

En el Palacio Legislativo, los cinco asambleístas de Pachakutik negaron haber pedido favores a cambio de sus votos. Foto: Diario El Universo
El fin de semana no hubo sabatina, pero las cosas se parecieron un tanto a los viejos tiempos del autoritarismo correísta. Y no faltaron quienes sintieran una suerte de déjà vu (una expresión en francés que significa algo ya visto) con la época en la que el presidente reclamaba algo en fin de semana y al lunes siguiente fiscales, funcionarios y hasta jueces atendían el pedido con asombrosa diligencia, de la que habitualmente carecen para el ciudadano común.
En varias contundentes cartas, el presidente Guillermo Lasso dispuso auditorías fiscales y contó a la Fiscalía los nombres de cinco legisladores que habrían pedido favores económicos a funcionarios de Palacio a cambio de intentar salvar la ley de inversiones que naufragó en la Asamblea con 87 votos en contra.
Estamos procediendo con medidas legales ante la corrupción de uno que busca favorecer sus intereses personales.
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 27, 2022
Mi carta al SRI para que se tomen las acciones correspondientes. pic.twitter.com/FwXAPw4jLG
Y en otra misiva, esta vez a quienes son subalternos suyos, como es el caso del Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), Lasso expuso sus dudas sobre si Xavier Hervas, a quien visitó en su fábrica de Cotopaxi días antes de la votación para pedirle el apoyo político de la Izquierda Democrática, ha declarado todo lo que gana, pues habría una inconsistencia entre sus declaraciones de impuesto a la renta y el dinero que mueve hacia el exterior, según los registros de salida de divisas.
Joaquin Villamar, ex esposo de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri.
Tras la publicación, el domingo, en Diario Expreso de Guayaquil, sobre operaciones inmobiliarias del ex esposo de la alcaldesa Cynthia Viteri -con la que ese medio ha sido crítico desde que inició su administración- el presidente dispuso otra investigación al SRI y a la UAFE, esta vez contra Joaquín Villamar, quien liquidó su sociedad conyugal con Cynthia Viteri en 2011 sin que ambos declararan bienes, pero ahora tendría varias propiedades en la zona de Daular, donde está previsto construir el nuevo aeropuerto de Guayaquil, obra que sigue en proyecto, pero que podría aumentar sustencialmente la plusvalía del sector.
Los resultados de las tres cartas de Lasso hasta el momento: dos indagatorias fiscales abiertas en la Fiscalía, que ya declaró que el proceso es reservado en esa etapa, por disposición legal. La una es contra los cinco legisladores y fue anunciada en domingo, a las pocas horas de la carta presidencial y la otra, la mañana del lunes, fue abierta "de oficio" en contra de Villamar, sin que la Fiscalía mencione esta vez la carta del mandatario.
Carta a la Fiscal General Del Estado.
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 26, 2022
Cumplo con mi obligación moral, política y legal de poner a conocimiento la corrupción de la Asamblea Nacional. pic.twitter.com/EN1CzmbAsb
Y aunque ni el SRI ni la UAFE han confirmado si investigaron o investigan ya a Hervas y Villamar, Carondelet reiteró en un comunicado que el presidente ha dado instrucciones "formales y expresas" a ambas instituciones para revisar las cuentas de ambos.
Los resultados de las tres cartas de Lasso hasta el momento: dos indagatorias fiscales abiertas en la Fiscalía, que ya declaró que el proceso es reservado en esa etapa, por disposición legal. La una es contra los cinco legisladores y la otra fue abierta "de oficio" en contra de Villamar.
Pero, ¿hay alguna estrategia tras estas medidas? ¿Se va a convertir en una constante que opositores o críticos empiecen a tener auditorías de impuestos, laborales o de la Seguridad Social de forma direccionada?
