El presidente Guillermo Lasso tiene en sus manos un informe sobre la situación de la minería ilegal en el país. Así lo confirmó el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Bermeo, en una comisión de la Asamblea. A la sesión acudieron el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, la ministra de Gobierno Alexandra Vela y el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables Juan Carlos Bermeo. El caso de Zaruma, El Oro, fue tratatado también en la mesa legislativa, con la presencia de asambleístas de esa provincia. 

Con un decreto ejecutivo, el presidente Lasso dispuso en agosto del 2021 que se debe desarrollar un Plan Nacional Minero. Parte del plan contempla realizar un diagnóstico de la situación minera legal e ilegal en el país. A pesar de que ya se venció el plazo para la difusión del informe, sigue en manos del Ejecutivo. El diagnostico revelaría, entre otros aspectos, las condiciones de la minería ilegal en el país, los beneficios y tributos provenientes de esta actividad, y los ingresos de la minería legal a pequeña, mediana y gran escala en el país.

En la mesa legislativa estuvieron asambleístas representantes de El Oro, donde se ubica Zaruma. La asambleísta Fernanda Astudillo, indicó que “ya no se quiere más estudios, queremos soluciones”. Además, la asambleísta cuestionó los estudios ambientales: “ninguna de las advertencias que han hecho han servido, no necesitamos que se empapen tanto, sino que actúen de oficio” dijo. Astudillo confirmó que las regalías de la actividad minera no llegan a escala local, “yo pedí información acerca de cuantas regalías llegaban al GAD de Zaruma y por los trámites burocráticos no llega absolutamente nada”.

Más de 300 familias fueron removidas de sus hogares en Zaruma luego del derrumbe de algunas propiedades. La foto corresponde al socavón que se abrió por el colpaso de una mina subterránea en pleno centro de Zaruma y que destruyó varias casas. 

Ante esto el ministro de Energía respondió, “yo debo recordarle que toda obra requiere de estudios y proyectos. No se diga, asambleísta Astudillo, un problema como el que tiene Zaruma hoy. Déjeme decirle que haremos todos los estudios que se requieran, lo grave sería que improvisemos. Ha preguntado sobre qué se ha hecho para mitigar los socavones, precisamente los estudios asambleísta, precisamente los análisis técnicos”, dijo Bermeo.

A inicios de este año un acuerdo ministerial estableció una zona de control especial minero en el distrito de Zaruma, de donde más de 300 familias fueron removidas tras los recientes incidentes. El acuerdo fija una serie de obligaciones para las concesiones mineras en la zona. El control aplica para la zona de exclusión (donde el extractivismo está prohibido) y áreas circundantes.

El objetivo del acuerdo es que se cumplan las actividades, cierres de minas, tareas de remediación y seguir un plan de desarrollo. Bermeo indicó que las inspecciones se llevan a cabo con la Policía y seis miembros de las Fuerzas Armadas. “No es tarea fácil, involucra la seguridad física de las personas que ingresan. No sabemos con qué nos vamos a encontrar, hay evidencias de que ha habido actividad ilegal. Hemos encontrado dinamita, mecha, equipos especiales y distintas evidencias”. Bermeo confirmó que hay 15 concesiones en las zonas circundantes de Zaruma que deberán reportar sus actividades al Ministerio.

En la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional estuvieron presentes varios legisladores y los ministros de Gobierno, Ambiente y Energía.

El asambleísta Juan Lloret indicó que las respuestas que recibieron del ministerio ante las interrogantes planteadas en una sesión previa no cumplen con las expectativas planteadas en la Comisión. Lloret indicó que hay 26 puntos en el país donde se detectó minería ilegal. Mencionó un caso en el Napo, “Sería bueno saber qué sucede en el río Napo, se trataba de centenares de personas y decenas de maquinas explotando las riveras del río”, dijo el asambleísta.

Otro punto crítico que señaló es en el río Guanache en el Azuay. Un río que está dentro de una zona urbana y donde, según Lloret, a pesar de que se retiraron concesiones mineras se sigue explotando de forma ilegal. Además, el asambleísta se quejó de que el informe que se debía entregar pasados los 100 días de plazo no les ha llegado. El ministro Bermeo también respondió al asambleísta, “este decreto es el primer documento en la historia del país en que se fija una política minera”. Bermeo dijo que todas las actividades requeridas en el decreto han sido cumplidas. “Los informes reposan en la Presidencia y como es natural necesitamos autorización del presidente para difundirlos”.

La asambleísta Vanessa Álava increpó a la ministra Vela: “pasan los días y no hay una solución. Espero que su respuesta no sea la de que la culpa es de Correa, sino que indique las razones de la inacción de este Gobierno”. Álava indicó que es necesaria una agencia de regulación minera, “la misma que fue fusionada por el nefasto gobierno de Moreno con otra de hidrocarburos” aseguró. La asambleísta se quejó de que por cada intervención que hace el Gobierno se vuelven a abrir nuevas rutas ilegales.

El Ministerio de Energía confirmó que la actividad minera a mediana y gran escala genera 50 mil plazas directas de trabajo y vincula a 150 mil personas de forma indirecta. Alexandra Vela declaró que desde enero del 2021 se han hecho 126 operativos en territorio. Vela confirmó que dentro las inspecciones en Zaruma encontraron una bocamina en la propiedad de un ex alcalde de la ciudad. Los ministros respondieron las interrogantes planteadas en la Comisión, pero no informaron sobre cuando se difundirá el informe que debía ser publicado a fines del 2021.