De las 18 atribuciones que el presidente de la República encarga, mediante Decreto Ejecutivo, al nuevo secretario nacional anticorrupción, la número 16 es la que mantendrá muy ocupado a Luis Verdesoto, el nuevo secretario. En este acápite se le encarga: "Recabar información sobre presuntas irregularidades o actos de corrupción dentro de la Administración Pública Central y ponerla en conocimiento de las autoridades judiciales y/o administrativas competentes".  

El presidente Lasso felicita a Luis Verdesoto una vez que lo posesionó como Secretario Anticorrupción de la Presidencia de la República. Foto: Presidencia de la República

En el discurso central del acto de posesión de Verdesoto, celebrado desde las cinco de la tarde del 3 de mayo en el Salón Amarillo de Carondelet, el presidente Lasso encargó de todo al nuevo secretario. No puede ser, Luis, dijo, dirigiéndose a su audiencia de ministros, viceministros, presidentes de las funciones del Estado (excepto Iván Saquicela, de la Función Judicial), que en la Corporación Financiera Nacional se haya dado créditos de cien millones de dólares a una persona. Le instó a presentar las denuncias respectivas ante la Fiscalía General; también le instó a investigar al SRI para que cobre a los grandes deudores y evasores; y que enfrente la corrupción del narcotráfico, el lavado de activos... Mencionó algunos ejemplos específicos, tantos que los amigos del flamante secretario que se le acercaron al final del acto no sabían si felicitarle o compadecerle. Verdesoto cree que lo que hizo el presidente fue señalar una por una a las instituciones y a sus responsables para que tomen en cuenta que la lucha contra la corrupción va en serio. Tal vez una señal de que el mensaje llegó fue la actitud de Carla Mera Proaño, la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, cuando una vez terminado el acto se acercó a Verdesoto en los pasillos de Carondelet para presentarse y ofrecerle todo el apoyo de su institución.

Luis Verdesoto en su discurso de posesión. Foto: Luis Argüello. PlanV

Las atribuciones de la Secretaría son amplias y tiene que ver más sobre la política pública anticorrupción y un eje preventivo, que el mismo Verdesoto elaboró y presentó al país, que sobre acciones concretas investigativas. Pero sobre estas, quedó decretado que la oficina a cargo de este doctor en Estudios Políticos de la Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales de Francia y profesor de la Complutense de Madrid —investigador y estudioso de la política ecuatoriana por cuarenta años— es la responsable de identificar áreas de alto riesgo de corrupción en todas las funciones del Estado para generar alertas tempranas de corrupción, coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y otras funciones del Estado en políticas y acciones anticorrupción y solicitar a todas las entidades de la Administración Pública la información que requiere para el cumplimiento de sus funciones.

Izquierda: Año 2022, decreto del presidente Guillermo Lasso. VER PDF. Centro: Año 2019, decreto del presidente Lenin Moreno VER PDF. Derecha: Año 2008, decreto del presidente Rafael Correa VER PDF.

Los pedidos del presidente Lasso al secretario anticorrupción poco o nada tienen que ver con sus atribuciones. Pero eso forma parte de la política errática que el Ejecutivo ha mantenido desde la creación de la primera entidad anticorrupción creada durante el gobierno de Rafael Correa en el 2008. Por entonces el nuevo gobierno ofrecía manos limpias a los ecuatorianos, y para ello creó por Decreto ejecutivo 1511, el 31 de diciembre del 2008, la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, bajo la dependencia, también, directa de la Presidencia. Seis meses después saltaría la investigación periodística que revelaba la entrega de contratos, por más de USD 120 millones, a empresas vinculadas al hermano del presidente Correa.

Las atribuciones de esta secretaría de Transparencia eran nada más que seis, amplias sin embargo. Dos de ellas dotaba de atribuciones investigativas y ponía en manos del secretario de Transparencia la atribución de "investigar y denunciar los actos de corrupción cometidos en Administración Pública Central e Institucional, inclusive en las denominadas autónomas integradas por las antes mencionadas administraciones; y, de aquellas en las que las referidas administraciones sean accionistas o socias; y poner en conocimiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el resultado de las investigaciones". Y, "dar seguimiento y prosecución de los procesos legales y administrativos instaurados como consecuencia de las investigaciones realizadas por esta Secretaría, y puestas en conocimiento de las autoridades competentes".

También se le encargaba "promover una administración gubernamental transparente, que coadyuve al fortalecimiento de las instituciones a través de un sistema integral de control de la corrupción". Y, fortalecer la coordinación y cooperación entre las instituciones de gobierno, organismos de control, entidades judiciales y todos aquellos involucrados en la investigación, juzgamiento y sanción de los actos de corrupción en su ámbito de acción.

El primer secretario de Transparencia sería Juan Sebastián Roldán, por entonces militante del movimiento Ruptura de los 25, y duró hasta enero del 2011, cuando su organización resolvió romper la alianza con el correísmo a partir de la convocatoria a la consulta popular para mayo del 2011, en la cual el presidente Correa ofrecía "meter las manos en la justicia".

Una de las más polémicas actuaciones de este funcionario del correísmo, y luego del gobierno de Lenín Moreno, fue la denuncia en contra de 628 trabajadores de la estatal Petroecuador los cuales, según la denuncia ante el Procurador y ante la fiscalía “estamos hablando de 628 empleados de Petroecuador que, al mismo tiempo que trabajan en la empresa pública, son socios de una empresa que se creó artificiosamente; a nuestro criterio, agregó, para lograr generar un negocio redondo con el monopolio de la venta de la gasolina en el norte del país, cuando en el centro y en el sur es Petroecuador quien hace este mismo negocio", según dijo el propio Roldán. Eso fue el 17 septiembre del 2010, pero pocos días después estallaría el llamado 30S, que puso a toda la administración detrás de las huellas de los presuntos instigadores de un golpe de Estado. 

