Las paradas están y los anuncios publicitarios también, pero los pagos por el canon acordado no se han hecho. Una de las obras más publicitadas por la administración de Mauricio Rodas, las nuevas paradas de buses que se colocaron en 414 puntos en la  ciudad, no han producido hasta la fecha sino solo un poco más de cien mil dólares, cuando en teoría debían generarle al Ayuntamiento no menos de un millón 277 mil al año. No solo que no ha producido plata, sino que la Contraloría, en un reciente informe, determinó que los términos que constaban en los pliegos originales fueron modificados para favorecer al contratista y perjudicar al Municipio. 

La actual administración del Municipio, encabezada por Santiago Guarderas, ha declarado que la empresa contratada por Rodas, Sarmiento Publicidad, una firma argentina con una oficina local en Quito, ha incumplido el contrato y había iniciado el proceso para terminarlo, cuando la firma, sorpresivamente, recurrió a la justicia del interior del país -a pesar de que no tiene oficinas en Guayaquil- y convenció a un juez de Guayas de que tiene un local en esa ciudad, con lo que obtuvo medidas cautelares a su favor. 

El caso se remonta a 2018, cuando el 11 de abril, el entonces secretario de Territorio, Jacobo Herdoiza, firmó con Paulina Durango, apoderada de la empresa Publicidad Sarmiento S.A  un contrato para la implementación de 414 paradas.

Según explicó Herdoíza, "el concesionario producto de un concurso público, explota publicidad asociada a los paraderos de buses convencionales, con lo cual recupera su inversión y tiene una utilidad razonable en un contrato que dura 10 años a partir de hoy. El modelo establece un canon de concesión anual que supera el millón doscientos mil dólares que el concesionario se compromete y se obliga a pagar a favor del Municipio".

Durango, de su lado, dijo que "El monto que establece el contrato es una prestación anual al Municipio de Quito de un millón doscientos sesenta y siete mil dólares anuales y el plazo es de 10 años de concesión. A cargo de la compañia, esta el diseño, instalación y mantenimiento durante 10 años que incluye la reposición en caso de daño del mobiliario urbano que son las paradas de los buses con un diseño moderno y que va a prestar a los ciudadanos el servicio que aspiramos mejorar las condiciones en las cuales utilizan actualmente el transporte público".

Para el 7 de junio de 2018, el propio ex alcalde Rodas constató, en la intersección de las avenidas Portugal y Shyris, al norte capitalino, el funcionamiento de la primera parada construida por Sarmiento. Entre las bondades de las nuevas paradas, se destacaron entonces aspectos como el uso de "acero inoxidable y cristal, tecnología wifi, techo atérmico que evita los reflejos de rayos ultravioletas".

Todo ello debía ser implementado por la empresa Sarmiento, en un modelo que fue denominado como un caso de "alianza público privada". El Municipio de Rodas remarcó también que poner las nuevas paradas no le iba a costar al Municipio, pues Sarmiento iba a realizar la instalación y el mantenimiento. Lo más importante, sin embargo, era que tal como había sostenido la apoderada de Sarmiento, iban a pagar por lo menos un millón 277 mil dólares al año al Municipio, que se pensaba usar para mejorar otras paradas de buses fuera de la concesión. 

El Municipio no recibe los pagos

Pero cuatro años y tres alcaldes después, la empresa Sarmiento no ha pagado el valor al que se obligó en el contrato por concepto de canon, que se debe al uso del espacio público capitalino.

Según un informe presentado por la Empresa Metropolitana de Obras Públicas, que es la entidad municipal encargada de la administración y fiscalización, el canon que el aparato de propaganda de Rodas presentó como el mejor punto de la concesión no ha sido pagado por los argentinos.

El informe establece que, según el contrato, la ciudad entregó a la empresa de publicidad 414 paradas ubicadas en toda la urbe. Pero más allá del techo, el vidrio y la supuesta conexión WiFi, lo que más destaca el informe son los módulos publicitarios en cada parada, conocidos como "mupis".

De las 414 paradas, 309 son simples y cuentan con un solo "mupi", mientras otras 105 paradas dobles cuentan con dos "mupis".  En cada una de las 414 paradas debían instalarse igual número de bancas, y también relojes en 20 de ellas. El total de los "mupis" o espacios publicitarios, es de 519.

Descuentos en el canon de hasta el 50%

Según el contrato, el pago del canon de concesión era exactamente de USD 1´267.126, que inclusive se podían pagar en cuotas trimestrales. Pero lo que no dijeron ni Rodas ni sus funcionarios en 2018 es que según la claúsula 17 del contrato, el canon podía ser negociado y está relacionado con una tabla, atada a la cantidad de publicidad sin licencia municipal que se encontrara dentro de la concesión, una extensa superficie que prácticamente abarca toda la ciudad.

