La audiencia de juzgamiento contra el programador sueco Ola Bini, detenido en 2019 luego que la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, denunciara una supuesta trata de espionaje cibernético y supuesta conspiración contra el gobierno de Lenin Moreno, así como supuestas actividades de Wikileaks y Julian Assange desde Ecuador, se instaló este miércoles 18 de enero de 2022 y continúa hasta la publicación de este reportaje.

Como es habitual en este tipo de procedimientos judiciales, se han presentado testigos y pruebas de cargo por parte de la Fiscalía, que acusa un supuesto acceso no consentido a un sistema informático de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones por parte del sueco, quien en declaraciones políticas del ex presidente Moreno y su entorno, fue identificado como un hacker internacional del equipo de Julian Assange. 

Durante las tres jornadas, la Fiscalía ha pasado revista a todos los elementos que ya se conocían de la acusación por lo menos desde 2019, pero que no se habían podido ventilar ante los jueces debido a la pandemia, a constantes postergaciones e incidentes y a otras eventualidades.

La mayor parte del proceso, Bini se ha defendido en libertad, tras haber estado detenido durante 70 días en la Cárcel de El Inca, al norte de Quito, donde funciona el Centro de Detención Provisional. 

Pero llegó el día de la audiencia de juzgamiento, tras la cual los jueces deberán determinar si el sueco intentó ingresar a un sistema informático de CNT, empresa estatal que ha presentado una acusación particular en su contra.

Bini llegó con sus padres 

Aunque había temores de que la audiencia no se instale por algún nuevo incidente, lo cierto es que finalmente un tribunal se constituyó en el Complejo Judicial Norte, al que asistieron el sueco y sus padres, quienes llegaron desde su natal Gotemburgo para respaldarlo. También llegó el equipo jurídico, encabezado por Carlos Soria y José Charry. Este reporte se basa en la veeduría que el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) ha realizado durante los tres días de la diligencia judicial. 

Durante la primera jornada, este día 19 de enero de 2022, la Fiscalía convocó a un nuevo perito, experto en informática, quien realizó una presentación en donde se pudieron ver fotografías del allanamiento al departamento del sueco, al norte de Quito, en donde se encontró alguna literatura relacionada con el ciberespionaje.  El perito fue consultado por los jueces sobre el contenido de los libros y el perito afirmó que son sobre "hacking", aunque, cuestionado por la defensa al respecto, admitió que no los había leído y que su opinión se basaba en haber visto las portadas. 

La defensa analizó y cuestionó el contenido de varios de los informes técnicos entregados por ese perito, lo que evidenció un error en el material entregado y llevó al experto a admitir que no se respetó la cadena de custodia de las pruebas, lo que motivó que los jueces le llamaran la atención. Por su parte, la Fiscalía insistió en preguntar al perito sobre que si lo encontrado en el domicilio de Bini pudiera tener relación con el "hacking". Veedores presentes en la audiencia relataron que "cuando la defensa le planteó algunas preguntas relacionadas a cuestiones informáticas técnicas, este no pudo responder y en una ocasión hasta se negó a hacerlo", lo que motivó un nuevo llamado de atención del juez ponente en contra del perito.

En otro momento de la audiencia, la Fiscalía, sostuvieron veedores, "pidió autorización para que el perito haga el reconocimiento de una firma en un documento. El juez ponente rechazó la solicitud y llamó la atención al fiscal pues dicha acción se debía efectuar en otro momento procesal". Y así terminó la audiencia del miércoles, poco antes de las 19:00 y con una nueva convocatoria para el jueves 20 a las 08:30.

El abogado Carlos Soria encabeza el equipo legal del programador sueco Ola Bini.  Captura de video, Confirmado.net

Habla el policía que arrestó a Bini 

Al día siguiente, la Fiscalía convocó al estrado a nuevos testigos. Entre ellos, un policía que estuvo con Ola Bini durante su detención en el aeropuerto y luego en el allamiento en su departamento. El uniformado dijo ante los magistrados que leyó los derechos al sueco Bini en español, "pero en el parte policial que elevó existen inconsistencias, ya que coloca el nombre de otro policía como la persona que leyó a Bini sus derechos", destacaron veedores presentes en la diligencia.

El policía fue interrogado sobre cómo identificó al programador en el aeropuerto, "después de respuestas ambiguas, argumentó que él solo recibía órdenes y que ya había otro efectivo en el lugar. Después declaró que le pidieron el pasaporte y comprobaron su identidad", explicaron los veedores. El policía no verificó la nacionalidad del extranjero, pero sí comprobó su identidad. Los hechos ocurrieron en una de las salas de preembarque del aeropuerto de Tababela, en donde el programador se aprestaba a tomar un vuelo con destino a Japón, en donde, sostuvo, iba a asistir a una competencia deportiva.

Interrogado el policía que realizó el arresto sobre por cuál delito se detenía a Bini, reconoció que no constaba en la orden de captura, por lo que, sostienen los veedores, "al leerle sus derechos e informarle sobre la detención no se le especificó por qué delito se lo estaba deteniendo". El policía agregó que Bini se comunicó con otras personas desde sus dispositivos, pero luego precisó que lo que hizo fue mandar mensajes y no llamar a abogados. 