Una fuente de Carondelet sostuvo que "en esto hay más de moral que de politica" y defendió las acciones del mandatario. "Lo cierto es que Hervas quedará notablemente disminuido. Y no quedan capitales políticos en el sistema", explicó la fuente, aunque descartó que la intención del Gobierno sea afectar las proyecciones políticas de Hervas en particular. Para el alto funcionario consultado, la réplica de Pachakutik sobre que era el Gobierno el que ofrecía favores no tiene ningún asidero.
De su lado, uno de los consejeros de Palacio dijo a PLANV que aunque no ha participado en ningún diálogo político con ese grupo de legisladores, cree que la afirmación de que el Gobierno ha sido el que hacía ofrecimientos es falsa.
El portavoz del Palacio, Carlos Jijón, le dijo al diario El Universo que "Antes de hacer una acción tan grave, el Gobierno tiene que reflexionar la manera de hacerlo. Esto ha sido una decisión del Gobierno que es responsable, meditada y se llegó a la conclusión de que debía hacerse la denuncia y contarle a la gente lo que había pasado y no guardarse", al ser consultado sobre por qué no denunciaron el supuesto chantaje antes de la sesión de la Asamblea. Carondelet había anunciado una declaración de Jijón pero esta no se produjo hasta el cierre de este reporte.
Hervas dice que Lasso lo buscó, pero no habla de sus impuestos
En un video en sus redes sociales, también durante el fin de semana, Xavier Hervas confirmó que fue el presidente Lasso, quien cumplía agenda en Cotopaxi, el que le llamó para invitarle "a un café en Palacio" y el que se ofreció a visitarlo en su fábrica en esa provincia. Poco más de una hora después de la llamada, la caravana presidencial se presentó en la fábrica de Hervas y el presidente le habría dicho que buscaba el apoyo de la ID para la ley de inversiones.
¿A quien abres las puertas de tu Casa? pic.twitter.com/cRlNiuHxEz
— Xavier Hervas (@xhervas) March 26, 2022
Según Hervas, él se limitó a decirle a Lasso que él no vota en la Asamblea ni tiene el control de esos votos. Según Lasso, en cambio, Hervas le insinuó que tenía un problema con el SRI que quería solucionar antes de comprometer cualquier apoyo político: “en forma inaudita, como si de moneda de cambio se tratase, que el SRI había iniciado en su contra alguna fiscalización”, relató el mandatario.
Hervas insistió en que nunca le ha pedido nada al Gobierno, ni siquiera cuando le endosó su apoyo en contra del correísta Andrés Arauz, y que tampoco lo ha hecho en esta ocasión. El ex presidenciable de la ID se lamentó de haber "invitado a su casa " al mandatario, a quien acusa de mentir.
Según el presidente, los valores del Impuesto a la Renta entre 2009 y 2020 corresponden a un ingreso cercano a los USD 20.000 mientras que los valores del ISD en ese mismo periodo implicarían un movimiento de divisas al exterior que rondaría los USD 200.000.
En su carta sobre el caso de Hervas, el presidente sostuvo que los valores pagados por Impuestos a la Salida de Divisas (ISD) y el Impuesto a la Renta (IR) por Hervas serían incompatibles. Según el presidente, el impuesto a la renta declarado por Hervas entre 2009 y 2020 asciende a USD 3666 y en algunos años lo declarado fue cero. “El 2018 el ISD fue de USD 1050, lo que representa un movimiento de divisas exterior de USD 21.016. El Impuesto a la Renta de ese mismo año fue de USD 203” explicó Lasso.
Según el presidente, los valores del Impuesto a la Renta entre 2009 y 2020 corresponden a un ingreso cercano a los USD 20.000 mientras que los valores del ISD en ese mismo periodo implicarían un movimiento de divisas al exterior que rondaría los USD 200.000. Hervas, en su video del fin de semana, no dijo una palabra sobre sus impuestos, aunque ya había respondido que sí estaba al día con sus obligaciones con el fisco.
