La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional intentó unificar por lo menos cinco insumos para una nueva Ley de Libre Expresión, que reemplace al cuestionable texto aprobado por el correísmo. Pero el intento parece fallido: más que proteger a los ciudadanos de los supuestos desmanes de la libertad de prensa, la norma resultante parece mantener buena parte de los tópicos que el correísmo introdujo en ese tema únicamente y exclusivamente para blindar a la clase política. 

Y es que aunque se han buscado mecanismos legales para volver la ley correísta inaplicable, lo cierto es que algunos de sus criterios, sobre todo, la gran cantidad de prejuicios y verdades a medias que el correato convirtió en ley, siguen gravitando en la Asamblea Nacional. 

Los prejuicios contra la prensa

Aunque por razones distintas, el correísmo y Pachakutik son los que ven con más reservas que haya un país en donde se respete plenamente la libertad de expresión. Y los argumentos no difieren en casi nada de los del correísmo clásico: para ellos, la prensa es un colectivo deshonesto, dedicado a publicar mentiras para difamar a políticos y activistas inmaculados, motivo por el cual, es imposible que haya un esquema de autorregulación en el Ecuador y se requiere por fuerza de sanciones legales.

En su lugar, insisten en el arbitrario concepto de la "responsabilidad ulterior" que en la práctica se reduce a la constante amenaza de represalias judiciales contra los periodistas. 

El intento de la Comisión de unificar normas con un enfoque tan disímil como el proyecto enviado por el Gobierno de Lasso, el presentado por legisladores como Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio junto con Fundamedios y las propuestas de Marcela Holguín del correísmo o Dina Farinango, de Pachakutik, no parece haber cuajado del todo. 

Aunque en resumidas cuentas, la "responsabilidad ulterior" es la puerta abierta a represalias y arbitrariedades contra los periodistas por medio del sistema judicial, la ponente del proyecto, quien fue la propia Chávez, destacó que es preferible al "silencio y la autocensura" aunque no mencionó que el efecto puede terminar siendo el mismo. 

Para Chávez, más que reformar la vieja ley correísta, es necesario formular una totalmente nueva. En la Ley vigente, como se sabe, se incluyeron figuras tan estrafalarias que son únicas en Occidente, como es el caso del llamado "linchamiento mediático" que consiste en un supuesto plan de los medios para perjudicar personas inocentes, o el funcionamiento de una Superintendencia que tenía una comisaría en donde algunos abogados decidían cómo se debía escribir un titular y con qué palabras, así como multas y humillantes rectificaciones públicas, diseñadas para demoler la credibilidad de los periodistas, algo totalmente ajeno a la práctica periodística en los países democráticos.

Chávez señaló que su propuesta de responsabilidad ulterior sí fija responsabilidades civiles y penales aunque según ella eso no significa necesariamente que haya "silencio por miedo a repercusiones", sino "responsabilidad". 

Siguen las categorías correístas 

Pero apesar de estas buenas intenciones, algunas normas cuya génesis se encuentra directamente en el correísmo, como por ejemplo la norma que dice que no se puede publicar nada sobre un proceso judicial en curso, siguen presentes. También se sigue exigiendo solo noticias "verificables y verdaderas" como en los tiempos de Correa, que planteaba que la agenda de los medios debía cubrir cuestiones de "interés público" que coincidan, desde luego, con las políticas del gobierno. 

Algunos de estos dudosos criterios fueron analizados por César Ricaurte, de Fundamedios, quien participó en la Comisión General que se abrió para recibir a la sociedad civil. Ricaurte hizo notar a los legisladores que el proyecto de ley plantea condicionamientos previos en la preparación de las noticias, que supuestamente deben reunir requisitos como veracidad, oportunidad o imparcialidad, algo que no aparece en los estándares internacionales. 

Ricaurte precisó al respecto que este tipo de condicionamientos previos son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión. También cuestionó la definición de "real malicia", que podría precisarse con más rigor. Mencionó la figura del defensor de audiencia, que en su criterio desdice los mecanismos de autorregulación, que deben ser entendidos como un todo y que no pueden ser impuestos por los estados. 

Para el principal de Fundamedios, en lo referente a las réplicas y respuestas y en los requisitos de titulación obligatoria, también son necesarios ajustes. Sobre el artículo 20, destacó que hay un error técnico, que consiste en equiparar la verdad judicial con las investigaciones periodísticas que de manera legítima pueden denunciar actos irregulares. 

