Al igual que lo ha hecho el IESS, el ISSPOL invirtió por lo menos $35 millones en la compra de lotes en Quito y Guayaquil para la construcción de programas de vivienda para la Policía Nacional. Pero parte de una investigación  de un supuesto peculado en esa inversión podría ser archivada, luego de que el fiscal Martín Navarrete, a cargo de la indagatoria, declarara que no puede encontrar indicios de peculado en la compra del lote conocido como Ambiensa.

En 2015, el ISSPOL, entonces dirigido por el general (r) Enrique Espinosa de los Monteros, hizo varias inversiones inmobiliarias que hasta el momento no cumplen sus objetivos. 

"Vivir como los dioses"

En Guayaquil, y por lo menos desde 2017, instituciones policiales como la Cooperativa de la Policía Nacional trabajaban con un promotor inmobiliario guayaquileño, llamado Ambiensa, para facilitar que los uniformados adquieran viviendas en la urbanización Ciudad Olimpo, ubicada en el Km. 27 de la Vía a la Costa, en las afueras de la ciudad. 

“La cooperativa de la Policía Nacional, viene de manera constante buscando los mejores beneficios para los más de 60.000 socios que se tiene a nivel nacional y una de las estrategias es haber llegado a un acuerdo con Ambiensa, consiguiendo en primer lugar un descuento para los socios de la cooperativa y una alianza en la cual la cooperativa va a financiar  en un cien por ciento el costo de la vivienda”, indicó Milton Lascano, entonces presidente de la Cooperativa, en un evento en julio de 2017, al que asistió la entonces comandante del Distrito de Guayaquil, generala Tannya Varela, quien actualmente es comandante general de la Policía.

Ambiensa es un promotor inmobiliario de Guayaquil, que ofrece su proyecto Ciudad Olimpo con 25 modelos de casas de entre dos y cuatro dormitorios, en un predio de 47 hectáreas. Su lema es "vivir como los dioses" y las casas tienen nombres de la mitología griega.

Pero Ambiensa no solamente ofreció facilidades a los policías, sino que también vendió parte de su terreno, especifícamente cinco grandes lotes, para que el ISSPOL construyera sus propias casas. Se había planificado construir por lo menos 923 casas para policías, ubicadas junto al predio que actualmente se sigue construyendo como urbanización privada. 

Según publicó en junio de 2020 el portal colega Código Vidrio, "El negocio se realizó en mayo de 2015 con la compra de los lotes en 8,5 millones de dólares a la empresa Ambiensa, de Breston Ramírez Vanegas. El avalúo catastral de esos terrenos a la fecha fue de $1.6 millones. El lote cinco, con un costo calificado de $419.294; el seis, $379.282; el siete, $266.950; el ocho, con $394.631, y el nueve, con $241.656. La operación, según informes del Isspol, se realizó sin la aprobación de la Comisión de Inversiones, un requisito que era obligatorio. Tampoco fue aprobado por el Consejo Directivo del Isspol, “sino que fueron decisiones unilaterales del Director general”, indica la demanda. El valor de realización de los bienes inmuebles en un comparativo entre el avalúo catastral y el pagado, es por lo menos ocho veces superior”. 

En 2021, el entonces director del ISSPOL, Juan Carlos Rueda, precisó que se gastaron realmente no menos de $17 millones en la compra de los lotes de Ambiensa, cuando su avalúo catastral no superaba los $900 mil, así como destacó que por el lugar pasa un gaseoducto, lo que hace que el terreno no sea seguro para su uso residencial. 

Previamente, se había presentado una denuncia por peculado contra el general de Policía que dirigía el ISSPOL y contra funcionarios civiles. En la denuncia penal, presentada por el ex director Jorge Villaroel, no solamente se mencionó el caso de los lotes de Ambiensa. 