Lo cierto es que si la ID, con sus 15 votos, hubiera cambiado de opinión y los cinco legisladores que supuestamente negociaban con el Gobierno les hubieran apoyado, el proyecto de ley pudo haberse salvado con las justas, pues no se hubieran podido conseguir los 70 votos para el archivo.
PK denuncia una "retaliación" y acusa a un subsecretario del ministerio de Gobierno
De su lado los cinco legisladores de PK señalados por el Gobierno dieron su versión en el Palacio Legislativo, la mañana de este 28 de marzo de 2022.
Los asambleístas Celestino Chumpi (Morona Santiago), Edgar Quezada (Sucumbíos), Gisela Molina (Cotopaxi), Rosa Cerda (Napo) y Cristian Yucailla (Tungurahua) respondieron con “no hay corrupción sin corruptor” y sostuvieron que si hubo reuniones anticipadas para salvar la ley, “¿por qué Lasso no hizo la denuncia?” antes de la sesión.
Se esperaba que los asambleístas revelen un audio en el que un funcionario del Ejecutivo habría mantenido conversaciones sobre dichos beneficios, pero no se reveló ningún nombre del despacho presidencial. Los asambleístas de Pachakutik declararon que ya entregaron esa información a la Fiscalía pero que no pueden hacerla pública por existir un proceso en indagación previa.
Pero en horas de la tarde, Salvador Quishpe, asambleísta y ex prefecto amazónico, dijo que el intermediario del Gobierno fue el subsecretario de Articulación Intergubernamental del Ministerio de Gobierno, Juan Pablo Hidalgo, quien forma parte del equipo del viceministro Homero Castanier desde junio de 2021.
Quishpe le dijo al periodista Fausto Yépez que fue Hidalgo quien convocó a su casa a los cinco asambleístas y que se habló de contratos en una entidad amazónica a cambio de apoyos políticos. Quishpe dijo que Hidalgo es una especie de "hombre del maletín" que tendió "una trampa" a sus colegas de bloque.
Salvador Quishpe, asambleísta de Pachakutik, identificó al subsecretario del ministerio de Gobierno, Juan Pablo Hidalgo, como el supuesto intermediario del Gobierno. Dijo que es el nuevo "hombre del maletín". @revistaPlanV @pichondedino https://t.co/D0EFOpcwTr
— Fermín Antonio Vaca (@FerminVaca) March 29, 2022
No se reveló ningún nombre del despacho presidencial. Los asambleístas de Pachakutik declararon que ya entregaron esa información a la Fiscalía pero que no pueden hacerla pública por existir un proceso en indagación previa.
El asambleísta por Sucumbíos, Edgar Quezada, hizo alusión a la reciente Ley de Inversiones archivada, y dijo que “el Gobierno después que pierde su ley empieza a botar lodo con ventilador, empieza a decir asambleístas ladrones”. Quezada confirmó que han mantenido reuniones con el Gobierno, pero solo para infraestructura vial y una universidad para Sucumbíos. “El Gobierno tendrá que justificar y probar ante la Fiscalía. Esperemos que esto no se convierta en una persecución política” concluyó. Quezada, según el portal Radiografía Política, es un abogado de Sucumbíos que antes de ser legislador desde 2021 fue asesor en el Ministerio de Inclusión Económica. Declaró un patrimonio de USD 330 mil.
“No debemos pensar que atropellándole al más novato o al más joven puedo levantarme de una crisis, un mal manejo político o de un pésimo equipo de comunicación” declaró la asambleísta Gisela Molina. Según Radiografía Política, Molina es una veterinaria y profesora de Cotopaxi y es la primera vez que llega a la Asamblea. Entre 2011 y 2014 fue técnica pecuaria en el Ministerio de Agricultura y su patrimonio es de USD 119 mil.