En todo caso, esta negociación entre el Municipio y la agencia publicitaria no podría llevar a un descuento del canon mayor al 50%. Así las cosas, lo que el Municipio de Rodas presentó como un pago fijo e inamovible de la agencia a la ciudad siempre fue susceptible de reducirse, según la "letra chica" del contrato. La "rebaja" del canon ha sido observada por la Contraloría, y la empresa se amparó en ella en 2019 y 2020 para pedir pagar hasta un 50% menos. 

El contrato fue auditado por la Contraloría, que emitió algunas recomiendaciones al Municipio. Entre las disposiciones de la Contraloría, estuvo que se analice, por parte de la Empresa de Obras Públicas, el estado actual de los "mupis", que no está totalmente colocados. 

Aunque todas las 414 paradas han sido instaladas, solo 423 de los "mupis" están disponibles y aún falta de colocar 96. El Municipio tiene derecho a usar un 5% de estos espacios publicitarios, mientras que el 95% restante es de uso exclusivo de Sarmiento. 

Si a usted le llamó la atención que en esas paradas falta donde sentarse (aunque tienen un pequeño asiento) no se equivoca: aún no se instalan las 414 bancas que completaban el paradero de buses. Luego se cambió de opinión y las 414 bancas se proyectaron para ser ubicadas -algún día- en parques y plazas de la ciudad en lugar de en las paradas. Según la Contraloría, para mediados de 2021 las bancas llevaban 851 días de retraso y hasta el momento siguen sin colocarse. 

Sobre el mantenimiento, la Empresa de Obras Públicas destaca que sí se ha cumplido, aunque la Contraloría también encontró indicios de que las órdenes de reparaciones no se han ejecutado completamente. 

Pero a pesar de que sí hay mantenimiento, el Municipio solo ha recibido por parte de Sarmiento, en estos cuatro años, USD 104.809,51, que la empresa entregó el 23 de noviembre de 2021 en calidad de pago inicial de una propuesta de realizar 24 pagos semestrales por lo que debe por los años 2018 y 2019. Adicionalmente, depositó cerca de USD 380 mil en el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo, que no han sido recibidos por el Municipio. 

El informe de Obras Públicas precisa que les falta pagarle a la ciudad por lo menos USD 4´709.601,52 por concepto del canon, que la empresa se resiste a pagar.

Además, el Municipio ha determinado multas por USD 1´131.350 debido a que no se ha colocado varios "mupis", además de otra multa por USD 24.225 por demoras en la explotación publicitaria. 

El Municipio estima que la empresa gastó USD 2´844.084 en las paradas, aunque ese valor no toma en cuenta la depreciación. 

Estos algunos los "mupis" o espacios publicitarios en el mobiliario urbano

Los reparos de la Contraloría

De su lado, la Contraloría General del Estado realizó un examen especial a todo el proceso de concesión de las paradas, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2021. El informe fue aprobado el 29 de diciembre de 2021 y entregado al actual alcalde, Santiago Guarderas. 

Una de las primeras novedades es que el Municipio no entregó a la Contraloría los sustentos con los cuales hizo los cálculos para estimar los costos, los gastos y las ganancias de la concesión de las 414 paradas.  Tampoco se pudo establecer de dónde sacaron los funcionarios de la administración de Mauricio Rodas el valor que finalmente se estableció como canon o regalía. Los auditores destacan que las propias estimaciones del Municipio determinaron que las ganancias del concesionario podrían ser de no menos de un millón 620 mil en el primer año pudiendo superar en el año 10 de la concesión los dos millones de dólares. En sus respuestas a los auditores de la Contraloría, los funcionarios municipales pusieron por escrito que eran conscientes de que los ingresos por publicidad de la concesión "superaban con holgura los costos" del mantenimiento de las paradas. 

Por otro lado, en el concurso se presentó, además de Sarmiento, una empresa llamada JC Decaux Ecuador, que concurrió ante la Procuraduría con una denuncia de irregularidades. La Procuraduría, de su lado, destacó que la administración de Rodas no justificó suficientemente el por qué concesionar a una empresa privada lo que debía hacer el Municipio, así como que tampoco contó para el proyecto con la aprobación del Concejo Metropolitano.

En la administración de Jorge Yunda, el Municipio no tomó ninguna acción con relación a las recomendaciones de la Procuraduría.

Según los auditores de la Contraloría, entre enero y abril de 2018, luego de la adjudicación a Sarmiento pero antes de la firma del contrato, se modificaron los términos que constaban en los pliegos iniciales, para favorecer a la agencia de publicidad. El muñequeo significó que el contrato se firme 71 días después de la fecha legal. 

