La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori,  se ha definido como “una india guerrera” y al parecer, está dispuesta a dar batalla contra las intenciones de una nueva mayoría de legisladores que pretenden empujar su destitución. Un grupo importante de asambleístas que se han pronunciado contra Llori provienen de su propia fuerza política, el Pachakutik.

Así que Llori pasó a la ofensiva mediática y empezó a circular un largo  vídeo, de 12 minutos, y un documento en el que precisa por qué no sería legal su remoción de la presidencia de la Asamblea. En el vídeo, emitido esta mañana, Llori dijo que hay  “un plan de conspiración y desestabilización en la Asamblea Nacional”. La semana pasada se conoció que una facción de Pachakutik, UNES y el PSC buscan adelantar el juicio político a los miembros del CPCCS. Hoy, Llori explicó por qué se busca removerla de su cargo y además remover a los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

En su vídeo, vestida de blanco con traje sastre, y teniendo de fondo la bandera nacional, el pabellón de la Asamblea y el amazónico detalle de una corona de plumas y una lanza, Llori dijo que, “ciertos asambleístas de Pachakutik que se hacen llamar rebeldes dividen nuestra bancada. Se comprueba el inicio del plan de conspiración y desestabilización de la Asamblea”. Según la presidenta del Legislativo, enfrentará, “con toda la fuerza el afán de destruir al país y generar el caos en el parlamento”.

Hoy más que nunca, por el país, por la @AsambleaEcuador, por #Pachakutik, por los pueblos y nacionalidades, por la gente que exige trabajo y está cansada de enfrentamientos estériles y exige trabajar por un futuro digno. https://t.co/ubCEcllPkn pic.twitter.com/Fr0h0rdh8R

— Guadalupe Llori (@GuadalupeLlori) February 22, 2022

Por otro lado, Llori denunció que existen “oscuros intereses”, detrás de este proyecto de resolución que ha dividido al partido. Los proponentes para el juicio a los cuatro miembros del CPCCS son Angel Maita y Mireya Pazmiño, y los proponentes al juicio a los siete miembros del CPCCS son Ricardo Vanegas y José Chimbo, los cuatro asambleístas pertenecientes a Pachakutik.

Otro de los puntos de ese proyecto de resolución es conformar  una comisión multipartidista que esté a cargo de la fiscalización de la gestión de Llori y viabilice una eventual destitución de la presidenta. Según Llori, los asambleístas Peter Calo (PK), Lucia Placencia (ID), Francisco Jimenez (CREO), Fernando Cedeño (UNES) y Pedro Zapata (PSC) serían los integrantes , aunque dos de ellos no habrían aprobado la designación.

Llori declaró que en una reunión del CAL, los asambleístas Darwin Pereira (PK), Javier Saquicela (Democracia Sí) y Ronny Aleaga (UNES) le exigieron cambiar el orden del día “excediéndose de sus funciones”. Según los asambleístas, no se habría respetado el orden de prelación de los juicios políticos. “Es potestad exclusiva de la presidenta establecer el orden del día para las convocatorias de las sesiones del pleno o del CAL, la obligatoriedad de orden es sólo en la Comisión de Fiscalización” dijo Llori.

Tras la polémica de la reunión, Llori indicó que envió los juicios políticos a la Comisión de Fiscalización en el siguiente orden: primero a los miembros del Consejo de la Judicatura, luego a los cuatro miembros del CPCCS que habrían nombrado nueva presidencia y vicepresidencia en ese organismo y por último un juicio a los siete miembros del CPCCS. Según Llori si se remueve a los cuatro miembros en el primer juicio contra el CPCCS, el PSC y UNES alcanzarían mayoría en ese órgano, lo que sería el fin último de la maniobra.

La presidenta de la Asamblea adujo que se pretende destituir a los miembros del CAL por un presunto incumplimiento de funciones respecto a la tramitación de juicios políticos al CPCCS. Los argumentos de la defensa de la presidenta del legislativo advierten que la destitución del CAL, como se la propone, es ilegal y acarrearía sanciones a quienes votan a favor e indemnizaciones que los destituidos podrían reclamar. Sin causales el proceso tendría un vicio de inconstitucionalidad y quedaría en la nulidad.

Según un ejemplo que presentó Llori, en 2007 se destituyó a 57 diputados que luego presentaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ganaron y el Estado tuvo que indemnizarlos con más de USD 10 millones. Según Llori, el pleno no puede interferir en las decisiones del CAL por lo que detrás de la destitución de sus miembros estaría eliminar su naturaleza multipartidista para imponer una mayoría que pueda apoderarse del Consejo de Participación. Las intenciones serían “capturar” la Contraloría General del Estado, repartirse las comisiones legislativas y “dar un golpe a la democracia”.

La apelación a la demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es nueva en la política reciente: fue la principal estrategia de Jorge Yunda, quien amenazó en su momento al Concejo con asociar su caso al de un ex alcalde de Bogotá que ganó un proceso en esa instancia contra su destitución.

Llori agregó que no existe causal para destituirla. Algunas de las causales de pérdida de cargo son el aceptar nombramientos de otras funciones del Estado, tramitar recursos del presupuesto general del Estado, gestionar nombramientos de cargos públicos o integrar directorios de otros cuerpos del Estado. Llori dijo que no ha incurrido en ninguna de las causales. En el pleno de la Asamblea de esta mañana se esperaba que se de la solicitud para este proyecto de resolución, pero no sucedió. Se espera que en las siguientes sesiones se trate la moción.

Por su parte, el presidente Guillermo Lasso apoyó a Llori, por cuya designación en mayo de 2021 rompió su pacto político con el PSC. “Están tomando de nuevo el interés de desestabilizar el país por el lado de la Asamblea, planteando juicios políticos, por eso mi respaldo a la presidenta de la Asamblea Nacional” declaró Lasso. Además, el presidente dijo, “vamos a trabajar para impedir que se atente contra la estabilidad democrática y la institucionalidad del Ecuador”.