Este lunes se discutió en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea la situación que atraviesa la provincia de Napo por la minería ilegal. Ante los reportes de la actividad, el Gobierno desplegó un operativo militar en la zona de Yutzupino, donde miles de personas con maquinaria pesada extraen tierra de la ribera de un río en donde se ha detectado una concentración importante de oro. Luego lo procesan de la forma artesanal: con altas dosis de mercurio tóxico. La Policía y las Fuerzas Armadas, junto con la Fiscalía de Napo, incautaron la maquinaria pesada que se usa para extraer y transportar la tierra del río. Sin embargo, se denunció que muchas de las máquinas lograron ser evacuadas antes del operativo.

Sin embargo, para algunos moradores, la reacción del Gobierno fue tardía. José Moreno, del colectivo Napo Ama la Vida, dijo que los dueños de las concesiones mineras legales son “los mismos” que operan con minería ilegal. José advirtió que los asentamientos humanos de la zona se están quedando sin agua y que desde el Gobierno esperaron a que la situación se torne irremediable para actuar.

El presidente de la @BiodiversidadAN @WASHOVARELA_ inicia la sesión presentando un vídeo que muestra el antes y el estado actual de #Yutzupino en #Napo, como resultado de la actividad minera ilegal. pic.twitter.com/e3h4dKXmbr

— Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales (@BiodiversidadAN) February 14, 2022

La ministra Alexandra Vela asistió a la comisión legislativa para explicar el operativo. Sobre la actividad ilícita en Yutzupino, Vela indicó que desde octubre de 2021 se ha incrementado la explotación, sobre todo de oro, en el sector, por estar en una etapa de verano. En esta época el cauce del río  se seca, dejando una zona al descubierto que se conoce como “la isla” y por lo tanto la actividad minera se desarrolla con facilidad. A partir de fines de marzo, las lluvias y el invierno llenarán de agua el cauce del río y cubrirá el área de explotación, impidiendo la minería. Toneladas de tierra y roca, ricas en oro, han sido extraídas con maquinaria pesada en ese río. 

Para conseguir un gramo de oro se necesita cuatro personas, una retroexcavadora, seis toneladas de territorio, mil litros de agua (generalmente del río) y cinco gramos de mercurio (es muy nocivo para los mineros y contamina el agua). Esa es la ecuación del negocio que presentó el Ministerio de Gobierno acerca de las actividades extractivas en la zona. En Ecuador no hay una regulación para el uso de mercurio, que se acumula en el organismo humano hasta llegar a un envenenamiento. Este es uno de los peligros a los que se exponen los pobladores de esta provincia que deben acudir a la minería por falta de otras oportunidades. 

La Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas en el operativo en la comunidad Yutzupino. La Ministra de Gobierno Alexandra Vela encabezó el operativo que inició en horas de la madrugada. Foto: Twitter Alexandra Vela

La ministra Vela admitió que hubo  filtraciones sobre los operativos que han hecho en el Napo, a pesar de lo cual es la provincia donde más maquinaria han incautado en todo el país. “Las comunidades aledañas protegen a los mineros, colocan a niños, mujeres y ancianos frente a las máquinas de los mineros, de manera que la Policía no pueda efectuar el control” declaró. Además, Vela que se están usando "armas indígenas" contra la Policía: “ya nos pasó que nos enviaron a los lanceros, una de las lanzas atravesó el chaleco de un policía”.

La exposición del Ministerio del Interior reveló que alrededor de la minería ilegal hay todo un contingente. Hay personas que dan alertas por radio, otros que trasladan la maquinaria, los que abastecen de alimentos y combustible, y los propios mineros ilegales. Entre 1500 y 2500 personas pueden estar en un proceso que se mantiene operativo las 24 horas.

Miembros de organizaciones activistas en Napo expresaron su rechazo a la minería se indicó que lo que ocurre en esa provincia amazónica  es un “biocidio” y que podría desencadenar en “un genocidio”. Sandra Rueda de la Red de Mujeres Amazónicas, se refierió al supuesto biocidio en relación a los reportes comunitarios sobre el agua de los ríos que estaría contaminada con diesel de las máquinas, dejando sin sustento a las comunidades de la zona.

“Es urgente dictar medidas de remediación y que se apliquen sanciones ejemplares a quienes aplican la minería ilegal” dijo la delegada de la Red de Mujeres Amazónicas. Rueda instó a la Comisión que se regrese a ver a la provincia de Napo, “en estos días se está incendiando el malecón de Puerto Napo, se está peleando nuestra gente entre ellos, hay trata de personas, violaciones, nos están dejando sin nuestra dignidad y nuestro orgullo”.

Por su parte, la ministra Vela confirmó que el Ministerio del Ambiente suspendió las actividades de la concesión Confluencia por no contar con la licencia ambiental. La ministra indicó que en el Napo, la mayoría de las concesiones son de pequeña escala o de escala artesanal: “no hay concesiones a gran escala”, dijo. La actividad se da en tres cantones: Tena, Carlos Julio Arosemena Tola y El Chaco, siendo el 82% en el Tena, cerca de la capital provincial. La mayoría de las actividades, 84 de 159 concesiones de extracción, es para extraer materiales de construcción.

El Ministerio de Gobierno declaró que en el sector hay un problema de carácter social, hay desempleo y una escasa intervención de las autoridades locales. “En el sector hay violencia, hay gente armada que ha atacado tres veces a las autoridades gubernamentales, hay presencia de delincuencia organizada”. La ministra dijo que han tenido obstáculos con jueces que han desestimado procesos o impedido allanamientos.