Por su parte la asambleísta Rosa Cerda mencionó que, “estoy lista para que se realice la investigación. En mi provincia de Napo no tengo nada, estoy limpia. No le tengo miedo (al presidente)”. Cerda confirmó que también mantuvo reuniones con el Ejecutivo por reclamos del traslado de una coordinación zonal a Orellana. La legisladora se hizo conocida fuera de su provincia cuando se publicó un vídeo en el que supuestamente advertía a sus militantes contra el cometimiento de actos de corrupción, y aparecía diciendo: "si roban, roben bien", mensaje confuso que fue leído más bien como un llamado a la corrupción que como una crítica. Cerda es una tecnológa en empresas ecoturísticas de Napo que ha sido técnica en Ecorae, funcionaria del ministerio de Educación como asistente de operaciones y logística en la Coordinación Zonal de Educación Zona 2 y técnica de acompañamiento familiar en la Dirección Distrital del Ministerio de Inclusión. Según declaró al posesionarse del cargo, tenía USD 20 mil en activos y 27 mil en pasivos, por lo que tenía USD 7 mil en contra.
Los cinco asambleístas se deslindaron de las acusaciones del presidente Lasso y las calificaron como “calumnias y atracos”. El asambleísta Yucailla dijo que el presidente debía “poner la denuncia inmediatamente. Dicen que hemos pedido cargos, que lo prueben”. Yucailla es un economista de una comunidad indígena de Tungurahua, quien declaró un patrimonio de USD 112.300.
Por su parte, según el reporte de Radiografía Política, Celestino Chumpi, un abogado de Morona Santiago, declaró un patrimonio de USD 1010, y conoce la Asamblea Nacional desde 2015, cuando llegó como asesor. Entre 2019 y 2020 fue funcionario de la Prefectura de Morona Santiago, en Macas.
“Cuando son proyectos de ley o juicios políticos se lo hace en la jefatura de bancada en la Asamblea Nacional. Cuando son temas de diálogos políticos por asuntos de territorios de las provincias lo hacen los asambleístas a su función como legislador de determinada provincia”, dijo el jefe de bloque de PK, rAFAEL LUCERO.
El jefe de Bloque de PK, Rafael Lucero aclaró la dinámica de encuentros entre el Legislativo y el Ejecutivo. “Cuando son proyectos de ley o juicios políticos se lo hace en la jefatura de bancada en la Asamblea Nacional. Cuando son temas de diálogos políticos por asuntos de territorios de las provincias lo hacen los asambleístas a su función como legislador de determinada provincia”, explicó.
Exigimos que la Fiscalía realice la correspondiente investigación y se sancionen a los responsables de actos alejados de la ética, ratificamos nuestro compromiso de lucha contra la corrupción venga de donde venga. pic.twitter.com/n4qMmt15UI
— PACHAKUTIK NACIONAL (@PKnacional18) March 27, 2022
Quezada había dijo el fin de semana que “quien nos hizo propuestas indecentes, nos ofreció contratos a cambio de que nos alineemos con el Gobierno. Lasso está dolido porque votamos en contra de la Ley de Inversiones”.
En un comunicado, el bloque de Pachakutik dijo que el presidente carece de pruebas y que, “al no concretarse sus cálculos políticos busca desprestigiar a la Asamblea y en especial a los legisladores de Pachakutik”. El comunicado menciona que las acciones del Ejecutivo son una acción de retaliación y un abuso de poder, “increpando acusaciones falsas que pretenden confundir y engañar al pueblo ecuatoriano”.
Al interior de PK no se niegan contactos o conversaciones con el Gobierno, pero se asegura que los legisladores provinciales tienen la obligación de hacer conocer las necesidades del interior del país a los funcionarios del Gobierno, sin que eso signifique algún tipo de acto corrupto.
Los legisladores del @BloquePkEc
— PACHAKUTIK NACIONAL (@PKnacional18) March 28, 2022
esta dispuestos a colaborar con la investigación "se debió hablar a tiempo, y si hay corruptos, también hay corruptores, eso debe aclarar el gobierno y no debió esperar y denunciar luego que hubo la votación en contra de la Ley de Inversiones " pic.twitter.com/kn6fEN5bku
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