Pero ese mismo día, el 30 de septiembre del 2010, horas antes de producirse la rebelión militar y policial, Roldán y el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, tuvieron un altercado público en Radio Pública. El secretario de Transparencia estaba informando en esa entrevista sobre una investigación cuando recibió una llamada al aire de Alvarado, quien le increpó que devele que su hermano, Vinicio Alvarado, secretario de la Administración y brazo derecho de Rafael Correa, estaba siendo investigado por un posible conflicto de interés entre sus empresas de publicidad y el Estado. Fernando Alvarado tachó a Roldán de imprudente. Dos días antes, hubo otro incidente: el martes 28 de septiembre, F. Alvarado había visitado y dado su respaldo al ex ministro de Agricultura, Walter Poveda, que había sido detenido por 24 horas en la Policía Judicial, para investigaciones sobre una presunta participación en irregularidades de 14 contratos de ese Ministerio. F. Alvarado lo visitó diez minutos y dijo públicamente creer en su inocencia. La pugna llegó hasta el despacho del presidente Correa, que juntó a los dos funcionarios en Carondelet. 

Con Moreno, hubo un decreto similar

Al tomar el poder, en el 2017, Lenín Moreno tuvo un viraje sorpresivo y empezó a denunciar la corrupción dentro del gobierno de Rafael Correa, del cual fue su vicepresidente, entre el 2007 y el 2013. El 15 de mayo del 2018 creó la Secretaría Nacional Anticorrupción, con el Decreto Ejecutivo 395, el cual omitió las atribuciones de esa entidad. Cosa que subsanó en el Decreto 665, del 6 de febrero del 2019 cuando nombró a Iván Granda Molina y dispuso las atribuciones del secretario, que fueron siete: entre ellas, "realizar el seguimiento de las acciones en contra de los actos de corrupción cometidos en la administración pública". También "coordinar la cooperación entre las instituciones de gobierno, organismos de control, entidades judiciales, y todos aquellos involucrados en la investigación, juzgamiento y sanción de los actos de corrupción, respetando la división de poderes". Granda Molina duró en el cargo hasta octubre del 2019, cuando pasó a ser ministro de Inclusión Social, y la Secretaria fue encargado a Dora Ordóñez, abogada cuencana. 

Pero la secretaría estaba desahuciada. En mayo del 2020, mediante una carta, la fiscal general, Diana Salazar, se quejó ante el presidente Lenín Moreno de la existencia de la Secretaría Anticorrupción. Salazar dijo que "las actividades investigativas se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría Nacional Anticorrupción a los diferentes fiscales que se encuentran a cargo de las investigaciones, así como también por la información que se publica diariamente en redes sociales, sin ser sujetos procesales”.

También denunció que esta Secretaría, "alerta a los sospechosos o investigados y eleva el riesgo de fuga con la evidente destrucción de evidencias”. Le recordó al presidente Moreno que era la Fiscalía General la titular de la investigación penal en el Ecuador. Una semana después, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hizo lo propio y pidió la eliminación de la entidad anticorrupción, "por ser una institución sin competencias legales ni constitucionales para realizar investigaciones fuera de la Función Ejecutiva y por no haber demostrado un aporte significativo a la lucha contra la corrupción". El secretario Anticorrupción era José Javier de La Gasca y duró hasta que el presidente Moreno eliminó la Secretaría con el Decreto 1065. Pero un año antes, el presidente había creado la llamada Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción en Ecuador (Ceicce), la cual tuvo cinco invitados extranjeros: Stacy De La Torre (Estados Unidos), Nicolás Rodríguez-García (España), Claudia Escobar (Guatemala), Vladimir Aras (Brasil) y Carlos Hernández (Honduras). Esta Comisión, que fue presentada con invitados especiales y el gobierno en pleno en la Capilla del Hombre, no pudo realizar gestión laguna por falta de un estatuto propio, que le diera legalidad a su trabajo y que nunca recibió el aval del Ejecutivo. 

Esta Comisión significó la pérdida de un millón de dólares para el Estado, pues el gobierno había entregado ese dinero a la oficina de las Naciones Unidas contra la corrupción, con sede en Ginebra, para que el organismo internacional administrara el proyecto. Nunca hubo una explicación del destino final de ese monto a ser usado, paradogicamente, en la lucha contra la corrupción. El gobierno del Ecuador había llegado a un acuerdo con los comisionados internacionales para pagarles una remuneración de USD 13.000 mensuales a cada uno, más gastos de dos asistentes y viajes, remuneración que no pudo ser legalizada. Pero luego tres de los cinco comisionados demandaron al Estado ecuatoriano por USD 100.000 cada uno por las remuneraciones adeudadas, porque los comisionados habían solventado sus viajes al Ecuador y sus actividades con recursos personales, que hasta hoy no son devueltos.  Ahí terminaron los afanes de Moreno en la lucha contra la corrupción.

Ahora Lasso revivió la Secretaría, con muchas más atribuciones, con una diferencia: está precedida por una política pública anticorrupción, que es una hoja de ruta de la Administración Pública para generar un proceso a mediano plazo para combatir y prevenir la corrupción. Según el decreto, la entidad tiene tres meses para poner a punto su trabajo; mientras tanto, Verdesoto busca oficina en Carondelet.