Se modificaron los plazos y fechas de pago en beneficio de Sarmiento y afectando la liquidez del Municipio, destaca la Contraloría, y se le dieron facilidades sobre el cronograma; se les dio una exclusividad publicitaria en toda la ciudad, algo que tampoco estaba en los pliegos; y, sobre todo, se incluyó la tabla para rebajarles el canon y el Municipio se obligó a retirar la publicidad en toda la ciudad de acuerdo con la empresa extranjera, lo que significó que el Ayuntamiento tenga que incurrir en gastos y logísticas que no fueron consideradas.  

La concesión de paradas de buses genera ingresos por publicidad pero el Municipio no ha recibido su pago. 

Cuando finalmente se firmó el contrato, la empresa, que había ofrecido instalar las paradas en 150 días, terminó recibiendo 160 días adicionales de prórrogas, que se justificaron porque llovía y porque el propio Municipio no entregaba las artes que se debían colocar. 

Los problemas continuaron en 2019. La empresa Sarmiento alegó que había encontrado hasta 407 vallas y anuncios sin licencias municipales en el territorio de la concesión, por lo que pidió la rebaja del canon del 50% para ese año.  Como el Municipio se negó, empezaron los problemas judiciales. En noviembre de 2019, la empresa Sarmiento puso una demanda en el Tribunal Contencioso Admnistrativo contra el Municipio, en el cual depositó cerca de USD 380 mil por concepto de canon de 2018  y parte de 2019.

En su informe, la Contraloría, que descontó para su cálculo el depósito de Sarmiento ante el Tribunal Distrital, estimó en por lo menos  USD 2´708.770 la deuda de Sarmiento con el Municipio por concepto de canon. De esto, Sarmiento ha abonado solamente USD 104 mil en noviembre de 2021. 

Mediación y demanda

Las diferencias entre Sarmiento y el Municipio hicieron que esta empresa llevara al Ayuntamiento al centro de mediación  de la Procuraduría General del Estado, instancia prevista en el contrato. Pero la falta de pago del canon es una de las causales para la terminación del contrato, y el Municipio parece estar decidido a aplicarla. Informes de la Secretaría de Territorio y la Empresa de Obras Públicas recomendaron la terminación del contrato con Sarmiento. 

El procurador del Municipio, Sandro Vallejo, explica que el proceso de mediación se estaba llevando en la Procuraduría, cuando, de improviso, la empresa argentina, cuya sede está, según la Superintendencia de Compañias, en el norte de Quito, concurrió a la justicia del Guayas con una acción constitucional. El juez de la causa, en Guayaquil, aceptó como prueba del domicilio de la compañía en el Puerto Principal una factura de uso de un espacio de trabajo en un edificio en donde, segun Vallejo, nadie conoce a los supuestos empleados de la empresa que dicen trabajar desde ahí.

En su escrito, Sarmiento dijo que "la compañía Publicidad Sarmiento S.A. realiza, también, sus actividades comerciales, en las oficinas del Edificio Sky Building, ubicado en esta ciudad de Guayaquil ciudadela Bahía Norte, solar 1, manzana 57". 

En su acción, los representantes de Sarmiento se oponen a la terminación del contrato que adelanta el Municipio (aunque no han hecho oferta alguna de pago, destaca Vallejo) e inclusive alegan que se les afecta su derecho al trabajo, por lo que el juez de Guayaquil emitió una medida cautelar a su favor, ordenando al Municipio capitalino que suspenda las medidas para terminar el contrato. Para Vallejo, no se puede alegar derecho al trabajo en una relación comercial como la que mantienen el Municipio y Sarmiento.

Efectivamente, en su acción constitucional, Sarmiento explicó que "en el eventual caso, que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito proceda a dicha terminación unilateral, causará daño irreversible a mi derecho constitucional al trabajo", motivo por el cual pidió la suspensión de todo proceso de terminación del contrato. 

El juez de la causa, Hermes Jiménez Pintado, ha convocado a una audiencia este 20 de abril, a las 13:00, en Guayaquil, a la que ha citado al Municipio de Quito y a la Procuraduría General del Estado.

El juez Jiménez Pintado de Guayaquil es conocido en el Municipio de Quito porque en 2021 concedió una acción de protección en el marco de una disputa entre el consorcio Recobag, que recoge la basura y la empresa municipal Emaseo. En aquella ocasión, el juez le dispuso a Emaseo el pago de planillas a Recobag recordando que está prohibido "el trabajo gratuito" en el Ecuador. Igual que en este caso, la contratista del Municipio de Quito logró ser atendida por la justicia porteña y evitó presentar su reclamo ante los jueces de Pichincha.

Para el procurador Vallejo, el juez debe desechar el pedido de Sarmiento, empresa que se niega a pagar a la ciudad lo acordado en el contrato de 2018. Mientras tanto, las paradas y sus anuncios publicitarios siguen en su lugar, aunque el Municipio no ha recibido de ellas más que una pequeña fracción del dinero previsto en la concesión.