El fiscal desestima la denuncia sobre Ambiensa

Pero en un escrito presentado por el fiscal Navarrete, quien investiga la denuncia por peculado contra el general (r) Espinosa de los Monteros, ex director del ISSPOL; John Luzuriaga, ex director de Riesgos; Rafael Nuquez, ex director económico financiero; Santiago Duarte, ex asesor jurídico; y contra el representante de Ambiensa, Breston Ramírez Vanegas, se destaca que en 2014, Luzuriaga y otros funcionarios del ISSPOL informaron sobre el proyecto inmobiliario en Guayaquil, así como sobre la disponibilidad presupuestaria de los fondos de Pensiones por $20.7 millones y de compra de terrenos por $12 millones. Se destaca también que el informe se puso en conocimiento del Consejo Directivo. Entre otros argumentos, este sirve al fiscal para declarar que no se han encontrado ni indicios de peculado no de responsabilidad penal en la compra de los terrenos de Ambiensa, por lo que pide el archivo. En su defensa, Espinosa de los Monteros había señalado que los recursos del ISSPOL son privados y no públicos, por lo que no cabría acusarlo de peculado, y que para las compras de los terrenos se tomaron todas las prevenciones legales. 

En su primera reacción, el actual titular del ISSPOL coronel Renato González, anunció que elevará a consulta el caso ante el fiscal provincial de Pichincha. 

 Nadie dijo que la lucha será fácil, pero INCOMPRENSIBLE que @FiscaliaEcuador solicite archivo de Investigación Previa por el terreno de AMBIENSA, que le costó 17 MM al @isspol y tiene afectación del gasoducto que pasa por la mitad. Pediremos revisión del Fiscal Provincial.

— Renato González (@RenatoISSPOL) January 18, 2022

La urbanización en Quito y los fallidos galpones en Pascuales 

Además de Ambiensa, el ISSPOL compró  otro gran terreno, ubicado a las afueras de la capital, para programas de vivienda. Se trata del predio de la hacienda Anchamaza, que, según destaca Código Vidrio, "se compró para construir 1.293 casas en una propiedad rodeada por bosques, montañas y lagunas, en Uyumbicho, una parroquia del cantón Mejía, cercana a Quito. La propiedad tiene 671 lotes, en una superficie de 257.522 metros cuadrados". Al igual que en el caso de los terrenos de Ambiensa, se trató de un desarrollo inmobiliario para los policías y sus familias. Pero el cuestionamiento también tiene que ver con el precio: por la hacienda Anchamaza, que tenía un precio comercial de $4 millones y un avaluó de $500 mil, se pagó $ 14.8 millones.  Esta urbanización era menos olímpica: se iba a llamar "Praderas de Uyumbicho", y también está sin construir hasta la fecha. 

En la denuncia presentada por Jorge Villarroel, se incluyó también la compra de un terreno en Pascuales, afueras de Guayaquil, adquirido no para viviendas, sino para la construcción de galpones industriales.

Las viejas construcciones campesinas de la hacienda Anchamaza es lo único que hay en el predio de propiedad del ISSPOL:  Foto: Expreso

Se trata del predio conocido como Mapreco, según relata Código Vidrio: "El Isspol aceptó una oferta de venta de la empresa Mapreco, gerenciada por Enma Borja Alvear de un predio de 35.620 metros cuadrados. El objetivo de la compra era construir galpones que el Isspol luego proyectaba alquilar en $40.000 mensuales. No obstante, luego no se pudieron levantar los galpones, en vista de que el terreno tenía una falla que dificultaba la construcción y por problemas legales en la delimitación de sus linderos, lo cual no fue alertado oportunamente".

En este caso, se invirtieron por lo menos $3.1 millones, mientras que el avalúo era de $900 mil. En total, entre los dos fallidos programas de vivienda y el lote industrial, se gastaron por lo menos $35 millones. 

Según explican los denunciantes, "inicialmente el general Jorge Villaroel presentó la denuncia sobre irregularidades en la venta de los tres predios y así se inició una primera investigación previa. Posteriormente y de manera incomprensible, el el fiscal  Martín Navarrete decidió dividir los 3 casos y luego de un proceso de asignación un tanto curioso", los dos casos Ambiemsa y Anchamaza , ya divididos, se le volvieron a asignar a él mismo. Y el tercero, Mapreco, se asignó a un fiscal de Guayas".

Advirtieron que "el actual pedido de archivo tiene que ver solamente con uno de ellos: Ambiensa, pero bajo los mismos argumentos, seguramente más adelante el fiscal solicitará también el archivo de Anchamaza y es posible que el fiscal de Guayas que conoce del caso Mapreco haga lo propio, aunque no estaría obligado a ello". Pero, hasta el momento, en ninguno de los tres lugares se ha construido nada para los policías.