Guadalupe Llori decidió ya no perder más tiempo y, ante la radicalización de los legisladores que buscan sacarla de la oficina de la Presidencia del Palacio Legislativo, echó mano de un recurso manido: la judicialización de un conflicto político.

Llori siguió el camino que antes transitaron Jorge Yunda y Santiago Guarderas, en el conflicto por la Alcaldía Metropolitana, o los consejeros de Participación Ciudadana, que recurrieron a una jueza del interior del país para presentar una acción constitucional. Ahora espera que la justicia impida a la oposición conformar la comisión para "evaluarla" sin una previa  calificación del propio Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) que también, en teoría, va a ser evaluado.

Cuestionada por su falta de liderazgo y credibilidad entre la mayoría de los legisladores (actualmente solo la apoyan Pachakutik, que declaró que defiende sus "espacios" y el oficialismo, que desde el principio le dio su aval, aunque ayer Juan Fernando Flores de CREO dijo que van a dar su apoyo a la comisión multipartista) la presidenta de la Asamblea recurrió a la justicia de Pichincha, a la espera de que los jueces de la capital le conceda una medida cautelar para blindarse, a falta del apoyo político de los legisladores. Hasta el vicepresidente, Virgilio Saquicela, quien la sucedería, ha pedido públicamente que Llori se retire.

A las 08:42, Llori, patrocinada por Santiago Salazar, procurador judicial de la Asamblea Nacional, pidió a la justicia capitalina una medida cautelar. Por sorteo recayó en un tribunal de garantías penales, conformado por Julio César Obando, Mabel del Pilar Tapia y Azucena Ruiz. 

Según el escrito, se ven obligados a pedir medidas cautelares pues, según el relato que han posicionado Llori y sus aliados, los sucesos en la Asamblea podrían violentar derechos constitucionales y afectar no solo a la Asamblea, sino a todo el sistema democrático. 

Llori recordó ante la justicia que llegó a la presidencia la votación justa (se necesitaban 70 votos y logró 71, frente a 51 abstenciones y 15 votos en contra), y que ya ha presido 84 sesiones de la Cámara.

Luego Llori relata la sesión del 22 de  febrero de 2022 en la que la asambleísta de UNES, Rebeca Veloz, habría realizado reclamos que, según Llori, tienen la intención de "desestabilizar" todo el Estado ecuatoriano. La titular de la Asamblea también destaca que el asambleísta de UNES, Blasco Luna, había pedido a fines de enero información sobre el dispositivo de seguridad de la Escolta Legislativa, una unidad de la Policía que custodía la Asamblea, lo que también la parece sospechoso y "desestabilizador". La alusión a Blasco Lunes tiene que ver con que el 26 de marzo, ese mismo legislador sería que intentaría que en una resolución sobre las acusaciones del presidente Lasso se incluyera la comisión para evaluar a Llori y al CAL.

Dictamen del procurador

Llori reitera ante los jueces lo que ha repetido en varias ocasiones: según un dictamen del procurador Íñigo Salvador, se debería calificar una denuncia en su contra en el CAL, conformar una comisión pluripartidista y esta a su vez debe elevar un informe para una nueva votación en el Pleno.

En concreto, Llori sostiene ante los jueces que las acciones y opiniones de por lo menos tres legisladores del bloque de UNES van a desestabilizar no solo la Asamblea sino el país entero y su sistema democrático, y también cuestiona varios tuits de medios de comunicación que han informado sobre la situación que según ella, también generan "inestabilidad institucional".

Para Llori, las situaciones que relata afectan al derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica, entre otros. En su alegato, Llori sostiene que un "mal procedimiento parlamentario" por lo que pide a los jueces que la Asamblea se abstenga de conformar la Comisión sin seguir antes el procedimiento previsto por el procurador.

La demanda de Llori busca impedir que este martes 5 a partir de las 11:00, los legisladores de bloques como UNES, PSC, ex PK y algunos del BAN consigan 70 votos para lograr la conformación de la comisión en su contra. Si la justicia concede la acción y los legisladores la acatan, Llori habrá conseguido un poco más de oxígeno en su intento de cumplir su periodo como presidenta de la Asamblea.