Un informe realizado por el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, reveló varios hallazgos sobre la negociación de los contratos con Petrochina, Gunvor, Petrotailandia y Petroecuador. Según el informe, el país recibió créditos que fueron respaldados con petróleo. A través de trece contratos se comprometió hasta 2024 la entrega de 1325 millones de barriles. Pero se habría entregado hasta cinco veces más de lo acordado a tres empresas chinas a través de intermediarios.

El informe indica que el país entregó petróleo a precios menores que los del mercado a compañías asiáticas que lo entregaron a bancos y empresas privadas, que a su vez los revendieron a precios más altos. Esta cadena habría causado un perjuicio para el Estado de USD 4.7 mil millones. Un caso que se remonta a los inicios del gobierno de Rafael Correa en 2007.

“El caso de corrupción más grande del país”

Es un caso que involucra a la justicia de EE. UU., Ecuador y Perú. Según Villavicencio, sería el caso de corrupción más importante de la historia nacional. El legislador reveló centenares de documentos que por más de una década habrían permanecido en reserva: contratos, líneas de crédito, documentos habilitantes de la entrega de petróleo a China y Tailandia para pagar deuda externa.

“El discurso de Correa fue de que se acabaría con la noche neoliberal y con las mafias intermediarias que se llevaban comisiones a cambio del manejo de nuestro petróleo” dijo Villavicencio en una presentación de la Comisión. Desde 2007 el país relegó las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para dar prioridad a obtener créditos de China que a diferencia de los organismos occidentales pide menos condiciones en el manejo económico del país.

Con base a un decreto ejecutivo se planteó una alianza estratégica entre gobiernos para la comercialización del petróleo. Las empresas petroleras estatales que firmaron convenios con el Ecuador, como PDVSA (Venezuela), ANCAP (Uruguay), PTT (Tailandia) y Petrochina estaban obligadas a llevar el petróleo a sus refinerías y no podían ser objeto de intermediación.

Sin embargo, Villavicencio afirmó que la medida  de Correa se transformó justamente en el gobierno de los intermediarios. “En los contratos con PDVSA el petróleo fue cargado por las compañías GLENCORP y TRAFIGURA y revendido en EE. UU. y otros destinos, lo propio ocurrió con ANCAP que entregó todo a TRAFIGURA” aseguró el legislador.

Fernando Villavicencio presentó un informe fruto de una investigación que recoge fuentes internacionales privadas y públicas. Foto: Asamblea Nacional

Según Villavicencio, Correa estuvo en una ceremonia en Uruguay para la llegada del primer buque bajo el nuevo convenio, pero “esto fue una farsa, el primer buque nunca llegó”. Una investigación de la Fiscalía uruguaya que llegó a las manos del legislador determinó que Petroecuador fue perjudicado en más de USD 200 millones por este caso.

La información de Petroecuador entregada a la Comisión de Fiscalización determinó que el petróleo que se ha vendido a través de concurso tuvo mejores precios sobre los que se adjudicaron sin licitación a las compañías chinas y tailandesas. Existiría una diferencia de USD 3.60 por cada barril en contra del Estado. El monto del perjuicio para el Estado sería de USD 4.700 millones.

Entre el 2009 y 2017 se formaron 13 contratos comerciales y líneas de crédito que obligaban al Estado a pagar una deuda de USD 18 mil millones con petróleo. “El Estado ecuatoriano entregó un volumen cinco veces superior a lo requerido para pagar la deuda” aseguró Villavicencio.

El informe realizó un cálculo en el que multiplicó los 1174 millones de barriles entregados por un costo mínimo de USD 50 el barril, “un negocio que generó más de USD 58.700 millones” y que Ecuador puso en manos de las empresas asiáticas y los bancos europeos y empresas intermediarias. La cifra del negocio habría logrado cubrir al menos la mitad de la deuda.

Además, “la deuda pública que debía ser destinada a inversión fue desviada al gasto corriente, esto es un delito” declaró Villavicencio, que corroboró que esta información consta en informes de la Contraloría General del Estado.

En contratos entre 2009 y 2017 el petróleo ecuatoriano fue entregado a numerosos bancos europeos como Natixi, ING, Sucursal Ginebra, Credit Agricole, Societe Generele y Paribas. También se mencionó que está involucrada la multinacional Gunvor, propiedad de Genari Timchenko, uno de los oligarcas rusos y “amigo personal de Putin” según Villavicencio.

Según el legislador “ni un solo barril de petróleo” fue a las refinerías de China. El dinero que prestaron los bancos chinos habría sido obtenido por acción de la intermediación bancaria europea y de Gunvor, “la transnacional intermediaria que revendió nuestro petróleo” afirmó. Estas instituciones bancarias tendrían una relación con la multinacional Gunvor, “financian sus operaciones comerciales en el mundo. Así fue como se apoderaron del crudo ecuatoriano”.

Un informe de Amazon Watch determinó que los bancos europeos mencionados financiaban la explotación petrolera en la Amazonía y exigió el cese de sus operaciones por contradecir sus “principios verdes”. BNP, Credit Suisse e ING ya desistieron de seguir financiando estos proyectos, especialmente cerca del Yasuní.

Los millonarios sobornos

Dos expedientes penales en una Corte de Nueva York se relacionan con el caso. El primer caso es el de la empresa intermediaria Vitol, en donde Javier Aguilar, representante de la empresa, habría entregado sobornos de 0,25 por barril a Nielsen Arias, ex gerente de comercio internacional de Petroecuador,  para un contrato de USD 300 millones.

El segundo caso es en contra de Gunvor en donde Raymond Kohut, un ex empleado de esa empresa que ahora está preso, confesó que pagó más de USD 70 millones en sobornos a funcionarios ecuatorianos para obtener contratos para sus empresas a través de Petroecuador. Nielsen Arias, los hermanos Peré y Enrique Cadena Marín habrían recibido el dinero, según información que constaría en una Corte de Nueva York.

Existen 15 exámenes de la Contraloría y glosas por USD 174 millones en contra de Nielsen Arias por USD 87 millones y tres informes con responsabilidad penal por los casos de Petrochina, UNIPEC y PTT. Según informes de la Contraloría, se habrían inobservado los procesos de convenios intergubernamentales.

El informe concluye que el Estado hizo algo inédito al entregar un recurso natural no renovable para pagar una deuda, que en 2007 era de USD 13.591 millones, en junio de 2017 era USD 43.542, y con Moreno en 2021 ya de USD 63.070. De esta deuda pública, cerca de USD 19 mil corresponde a deuda pagada con petróleo.

Información de Petroperú le permitió a la Comisión de Fiscalización hacer un modelo y revelar que las diferencias entre el crudo facturado a las compañías chinas Petrochina, UNIPEC y PTT, y el precio del petróleo que pagó Petroperú a las intermediarias Gunvor a través de las empresas Taurus Petroleum, Core Petroleum y Castro Petroleum es de USD 4.700 millones que fueron a parar a las manos de las empresas intermediarias y empresarios y lobbistas de Petroecuador de los dos gobiernos del correato.

La Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) también se vio involucrada en el negocio de las empresas que intermediaron con el crudo ecuatoriano, Gunvor y Core Petroleum “acapararon” los contratos para fletamento de buques y lideraron las distintas asociaciones comerciales con Flopec.