Un profesor universitario, invitado a una reciente reunión entre la sociedad civil, algunos asambleístas, académicos y periodistas, le recordó al presidente de la Comisión de Transparencia y Control Social de la Asamblea Nacional, Ferdinan Álvarez Zambrano, asambleísta por Guayas de la alianza UNES (correísmo), los cuestionamientos que se han hecho en su contra por tener una empresa que se dedica al cabildeo.

El hecho ocurrió durante una reunión en donde algunos de los legisladores de la Comisión de Transparencia habían asistido para tratar la propuesta de una nueva Ley de Transparencia. A una reunión anterior, en donde se trató sobre la Ley de Regulación del Lobby, ninguno de los asambleístas de la Comisión concurrió. 

Esa misma Comisión, tras varios meses de análisis del tema, concluyó que los cuatro proyectos presentados en la anterior legislatura para regular el cabildeo no tenían "una fuerte motivación jurídica",  por lo que recomendó al Pleno legislativo su archivo. La postura habría provenido precisamente del correísmo, pero tendría un evidente apoyo de otras fuerzas políticas. 

El cuestionamiento a Álvarez tuvo relación con que en esa mesa legislativa, se trata el proyecto de nueva Ley de Transparencia (que debería reemplazar a la LOTAIP en vigencia) y se analizó el proyecto de Ley de Regulación del Lobby y la Prevención de Conflictos de Intereses.

Sorprendido por la pregunta el académico, el asambleísta dijo, en un primer momento, que era una patraña y que sería interesante saber de dónde venía esa afirmación irresponsable: “primero, que no tengo empresas y peor una empresa de cabildeo, en absoluto, así que eso es absolutamente falso. No tengo una empresa de cabildeo, y luego, sería ilegal e inmoral estar aquí; tercero, que dentro de la comisión estamos discutiendo la Ley de Regulación del Lobby. Nosotros, que hemos presentado una postura, en ciertas comparescencias también y las instituciones públicas también… evidententemente no solo sería inmoral y antiético y la ley tampoco lo reconoce, así que no hay nada en absoluto. Quien lo dijo …no solo que son afirmaciones irresponsables, sino que mentir también es corrupción”.

Pero entonces, el director de la reunión proyectó en una pantalla gigante, para que todos lo vieran, el registro de la Superintendencia de Compañías, de la empresa DIMARBE DESIGN & LAWYERS CORPORATION DIDELAWCORP S.A.S., constituída en septiembre del 2020, y cuyo gerente general es el asambleísta Álvarez Zambrano. El objeto social de la empresa y la actividad principal están registradas en el documento oficial como: "Servicios de asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las empresas y a la administración pública en materia de actividades de cabildeo (grupos de presión-lobbies)".

Ante la evidencia, el asambleísta cambió su discurso: “esta compañía no ha realizado ninguna transacción desde su creación. Les invito a seguir en redes el emprendimiento de mi esposa, que es Dimarbe, que es venta de muebles, y mi esposa tiene ese emprendimiento en la Cooperativa San Francisco, con personas de escasos recursos. Pero en la Superintendencia de Compañías se han agarrado la otra parte de la constitución, eso hay que revisar. Esa empresa no tiene actividad alguna, no tiene una sola factura emitida, ni siquiera ha vendido muebles, porque la actividad de mi esposa se ha paralizado. No se ha generado ningún tipo de actividad”. En resumen, Álvarez dijo que era una equivocación de la Superintendencia de Compañías y que la empresa, que es en realidad de su esposa, era para vender muebles y no para hacer cabildeos. 

Pero en la constitución de la empresa está como actividad principal la que consta tanto en la Superintendencia de Compañías y en el Servicio de Rentas Internas, y como actividad secundaria, la venta de muebles. Alvarez dijo que el estaba en contra de la aprobación de la llamada Ley de Lobby, que se discutió en la mesa que preside y que tras su archivo, deberá volver a ser presentada nuevamente en la actual legislatura, lo que para analistas de este trámite, significa que se perdieron dos años completos. 