Finalmente, Ricaurte destacó que la composición del Consejo de Comunicación abre la puerta a la injerencia política. 

La "real malicia" a la que hace referencia Ricaurte consta en el artículo 9 del proyecto, y bebe directamente de las categorías correístas. Significaría que un medio publique, para decirlo rápido, mentiras a sabiendas de que lo son o que, por pura mediocridad, no haya verificado que era cierto. Es la vieja idea de la "prensa corrupta" muletilla de la clase política que se formó en el correato. Inclusive, aunque dice que se presume la buena fe de los comunicadores, la norma precisa que en los casos de "real malicia" ya no corre. 

El artículo 20, en cambio, retoma el ya conocido reclamo según el cual los medios "dictan sentencias" y "declaran culpables" por lo que prohíbe presentar a nadie como responsable de un delito. Esto significaría, también, que tampoco se podría publicar una denuncia de posible corrupción, pues la información y la investigación periodísticas se convertirían en una simple apéndice de las resoluciones judiciales. Entonces, publicar que hay serios indicios de una red de sobornos entre funcionarios públicos y empresarios, como ocurrió con el caso llamado Arroz Verde, sería una violación de esta presunción de inocencia, que la norma propone con purismo legalista. 

Pero el de la responsabilidad ulterior parece ser el eje con el que logró articular propuestas incompatibles, que debían quedar en un mismo proyecto. La defensa del esquema anterior provino del correísmo en donde la ex periodista Marcela Holguín ha tomado el liderazgo. Para los correístas, la ley vigente es un avance en derechos y garantías más que un retroceso en libertad de expresión, por lo que destacan que varios de esos supuestos logros deben mantenerse.

Pero Holguín propuso olvidarse de las multas, que tan entusiastamente puso el correato hasta por pies de fotos, amparado en el discurso de la honra, el buen nombre y otros derechos supuestamente violados, y ahora cree que hay que "capacitar" -leáse alinear- y "mediar" en lugar de imponer sanciones. De ahí que aparece la figura de un "defensor de audiencias" que algunos medios privados implementaron en el pasado con poco éxito, para supuestamente mediar con los reclamos del público, y luego informar de ello al Consejo de Comunicación. 

Holguín reiteró algo que ya había señalado antes: que la ley debe precisar mejoras salariales y de condiciones laborales para los comunicadores, lo que inclusive debería incluir que las empresas que no cumplen sus oligaciones salariales no puedan participar en los concursos de frecuencias. En la línea regulatoria, Holguín defendió la existencia del Consejo de Comucación para evitar contenidos de violencia, sexo o discriminación. 

En Pachakutik, en cambio, se insiste en el espíritu de su propuesta: control y sanciones para los contenidos de los medios y, sobre todo, una gran preocupación sobre las frecuencias de radio, que, como se sabe, son el medio más importante en las comunidades campesinas que son su principal base electoral. Pachakutik insiste en que por lo menos el 34% de las frecuencias radiales deben estar en manos de comunidades, por lo que el énfasis de su propuesta sigue siendo plantear esta cuestión. Para que no quede duda, el asunto aparece mencionado dos veces, por lo menos, en el texto legal. 

Luis Almeida, del PSC, sostuvo que los intereses de los radiodifusores, sobre todo del interior del país, deben ser tomadas en cuenta en el informe para segundo debate. Los propietarios de radios locales serían por lo menos 1400. Este tipo de apelaciones, sobre todo a las agendas de los medios tradicionales, algunos en evidente decadencia como la prensa escrita, sobre todo en Quito y la Sierra, se mantienen en todo el articulado, que solo menciona tangencialmente a los medios digitales y sigue insistiendo en otra fijación del correísmo, que la Supercom de Carlos Ochoa hizo cumplir a rajatabla: que la rectificación debe ser del mismo tamaño que la noticia original en la hoja de papel periódico porque el tamaño sí importa.

La visión obsoleta de los medios y el poco interés que tienen en el futuro de la comunicación se evidencian en que un apartado sobre la libertad en expresión en internet se refiere, sobre todo, a un tema técnico: que haya más cobertura de internet y acceso. 

Al igual que en las épocas del correato, la preocupación de esta propuesta de ley, pensada sobre todo desde lo analógico, para las periferias y el interior del país, se refiere sobretodo a las radios, luego a la televisión, en menor medida a la prensa escrita y, al último, en la información en medios digitales.