La audiencia debió suspenderse de manera momentánea cuando un policía "dentro de la sala tomó fotografías de manera ilegal y luego otra persona que se había acercado desde afuera de la puerta para hacer lo mismo", precisaron los veedores. "El juez ponente no sancionó al policía ya que este argumentó que solo había respondido un mensaje y a la persona fuera de la sala señaló que era parte del público y que no sabía porque lo había realizado".

La fiscales habían llamado a declarar a primera hora a un funcionario del Consulado de Ecuador en Queens, Nueva York,  quien previamente trabajó en la Coordinación Zonal 9  de la Cancillería donde se otorgaron tres visas al sueco. El funcionario dijo que las dos primeras fueron de trabajo y la tercera, otorgada por él, fue una residencia temporal, que fue autorizada por un viceministro de la Cancillería gracias a la carta de un auspiciante, que alegaba que la presencia de Bini en Ecuador apoyaría al desarrollo tecnológico. 

"Cifrado asimétrico"

Luego, la Fiscalía dio paso a un  nuevo peritaje, en donde se estableció que los equipos de Bini "tenían un cifrado asimétrico que impedía ver el contenido. Cuando se le preguntó sobre los estándares que le llevaron a concluir esto, el perito dio respuestas vagas" y luego  "aceptó que la imposibilidad de acceder a los archivos le hizo concluir que el tipo de cifrado era asimétrico.

Según los veedores de ODJ, en la misma jornada se analizaron dos nuevos peritajes del mismo perito de la jornada anterior, quien en esta ocasión se conectó de manera telemática. El primer peritaje lo realizó respecto a la materialización de una dirección electrónica y sobre ello sostuvo que se extrajo un video en CD que fue proyectado en la sala. El vídeo hacía referencia al asilo concedido a Assange en la Embajada del Ecuador en Londres, durante el gobierno de Rafael Correa, y cómo usaba dispositivos electrónicos que le habrían permitido influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El vídeo fue cuestionado como prueba por la defensa de Bini, pues en ninguna parte se mencionaba al programador sueco como un relacionado con Assange o sus actividades. 

El perito también realizó la extracción de información de un dispositivo electrónico de CNT sobre una dirección de correo electrónico, específicamente, de tres correos a los que se refirió.  

Un nuevo testigo de la Fiscalía fue un técnico de la Dirección de Comunicación de la Presidencia de la República, quien explicó que en ningún momento los fiscales solicitaron información técnica de los equipos, la IP o datos de logs de la Presidencia, ni se investigó ningún tipo de acceso no consentido a los sistemas del Palacio de Carondelet.  "Llama la atención de esta observación que no se realizaron estas diligencias esenciales para encontrar responsabilidad -sin lugar a dudas- del tipo penal del acceso no consentido a sistemas informáticos", sostuvo el equipo de ODJ. 

Esta vez la audiencia terminó más temprano, a las 17:30, con una nueva convocatoria para este viernes 21 de enero a las 08:30.

Solo tres dispositivos del sueco pudieron ser accedidos

El viernes continuaron las pruebas de los fiscales a cargo. Esta vez, un nuevo perito habló sobre los dispositivos electrónicos del sueco, que la propaganda oficial en el gobierno de Moreno consideró demasiados. 

El perito admitió que les fue imposible extraer información de por lo menos 11 de los 14 dispositivos que incautó la Policía durante el allanamiento a la casa del programador. La defensa se centró en la extracción y materialización de los documentos y las audiencias que debieron realizarse para ello. 

La otra pericia permitió conocer cómo se obtuvo la clave del celular del sueco, en donde se encontró la foto que constituye la prueba reina del acceso no consentido. El perito admitió que se intentó usar esa misma clave en otros dispositivos. Desde el principio del proceso, el fiscal le había pedido al sueco que "colabore" entregándoles las claves, cosa que nunca hizo. La defensa apuntó a que se confirme si se cumplió la cadena de custodia, sin haber obtenido una certificación al respecto. Tras pedir que se confirme la cadena de custodia, la audiencia continuó durante la tarde, esta vez, con la foto que es considerada la clave en la llamada teoría del pantallazo. 

Al final de la jornada, la veeduría del ODJ reportó que "se acaba de constatar que la Fiscalía pretendió incluir prueba no anunciada, la cuál no ha sido preparada por la defensa. En el marco de un cuarto peritaje realizado por el mismo perito que se ha practicado el día de hoy, se demostró por parte de la defensa de Bini, que no se había anunciado la extracción de este peritaje, ni lo que se extrajo en la audiencia privada respectiva"

El Observatorio dijo que "llama la atención de la Fiscalía por este actuar contrario a la ley, que afecta directamente la garantía del debido proceso, los derechos a la defensa y la obligación de entidades estatales de actuar conforme a derecho".

Según fuentes consultadas en el entorno de Bini, es posible que la audiencia se prolongue la próxima semana, puesto que aún faltan varios de los 26 testigos anunciados por la Fiscalía y todos los de la defensa.