Proyecto archivado

El 24 de febrero de 2022, la Comisión puso en consideración de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, el informe para primer debate del proyecto de ley, que debe ser puesto en el orden del día de una sesión del pleno. La actual legislatura recogió varios proyectos e iniciativas de ley que habían sido presentadas en el periodo anterior, con el fin de regular los conflictos de intereses de los funcionarios públicos. Entre octubre de 2021 y febrero de 2022 ha tenido lugar la preparación del informe, que recomienda el archivo pues la Comsión concluyó que no hay suficiente motivación jurídica para hacer una ley sobre ese tema y que con el marco legal existente se pueden realizar las denuncias y controles para el cabildeo. 

En la elaboración de uno de los proyecto legales que formaron parte del análisis de la Comisión han participado profesores universitarios, abogados, funcionarios de varios entidades del Estado, representantes  de la sociedad civil, entre otros, convocados por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo en un proceso de cocreación que aglutinó a varios sectores y fue presentado por el ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano. 

Marcelo Espinel, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, compareció en la Comisión. Foto: EL UNIVERSO

Marcelo Espinel, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quien fue uno de los invitados por la Mesa legislativa al proceso de preparación del informe, destacó que en comparecencia ante los legisladores recordó que la Constitución prohíbe las puertas giratorias y los conflictos de interés en la función pública. Temas como la presencia de familiares de un funcionario público que puedan tener empresas que eventualmente sean contratistas del Estado, o de ex funcionarios que recibieron información privilegiada que luego usan para defender intereses privados, deberían estar regulados en la ley, dijo Espinel. 

Varios tratados internacionales obligan al Ecuador a preparar legislación sobre este tema, pero Espinel destaca que hubo sorpresa sobre la decisión de la Comisión, porque al recomendar el archivo, el país ha perdido más de dos años en el tema y se deberá presentar un nuevo proyecto de ley ante la nueva legislatura. 

La ley sobre el lobby debería transparentar quiénes están teniendo injerencia desde la función pública o utilizando información privilegiada luego de su paso por el Estado, insistió. 

Conflicto de intereses 

Por otro lado, el Observatorio Legislativo analiza de manera mensual la situación de los conflictos de intereses en la Asamblea Nacional, comparando las declaraciones realizadas por los propios legisladores  y otras fuentes de información con los temas que se tratan en el Legislativo.

Actualmente, los legisladores deben llenar un formulario sobre conflictos de intereses al posesionarse de su cargo, pero este documento no es transparentado ni por la Asamblea Nacional ni por los propios legisladores. El Observatorio, a pesar de haber enviado un pedido de acceso a la información, no ha podido obtener los formularios llenados por los 137 legisladores de la actual Asamblea. Solamente 12 legisladores han entregado voluntariamente sus declaraciones al Observatorio. Entre los doce que sí han transparentado sus documentos están Rodrigo Fajardo (ID), Ángel Maita (PK), Lenin Mera (UNES), Eduardo Mendoza (BAN), Ronal Gonzáles (UNES), Xavier Santos (ID), Fernando Villavicencio (independiente), Marlon Cadena (ID), Marlo Molina (ID), Elías Jachero (independiente) Nataly Arias (CREO), Pamela Aguirre (UNES) y Lucía Placencia (ID). 

Esto obliga a obtener información de otras fuentes, como la Superintendencia de Compañías (que aporta el detalle de accionistas de empresas) o la Secretaría de Derechos Humanos para constatar la participación en gremios. 

En la Ley Orgánica de la Función Legislativa, recordó el Observatorio, se establece como "deber ético" que los legisladores declaren sus intereses con gremios, empresas, otros funcionarios públicos y afiliaciones que puedan devenir en otros conflictos de intereses. Una declaración en ese sentido se anexa a los documentos habilitantes de cada legislador. 

Un informe del Observatorio que cruza varias fuentes de información, entre el 28 de febrero de 2022 y el  9 de marzo de 2022 permitió establecer algunos de los posibles conflictos de interés de algunos de los legisladores que entregaron la información con relación a las normas que se tramitan actualmente. En el caso del Partido Social Cristiano, dos asambleístas tienen un importante capital en acciones en empresas, como es el caso de Henry Kronfle y Esteban Torres Cobo. Según el Observatorio, dado que son accionistas de empresas que podrían ser reguladas, los dos asambleístas no deberían participar en el trámite de leyes como la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental que se realiza actualmente. 

Entre los legisladores que podrían tener conflictos de interés en el periodo estudiado están uno de Pachakutik, cuatro de UNES y seis de la Bancada de Acuerdo Nacional.