A un año de las elecciones seccionales, en donde se votará por alcaldes, prefectos y concejales en todo el país, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) expresó su preocupación por la falta de presupuesto para ejercer su función, que es la de tramitar los procesos contenciosos electorales. El TCE presta el servicio público de administración de justicia electoral en el Ecuador y busca garantizar que el ejercicio electoral se desarrolle en apego a la ley. La organización del proceso propiamente dicho corre a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este será el primer proceso en que se deban aplicar las reformas al Código de la Democracia aprobadas en 2020. Entre las reformas están, por ejemplo, la inclusión del 30% de candidaturas femeninas o el 25% de candidatos jóvenes en todas las inscripciones. Hubo un cambio en la  forma de votación que implica un nuevo método de repartición de escaños. Como en todos los procesos anteriores, es muy posible que cargos en disputa tengan que ser resueltos en la justicia electoral, que administra el TCE.

El presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, declaró sobre el nuevo proceso electoral en una rueda de prensa en la sede del TCE.

Según el presidente del TCE, Arturo Cabrera, van a participar unas 300 organizaciones políticas y entre todas las candidaturas superarán los 90 puestos, por lo que teme un gran ingreso de recursos electorales. “Eso hace que estas elecciones sean más complicadas que las de 2021”. El TCE organizó  un conversatorio con miembros de organizaciones y partidos políticos para socializar las medidas que se deben implementar.

@TCE_Ecuador Iniciamos el conversatorio sobre "Procesos Contencioso Electorales para las Elecciones Seccionales 2023 y @CpccsEc ", con las Organizaciones Políticas Nacionales. pic.twitter.com/ga0S7O8OEY

— TCE Ecuador (@TCE_Ecuador) February 16, 2022

Al Tribunal le preocupa la falta de recursos: en 2021 esa institución enfrentó las elecciones presidenciales con un recorte  del 80% del presupuesto que solicitaron. Para enfrentar los conflictos legales que se produzcan en las elecciones  seccionales de 2023, se necesitará invertir en rubros como infraestructura, equipos informáticos y servidores. Pero el principal problema tiene que ver con los recursos humanos. Según Cabrera, el personal es insuficiente y está afectado por el Covid. El TCE presentó un presupuesto de USD 4 millones para estas elecciones al Ministerio de Finanzas.

La falta de personal se refleja en la acumulación de trabajo que tienen los jueces. El TCE tiene causas pendientes incluso del proceso de consulta popular del 2018, sin mencionar causas de las elecciones seccionales del 2019, y las que llegarán de las últimas elecciones de 2021. En total son 1400 causas pendientes de resolución, “los jueces tenemos que turnarnos para usar sólo un auditorio, necesitamos fortalecer las causas” dijo Cabrera.

Para 2023 serán 864 procesos de elección interna que deberán ser coordinados por las organizaciones políticas. A nivel nacional 11 mil dignidades se elegirán entre principales y suplentes. “La pretensión del Tribunal es allanar el camino para que las elecciones se lleven de la mejor manera” dijo Arturo Cabrera, presidente del TCE.

Tras las declaraciones a la prensa, en la sede del Tribunal se dio un taller con organizaciones políticas para la socialización de los hitos y normativas de cara a las elecciones. Según funcionarios del Tribunal, se enfatizará a las organizaciones políticas la importancia de las primarias para la consecución de todo el proceso.

A mediados de año se deberían inscribir las candidaturas y a inicios de 2023 debería iniciar el período de campaña electoral. Las elecciones serían el 5 de febrero y la posesión de las nuevas autoridades en mayo de 2023.