La Presidencia de la República salió al paso de las opiniones y discursos, en medios de comunicación y en redes sociales, de activistas y políticos, que piden que el presidente Guillermo Lasso decrete la muerte cruzada, un mecanismo que implica la terminación anticipada tanto de su periodo presidencial cuanto de la actual legislatura. El pedido recrudeció a partir del paquete de 268 amnistías aprobado por la Asamblea y la renuncia del legislador independiente (ex socialcristiano) César Rohón, que se produjeron la semana pasada. 

Para el ex diputado Patricio Jijón, "el respetable legislador César Rohón, prefirió renunciar a su cargo de asambleísta, antes que seguir haciendo parte de un organismo descalificado y repudiado por la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano. Rohón considera igual que yo, que se debe convocar a la muerte cruzada".

En su discurso de resignación a su curul, el guayaquileño Rohón, dijo que "en estas condiciones es mejor cerrar esta Asamblea, porque la Asamblea no está aportando a lo que el pueblo ecuatoriano necesita (...)". Emocionado, dijo: "me voy con la frente en alto, les deseo suerte señores legisladores, pero lo que más les deseo es que hagan y se sintonicen con lo que pide el pueblo ecuatoriano (...) y si no, vámonos todos a la casa".

Como reacción a estas palabras, el legislador Fernando Villavicencio, aliado del Gobierno, dijo: "creo que el colega César Rohón ha prendido la luz para que el presidente Guillermo Lasso, con valentía, decida ya: aún no es tarde (para) disolver esta Asamblea y mandarnos a la casa, y que convoque a una consulta popular para aprobar las principales leyes y echar abajo el Consejo de Participación Ciudadana". Villavicencio denunció en ese discurso que en la sesión de la Asamblea Nacional de este domingo 13 de marzo, los opositores "intententaron, y a lo mejor lo hicieron, ingresar una nueva moción para conformar una comisión para la evaluación. La retiraron, pero volverán la próxima semana o quince días después. En ese ambiente de conspiración permanente no podemos continuar".

El actual legislador por la ID, Dalton Bacigalupo, dijo a su vez que "están dadas todas las condiciones y el tiempo electoral para la muerte cruzada. Actúe Presidente Lasso". Postura que fue refrendada en una declaración dada por el diputado gobiernista Francisco Jiménez, quien condicionó al tratamiento del proyecto de la Ley de Inversiones, enviada por el Ejecutivo a la Asamblea para pensar en una decisión de muerte cruzada si este se niega: "creo que es un buen proyecto, creo que es un escenario, un indicador concluyente del derrotero que va a seguir la Asamblea, al menos en esta coyuntura (...). Si las bancadas insisten neciamente en negarse a cualquier tipo de progreso, estaríamos ya en un marco de obstrucción del Legislativo al trabajo del Ejecutivo".

La Constitución dicta que esta es una condición para que el Gobierno justifique, ante la Corte Constitucional, una decisión como la muerte cruzada.

El artículo 148 de la Constitución determina que el Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional en ciertos casos, pero siete días después del decreto, el Consejo Nacional Electoral deberá llamar a elecciones para la presidencia de la República y la Asamblea Nacional, para completar los respectivos periodos. Hasta que se posesione la nueva Asamblea y el nuevo Gobierno, el Presidente puede gobernar con decretos-leyes, previo informe favorable de la Corte Constitucional. 

El Gobierno no ha tomado una decisión sobre la muerte cruzada, dijo el vocero de la Presidencia, Carlos Jijón. "Todos entendemos que se trata de un instrumento constitucional, previsto en la Constitución para solucionar las crisis políticas, cuando estas llegan a un extremo de gravedad, del cual el país no puede salir. Pero en este momento, ese no es el caso", dijo Jijón.

El vocero dijo que el Gobierno busca conversar, priorizar el diálogo con los asambleístas de los distintos bloques, para encontrar medidas civilizadas y de consenso a los problemas que hay. "Esto es posible. La muerte cruzada, para cualquier gobierno, es una última opción en caso de que sea imposible seguir avanzando, pero, insistió, no es el momento, no es la situación en este momento".