmendó otra de las decisiones de Lenin Moreno que se mostraron ineficaces y precipitadas. En abril de 2019 con el decreto ejecutivo 718, el ex presidente dispuso la supresión de la Secretaría de Gestión de la Política y el traspaso de todas sus funciones al ministerio del Interior. Ya para entonces, había asumido la cartera María Paula Romo, quien empezó a ejercer la gestión política del régimen al tiempo que se acercaba a la Policía, lo que se evidenció sobre todo meses después, en octubre de 2019 cuando el conflicto político desembocó en fuertes protestas que desataron la represión policial. 

Las funciones encomendadas al nuevo ministerio por Moreno fueron las de "gestión política para gobernabilidad y prevención del conflicto; articulación intergubernamental; y articulación entre Funciones del Estado", que ya desempeñaba la secretaría de la Política, creada por Correa. 

Correa creó la Secretaría de Gestión de la Política con decreto 1522 de 2013, con los objetivos de " formular las políticas para la gobernabilidad, el relacionamiento político con las otras funciones del Estado, con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el diálogo político con los actores sociales y la coordinación política con los representantes del Ejecutivo en el territorio".

Secretarios de la Política como Paola Pabón tuvieron poco trabajo que hacer: el correato mantenía la hegemonía política.  Foto archivo API

Además de esas atribuciones, la Secretaría creada por el correato tenía injerencia en gobernabilidad, posicionar a los pueblos y nacionalidades, entre otras. La primera titular de la dependencia fue Betty Tola, sucedida luego por Viviana Bonilla y Paola Pabón, la actual prefecta de Pichincha. Pero era poca la gestión que realizaba la Secretaría, cuando el correato tenía mayorías de hasta 100 votos y presidía la Asamblea con asambleístas como Fernando Cordero y Gabriela Rivadeneira, y el aparato político del correato controlaba también varios espacios en el interior del país. 

Moreno vuelve al ministerio de Gobierno

En 2019, todas esas atribuciones -algunas de las cuales, como la relación con el Legislativo, habían sido tradicionales de los ministros de Gobierno- pasaron al ministerio que encabezaba Romo, aunque la gestión política estuvo marcada por sospechas de presunta corrupción -como el reparto de los hospitales entre legisladores que apoyaron las iniciativas legales del morenismo- y, sobre todo, por una escasa posibilidad de maniobra en la Asamblea.

María Paula Romo volvió a unir manejo político con policías. Y los uniformados le sirvieron de telón de fondo en sus comparecencias ante la Asamblea.  Foto Ministerio de Gobierno

La absoluta falta de apoyo al régimen en el Legislativo se evidenció, entre otros temas, con la censura y destitución de la propia Romo con una mayoría de más de cien votos, a pesar de policías de uniforme le servían de telón de fondo en sus intervenciones de naturaleza política. De prevención de conflictos tampoco hubo mucho: el intento del Gobierno de eliminar los subsidios a los combustibles por medio de un decreto incendió al país y produjo violentas jornadas de protesta que afectaron el centro de Quito y tuvieron su manifestación más polémica en el saqueo e incendio de la sede principal de la Contraloría, a la que accedieron manifestantes que asediaban el Palacio Legislativo y que no tuvo protección policial. El conflicto político terminó cuando Moreno renunció a su intento, estableciendo un esquema que solo liberó el precio de los combustibles que consumen los sectores más acomodados de la población que hoy, debido a la crisis provocada por la guerra en Ucrania, alcanza precios internacionales. 

El ministerio con Lasso 

El actual Gobierno mantuvo el esquema heredado del morenato, pero tras la renuncia de Alexandra Vela, quien reveló que su principal propuesta era la disolución de la Asamblea y las elecciones anticipadas, previstas en la Constitución heredada del correísmo, volvió al esquema previo a 2019.

El primer ministro  de Gobierno fue César Monge, uno de los fundadores de CREO, considerado el principal operador político de Lasso en su carrera hacia el poder. Pero Monge murió a las pocas semanas, víctima de un cáncer de páncreas, lo que llevó al cargo a la decana de Derecho de la UDLA, Alexandra Vela. Una figura histórica de la Democracia Cristiana y del entorno del ex presidente Osvaldo Hurtado, cuya línea conservadora empató plenamente con las posturas del régimen. Así, abogó por la disolución de la Asamblea y las elecciones anticipadas, así como mantuvo un discurso policial de apoyo total a los uniformados, como ocurrió con el caso de un policía involucrado en la muerte de dos sospechosos en Riobamba. Pero la mezcla de política y policía, dos cosas que parece solo tienen en común la p inicial, empezó a hacer cortocircuito. 

La fulminante enfermedad de César Monge privó a Lasso de uno de sus cuadros más importantes. Foto: Presidencia de la República

El decreto 381 dictado por el presidente Guillermo Lasso recuerda que en 2010 se cambió la denominación de Ministerio de Gobierno por el de Ministerio del Interior, y que en 2019 se volvió a unir lo policial con lo político.

De ahí que el decreto de Lasso decida escindir el viceministerio del Interior, que se encargaba de las tareas policiales, para crear un nuevo ministerio, con autonomía técnica, operativa, administrativa y financiera, encargado de la seguridad ciudadana, la protección interna y el orden público.

Alexandra Vela fue percibida por muchos como una cuota del entorno de Osvaldo Hurtado que no había ganado las elecciones pero estaba en el poder. Foto: Ministerio de Gobierno

Por otro lado, el ministerio de Gobierno quedó a cargo del otro eje que el morenismo había colocado en una misma institución: la gobernabilidad.  Y sus funciones son, básicamente, las mismas que había tenido la extinta secretaría de la Política: las relaciones con las otras funciones del Estado, con los gobiernos seccionales y con los gobernadores provinciales, jefes y tenientes políticos, prevenir conflictos, organizar diálogos, entre otros. 

En el decreto se precisan también las atribuciones del ministerio del Interior, enfocado sobre todo en la seguridad ciudadana, y el control de las actividades de la Policía Nacional. Podrá también emitir informes "reservados y secretos" sobre investigaciones realizadas para preservar el orden público, entre otras.

El decreto de Lasso da un plazo de 100 días para este proceso, a cargo de los ministros Francisco Jiménez y Patricio Carrillo.